Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74740
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.740, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Orbis Mertig San Luis SAIC. Apremio Provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada, revocó el pronunciamiento atacado y declaró prescriptos los créditos fiscales incluidos en los títulos ejecutivos base del apremio, rechazando la ejecución promovida por el Fisco. Impuso las costas de ambas instancias a la actora vencida (conf. arts. 9 incs. "c" y "e", 13, 25 y concs., ley 13.406 y 68 y 556, CPCC; v. fs. 152/156).
Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 161/177), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 179/180).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 186) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la demandada, revocó el pronunciamiento atacado y declaró prescriptos los créditos fiscales incluidos en los títulos ejecutivos (períodos 01/94 a 06/98 y 01/99 a 06/04 del impuesto sobre los ingresos brutos), rechazando la ejecución promovida por el Fisco.
En primer lugar, señaló que la situación que suscitaba el caso había quedado consumada plenamente al amparo de las disposiciones del Código Civil (ley 340), sin configurar el supuesto del art. 2.537 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) ni contingencia que muestre con vigor aplicativo el Título I del Libro VI Capítulo 1 de ese cuerpo legal.
Advirtió que la firma ejecutada había suscripto un acuerdo de pago el día 11 de julio de 2005 (v. fs. 12/31, expte. adm. 2306-145323/06), reconociendo todos los períodos adeudados ante el Fisco, lo que configuró la causal de interrupción de la prescripción prevista en el art. 3.989 del Código Civil -ley 340-.
Indicó que el formulario R-28 ("Plan de Pagos de la Ley 12.914 Capítulo I y su modificatoria Ley 13.145") fue suscripto por el apoderado de la firma Orbis Mertig San Luis SAIC y que posee una leyenda sobre el margen inferior izquierdo donde consta expresamente que se reconoció la deuda.
Atribuyó error de juzgamiento a la sentencia apelada, que rechazó la excepción de prescripción al computar el comienzo del nuevo plazo al día 31 de enero de 2006, momento en que caducó el plan de pagos suscripto, conforme intimación cursada al demandado de fs. 142 del expediente administrativo.
Para así decidir, desplazó el cálculo dispuesto en el Código local, en tanto sostuvo que el instituto de la prescripción -y sus implicancias- se regían por el Código de fondo.
Consideró que, por aplicación del art. 3.989 (Cód. Civ. cit.), la causal interruptiva producía con efecto instantáneo el punto inicial del nuevo término completo (cinco años), es decir desde el acogimiento al plan de pagos y no desde su caducidad.
Indicó que, con fecha 12 de julio de 2005 (v. fs. 2, actuaciones adm. cits.), el apoderado de la firma solicitó la anulación de dicho plan (v. fs. 25/31, expte. adm. cit.), quedando a partir de allí expedita la acción para ejecutar la deuda reclamada, no desde el día 31 de enero de 2006 como lo entendió la señora jueza de primera instancia (v. fs. 117 vta., donde se señala que la caducidad del plan es el momento del vencimiento de la nueva obligación desde donde comenzó a computarse nuevamente el plazo).
Concluyó así que los cinco años siguientes se cumplieron el día 12 de julio 2010 y que, por lo tanto, al interponer la demanda el Fisco el día 23 de diciembre de ese mismo año, ya había operado la prescripción respecto de los poderes para exigir el pago de toda la deuda que conforma la materia de este proceso ejecutivo.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia errónea interpretación de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación; inaplicabilidad del Código Fiscal y, subsidiariamente, absurdo en la apreciación de la prueba.
II.1. Señala que la reforma operada a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial y el consiguiente reconocimiento de competencias de la legislación local para reglamentar la prescripción no genera un conflicto legal, en tanto los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo ordenamiento no regulan una situación que venía siendo regida por el viejo Código Civil. Con ello sostiene que no se verifica, en el caso, el problema del derecho transitorio.
Indica que el reconocimiento por parte de una ley nacional de la competencia local para regular la materia confirma la validez de la legislación local específica y preexistente, no siendo aplicable, por tanto, lo dispuesto por el art. 2.537 del Código Civil y Comercial, referente a la modificación de plazos de prescripción por ley posterior.
