Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120047
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.047, "Solans, Juan Alberto contra Elías Semillas e Insumos S.R.L. y otra. Indemnización por accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , de Lázzari , Genoud , Pettigiani, Torres, Borinsky .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 746/781).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 818/867 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Juan Alberto Solans y, en consecuencia, condenó solidariamente a Elías Semillas e Insumos S.R.L. y a La Segunda ART S.A. al pago de una indemnización -con fundamento en las disposiciones del derecho común- derivada de la minusvalía que alegó padecer a consecuencia del accidente de trabajo que sufriera el día 12 de febrero de 2008.
Para así decidir, liminarmente, tuvo por acreditado que el actor comenzó a trabajar bajo la dependencia de la accionada el 1 de febrero de 1994, cumpliendo tareas como encargado de galpón -categoría "Encargado de segunda" (art. 12, CCT 130/75)-, percibiendo una remuneración mensual (calculada conforme los términos establecidos en el art. 12, ley 24.557) de $1.406,80 con más la incidencia del sueldo anual complementario (v. vered., primera y undécima cuestión, v. fs. 747/748 y 754 vta./755 vta., respectivamente).
Asimismo, que el dependiente sufrió un accidente de trabajo en la fecha antes referida mientras se encontraba prestando servicios en las instalaciones de su empleadora cuando, a los efectos de destapar una máquina limpiadora de cereal (que denominaban "gusanos"), tuvo que subir por una escalera de una sola hoja apoyada sobre la pared hasta una altura de dos metros y, al perder el equilibrio, intentó asirse con la máquina lesionándose la mano derecha. Dicho padecimiento -continúa- lo incapacita en un 34,76% del índice de la total obrera -incluyendo los factores de ponderación- (v. vered., segunda y tercera cuestión, fs. 748/749 vta.; y quinta, v. fs. 750 vta.). Indicó también que, a consecuencia del infortunio, el trabajador sufrió una intensa angustia y una incorrecta canalización de la misma, por lo que necesita asistencia psicológica por el término de dos años a razón de una sesión por semana y $150 por cada una de ellas (v. vered., octava cuestión, fs. 752 vta. y 753).
Agregó que el tipo de maniobra empleado habitual y permanentemente por el personal de la empresa para destrabar la máquina que limpiaba la semilla, constituyó cosa peligrosa o riesgosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil, habida cuenta que las condiciones de uso y las posiciones de equilibrio inestable potenciaron el riesgo del trabajo en la altura de dos metros (v. vered., cuarta cuestión, fs. 749 vta. y 750); sin que la accionada lograra acreditar que hubiera mediado culpa de la víctima (v. vered., séptima cuestión, fs. 752 y vta.).
En otro orden, expresó -con sustento en la pericia de seguridad e higiene y en la prueba testimonial- que el incumplimiento de las codemandadas respecto de los deberes de seguridad y prevención accidentológica, tolerando el uso impropio y peligroso de la escalera, impidió evitar el riesgo que representaba una maniobra manual individual de esfuerzo desbalanceado en cuanto al equilibrio que debía observarse a dos metros de altura, generando la producción del siniestro; por lo que concluyó que el incumplimiento del deber contenido en el art. 4 apartado 1 de la ley 24.557, coadyuvó a la generación del daño sufrido por Solans (v. vered., sexta cuestión, fs. 750 vta./752).
Luego, tuvo por demostrado que La Segunda ART S.A. abonó al actor el día 16 de septiembre de 2008 la suma de $43.793 en concepto de indemnización por la incapacidad de 32% del índice de la total obrera fijada por la Comisión Médica interviniente (v. vered., cuestión decimosexta, fs. 757 vta. y 758).
En la etapa de sentencia, declarada procedente la demanda, en lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, se dispuso el a quo -con apoyo en el precedente "Aquino" de la Corte federal y en las causas L. 80.735, "Abaca" (sent. de 7-III-2005); L. 81.826, "Yaman" y L. 87.394, "V. de C., M. C." (sents. de 11-V-2005) de este Tribunal- a abordar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y, por ende, a realizar el cotejo entre la cuantía resarcitoria prevista en el régimen especial y aquella otra calculada de acuerdo a la normativa civil (v. sent., fs. 761/767).
Así las cosas, y toda vez que el actor es acreedor de la prestación por incapacidad parcial, permanente y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -vigente al momento del infortunio-, la cuantificó en la suma de $53.683,03 ($1.524,03 -remuneración con la incidencia del SAC- x 34,76% x 53 x 1,912; v. sent., fs. 767).
