Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74841
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 74.841, "Abb Asea Brown Boveri S.A. y ots. contra ARBA y ot. Impugnación contra sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al planteo de prescripción articulado por la parte actora, declarando para ello inaplicables al caso las disposiciones de los arts. 157 a 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), y ordenó la devolución de las sumas ingresadas en concepto de pago previo, con costas a la demandada vencida (conf. arts. 14 y 166, Const. prov.; 3.956, 3.980, 4.027 inc. 3 y concs., Cód. Civ., ley 340; 12, 51 y concs., ley 12.008 -texto según leyes 13.101 y 14.437-; v. fs. 351/356).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 360/372), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 374 y vta.).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 376), agregado el memorial de la actora (v. fs. 377/385) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al planteo de prescripción articulado por la parte actora, declarando para ello inaplicables al caso las disposiciones de los arts. 157 a 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), y ordenó la devolución de las sumas ingresadas en concepto de pago previo.
I.1. Para así decidir señaló en primer lugar que el conflicto había quedado consumado bajo el vigor del Código Civil (ley 340 y sus modificatorias), pues no reportaba un término de prescripción en curso, sino uno ya cumplido a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994) y por lo tanto fuera del alcance de su art. 2.537, sin que promedie tampoco una hipótesis susceptible del art. 2.532.
Sostuvo que para el inicio del cómputo de la prescripción debía estarse a lo dispuesto por el art. 3.956 del Código Civil (ley 340), norma esta que, de conformidad a lo dispuesto por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, forma parte de las atribuciones delegadas y exclusivas del Gobierno federal.
Indicó que la prescripción constituye una materia de fondo, ligada al derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.) y por ello susceptible al ejercicio de las indicadas potestades legislativas (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.; CSJN, causa "Filcrosa", F.194 XXXIV), no solo en cuanto concierne al plazo sino también al inicio de su cómputo, a las causales de suspensión e interrupción y a todo cuanto tribute a ellas.
Por esa ruta de exégesis, admitió la objeción constitucional que la demandante dirige a las normas locales que regulan la prescripción y su desplazamiento por las de fondo que integran el cuerpo normativo materia de consigna (ley 340, Cód. Civ.).
Determinada la normativa aplicable, analizó la prescripción de cada período fiscal, comenzando por el año 2007, respecto del cual indicó que el juego de las reglas expuestas (conf. art. 3.956, Cód. Civ.) determina para este el comienzo del lapso extintivo el 1 de enero de 2008 y por lo tanto su expiración el 1 de enero de 2013, de conformidad a lo dispuesto por el art. 4.027 inc. 3 del Código de fondo.
Consideró que la disposición 2.437/13, en la que se apoya la apelante, fue notificada el 30 de julio de 2013 -según resulta a fs. 1.648/1.649 del expediente administrativo n° 2360-0143314/09-, y que por ende el crédito fiscal ya se hallaba prescripto por entonces, sin que las actuaciones administrativas sustanciadas reconozcan efecto alguno a ese respecto.
Agregó que igual suerte corre el período fiscal 2008, pues si bien la notificación de aquella determinación de oficio (disposición 2.437, cit.), antes de fenecido el año 2013 (30 de julio de 2013), resultó hábil para suspender por uno más el término de exigibilidad (conf. art. 3.986, Cód. Civ.), el trámite posterior ante el Tribunal Fiscal supo revelar expirado durante su curso a ese lapso y así aplicable, únicamente, la dispensa de la primera parte del art. 3.980 del Código Civil, después de dictada la resolución que resolviera el recurso incoado. Luego analizó la extinción del crédito fiscal al tiempo de entablado este proceso (10 de septiembre de 2015).
Señaló que ese suceso, computado en cualquier caso desde la fecha de la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación (23 de abril de 2015), a partir de su notificación al representante del estado (30 de abril de 2015) o desde la recepción del expediente administrativo por la autoridad de aplicación (18 de mayo de 2015) y en orden a un cálculo por días corridos (conf. Título II, Cód. Civ., ley 340), muestra operada la prescripción al momento de promovida la demanda -10 de septiembre de 2015- (v. fs. 1.800/1.815, 1.817/1.819 y 1.819 vta., expte. adm. n° 2360-0143314/09).
