Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120674
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.674, "Ballesteros, Heber Alberto contra Prevención ART S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 142/150 vta.).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 160/166 y 170/185).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 170/185?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 160/166?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Heber Alberto Ballesteros y condenó a Prevención ART S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias derivadas de la prestación dineraria contemplada en el art. 14, apartado 2 inc. "a", de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice RIPTE dispuesto en esta última.
Para así decidir, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. fs. 134 y vta.), señaló que en autos no se encontraba controvertido que el día 7 de febrero de 2001 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad laboral del 24,12% del índice de la total obrera (v. fs. 142 vta.). Tampoco que en el mes de mayo de 2013 la aseguradora demandada le abonó la suma de $7.892,57 (v. fs. cit.).
Sobre ese escenario, con sustento en un precedente del mismo tribunal y en la doctrina autoral, estableció que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Señaló que esta conclusión no importaba aplicarla en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada, desde que, al momento de dictarse el fallo, la prestación dineraria no se encontraba cumplida. A partir de esas conclusiones declaró la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, "por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 7 CCCN)", ponderando, además, que dicha solución luce "en sintonía con el principio de progresividad" (v. fs. 143/145).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir a Ballesteros, declaró aplicable al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13, así como el art. 3 de la ley 26.773. En ese orden, multiplicó el importe de $416.943 por el porcentaje de incapacidad, y a dicho resultado le sumó además una indemnización adicional equivalente al 20%. A su vez, al monto alcanzado le descontó la suma de $7.892,57 -ya percibida por el actor- arribando a la cifra de $112.455,80 (v. fs. 145 vta.).
Seguidamente, teniendo en cuenta que en el caso "el tiempo del proceso importa arribar a sumas extraordinarias" aplicó el índice RIPTE "desde el 01/01/2010" hasta agosto de 2016, llegando a un total de $718.455,80 en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias adeudadas al actor por la incapacidad laboral que padece como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó (v. fs. 146).
Finalmente, dispuso que al capital de condena "deberán aditarse los intereses desde el presente decisorio hasta su efectivo pago a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del Sistema Banca Internet Provincia" (v. fs. 146 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo; violación del principio de congruencia; de los arts. 7 del Código Civil y Comercial; 16, 17, 18, 28 y 33 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Señala que el tribunal de grado, al aplicar la ley 26.773 -que no se encontraba vigente cuando aconteció el accidente sufrido por el actor- descalificando además la validez constitucional de su art. 17 apartado 5, transgredió el principio de irretroactividad de las leyes, consagrado en los arts. 3 del Código Civil derogado y 7 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 173/174).
Añade que también vulneró las directrices establecidas por la Corte Federal en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010) y "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), respecto a la aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00 y en la ley indicada, respectivamente (v. fs. 174/175).
Destaca que, en el mismo sentido, esta Suprema Corte se ha pronunciado en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), donde específicamente estableció que "la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito)" (fs. 175 vta.).
Indica que tal criterio fue seguido asimismo por los superiores tribunales provinciales en numerosos fallos que cita (v. fs. 176/178 vta.).
II.2. A su vez, alega que el a quo también yerra al practicar la liquidación porque aplicó el índice RIPTE sobre los pisos mínimos ya actualizados mediante la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13 (v. fs. 179 vta.). Aduce que dicha decisión implica un apartamiento de las disposiciones contenidas en el decreto 472/14, el cual determina que "sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto N° 1694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE" (fs. cit.).
II.3. Por otro lado, afirma que resulta improcedente la aplicación de intereses para casos, como el de autos, en los que las prestaciones ya han sido actualizadas mediante el referido índice RIPTE (v. fs. 180).
II.4. Subsidiariamente, para el caso de que no fuese acogido el agravio anterior, objeta la tasa de interés pasiva digital que aplicó el juzgador al capital de condena (v. fs. 180 vta.). Expone que, al utilizar esa tasa, el sentenciante infringió la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), respecto a la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y a la aplicación de la tasa pasiva (v. fs. 181).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone destacar que en la sentencia de grado es dable advertir un agregado manuscrito que sigue al voto a la primera cuestión de la jueza que sufragó en primer término, doctora De Tomaso, que dice "A la misma cuestión, el Dr. Ortega dijo", y -a la postre- no fue salvado al pie del fallo (v. fs. 148). Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó dicho pronunciamiento (v. fs. 149 vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 150 vta.).
Al respecto, cabe precisar que, aun cuando los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2.a. Sentado ello, en primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de ley 26.773, pronunciada en la instancia ordinaria, por razones similares a las que sostuve en la causa L. 120.062, "Guzmán" (sent. de 30-V-2018).