Luego, puesto a determinar el importe de la indemnización -conforme a las pautas del derecho común-, cuantificó el lucro cesante sobre la base de los lineamientos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Aróstegui", así como los plasmados por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el precedente "Méndez", estableciéndolo en una suma tal que, colocada a un interés del 6% anual, produjera una renta anual similar al importe de la privación de ingresos que el hecho ilícito le provocó a la víctima, y que se agote a la finalización del tiempo de vida económicamente útil de esta.
Partiendo de esa plataforma, tomando en cuenta el salario base mensual determinado en el veredicto ($1.524,03, incluyendo la incidencia del SAC), el porcentaje de incapacidad (34,76%) y el lapso que le restaba a Solans para cumplir setenta y cinco años (483,63 períodos mensuales), determinó el quantum del lucro cesante ($1.524,03 x 60 / 34 x los meses faltantes hasta los setenta y cinco años de edad) en la suma de $170.287,44.
Desde esa perspectiva, consideró que siendo el monto del resarcimiento con sustrato en el derecho común -aun considerando solo uno de sus elementos- superior al que le hubiese correspondido al trabajador conforme la Ley de Riesgos del Trabajo, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 (v. sent., fs. 767/772).
Al importe así determinado, hubo de adicionarle $34.000 en concepto de daño moral (20% de la incapacidad física laboral), y la misma cantidad por daño psíquico (cuadro reactivo, de índole depresivo-angustioso). Además -prosiguió- condenó a la accionada al pago de un tratamiento psicológico que estimó -conforme lo determinado en el fallo de los hechos- en $15.600 (v. sent., fs. 772 vta. y 773).
Luego, del total obtenido en concepto de reparación integral -comprensiva de los daños material, moral y asistencia psicológica- dedujo lo abonado oportunamente al actor en sede administrativa por la aseguradora de riesgos del trabajo ($43.793).
En lo que concierne específicamente a la responsabilidad de La Segunda ART S.A., expresó que si bien - prima facie - debería responder hasta la concurrencia de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, en el caso se accionó contra ella en los términos de la normativa civil. En tal sentido, recordó que el incumplimiento del deber contenido en el art. 4 de la citada ley especial coadyuvó necesariamente a la producción del siniestro laboral, por lo que -citando los precedentes "Torrillo" y "Naval" de la Corte federal- condenó solidariamente a la coaccionada al pago de la reparación integral (arts. 1.074 y 1.109, Cód. Civ. -ley 340-; 4 y 31, ley 24.557; v. sent., fs. 773/774 vta.).
Finalmente, tras declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y desestimar el planteo por el que se cuestionaba la validez de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (t.o. art. 4, ley 25.561), dispuso, por mayoría, aplicar intereses -desde su exigibilidad y hasta el 31 de julio de 2015- calculados con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en su versión digital y, desde el 1 de agosto de 2015 a la misma tasa pero por aplicación del art. 768 inc. "c" del Código Civil y Comercial de la Nación (v. sent., fs. 774 vta./777).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la transgresión de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 3, 1.068, 1.069, 1.083 y 1.086 del Código Civil (ley 340); 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Objeta la cuantía de la indemnización en concepto de lucro cesante.
II.1.a. Critica la base salarial que utilizó el tribunal de grado para cuantificar el resarcimiento por lucro cesante, por considerarla absurda.
Aduce que el a quo incurrió en el referido vicio desde que, si bien tuvo por acreditado en el veredicto (undécima cuestión) que para determinarla debían considerarse las remuneraciones devengadas como "Encargado de Segunda" del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, adicionando el 70% extra que la empresa abonaba al margen de la registración y la incidencia del Sueldo Anual Complementario (SAC) durante el año anterior a la producción del infortunio; dichos guarismos no fueron contemplados al determinar el importe. Por el contrario -prosigue-, el juzgador liquidó el salario con arreglo a los importes netos que surgen de los recibos de haberes acompañados a la causa (v. fs. 5/16), que no reflejan la realidad del trabajador conforme lo señalado.
Seguidamente, practica una liquidación tendiente a demostrar el importe de los ingresos que el actor debió percibir -conforme el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable y demás circunstancias que resultaron acreditadas en autos- en el año anterior al infortunio, y lo estableció en $29.205,58 contra los $16.890,86 presupuestos por el tribunal interviniente.
