Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121059
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.059, "Nahuel, Adriana Noemí contra Provincia ART S.A. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Torres, Soria, Genoud, Borinsky.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín desestimó la reposición, planteo de nulidad de notificación y suspensión de términos procesales articulados por el Fisco provincial (v. fs. 208/209).
Se dedujo, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 212/217).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La señora Adriana Noemí Nahuel, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, dedujo apelación contra la decisión de la Comisión Médica n° 14 de Junín por estar en desacuerdo con el porcentaje de incapacidad fijado (v. fs. 51/52).
Elevadas las actuaciones al Juzgado Federal de Junín, su titular declaró la inconstitucionalidad del art. 46 apartado 1 de la ley 24.557 y la incompetencia del órgano, ordenando la remisión de la causa al tribunal de trabajo de la misma ciudad (v. fs. 69/70).
Cumplida la indicada radicación, el tribunal de origen confirió traslado de la expresión de agravios a Provincia ART S.A., la cual se presentó a fs. 96/100 vta., oponiendo la excepción de falta de legitimación pasiva por inexistencia de contrato y denunciando que la empleadora del actor se encuentra autoasegurada conforme el decreto provincial 3.858/07. Subsidiariamente, contestó el traslado del memorial presentado por la parte actora.
A fs. 102 y vta. se ordenó la apertura a prueba de las actuaciones, con cita del art. 32 del decreto 717/96 sin que existiera pronunciamiento alguno respecto de la excepción planteada por la aseguradora mencionada.
En este estado del proceso, el tribunal actuante dispuso la citación del Estado provincial para que en el plazo de cinco días asuma la representación que corresponda. Fundó esa decisión en el art. 3 de la ley 24.557; el decreto 3.858/07; en las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRTN) 33.034/08 y 573/08 y, en el art. 30 del decreto 717/96 (v. fs. 165).
A fs. 191/193 y vta. se presentó en el expediente la Fiscalía de Estado, oponiéndose a la citación ordenada por tardía, solicitando se decrete la nulidad de todo lo actuado sin su presencia.
Plantea asimismo revocatoria contra el auto que dispuso el traslado a su parte por el plazo de cinco días.
Solicitó la aplicación al caso de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado y el traslado de la demanda por el término de treinta días, según lo normado por el art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según ley 12.748).
Luego, articuló la nulidad de la notificación por carecer de copia de la resolución administrativa impugnada y pidió la suspensión de los términos procesales hasta tanto se resolviera su presentación.
El tribunal interviniente rechazó la impugnación deducida. Para así decidir, consideró en relación al plazo del traslado que la enumeración taxativa del aludido precepto -de excepción- no abarca la hipótesis de traslado del recurso de apelación, como el presente; de allí que corresponda otorgar un plazo de cinco días para evacuar la expresión de agravios (v. fs. 208).
A su vez señaló que el art. 30 del decreto 717/96 estatuye que la Comisión Médica -en la especie, el tribunal de trabajo- notificará a las partes la recepción del expediente; el recurrente deberá efectuar su presentación en el término de cinco días, de lo que se dará vista al interesado para que la conteste en igual lapso (v. fs. 208 vta.).
Añadió que el aludido decreto no tuvo intención de ampliar el plazo de contestación del traslado de expresión de agravios al no hacer distinción alguna según el tipo de aseguradora o autoasegurado (v. fs. cit.).
Con todo ello, descartó que mediara en este supuesto una obligación legal de extender en favor del Fisco el plazo motivo de análisis y le concedió un plazo de cinco días para que se expida sobre la prueba producida. Rechazó asimismo la nulidad y la suspensión de términos articulados (v. fs. 208 vta. y 209).
Fundó esa decisión en los arts. 18 de la Constitución nacional; 3 de la ley 24.557; 37 y concordantes de la ley 11.653; el decreto 3.858/07; las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación y Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación 33.034/08 y 573/08 y en el art. 30 del decreto 717/96 (v. fs. cit.).
