Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120806
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.806, "Ordoñez, Liliana Raquel contra Provincia ART S.A. Materia a Categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 162/170 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 180/190).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Liliana Raquel Ordoñez y condenó a Provincia ART S.A. al pago de diferencias en la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en esta última.
Señaló que en autos no se encontraba controvertido que la actora sufrió una enfermedad profesional (síndrome de túnel carpiano y omalgia en el miembro superior izquierdo), cuya primera manifestación invalidante se había producido el 27 de noviembre de 2013. Asimismo, que esa afección le había provocado una incapacidad laboral del 3,5% del índice de la total obrera (v. fs. 162 y vta.), y que con motivo de ello, la aseguradora demandada le abonó la suma de $20.018,26 (v. fs. cit.).
Luego, puesto a examinar el reclamo por diferencias de indemnización, juzgó de aplicación al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14 (vigente a la fecha del pago), elevando -por aplicación del mínimo contemplado en esa normativa- el importe de la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, al que adicionó el 20% previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
Ajustó el valor resultante mediante el índice RIPTE (computado desde la primera manifestación invalidante hasta el otorgamiento de la prestación) descontó la suma percibida y rechazó la defensa de pago opuesta por la demandada.
Finalmente adicionó al capital intereses moratorios (desde el desembolso parcial) conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5, 6 y 8 de la ley 26.773; 16 del decreto 1.694/09; 4 de la resolución 414/99; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, señala que el tribunal de grado vulneró la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-IV-2016), al aplicar erróneamente el índice RIPTE sobre la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, ya actualizada por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14. Explica que, de acuerdo a lo establecido por el decreto 472/14, sólo las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos contemplados en el decreto 1.694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice referido (v. fs. 182/186).
A su vez, se opone a la aplicación de la citada resolución 22/14, por ser posterior a los hechos debatidos.
Sostiene que si las prestaciones dinerarias del art. 14 se multiplicaran por el índice RIPTE se introduciría un mecanismo de indexación, violando la ley 25.561.
II.2. Por otro lado, impugna la tasa de interés pasiva digital (BIP) que ordenó aplicar el a quo al capital de condena. Entiende que, de acuerdo a la doctrina que este Superior Tribunal estableció en el precedente B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016), corresponde utilizar hasta el 31 de julio de 2015 la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, conforme lo dispuesto en el art. 622 del Código Civil, y a partir del 1 de agosto de 2015 la tasa pasiva digital de la misma entidad, con arreglo al art. 768 del Código Civil y Comercial (v. fs. 186 vta.).
También considera infringido el criterio sentado -entre otras que identifica- en las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 31-V-1991) y ratificada en los casos L. 94.446, "Ginossi"; C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013; v. fs.187/188 vta.).
II.3. Por último, se agravia porque le impusieron las costas a su parte cuando -en su opinión- "abonó en tiempo y forma al actor las sumas correspondientes, dando fiel cumplimiento a los dispuesto por la normativa vigente" (fs. 189).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653 (v. fs. 162). Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el pronunciamiento de grado (v. fs. 162 vta. y 169 vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 170 vta.).
Al respecto, cabe precisar que, aun cuando los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado ello, corresponde señalar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3.867/17); razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653. Así lo entendió también el a quo , al concederlo en la resolución de fs. 192 y vta., que arriba firme y consentida a esta instancia extraordinaria.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.3. Desde esa perspectiva es dable advertir que el agravio inicial que exhibe el recurso, destinado a cuestionar el modo de aplicación del índice RIPTE, satisface los recaudos de una adecuada fundamentación, y, en ese marco, cobran virtualidad las directrices que sobre la temática examinada ha fijado esta Corte a partir del precedente -citado por la agraviada- L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), con derivación en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
Así pues, en el contexto definido por la doctrina emergente de los antecedentes citados, esta Corte resolvió que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la mencionada ley 26.773 -como también, de la normativa dictada en su marco de actuación-, en cuanto establece un mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice publicado por la autoridad administrativa, es aplicable, por regla, a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
Asimismo, se estableció que el referido índice debe emplearse para ajustar los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09, para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 (aplicable a partir del 26-X-2012) y 3/14 (que establece los valores para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y 31 de julio de 2014) -en una línea que continúa con la resoluciones 22/14; 6/15; 28/15 y 387/16- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773 en su texto original) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
Cabe añadir que ese criterio se condice con el temperamento adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párr.).