Puntualiza que el error en que incurrió el sentenciante consistió en fijar dicha base salarial estableciendo un promedio de las remuneraciones brutas devengadas por el trabajador durante los doce meses anteriores a la fecha de toma de conocimiento de la dolencia, sin tener en cuenta que, según lo resolviera la Corte federal en el caso "Aquino" (sent. de 21-IX-2004), indemnizar implica eximir de todo daño, debiendo ser compensadas todas las ganancias que el trabajador se vio impedido de percibir con motivo del infortunio (tales como: todos los beneficios y ganancias de naturaleza remuneratoria y/o no remuneratoria, las sumas no registradas, diferencias por recategorización, con más la incidencia del SAC y la pérdida de chance, entre otros), lo que no es cubierto por el mentado "ingreso base", que solo evalúa menguadamente la pérdida de capacidad de ganancias.
Agrega que el art. 1.086 del Código Civil (ley 340) es claro en cuanto prescribe que la indemnización consistirá en la reparación de "todas las ganancias" que la víctima dejó de obtener por el acto ilícito.
Concluye que si -como en el caso- se hace lugar a la demanda con sustento en lo dispuesto por el art. 1.113 del Código Civil (ley 340), no puede luego liquidarse la indemnización por ganancias dejadas de percibir con variables propias de otra legislación como es la ley 24.557 que, incluso, se ha tachado de inconstitucional en el mismo pronunciamiento.
II.1.b. Desde otroángulo, cuestiona la fórmula de matemática financiera aplicada por el tribunal para calcular el resarcimiento del lucro cesante.
Manifiesta que en el precedente "Arostegui" (sent. de 8-IV-2008), la Corte Suprema de Justicia de la Nación enfatizó que la reparación reclamada según el derecho civil debe tener carácter integral, abarcando todos los ámbitos de la vida material (y no sólo el laboral), los cuales no pueden ser contemplados por ningún cálculo matemático.
Precisa, en ese sentido, que en el citado fallo el Alto Tribunal descalificó el modo de cuantificar el daño utilizado por el a quo , señalando que solo atiende a la persona humana en la faz laboral, tomando en cuenta exclusivamente la disminución de la capacidad laboral y su repercusión en el salario, criterio que resulta frontalmente opuesto al régimen de la reparación integral.
Sostiene que en precedentes anteriores ("Coco", sent. de 29-VI-2004 y "Aquino", sent. de 21-IX-2004), la Corte federal advirtió que la incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, porque la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable, lo que fue reiterado en la citada causa "Arostegui".
En la misma línea, expresa que la fórmula "Vuotto" fue cuestionada en diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que -tal como lo precisó en "Arostegui"- solo puede utilizarse como punto de partida para calcular el lucro cesante, en tanto la reparación debida no puede estar restringida a la pérdida de capacidad de ganancias, sino que debe comprender todos los daños derivados del infortunio.
Dice que la aplicación de las fórmulas matemáticas debe desarrollarse en su real dimensión, ponderando las pautas objetivas del caso (edad de la víctima, las circunstancias personales y capacitación, condición social, formación y gravedad de las lesiones, etc.) y explicando cómo influyen en la cuantificación del daño, lo que no ha sucedido en la especie, al punto que el cálculo efectuado por el tribunal ni siquiera se condice con los parámetros de las fórmulas "Vuotto-Méndez" que parece haber aplicado el sentenciante, pues los períodos a los que se hace alusión en el pronunciamiento no se corresponden con ninguno de sus componentes.
Añade que la denominada fórmula "Vuotto" ha sido modificada desde hace ya largo tiempo por distintos precedentes que siguieron los parámetros establecidos por la Corte Suprema en el fallo "Arostegui". Específicamente, cuestiona que se compute una tasa de interés del 6%, cuando debe ser reducida al 4%.
II.1.c. Por otra parte, sostiene que el sentenciante debió tener en consideración los progresivos aumentos salariales otorgados al trabajador desde el accidente hasta el momento en que fue dictada la sentencia, circunstancia que no constituye una mera probabilidad sino, antes bien una certeza. Es decir, incorporar a la fórmula matemática utilizada el porcentaje remuneratorio por chance, derivado de los incrementos de haberes mensuales que el presumible ascenso más o menos cierto de categoría pudiera haber experimentado Solans, o bien a los aumentos de beneficios surgidos de negociaciones colectivas, así como de rubros remunerativos y no remunerativos, etcétera. (v. fs. 821/835).