Alega que, a la luz del nuevo Código nacional, debe ser abandonada la doctrina emergente de la causa "Filcrosa" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 326:899), por cuanto dicho cuerpo normativo no regula más el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias locales, al tiempo que reivindica la aplicación de las normas locales preexistentes.
II.2. Denuncia que el legislador, con deliberada intención, modificó los criterios interpretativos sostenidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Filcrosa" y "Casa Casmma", a la vez que estableció dispositivos para asegurar la amplitud de las potestades de las provincias en materia tributaria.
Aduce que no es objetable la facultad de las provincias de darse leyes y ordenanzas impositivas y, en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y propiedad sin más limitación que las emanadas del art. 121 de la Constitución nacional. Afirma que la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción resulta de resorte exclusivo de las provincias, en tanto, entre los derechos que constituyen la autonomía provincial, es primordial la potestad de imponer contribuciones y percibirlas, sin intervención alguna de autoridad extraña.
Sostiene que esa postura toma especial importancia a la luz de la modificación del Código Civil y Comercial que, en su art. 2.532, establece que las legislaciones locales podrán regular la prescripción adquisitiva y liberatoria en cuanto a su plazo de tributos y, en su art. 2.560, establece que el plazo de prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.
Alega que siendo evidente que las normas referidas presuponen la existencia y alcance de las potestades provinciales no delegadas al Estado nacional (v. arts. 121, 122 y 123 y concs., Const. nac.), entonces, por implicancias elementales, son constitucionalmente válidos en la materia todos los aspectos regulados: plazo, interrupción, suspensión, dies a quo , etcétera.
Indica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las causas "Hermann" y "Ullate", estableció que la doctrina fijada con relación a los plazos de prescripción era trasladada al momento de sus inicios y a las causales de suspensión e interrupción, en virtud de lo dispuesto por el inc. 12 del art. 75 de la Constitución nacional, y que ello confirmaría lo antes expuesto respecto de las facultades provinciales para reglar todo lo referente a la prescripción.
Asimismo, señala que la sentencia recurrida dota de una validez ultra activa a la jurisprudencia emergente de la causa "Filcrosa", siendo que el legislador, al modificar el Código de fondo, reivindicó la potestad tributaria provincial en la materia (v. fs. 170), lo que fue desconocido por el Tribunal de Alzada en tanto pretendió reestablecer la vigencia de una ley hoy derogada.
Agrega que, en la causa "Municipalidad de Resistencia c. Lubricom" (CSJN Fallos: 332:2189), la doctora Carmen Argibay reseñó específicamente que no había merecido respuesta alguna del Congreso nacional la interpretación dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa citada respecto del instituto de la prescripción.
Infiere que la consagración normativa de los arts. 2.535 y 2.560 del nuevo Código viene a poner fin a una equívoca interpretación de las normas de la Constitución nacional, con relación a la autonomía económica y financiera de las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estima que corrobora lo expuesto el debate parlamentario previo a la sanción del ordenamiento, donde se reivindicó dicha autonomía provincial, lo que -a su entender- pone fin a una larga controversia acerca del deslinde de competencias de la Nación, las provincias y los municipios, en relación con la regulación de la prescripción liberatoria en las obligaciones tributarias locales.
Endilga absurdo al fallo atacado, por el que se consideró que los jueces podrían cambiar la interpretación, pero no el legislador.
II.3. Denuncia que se obstaculizan los mecanismos para la percepción de la renta pública.
Señala que esta Corte, en las causas B. 65.536 y B. 67.344, sostuvo que el análisis de los recaudos para el dictado de una medida cautelar debía ser más estricto en materia tributaria, teniendo en consideración la necesidad estatal de percibir las rentas ordinarias en la forma y oportunidad establecida por la ley, como condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado.
II.4. Alega que la sentencia recurrida ha inaplicado irrazonablemente el Código Fiscal por omisión manifiesta.
Aduce que el art. 160 de dicho cuerpo normativo regula la interrupción del plazo de prescripción, estableciendo que será causal el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva, y que en dicho caso el nuevo plazo comenzará a correr a partir del día 1 de enero siguiente al año en que se produzca la causal interruptiva.