Ello así, en la medida en que los eventos de trámite ante el órgano administrativo carecen de efectos suspensivos e interruptivos de conformidad a la legislación aplicada (conf. ley 340; causas CCALP n° 10.260, 12.442 y 14.387) y no se invocó actividad útil durante el período de gracia (conf. art. 3.980, cit.).
I.2. Por último, advirtió que la solución propiciada convierte en inoficioso el tratamiento de los restantes agravios planteados en el escrito de promoción, relativos a la nulidad de la disposición 629/13, a la improcedencia de la multa por omisión de tributo y a la atribución de responsabilidad solidaria hacia los directores de la sociedad demandante.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el que denuncia violación a la ley aplicable (arts. 159 y 161, actual Cód. Fiscal; 5, 121 y 123, Const. nac.), derivada de la errónea aplicación el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional (como así también de los arts. 3.956, 3.986, 4.027 inc. 3, ex Cód. Civ. de la Nación).
II.1. En primer lugar, denuncia la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que -a su entender- modifica sustancialmente el plexo normativo sobre cuya base se construyó la doctrina utilizada por el Tribunal a quo para fundar su sentencia. Sostiene que es el propio legislador nacional quien se encargó de demostrar la falsedad de las premisas de las cuales han partido los postulados de la doctrina "Filcrosa", quedando confirmado que siempre fue, es y será una facultad provincial regular los plazos de prescripción de sus tributos.
Señala que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, a través de los arts. 2.532 y 2.560, reforzó la postura que define las facultades provinciales en la materia.
Alega que resulta erróneo prescindir de su aplicación por haber entrado en vigencia con posterioridad a la promoción de la demanda, ya que no se trata de una aplicación retroactiva de la norma, sino tan solo de recurrir al criterio interpretativo del legislador contenido en la misma.
Agrega que las provincias deben asegurar su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria (conf. exigen los arts. 5 y 123, Const. nac.). Plantea que a esos fines les resulta primordial contar con la autonomía financiera necesaria, materializada a través de la prerrogativa de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña (Fallos: 7:373; 105:273; e.o.). En ese orden, acusa que aplicar las normas del Código Civil a las potestades impositivas provinciales conduce a sentencias que perjudican la renta pública local, atentando contra la autonomía, afectando la conservación y vigorización del federalismo. Aduce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció, durante la casi totalidad de su historia, que la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción constituían la garantía directa de la autonomía de las provincias.
Sostiene que estas, como entidades públicas preexistentes al Estado nacional, han conservado todo el poder no delegado expresamente al Gobierno federal mediante la Constitución nacional (arts. 121 y 75 inc. 12) y que el derecho tributario resulta una rama integrante del derecho público local, cuya regulación las provincias mantuvieron dentro de las facultades conservadas (conf. arts. 121, 122 y 126, Const. nac.). Denuncia que una interpretación que excluya estas normas viola el sistema federal impuesto por el art. 1 de la Constitución nacional.
De todo ello extrae que la entrada en vigencia del nuevo Código viene a despejar las dudas expuestas por la doctora Argibay en su voto en el caso "Filcrosa", demostrando que esa doctrina no fue más que una errónea interpretación jurisprudencial; y que de la interpretación conjunta de los nuevos arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial surge que no se trata de una delegación legislativa de la Nación a las provincias, sino de una necesaria precisión, que las provincias introdujeron a la norma, que había sido mal interpretada por dicha doctrina. Transcribe fragmentos del debate parlamentario que adunan su postura.