II.2. Se agravia también por cuanto al definir el lucro cesante sólo computó el componente físico de incapacidad (34,76%) otorgado por el perito médico (v. fs. 688 y vta.), omitiendo el porcentaje de incapacidad reconocido por la experta psicóloga (40%; v. fs. 565/566) que también debió tomarse como secuela incapacitante por resultar consecuencia del infortunio. Por tal motivo, y no sin destacar que hubo de ponderar este último para adoptar una extraña metodología para reparar el daño (v. vered., fs. 753 y sent., fs. 772 vta. y 773), entiende que el juzgador incurrió en absurdo en la valoración de la prueba y en la transgresión de lo dispuesto en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Respecto de esto último, observa que el a quo hizo lugar al resarcimiento en concepto de daño psíquico (v. sent., fs. 772 vta. y 773), estimando su cuantía ($34.000) según su propio criterio, prescindiendo de una argumentación lógica, razonable y prudente; apartándose del criterio que venía siguiendo en casos similares, en los que adicionaba al porcentaje de incapacidad física, aquel otro determinado en concepto de daño psíquico que, en el caso, hubiera duplicado la indemnización por lucro cesante.
Agrega que si bien esta última argumentación fue planteada en el recurso de aclaratoria deducido contra la sentencia (v. fs. 798/799 vta.), el juzgador la resolvió -erróneamente- indicando que no resultaba obligatorio expedirse en relación a la prueba no apreciada, en tanto haga mérito de la que le sirvió para fundar su conclusión, sin abordar correctamente el planteo formulado pues la interesada jamás cuestionó aquel extremo (sino que, por el contrario, reconoció que el juzgador apreció tal experticia al abordar la décima cuestión del veredicto).
Apunta que la jurisprudencia de la Corte federal ha establecido una "doble protección" en materia de infortunios laborales: por un lado, desde la disciplina específica por aplicación del principio protectorio y; por el otro, desde el derecho de daños por su condición de víctima, asistiéndole el derecho constitucional a la reparación plena de los daños.
Destaca que en el escrito de demanda reclamó una reparación psicofísica del 50% de la total obrera, debiendo considerarse a la salud como un concepto integral, sin diferenciar la incapacidad física de la psicológica.
Advierte que con motivo del accidente y de la propia incapacidad física, el actor -en el marco de un previsible nexo causal- sufrió un importante daño psíquico que se traduce en síntomas comunes en este tipo de situaciones, tales como: angustia permanente, frágil emotividad, dificultades en el sueño, fatiga en la atención, fatiga física permanente, cefaleas, temores de repetición del siniestro, etcétera, que le genera una importante pérdida de ganancia.
Concluye que debe tenerse en cuenta que en las aclaraciones de la pericia médica (v. fs. 727 y vta.), el experto mensuró el porcentaje de incapacidad psicofísica en un 74,76% de la total obrera, siempre que la adición de ambas incapacidades fueran acogidas por el tribunal (v. fs. 835/842 vta.).
II.3. En otro orden, denuncia que el a quo no realizó adecuadamente el cotejo entre el importe de la reparación de la que era acreedor el actor con arreglo al derecho común, y aquel otro derivado de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo; circunstancia que definió la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 del dispositivo legal citado.
Ello, por entender que a los efectos de calcular la indemnización sistémica soslayó aplicar el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773, cuya aplicación es -a su criterio- obligatoria y constituye la práctica habitual del sentenciante en casos similares.
En tal sentido, señala que dicho guarismo pasaría de los $53.683,03 establecidos en la sentencia a un capital de $367.750,22, que resulta muy superior al capital de condena determinado con arreglo al derecho civil que, en total, alcanza los $253.887,44.
Concluye que el agravio deviene paradójico pues, de resultar procedente, importaría que se dejara sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, otorgando al empleador -atento al planteo formulado, de modo subsidiario, en la demanda (v. apdos. II y VII)- las prestaciones sistémicas calculadas con arreglo a las disposiciones de la ley 26.773 (v. fs. 842 vta./845).
II.4. Seguidamente, cuestiona el importe de condena en concepto de daño moral por considerarlo bajo.
Aduce -en lo esencial- que la argumentación del sentenciante tendiente a justificar el i
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