A tenor de lo precedentemente expuesto, se colige que el tribunal interviniente incurrió en un desacierto al estimar el índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
También, en cuanto juzgó de aplicación al caso la resolución 22/14 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, puesto que a la fecha de la primera manifestación invalidante (27 de noviembre de 2013) -extremo no controvertido- se hallaba vigente la resolución 34/13 de la misma cartera.
En razón de todo lo expuesto, teniendo en mira el entramado normativo que rige el caso examinado, corresponde hacer lugar a este fragmento del recurso y revocar la mensura de la prestación objeto de reclamo -y los acrecidos estimados en consecuencia-, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de las normas aplicables al caso.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado y según las circunstancias no controvertidas, analice la pretensión de cobro del trabajador y la defensa de pago opuesta por la demandada.
III.4. En atención a lo resuelto, no corresponde en este estado pronunciarse sobre el agravio relativo a la imposición o distribución de las costas.
III.5. Por último, ante los señalamientos vertidos en la impugnación sobre la alícuota empleada para estimar los acrecidos, hágase saber al interesado que la elección de la tasa se condice con lo resuelto en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 117.969, "Vallejo" (sent. de 10-V-2017), a cuyos fundamentos remito por razones de celeridad procesal.
III.6. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión, estimo pertinente exhortar a los jueces integrantes del órgano judicial de grado, una vez más, que deben ajustar sus decisiones a las previsiones legales y constitucionales vigentes, de modo tal de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario que conspire contra la eficacia y celeridad en la administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.3. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por el doctor Genoud en los apartados III.1. y III.2. de su voto.
II. Luego, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, se debe aplicar la doctrina legal actual de esta Corte (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014). Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534 "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308: 1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevenidas a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así y siguiendo el criterio adoptado por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), suscribo la propuesta decisoria contenida en el apartado III.3. del sufragio inaugural.
Sin perjuicio de ello, recalco que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando por los motivos allí expuestos -a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aún a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, mi criterio resultó minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, me he plegado en numerosos precedentes a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En el caso de autos, empero, a tenor de la fecha de la primera manifestación invalidante (27 de noviembre de 2013; v. sent., fs. 162 y vta.), el debate relativo a la aplicación temporal de la mentada norma carece de relevancia.
III. Asimismo, comparto lo expuesto por el ponente en los apartados III.4. III.5., III.6 y IV de su voto.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el apartado III.1. de su voto.
I.2. Asimismo, compartiendo lo afirmado por mi colega en el apartado III.2. en cuanto pone de relieve la insuficiencia del valor de lo cuestionado, he de agregar -no obstante- que la resolución del presente recurso no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida o incluso de la interposición del medio de impugnación todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Bajo estos lineamientos, adhiero a las consideraciones que realiza el ponente con sustento en la doctrina que emana de las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) y a la conclusión a la que arriba en el apartado III.3. de su sufragio.
I.3. Por último, suscribo lo expuesto en los apartados III.4. y III.5.
II. Luego, cabe acoger el recurso conforme se resuelve en el apartado final del voto emitido por el doctor Genoud.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Luego, y en el marco del tratamiento que propone el doctor Soria (v. punto I.2.), considero que corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto utilizó el índice RIPTE, y dispuso -además- la aplicación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14.
A tal fin remito a la postura que asumí en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
I.3. Finalmente, concuerdo con lo expresado por el ponente en los puntos III.4., III.5. y III.6. de su opinión.
II. Por lo indicado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de ley traído y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento con el alcance indicado en el punto IV del voto que inaugura el acuerdo.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los apartados III.1. y III.2., de su voto.
I.2. Luego, con la salvedad formulada por el doctor de Lázzari con relación a la aplicación de la doctrina legal actual de esta Corte, acompaño la solución propuesta en el apartado III.3. del sufragio inicial, y remito a tal fin a la postura que asumí en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
I.3. Con relación a la tasa de interés moratorio, considero que la sentencia de grado debe permanecer firme, toda vez que lo resuelto al respecto se condice con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
En tal sentido, habré de remitiré -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016; e.o.), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. y 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
I.4. Por último, suscribo lo manifestado por el doctor Genoud en los apartados III.4. y III.6.
II. En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia conforme lo expresado en el apartado final del voto de mi colega doctor Genoud.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por el doctor Genoud en los apartados III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Luego, con la salvedad formulada por el doctor de Lázzari con relación a la aplicación de la doctrina legal actual de esta Corte, acompaño la soluc
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