II.2. En cuanto al alcance de la potestad local para regular la prescripción sostiene que si bien el art. 2.532 establece que las provincias podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos, ello abarca todas las cuestiones atinentes a la prescripción y no solo el tiempo del plazo prescriptivo. Razona que, si el legislador hubiera querido limitar la potestad a la definición del lapso de prescripción, hubiera bastado con el plazo genérico dispuesto por el art. 2.560, que en su parte final establece "excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local", y que sin embargo también lo contempla en el Capítulo 1, referido a las "Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva".
Alega que quien tiene facultad de crear la obligación tributaria también está habilitado para regular la forma de su extinción, conforme el dictamen de la Procuración General de la Nación en la causa "Ullate", sentencia de 16-V-2011.
II.3. En esa inteligencia denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (aplicable al caso) que regulan el inicio del plazo prescriptivo y las causales de suspensión. En consecuencia, sostiene que la acción entablada por el Fisco, en las presentes actuaciones, se encontraba vigente al tiempo de su ejercicio.
Señala que el sistema diseñado por el legislador provincial en materia de prescripción coordina cuestiones vinculadas al impuesto a los ingresos brutos con otros dos asuntos relevantes: el carácter anual del tributo y la cantidad de sujetos pasivos del impuesto (a quienes habrá que fiscalizar y -en su caso- constreñir al cumplimiento de las obligaciones formales y materiales mediante el procedimiento de determinación del art. 112 y sigs., Cód. Fiscal).
Y que tales cuestiones justifican, con un grado de razonabilidad incuestionable, que se hayan fijado vencimientos generales para todos los contribuyentes, uniformando así tanto los plazos de cumplimiento de las obligaciones vinculadas al impuesto examinado, como el día de inicio de la prescripción de las acciones derivadas de los incumplimientos.
Señala que la obligación fiscal solo se perfecciona luego de cerrado el ejercicio, una vez que se resume toda la actividad realizada en el año concluido, lo cual se plasma en la pertinente declaración jurada anual, acto jurídico que establece la exigibilidad del pago del tributo.
Agrega que la contribuyente se encuentra inscripta frente al impuesto sobre los ingresos brutos, encontrándose obligada por lo tanto a la presentación de declaraciones juradas anuales de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 210 ("...deberá presentarse una declaración jurada en la que se determinará el impuesto del período fiscal anual e incluirá el resumen de la totalidad de las operaciones del período...").
Entiende que el plazo de prescripción del período más antiguo reclamado (2007/01) comenzó su curso el día 1 de enero de 2009, viéndose válidamente suspendido el día 30 de julio de 2013 por la intimación de pago que involucra las notificaciones de la disposición determinativa y sancionatoria 2.437/37, del 19 de julio de 2013; suspensión que debió considerarse extendida (pues así lo dispone la normativa local, concretamente el art. 161 del Cód. Fiscal) hasta noventa días posteriores a que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recibiera las actuaciones con la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación, que rechazara el recurso, lo que sucedió el 23 de mayo de 2015. Considera que habiendo sido recibido el expediente administrativo el 2 de junio de 2015 (v. fs. 1.818 vta.), dicha suspensión se extendió hasta el día 8 de octubre de ese mismo año.
Concluye que, en el caso de autos, no ha operado la prescripción respecto a ninguno de los períodos impositivos reclamados a la empresa contribuyente por parte del Estado, tal como lo manifestara en la contestación de demanda.
Respecto del art. 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), señala que regula las causales de suspensión del plazo de prescripción para determinar y exigir el pago de los tributos adeudados. Insiste en que, conforme el mismo, no ha operado la prescripción respecto de ninguno de los períodos fiscales en discusión, atento que para el más antiguo (2007), el plazo comenzó a correr el 1 de enero de 2009, por lo cual hubiera culminado el 1 de enero de 2014; pero advierte que fue suspendido el día 30 de julio de 2013 (por la notificación de la disposición 2.437/13) y que, en virtud del recurso de apelación interpuesto el 16 de agosto de 2013 por la contribuyente contra dicha disposición (v. fs. 1.658 y sigs.), aquella se prolongó hasta el 8 de octubre de 2015 (es decir, noventa días posteriores al 2 de junio de 2015, que es cuando ARBA recibió las actuaciones administrativas, luego de dictada la sentencia que rechazara el recurso por el Tribunal Fiscal de Apelación; v. fs. 1.818 vta., expte. adm.).
