Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120023
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.023, "Quijano, Ramón Antonio contra Av. 9 de Julio 1253 S.R.L. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky .
El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con asiento en la ciudad de Lanús, admitió parcialmente la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 218/233 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 241/272 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 345/347), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal de grado rechazó la demanda promovida por Ramón Antonio Quijano contra Av. 9 de Julio 1253 S.R.L. en cuanto reclamaba, con sustento en la ley 23.592, el cobro de una reparación por daño material y moral, así como la reinstalación del trabajador y los salarios inherentes a dicho planteo (v. fs. 218/233 vta.).
II. Contra esta decisión, la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 248 vta./252).
En sustancia, alega que el tribunal de grado omitió abordar una cuestión esencial en su momento planteada, cual es: la consistente en determinar si el despido dispuesto por la demandada en forma previa a que el trabajador efectivice u oficialice su postulación al cargo de delegado gremial constituyó o no un acto discriminatorio hacia su persona, sancionado por la ley 23.592.
Sostiene además que el fallo se encuentra fundado en una ley (23.551) que no es la que resuelve la cuestión preterida en autos.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (v. fs. 345/347), considero que el recurso no puede prosperar.
Los agravios que porta la impugnación se dirigen, en verdad, a controvertir la interpretación efectuada por el tribunal de trabajo de los términos del escrito de demanda y de la conformación de la litis, reproche que en tanto vinculado a la comisión de presuntos errores in iudicando resulta extraño al ámbito del remedio en tratamiento y propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011; L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015; L. 111.418, "González", sent. de 13-V-2015 y L. 118.276, "Borrelli", sent. de 7-III-2018).
Cabe agregar que no se configura violación del art. 171 de la Constitución provincial cuando la sentencia está legalmente fundada, sin que corresponda examinar la incorrección, desacierto o deficiencia en su fundamentación, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación propio del conducto extraordinario examinado (causas L. 88.117, "Echayre", sent. de 16-III-2011; L. 104.795, "Brega", sent. de 21-XII-2011; L. 116.963, "Lloret", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.979, "Marquez", sent. de 21-IX-2016).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido. Con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud y, en lo atingente a la configuración de la hipótesis de violación del art. 171 de la Constitución provincial remito a mi opinión volcada en las causas L. 117.684, "Cladd Industria Textil Argentina S.A." (sent. de 8-V-2019) y L. 121.633, "Barbieri" (sent. de 13-X-2020), e.o., en honor a la brevedad.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani , Torres y Borinsky, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado juzgó comprobado que el actor laboró para la demandada, cumpliendo funciones en la categoría de dependiente de salón, desde el día 29 de septiembre de 2004 hasta el día 4 de octubre de 2012 en que la empleadora le notificó su despido en los siguientes términos: "Comunico la rescisión unilateral de su contrato de trabajo por reestructuración del comercio. Liquidación final y certificados de servicios a disposición a partir del día 7-11-2012" (v. CD, fs. 3 y 89 y vered., fs. 218 vta./221 vta.).
Asimismo, el actor respondió mediante una misiva en la que invocó que el distracto estaba motivado en el conocimiento que había tenido el principal acerca de su postulación para el cargo de delegado gremial, con la consecuente denuncia sobre la existencia de un acto discriminatorio hacia su persona e intimación a la empresa a fin de que dispusiera su reincorporación (v. CD, fs. 4). También que la accionada contestó negando todas estas afirmaciones, fundamentalmente la vinculada a la supuesta postulación del actor; quien finalmente hizo efectivo el apercibimiento contenido en su anterior esta pieza postal y se consideró despedido (v. vered., fs. 220 vta./221 vta.).
Luego, juzgó que si bien con los elementos probatorios (esencialmente documental e informativa) y los reconocimientos emergentes de la causa se corroboraba que la relación había quedado disuelta el día 4 de octubre de 2012 por decisión de la empleadora fundada en la reestructuración del comercio, el accionante en su escrito inicial sostenía que la verdadera motivación de dicho acto había estado constituida por su postulación al cargo de delegado sindical (v. vered., fs. 221 vta. y 222).
En este orden, evaluó que al absolver posiciones el demandante señaló que "...hacia octubre de 2012, Jara era el representante gremial..." y que lo sucedió el señor Machain quien fue nombrado por los empleados y que en octubre del año 2012 "se habló de su candidatura pero nunca se oficializó" (v. vered., fs. 222).
Ponderó además las declaraciones de los testigos ofrecidos por el actor, señalando que uno de ellos, compañero de trabajo de aquél, refirió que en el mes de octubre del año 2012 el delegado gremial era el señor Jara y que se "hablaba" de que el demandante iba a ser candidato pero que no llegó a oficializarse; en cambio, la restante testigo -vecina y cliente del lugar- refirió no conocer ninguna actividad sindical del accionante. Respecto de los testimonios ofrecidos por la demandada, expresó que se abstenía de analizar uno de ellos porque el deponente manifestó ser amigo del gerente de la firma accionada y sobre los otros señaló que resultaron coincidentes en declarar que no conocían de la postulación del señor Quijano al cargo en cuestión ni que desempeñara actividad gremial (v. vered., fs. 222 vta.).