III.2.a.i. En el pronunciamiento de grado, so pretexto de contradecir ciertos preceptos de la Constitución nacional, margina del caso la operatividad del art. 17, apartado 5, de la ley 26.773, declarando su invalidez material. Ello pretende encontrar fundamento en que la nueva ley es aplicable de conformidad con lo previsto en e los arts. 3 del derogado Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial vigente, por sobre las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
Al respecto, debe recordarse que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004; e.o.).
La fundamentación intentada en la sentencia no cumple con tales previsiones, ni se evidencia que, para la determinación de su entrada en vigencia, la ley haya escogido un criterio falto de razonabilidad (todo ello más allá de mi personal opinión respecto de la extensión del ámbito de aplicación del precepto).
III.2.a.ii. Por otro lado, tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa -por conducto del art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional- en los tratados internacionales allí mencionados, justifica la decisión adoptada; sobre todo cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración -en el caso- de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN, "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
III.2.a.iii. En otro orden, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17, apartado 5, de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados órganos jurisdiccionales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
III.2.b. Resuelta la cuestión de la constitucionalidad, paso a abordar la crítica respecto a la aplicación de la referida norma. En este contexto, cabe destacar que le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el tribunal de grado transgredió la doctrina legal actualmente vigente.
III.2.b.i. En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), invocada en el recurso, he plasmado mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio resultó minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17, apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.b.ii. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°).
Ello aunque, como he expresado reiteradamente (ver mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420,"Rozitchner", sent. de 14- IX-2011 y C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro; "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, tomo 93, pág. 891, o por Ibarlucía, Emilio A.; "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del Máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. Lo que, al respecto, nos dice la Corte Suprema, no ha variado mucho desde que se pronunció en la causa "Santín" (ver Fallos: 212:51) hasta que resolvió recientemente la causa "Farina" (Fallos: 342:2344; sent. de 26-XII-2019): los precedentes de la Corte Suprema constriñen a los jueces de las restantes jerarquías a llevar a cabo la interpretación de cláusulas constitucionales (o de disposiciones directamente relacionadas con las mismas) de la manera en que el Tribunal federal lo hace, en tanto no surjan nuevos argumentos que controviertan los criterios usados y autoricen un prudente apartamiento.
En el tema convocante, sin embargo, considero que, en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
III.2.c. En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso en cuanto en el fallo atacado se dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad corresponde declarar en el caso.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin que dicte el pronunciamiento que corresponda, de conformidad con lo que aquí se decide.
III.3. En virtud de lo resuelto en los apartados anteriores de este voto, donde propongo revocar el importe de condena fijado por el tribunal a quo con sustento en la ley 26.773, deviene inoficioso el abordaje del agravio concerniente a la omisa aplicación en la especie del decreto 472/14 (v. fs. 179 vta.). Ello así, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015; e.o.).
III.4. Por las mismas consideraciones, también carece de virtualidad ingresar en el análisis del lacónico cuestionamiento respecto de la aplicación de intereses moratorios, fundado precisamente en la supuesta existencia de una múltiple actualización derivada de la utilización del índice RIPTE. Ello, sin dejar de advertir la manifiesta insuficiencia de la crítica en su formulación, desde que no se encuentra fundada en norma o doctrina legal algunas que permita satisfacer los recaudos insoslayables previstos en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 180).
III.5. Finalmente, en cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado desde la fecha del pronunciamiento a la tasa pasiva "digital", cabe manifestar que debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar tales accesorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("atento a la particular forma de concluir [...] deberán aditarse a partir del presente decisorio...", sent. fs. 146 vta.), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron establecidos desde la fecha de la sentencia.
Por ello, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de esa normativa, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que involucró la aplicación al capital de condena de dicha preceptiva.
En consecuencia, habida cuenta que los autos deberán volver al tribunal de origen por los motivos expuestos en el punto III.2., los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad.
Sin perjuicio de ello, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traído y, en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17, apartado 5, de la ley 26.773, determinó el importe de las prestaciones dinerarias con arreglo a la ley indicada y ordenó -además- el pago de la indemnización adicional prevista en el art. 3 de ese mismo plexo legal, cuya inaplicabilidad al caso se declara. Asimismo, deben devolverse los autos a la instancia de grado para que obre de conformidad con lo resuelto en los puntos III.2. y III.5. de este voto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por el doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
II. Coincido también con el colega ponente en que debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17, apartado 5, de la ley 26.773.
En efecto, sobre el particular he de señalar que, en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, el referido precepto ha reiterado la regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En ese marco, es dable recordar que si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Constitución nacional; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2012), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación del precepto impugnado, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III. Una vez revocada la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen, en lo que respecta a la vigencia temporal de la ley 26.773 y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso, comparto lo expresado por mi distinguido
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