Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121190
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.190, "Loria, Beatriz Susana contra Banco Santander Rio S.A. y otros. Ejecución honorarios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , de Lázzari , Kogan , Pettigiani , Torres .
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, en lo que importa destacar, modificó el fallo del juez de origen quien -a su turno- hiciera lugar a la acción de cobro de honorarios incoada por la señora Beatriz Susana Loria contra la firma Casa 10 S.A. En tal sentido, extendió los efectos de la condena a los señores Ricardo Héctor y Héctor Juan Manuel Garasa (v. fs. 1.605/1.627 vta. y 1.686/1.704 vta., conjuntamente con su aclaratoria de fs. 1.718/1.719).
Se interpusieron, por los accionados vencidos, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.723/1.744 y fs. 1.745/1.770).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 1.745/1.770?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 1.723/1.744?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Promueve acción de cobro de honorarios la señora Beatriz Susana Loria, de profesión arquitecta, con el objeto de que se condene a los accionados a abonarle los honorarios profesionales devengados con motivo de las gestiones llevadas a cabo para la realización del proyecto denominado "Conjunto Torres Corona", conjunto habitacional de dos torres -Torre Corona Victoria y Torre Corona Sofía- a construirse en la calle Alem n° 953/57, entre las calles 11 de Septiembre y Florida de la ciudad bonaerense de Pergamino (v. fs. 150/165 vta.).
Dicha pretensión fue dirigida contra la entidad que otorgaría el financiamiento, el Banco Río de la Plata S.A.; la empresa que haría el desarrollo del emprendimiento inmobiliario, la firma Casa 10 S.A. y los propietarios del terreno en donde se emplazaría la obra, señores Ricardo Héctor y Héctor Juan Manuel Garasa (v. fs. 150 y vta.).
En su escrito de inicio la reclamante comentó que fue convocada por el presidente de la empresa Casa 10 S.A. para la realización de ciertos proyectos y obras a realizarse en su mayor parte en el interior del país, que serían realizadas entre dicha firma, el Banco Río de la Plata S.A. y los propietarios de los terrenos (v. fs. 150 vta.).
Agregó que el día 16 de noviembre de 2004 nació la relación contractual entre las partes bajo la modalidad del contrato de locación de obra, en la que se le encomendó la realización del proyecto completo y dirección del emprendimiento antes mencionado, estableciéndose el plazo de entrega para el día 20 de febrero de 2005 (v. fs. cit.).
Relató los sucesivos avances de las tratativas, las reuniones mantenidas en la Municipalidad de Pergamino junto con los aquí demandados, la presentación del anteproyecto y su aceptación por la comitente, la obtención de la factibilidad FOT otorgada por el municipio, las tareas realizadas para garantizar el desarrollo de la obra y el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, los diversos trabajos realizados, la convocatoria de equipos de profesionales especialistas en distintas materias, las gestiones realizadas ante las empresas proveedoras de servicios locales y la colaboración brindada en la búsqueda de locales donde funcionaría la oficina de ventas en Pergamino (v. fs. 150 vta./151 vta.).
Indicó que luego de pedir cotización a distintas empresas constructoras en base al proyecto realizado por la actora, el Banco Río de la Plata S.A. y Casa 10 S.A. decidieron contratar a la empresa Wayro Ingeniería S.A. para la construcción del emprendimiento. Afirmó que en el mes de septiembre de 2005 se puso operativa la oficina de ventas y destacó que se generó una gran expectativa en el público respecto del proyecto, dado que fue ampliamente publicitado por la entidad financiera y en los diversos medios periodísticos locales (v. fs. 151 vta. y 152).
Concluidas tales actividades, explicó que inició las gestiones correspondientes para obtener el pago de sus estipendios profesionales y que, ante el fracaso de las intimaciones cursadas, el día 26 de diciembre de 2005 declaró rescindido el contrato de locación de obra y notificó a los aquí demandados de modo fehaciente (v. fs. 152/153 vta.).
Finalmente, efectuó un detalle de los costos de la obra y los porcentajes correspondientes a sus honorarios de acuerdo a la reglamentación vigente, solicitando que se condene a los legitimados pasivos a abonar la suma de quinientos sesenta y seis mil novecientos noventa y seis pesos con setenta y dos centavos más IVA ($566.996,72) o lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse, con costas (v. fs. 154/155).
II. La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la solución de origen que, a su turno, hiciera lugar al reclamo impetrado contra la firma Casa 10 S.A. (v. fs. 1.605/1.627 vta. y 1.686/1.704 vta., conjuntamente con su aclaratoria de fs. 1.718/1.719).