Consecuentemente denuncia que, a la fecha que se efectuara el depósito en los términos del art. 19 del Código Contencioso Administrativo (7 de septiembre de 2015), así como a la de emisión del título ejecutivo por intereses y multa (30 de septiembre de 2015) y a la del inicio del juicio de apremio (2 de octubre de 2015), ninguno de los períodos reclamados por el Fisco se encontraba prescripto.
II.4. Denuncia errónea aplicación del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, en tanto entiende que este tan solo ha establecido una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del Derecho común, pauta que, interpretada racionalmente, no solo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 de la Constitución nacional (legislación local, la regla; legislación nacional, la excepción) sino que, en el caso particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas reconocidas (derivadas de otras autonomías más importantes como la financiera).
Conforme a ello sostiene que, si el poder de legislación de ciertos tributos reside en las legislaturas locales, también la potestad de ceñir a plazo ese deber tributario o su ejecución reside en la legislatura local creadora del deber, puesto que el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional no encomienda al Congreso la regulación exclusiva de la institución de la prescripción y sus plazos, sino que le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles, de Derecho privado (conf. voto del doctor Maier en la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia", Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sent. de 17-XI-2003).
Transcribe: "...las provincias, cuando han delegado en la Nación la facultad de dictar los Códigos Civil y Comercial, no han querido delegar la de legislar en materia de facultades impositivas, ya que ella quedaba reservada a las provincias. Únicamente han delegado lo que expresamente establecieron". Asimismo, que "No hay en ningún momento una delegación expresa para que los Códigos Civil y Comercial legislen sobre la creación de las relaciones jurídicas tributarias y sobre elemento alguno de éstas..." (conf. voto del doctor Casás en la citada causa "Sociedad Italiana de Beneficencia", Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sent. de 17-XI-2003).
Agrega que la misma postura ha sido sostenida esta Suprema Corte al resolver: "En efecto, la facultad de la Provincia de dictar normas de carácter impositivo ha sido reconocida por esta Corte: no existiendo dudas acerca de las facultades de la autoridad legislativa local para crear obligaciones tributarias, tampoco la debe haber respecto de la potestad para determinar su extinción" (conf. causas I. 2.109, "Marina", sent. de 9-VIII-2000 y C. 99.854, "Fisco c/ Haras San Pablo Club de Campo S.A.", sent. de 7-X-2009).
Sostiene que ese precedente implica ni más ni menos que una clara defensa de las potestades legislativas en materia tributaria (y puntualmente en materia de extinción de las obligaciones, incluida la prescripción) de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello, solicita que se tenga presente el presunto error (de clara gravedad institucional, a su juicio) en el que incurre el Tribunal a quo al fundar su decisión en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y que así se lo declare expresamente.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso, la cuestión se ciñe a dilucidar si la derogación del Código Civil (ley 340) y la implementación de los nuevos arts. 2.535 y 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), implica un reconocimiento de la preeminencia de las normas locales tributarias en materia de prescripción, o si, por el contrario, la sentencia recurrida se ajusta a derecho.
Así planteados los términos de la controversia, se advierte que el tema en debate ha sido resuelto por este Tribunal en un caso sustancialmente análogo al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827 -modificada por ley 13.812-).
En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte entendió aplicable la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, en lo atinente a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Sobre la base de lo allí decidido, corresponde rechazar los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con la alegada violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), normas locales dedicadas a reglar -respectivamente- el inicio del cómputo y la suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales.
III.2. Respecto de la denuncia de violación de la doctrina legal, considero que tampoco puede prosperar.
En efecto, y contrariamente a lo denunciado por la recurrente, la sentencia recurrida aplica el criterio que esta Suprema Corte estableciera en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, que como se indicara supra , fue confirmada en la causa A. 71
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.