Adunó a ello que a fs. 150 obraba agregado la respuesta al oficio enviado al Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros en el que se informaba que el señor Quijano estuvo afiliado a esa entidad desde el 18 de abril de 2005 hasta el 31 de enero de 2013 (fecha de baja transitoria) y, asimismo, que Rafael Jara Ríos fue delegado del personal de la demandada hasta octubre de 2012 y que luego el señor Gastón Machain continuó con dicho cargo con mandato vigente hasta octubre 2014 (v. fs. 222 vta.).
Expresó entonces que ni de la prueba oral -incluida la absolución de posiciones del actor- ni de la informativa surgía verificada la postulación del reclamante a cargo gremial alguno, sin que hubiera en autos algún otro elemento probatorio que permita demostrar dicho extremo (v. vered., fs. 223).
Ya en la sentencia, tras descartar que en el caso el trabajador se encontrara alcanzado por la tutela conferida por la ley 23.551, concluyó que aunque el actor había invocado un despido discriminatorio en el marco del art. 1 de la ley 23.592 producto de su supuesta postulación a un cargo de delegado gremial, no había logrado acreditar dicha circunstancia (art. 375, CPCC; v. sent., fs. 226 vta./228).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el actor denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 18, 33 y 75 incs. 19 y 22 de la Constitución nacional; 2, 7 y 23 inc. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 inc. 1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, 3 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Convenio Internacional del Trabajo 98; 2 inc. "d" de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo (OIT); 10, 11, 13, 15, 25, 36, 39 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 y 2 de la ley 23.592; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 47, 48, 49 inc. "b", 50 y 52 de la ley 23.551 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 241/272 vta.).
Invoca absurdo y violación al principio de congruencia. Sostiene que en el caso el tribunal determinó erróneamente las cuestiones a dilucidar, por cuanto el debate giraba en torno al distracto de un activista gremial que fue despedido ante la toma de conocimiento por parte de su empleador de que el dependiente se postularía al cargo de representante sindical, es decir, en forma previa a su postulación (oficialización).
Refiere que tanto en la primera misiva cursada por el actor, como en su escrito de demanda, éste siempre refirió a que el motivo oculto de su despido era que el principal tenía conocimiento de que se postularía para el cargo de delegado gremial, todo lo que ocurrió de modo previo al acto eleccionario y a la oficialización y comunicación de su postulación al cargo.
Sostiene que la demandada estaba al tanto de la fecha en que se llevaría a cabo el acto eleccionario porque el sindicato ya la había oficializado, como también respecto a que el accionante se iba a presentar como candidato, por cuanto sus compañeros de trabajo y el propio empleador sabían que el delegado en ejercicio no continuaría y que el señor Quijano se postularía para sucederlo. Agrega que era pública y notoria su actividad sindical al momento del despido.
Señala que ante la concreta denuncia de un despido discriminatorio con base en la ley 23.592 se omitió resolver al respecto por considerar que no se cumplió un recaudo formal exigido por la ley 23.551 -la comunicación de postularse como candidato a delegado gremial- cuestión que nunca fue alegada. Refiere que el a quo decidió sobre una cuestión fáctica no planteada y soslayó el verdadero hecho controvertido.
Postula que el despido discriminatorio tuvo como motivo la "intención" del reclamante de postularse al cargo de delegado gremial, es decir, su "pretensión" y no "el hecho concreto" de haberse postulado efectivamente, ni mucho menos de haber "formalizado" su postulación como candidato en los términos de la ley 23.551. Refiere que surge evidente el absurdo y transgresión al principio de congruencia, desde que su parte nunca afirmó haberse postulado al cargo y ello no fue controvertido por la contraria.
Aduce que el a quo resolvió la cuestión en el marco de una ley que no era la aplicable al caso (23.551), soslayando expedirse sobre la cuestión esencial de autos, cual es: la vinculada al despido discriminatorio que sufrió el trabajador como consecuencia de su actividad sindical.
Finalmente, alega que la sentencia resulta arbitraria en tanto se prescindió de prueba decisiva para la solución de la contienda, pues, no se analizaron en el fallo los testimonios obrantes a fs. 54, 55 y 67, a través de los cuales -afirma- quedan demostrados los extremos del reclamo interpuesto en la demanda.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Tiene dicho esta Corte que interpretar el intercambio telegráfico habido entre las partes, así como los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en su interpretación y violación al principio de congruencia (causas L. 92.343, "Gándara", sent. de 22-XII-2008; L. 104.679, "Chaparro", sent. de 10-VI-2015; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016 y L. 119.529, "Williman", sent. de 18-X-2017; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, la crítica afincada en la propia visión que aporta el recurrente acerca de la correcta interpretación que debió efectuar el a quo sobre lo que fue materia de controversia es insuficiente, pues se limita a efectuar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, evidenciando, tan sólo, la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para establecer el alcance de los escritos constitutivos de la litis y determinar el mérito y habilidad de la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones (causas L. 90.064, "D'Agostino", sent. de 5-XII-2007; L. 104.273, "Larrazabal y Montenegro", sent. de 26-VI-2013; L. 114.165, "Gómez", sent. de 20-V-2015 y L. 119.131, "Peredo", sent. de 6-XII-2017).