Para así decidir, a la luz del diverso material probatorio acompañado, el a quo consideró que habiendo sido reconocida la celebración del contrato de locación de obra entre las partes y acreditado el cumplimiento de las tareas profesionales a cargo de la accionante, las cuales consistieron en la efectivización de ciertas actividades previas al desarrollo de la construcción inmobiliaria tales como la confección de planos y la realización de cálculos, presentaciones, etc., correspondía confirmar el progreso de la demanda contra la sociedad anónima (v. fs. 1.695 vta./1.700).
III. Frente a ello, el representante legal de la empresa accionada -mediante asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce los vicios de absurdo y arbitrariedad e infracción a los arts. 36 y 48 de la ley 5.827 y 3 del decreto 6.964/1.965.
En primer término, pretende la nulidad del fallo toda vez que el mismo ha sido suscripto únicamente por dos jueces (v. fs. 1.750/1.751 vta.).
En segundo orden, cuestiona la conclusión a la que arribó el a quo respecto de la prueba aportada al proceso. Manifiesta que se encuentra acreditado que quien no cumplió con las obligaciones contractuales fue la actora y no su parte (v. fs. 1.751 vta./1.753).
En tercer lugar, reprocha el contenido y alcance que se le otorgó a la pericia realizada en autos. Indica que ese informe no tiene ningún dato científico que permita tenerlo como base para la determinación de los honorarios de la actora, siendo que nunca existió factibilidad en el proyecto encomendado (v. fs. 1.754/1.758 vta.).
Luego, se agravia de la dimensión que otorgó la Cámara al informe elaborado por el Colegio de Arquitectos y la errónea interpretación que efectuó respecto del decreto 6.964/65 para establecer los emolumentos laborales (v. fs. 1.759 vta./1.763).
Finalmente impugna el monto indemnizatorio otorgado, al que tilda de excesivo, en atención a la falta de bases concretas para arribar a la cuantificación establecida, y deficiente, por haberse calculado intereses desde el origen cuando la deuda ya había sido recalculada con accesorios (v. fs. 1.767/1.768).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En lo que concierne a la denunciada transgresión a la manda contenida en el art. 168 de la Constitución provincial (v. fs. 1.750/1.751 vta.), sabido es que la misma resulta extraña al recurso de inaplicabilidad de ley, siendo propia del remedio de nulidad (conf. doctr. causas C. 119.809, "Caputo", resol. de 9-XII-2015; C. 121.129, "G., A. V.", resol. de 15-XI-2016 y C. 121.409, "Smael", resol. de 22-III-2017), motivo por el cual la misma deviene inabordable.
IV.2. En cuanto al motivo principal de la impugnación, resulta necesario recordar que esta Suprema Corte ha establecido que cuando se cuestiona una tarea propia de las instancias ordinarias, como en el caso la valoración de la prueba pericial y documental, es imprescindible demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador resulta irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa (conf. doctr. causas C. 101.032, "S., H.", sent. de 18-II-2009; C. 111.450, "Aguerre", sent. de 19-XII-2012 y C. 106.293, "Cesyt S.R.L.", sent. de 22-X-2014).
Considero que no se ha logrado poner en evidencia el vicio lógico denunciado.
En efecto, la Cámara -en base a la experticia de fs. 1.173/1.175 y sus explicaciones de fs. 1.192 y vta.; el testimonio de fs. 1.274/1.275; las cartas documento de fs. 1.284/1.285 y 1.335/1.337; la contestación de fs. 1.286/1.288; la solicitud de fs. 106 y 1.294; el contrato de fs. 646/647 y 1.297/1.298; la constancia de fs. 1.299; la memoria de fs. 1.307/1.320; el informe de fs. 1.338/1.344; la actuación de fs. 1.351/1.353 y la documental de fs. 1.428/1.431- halló, por un lado, demostradas tanto la celebración del contrato de realización de tareas profesionales como la labor técnica desarrollada por la actora y, por el otro, acreditados los consecuentes honorarios a su favor, los que -sostuvo- surgían de la pericia de arquitectura presentada en autos, más teniendo en cuenta que la prueba producida (informativa al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires) evidenciaba que el derecho al cobro de los honorarios se producía desde el momento de la realización de las tareas encomendadas y no dependía de la aprobación de la factibilidad de la obra municipal (v. fs. 1.699 vta.).
El recurrente, luego de relatar los antecedentes de la cuestión litigiosa, procede a descalificar el decisorio del Tribunal de Alzada sin conseguir demostrar que los razonamientos desarrollados por los sentenciantes hubieran incurrido en errores graves, trascendentes y fundamentales que evidencien infracción a lo prescripto por los arts. 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (art. 279, CPCC).