II. Frente a lo así resuelto, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 155 de la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado -decreto ley 7.543/69- (v. fs. 212/217).Manifiesta que la decisión de origen lesiona el ejercicio de la defensa en juicio y el derecho al debido proceso, en tanto desoye el particular plazo de traslado otorgado por la legislación específica al Estado provincial, siendo que se trata de un demandado con caracteres propios, claramente diferenciable de otros legitimados pasivos.
Respecto del tratamiento dado por el a quo a la presente causa postula, como hiciera al fundar la revocatoria, que en autos se ventila un planteo propio de un juicio de conocimiento pleno, con amplitud probatoria extrema. Aduce, pues, que su carácter de recurso de apelación ha quedado distorsionado y por tanto no resulta justificado mantener exclusivamente a ese respecto el brevísimo plazo de traslado e imprimir a los actuados el trámite de juicio sumarísimo.
Denuncia que el pronunciamiento carece de fundamento legal y decreta la inhabilidad del sistema de Comisiones Médicas (arts. 21, 22 y 46, ley 24.557), al tiempo que estatuye un nuevo recurso de apelación de genética pretoriana.
Afirma que el tribunal no expone los motivos del rechazo del pedido de la nulidad de la notificación, ni de la suspensión de términos procesales. Cuestiona que la cédula no fuera acompañada con las copias del dictamen objeto de impugnación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Advierto que el interesado ha omitido denunciar la transgresión de las disposiciones legales invocadas por el tribunal actuante para dar sustento al pronunciamiento en crisis y que se vinculan con los agravios que expone. Exigencia esta de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma que regula el recurso extraordinario intentado (art. 279, CPCC; causas L. 99.317, "Lezcano", sent. de 9-XII-2009; L. 102.343, "Laguzzi", sent. de 8-IX-2010; L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; e.o.). Tal déficit no puede ser suplido oficiosamente en esta instancia extraordinaria por vía de inferencias o interpretación (art. 279, CPCC).
Tampoco desvirtúa las conclusiones del sentenciante que constituyeron factores esenciales de la decisión adoptada.
El propio relato de los antecedentes deja en evidencia que el agraviado discurre sobre la aplicabilidad al caso de las disposiciones del art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según dec. 969/87), dejando sin réplica las concretas motivaciones que definieron el contenido del decisorio, a las que alude solo en forma tangencial.
Así, se desentiende del razonamiento que condujo al a quo a establecer que la pretensión impugnativa deducida, por su naturaleza, debía ser encausada bajo los lindes del decreto 717/96, correspondiendo su sustanciación en los plazos y las condiciones establecidas por esa normativa específica.
Conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013; L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014; L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015; L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; e.o.).
III.2.a. Debe, asimismo, desestimarse la crítica vinculada al rechazo del planteo de nulidad de la notificación y pedido de suspensión de plazos procesales pues, en mi opinión, la insuficiencia del planteo -también en este caso- impone su desestimación.
Ninguna norma y/o doctrina legal vinculada a los agravios expuestos se denuncia como infringida en el recurso bajo examen, desatendiendo -también aquí- la exigencia de insoslayable cumplimiento según las prescripciones establecidas por la norma que regula el recurso extraordinario intentado (arts. 279, CPCC), deficiencia que tampoco puede considerarse salvada por la invocada violación de principios y normas constitucionales pues, como tantas veces lo ha expresado esta Corte, ello no sería más que la eventual consecuencia de la transgresión de preceptos legales cuya alegación omitió formular el recurrente (causas L. 49.588, "Villanueva", sent. de 8-IX-1992; L. 80.473, "Moreno", sent. de 12-XI-2003; L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 100.556, "Dominguez", sent. de 27-IV-2011; L. 102.294, "Peroni", sent. de 17-X-2012; L. 120.914, "Avolio", sent. de 14-IX-2018; entre muchas otras).
III.2.b. Para más, es de advertir que si, como el recurrente pretende, el tribunal no expuso motivos fundados para rechazar los mencionados planteos de nulidad y de suspensión de términos (omitiendo así tratar una cuestión sin duda esencial), la vía idónea para lograr la revocación del pronunciamiento no era la del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sino la prevista por los arts. 296 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
III.3. Antes de concluir, me veo en la necesidad de señalar -nuevamente- las falencias que se advierten en la tramitación del expediente por parte de los magistrados a cargo del tribunal y de sus funcionarios.