En efecto, no logra el recurrente neutralizar el análisis que condujo al tribunal de grado, a partir de la valoración del intercambio telegráfico, los escritos constitutivos del proceso y la prueba producida (testimonial e informativa), a descartar la postura del actor respecto a que su despido ocultara una actitud discriminatoria del empleador, motivada en su supuesta postulación a un cargo gremial.
Ello pues, a partir del propio significado y alcance que asigna a los elementos de juicio evaluados por el juzgador para elucidar el alcance de los hechos litigiosos y descartar la configuración de la plataforma fáctica en que se sustentó la pretensión a la postre rechazada, el interesado plantea una crítica insuficiente para evidenciar que el contenido de la decisión judicial atacada hubiera alterado los términos de la relación procesal fijada en la contienda, ni tampoco que los jueces de grado se hayan desentendido de los temas litigiosos sometidos a su conocimiento (causas L. 93.926, "Segovia", sent. de 28-V-2010; L. 114.641, "Domínguez", sent. de 23-XII-2014 y L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
Por el contrario, los argumentos que expone el interesado no sólo exhiben una innovación en la postura asumida en la instancia anterior, sino que trasuntan su mera disconformidad con el razonamiento empleado en el fallo de grado.
En este orden, tampoco cabe admitir que las declaraciones de los testigos que comparecieron al solo efecto de la medida cautelar planteada, tengan aptitud para enervar las conclusiones alcanzadas en el pronunciamiento impugnado sobre la base de la evaluación integral de la prueba adquirida durante toda la sustanciación del trámite.
En definitiva, lo expuesto por el interesado no alcanza para demostrar el vicio de absurdo, pues lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento; sino que, antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 101.584, "Bassetti", sent. de 9-XII-2010; L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 109.927, "Banegas", sent. de 11-III-2015 y L. 117.774, "Lavandera", sent. de 6-IX-2017; e.o.), extremos que -como se dijo- no demuestra el recurrente.
Las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio atacado. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
Con todo lo dicho, no cabe sino concluir que el medio de impugnación se encuentra insuficientemente fundado, en tanto no satisface la inexcusable carga de denunciar -ni, obviamente, demostrar- la configuración del ya mencionado vicio lógico, sin que esta Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, aquellas omisiones del recurrente en la tarea de abastecer adecuadamente su recurso (causas L. 100.286, "Pusterla", sent. de 26-V-2010; L. 100.712, "Deciano", sent. de 10-III-2011; L. 104.376, "María", sent. de 17-VII-2011; L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018 y L. 120.052, "V., C.", sent. de 19-IX-2018; e.o.).
Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para desestimar el recurso bajo examen.
IV. Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1.a. En lo que resulta de interés, cabe relatar que en el pronunciamiento en crisis, luego de precisar que el día 3 de octubre del 2012 la demandada remitió al actor una carta documento comunicándole que rescindía el contrato de trabajo con motivo de la "restructuración del comercio" (v. vered., fs. 220 vta., 221 vta./222), el tribunal de grado afirmó que el trabajador en su respuesta del día 19 de ese mismo mes invocó que el despido se había generado "al tomar conocimiento la empleadora de la postulación del reclamante al cargo de delegado gremial, denunciando, en consecuencia, la existencia de un acto discriminatorio" (vered., fs. 221), también señaló que ello fue invocado en el escrito de demanda cuando se reiteró que fue "su postulación al cargo de delegado gremial" lo que constituyó la verdadera motivación de la cesantía (v. vered., fs. 222). Desde ese enfoque del asunto, el sentenciante ponderó las pruebas obrantes en la causa y entendió que la citada postulación no resultó acreditada (v. vered., fs. 222/223).
Con ello, apreciando que a la luz de lo regulado en su art. 50 el accionante no se encontraba tutelado por la ley 23.551 (v. fs. 226/228 vta.), rechazó todas aquellas peticiones ligadas al despido discriminatorio invocado, que en fin, ponderó no probado (v. fs. 226/228 vta.).
I.1.b. Asiste razón al impugnante cuando denuncia que el a quo incurrió en una absurda valoración de los escritos constitutivos y de ciertas pruebas, violando el principio de congruencia y las normas que lo receptan (arts. 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCC) y resolviendo la cuestión con un errado encuadre legal.
Una liminar mirada de las actuaciones muestra que en la misiva que el trabajador envió en réplica al despido, no manifestó que el empleador había adoptado la decisión extintiva después de haber tomado conocimiento de su postulación, sino que lo había hecho una vez anoticiado que el dependiente se postularía para el cargo ya mencionado (v. fs. 4).
Esa conducta del reclamante se condice con la que posteriormente adoptó al dar inicio a es
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.