Sostiene que, en el particular, el plazo de prescripción del plan de pagos reclamado comenzó el día 1 de enero de 2006.
Señala que el Tribunal de Alzada no aplicó la norma señalada y que ni siquiera declaró su inconstitucionalidad, sin dar argumento alguno para apartarse de la misma.
Acusa también errónea aplicación del art. 3.989 del Código Civil (ley 340), que reputa inaplicable al caso por ser una norma del derecho privado.
II.5. En subsidio plantea absurdo y arbitrariedad en la apreciación de la prueba.
Señala que a la luz de los hechos de la causa debió, en todo caso, aplicarse el art. 3.986 del Código Civil de suspensión del plazo de prescripción, el que establece que se suspenderá por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica con efecto durante un año.
Alega que ese supuesto se configuró, en el caso de autos, cuando el día 31 de enero de 2006, mediante cédula de intimación obrante a fs. 142 del expediente administrativo, se notificó a la firma demandada de la caducidad del plan de pagos y se le otorgó un plazo de cinco días para su cumplimiento; hecho que denuncia como no ponderado por el Tribunal de Alzada.
Postula que el absurdo del razonamiento se configura y se evidencia en la violación del art. 3.986 del Código Civil entonces vigente.
Concluye que, tras la notificación de intimación de pago, se debía retomar recién el plazo de prescripción el día 31 de enero de 2007 por lo que, al momento de iniciarse el apremio el día 23 de diciembre de 2010, aún no había ocurrido la liberación.
II.6. Por último, solicita que se impongan las costas de todas las instancias a la demandada (conf. arts. 68 y 289, CPCC).
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso, la cuestión se ciñe a dilucidar si la derogación del Código Civil (ley 340) y la implementación de los nuevos arts. 2.535 y 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), implica un reconocimiento de la preeminencia de las normas locales tributarias en materia de prescripción o si, por el contrario, la sentencia recurrida se ajusta a derecho.
Así planteados los términos de la controversia, se advierte que el tema en debate ha sido resuelto por este Tribunal en un caso sustancialmente análogo al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, en lo atinente a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello aplicó las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Me permito agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de confirmar el criterio que da sustento a la decisión propiciada (conf. causa "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Prov. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
III.2. En otro orden, el planteo subsidiario de absurdo, por el que el Fisco denuncia la inaplicabilidad del art. 3.986 del Código Civil, no es de recibo en tanto resulta el fruto de una reflexión tardía. Veamos.
El recurrente, al momento de contestar el traslado de excepciones a fs. 91/95, específicamente en el punto 5 de su responde -donde esgrime su defensa contra el planteo de prescripción efectuado por la demandada-, nada dijo respecto de la supuesta intimación cursada, ni que la misma tendría efecto suspensivo del plazo liberatorio. Por el contrario, alegó únicamente que dicho término fue interrumpido con fecha 11 de julio de 2005 mediante el reconocimiento de deuda efectuado por el apoderado de la demandada, justificando con ello que al día 27 de diciembre de 2010 no se encontraban prescriptas sus facultades para perseguir el cobro.
IV. Por todo lo expuesto, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, cabe rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar la sentencia del Tribunal de Alzada (conf. art. 31 bis, cit.).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 y 289 in fine, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Tal como lo señala el colega que me precede en la votación, la cuestión controvertida resulta análoga a la debatida en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, reeditada -entre otras- en la causa A. 71.770, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sauro", sentencia de 22-VIII-2018 y, en particular, en la causa A. 72.397, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cefas", sentencia de 5-XII-2018, precedentes donde sostuve que, en lo que hace a la prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé entonces que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en la causa "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, circunstancia que evidencia el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello sostuve que queda sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana del citado precedente (v. punto IV.3.e. de mi voto).
Indiqué también que el Congreso nacional, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal nacional.
Postulé, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado por la regla nacional, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.), lo cual, sumado al resto de las consideraciones a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
I.2. Lo anterior, sin ignorar que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019), de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532 y 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor Juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente “Volkswagen” (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder” y CSJ 2620/2019/CS1, “Fisco de la Provincia de
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