Se aparta de las concretas razones en las que asienta su fallo el a quo para discurrir con su particular postura, reiterando conceptos ya vertidos en su expresión de agravios (v. fs. 1.650/1.661 vta.) sin que produzca actividad crítica eficaz contra lo afirmado en relación a la idoneidad de las tareas hechas por la reclamante y el derecho a percibir los estipendios e insistiendo en el error manifiesto en que se ha incurrido a la hora de analizar la prueba aportada al proceso, desentendiéndose de que cuando se impugna una tarea propia de las instancias ordinarias -valoración de prueba pericial, testimonial y/o documental- es imprescindible demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador resulta irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa (conf. causas C. 91.554, "S., D. V.", sent. de 29-III-2006 y C. 90.052, "B., G. M.", sent. de 19-IX-2007).
Las alegaciones vertidas en la impugnación con el objeto de cuestionar lo decidido por el tribunal traducen un mero disentimiento que lejos está de rebatir de manera eficaz las conclusiones del fallo (art. 279, CPCC), motivo por el cual se impone su rechazo.
IV.3. En relación al agravio deducido sobre el monto de condena, destaco que tiene dicho esta Corte -en forma reiterada- que los cuestionamientos vinculados a tal tópico constituyen típicas cuestiones de hecho, privativas de los jueces de las instancias ordinarias e irrevisables en sede extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. causas C. 82.492, "Cinturón Ecológico A.M.S.A.", sent. de 8-XI-2006; C. 96.697, "R., R.", sent. de 12-XI-2008 y C. 103.482, "T. L., M. E.", sent. de 28-IV-2010).
En la especie, no obstante el esfuerzo realizado por el impugnante, no se logra acreditar tal vicio lógico. Ello por cuanto se ha entendido por absurdo al desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o al razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incoherentes, no constituyéndolo las que resulten objetables, discutibles o poco convincentes que no llegan a los mencionados extremos (conf. doctr. causas C. 75.789, "Ruiz Díaz", sent. de 23-V-2001; C. 94.916, "Mieres de García", sent. de 19-IX-2007 y C. 118.375, "Czesun", sent. de 8-IV-2015).
En esa línea de pensamiento entiendo que en el presente caso podrá o no compartirse el monto estimado por la Cámara (basado en el informe pericial de fs. 1.173/1.175), pero lejos está el fallo de revestir ese carácter y constituirse en dogmático, tal como se pregona en la protesta ensayada (v. fs. 1.769), toda vez que encuentra su apoyo en la normativa y actividad probatoria allí aludida. Por tal razón, tampoco prospera este segmento de la protesta.
Finalmente, en cuanto al agravio vinculado con el inicio del cómputo de los intereses, el mismo no puede ser abordado, toda vez que -si bien la protesta fue llevada oportunamente al Tribunal de Alzada (v. fs. 1.660)- lo cierto es que en el pronunciamiento cuestionado no se trató. En consecuencia, manifestándose esta cuestión como novedosa, si se pretendía reparar aquel error el recurrente debió haber canalizado este tópico por la vía extraordinaria anulativa, ya que resulta extraño a la interpuesta (conf. causas C. 119.809, "Caputo"; C. 121.129, "G., A. V." y C. 121.409, "Smael", cits.)
V. En consecuencia, no demostrados los quebrantamientos normativos ni el vicio de absurdo esgrimido (art. 279, CPCC), deberá rechazarse el recurso interpuesto, con costas (arts. 68 y 289, Cód. cit.)
Voto, pues, por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Liminarmente habré de señalar que en mi parecer el requisito procesal de integración de un tribunal es de orden público y, por lo tanto, indisponible para las partes, por lo que de comprobarse amerita la declaración de nulidad ex oficio de lo actuado por inexistencia de acto jurisdiccional.
Sin embargo, en el caso de autos, el recurrente soslaya que nos encontramos frente a un Tribunal de Alzada cuyas Salas están compuestas por dos miembros y que solamente se integran con el Presidente de la Cámara -o por otro Camarista de otra Sala si este estuviera ocupando la Sala de intervención por vacancia- en caso de disidencia de sus integrantes (arts. 33 inc. "b", 36, 36, 47 y 48, ley 5.827).
Expuesto lo anterior presto mi adhesión al voto del ponente doctor Soria.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El letrado apoderado de los legitimados pasivos -señores Ricardo Héctor y Héctor Juan Manuel Garasa- impugna la decisión del Tribunal de Alzada que, revocando el fallo de origen, acogiera la acción de cobro intentada contra sus representados al encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su progreso (v. fs. 1.605/1.627 vta. y 1.686/1.704 vta., conjuntamente con su aclaratoria de fs. 1.718/1.719).
I.1. Denuncia infracción a los arts. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; 16 y 17 de la Constitución nacional; 10 y 11 de su par local y 1, 2, 3, 499 y 1.199 del Código Civil. Y, asimismo, absurdo en la ponderación de los elementos fácticos (v. fs. 1.723/1.744).
Los agravios traídos pueden sintetizarse de la siguiente manera:
I.1.a. Desinterpretación del contrato base del pleito al otorgarle un alcance distinto a las cláusulas que este contiene. Sostiene que en la especie se ha transformado una opción exclusiva e irrevocable de compra otorgada por sus mandantes en una encomienda profesional a una arquitecta que devengó más honorarios que el valor venal de la propiedad (v. fs. 1.734).
I.1.b. Errónea valoración de la prueba en torno a la firma de los planos y las conclusiones arribadas respecto de las actividades realizadas por la demandante (v. fs.1.735/1.736 vta.).
I.1.c. Falta de consideración respecto a la ausencia de rubricación del contrato por parte de sus mandantes. Afirma que el convenio fue suscripto únicamente por la firma Casa 10 S.A., por lo que no existen motivos para que se lo solidarice al pago de la indemnización otorgada (v. fs. 1.737).
I.1.d. Desproporcionalidad del valor indemnizatorio concedido. Reprocha la operación tenida en cuenta por el Tribunal de Alzada para alcanzar al monto final de la condena y la descalifica por incluir intereses en una suma que fue actualizada. Además, solicita la aplicación de la ley 24.283 (v. fs. 1.737/1.739 vta.).
I.1.e. Inmotivada acepción de personas. En este aspecto cuestiona el trato diferencial que se le brindó a la conducta asumida por el Banco Santander Río S.A.; expresa que se encontraba en idénticas circunstancias a sus mandantes y que sin embargo la entidad financiera no fue condenada (v. fs. 1.739 vta./1.742).
II. Este recurso prospera en parte.
II.1. Los hermanos Ricardo Héctor y Héctor Juan Manuel Garasa, en su calidad de propietarios de una finca ubicada en la ciudad de Pergamino, celebraron el día 22 de julio de 2004 junto a la empresa Casa 10 S.A. un contrato de opción de compra inmobiliaria, el cual disponía -en favor de esta última- la facultad exclusiva e irrevocable de adquirir el dominio de los vendedores. A través de este las partes establecieron que el propósito de la operación consistía en que la compradora adquiriera un inmueble para ponerlo a disposición en un desarrollo inmobiliario de propiedad horizontal denominado "Torres Corona", el cual sería solventado por un futuro fiduciario (v.gr. el Banco Río de La Plata S.A.). Asimismo, como contraprestación, los vendedores obtendrían una cierta cantidad de metros cuadrados del complejo equivalentes al valor de la propiedad (v. fs. 648/653).
Por su parte, la señora Beatriz Susana Loria celebró un contrato de tareas profesionales con la citada firma, quien en su carácter de comitente le encargó a la primera, en su condición de arquitecta, la confección de un proyecto y realización de factibilidad por el emprendimiento antes referido, el cual se encontraba -por ese entonces- próximo a desarrollarse en la ciudad bonaerense de Pergamino (v. fs. 646/647 y 1.297/1.298).
La empresa Casa 10 S.A. tuvo en mira las siguientes circunstancias: a) obtener la propiedad de los hermanos Garasa y ponerla a disposición de un emprendimiento; b) conseguir un financista o inversor (v.gr. el fiduciario, que posteriormente iba a ser el Banco Río) para que aporte los fondos necesarios para la construcción de los inmuebles y c) que sea la señora Beatriz Susana Loria quien lleve a cargo las tareas necesarias para comenzar con el negocio.
Sobre esta base, los distintos sujetos que estuvieron ligados en el negocio ejecutaron ciertas actividades para la concreción del objetivo inmobiliario.
Los convenios celebrados se encontraron unidos por una operación económica global, cual fue la construcción de los edificios.
Sentado ello, cabe destacar que ha sostenido este Tribunal -en reiteradas oportunidades- que quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del conducto revisor (conf. doctr. causas C. 119.507, "Lucas", resol. de 26-III-2015; C. 118.236, "Daniel Ricca S.A.C.", sent. de 8-IV-2015 y C. 121.082, "Manzanillo", resol. de 15-XI-2016), tal como se verifica en
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