En el caso, tanto el pronunciamiento impugnado como la resolución por la que se concedió el recurso extraordinario interpuesto, carecen de firma de actuario y de constancia de registro pese a que así fue ordenado en las mismas resoluciones (v. fs. 209 y 224 vta.).
Es verdad que estas irregularidades no conducen por sí a la anulación de los respectivos pronunciamientos, pero sí constituyen una muestra de la displicencia con la que se han manejado los jueces, omitiendo los debidos controles sobre sus funcionarios, indispensables para la adecuada administración de justicia.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a las consideraciones precedentes del doctor Pettigiani, dando mi voto, con igual sentido y alcance, por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Coincido con mi distinguido colega doctor Pettigiani en que corresponde desestimar los cuestionamientos traídos contra el rechazo dispuesto por el tribunal de grado de la revocatoria planteada con motivo del traslado ordenado en autos.
Arribo a la anunciada solución en tanto se condice con la postura que asumí en la causa L. 121.029, "Romero" (sent. de 29-X-2020), asimilable a la presente en el mencionado aspecto, en donde adherí al voto del doctor Soria, al que envío.
I.2. En orden al planteo de nulidad de la notificación y pedido de suspensión de plazos procesales, y en línea -en gran medida- con la posición que asumí en la citada causa L. 121.029, debe señalarse que le asiste razón a la quejosa al denunciar la ausencia de motivación, enmarcada en la violación al ejercicio del derecho de defensa en juicio y garantía del debido proceso con fundamento -entre otras normas- en el art. 15 de la Constitución provincial.
Puede advertirse que en el pronunciamiento obrante a fs. 208/209 el juzgador ambiguamente hizo alusión en su análisis tanto al "recurso de reposición" como a la "nulidad" y al pedido de "suspensión de términos" presentados. Sin embargo, explayándose únicamente sobre la cuestionada extensión del plazo correspondiente al traslado conferido, ningún argumento brindó en dicha oportunidad para fundar la denegación de los restantes planteos incorporados por la impugnante en su presentación.
En tanto fruto de la mera voluntad de los juzgadores, tan grave falencia tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento y obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Suprema Corte, ameritando su revocación parcial (causas L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998 y L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014).
Los autos deben regresar a la instancia de grado para que el tribunal, nuevamente integrado, brindando la debida fundamentación se expida sobre tales aspectos.
I.3. Finalmente, he de agregar que comparto y suscribo las observaciones formuladas por el doctor Pettigiani en el punto III.3. de su propuesta y, teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce"; L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018, por citar solo algunas), considero necesario e impostergable exhortar a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Los autos deben volver al tribunal de grado para que proceda conforme se resuelve en el último párrafo del punto I.2. del presente. Costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto los argumentos que expone mi distinguida colega doctora Kogan en los apartados I.1. y I.2. de su sufragio y la solución a la que arriba en su punto II.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Si bien en la especie median iguales irregularidades en orden a la integración de la litis que las constatadas en la causa L. 120.298, "Negreti" (sent. de 20-VII-2020), la ausencia de agravio al respecto, permite inferir que el Fisco ha consentido el trámite e impide proponer en las presentes, la solución adoptada en aquella.
II. Luego, dada la insuficiencia del recurso, y por los fundamentos que expuse al votar la causa L. 121.029, "Romero" (sent. de 29-X-2020), en cuanto aquí resultan de aplicación y a los que me remito por motivos de brevedad, adhiero a la propuesta desestimatoria de la impugnación por su marcado déficit técnico y coincido -por las razones que se mencionan en el voto del doctor Pettigiani- con el señalamiento realizado en el punto III.3. Estimo prudente, una vez más, hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado que deben velar por el cabal cumplimiento de las normas procesales a fin de propender a una eficaz administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Borinsky , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/02/2021 13:00:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/02/2021 14:30:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2021 15:07:46 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2021 12:31:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2021 12:33:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2021 13:37:21 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2021 10:10:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2021 10:48:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia