Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121134
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.134, "Nápoli, Horacio J. contra Supremo S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, Torres, de Lázzari, Borinsky.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 325/343 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 357/378), que, denegado en la instancia de origen (v. fs. 379 y vta.), fue concedido por esta Corte al declarar procedente la queja articulada a fs. 455/464 vta. (v. resol., fs. 471/472).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción entablada por Horacio Jorge Nápoli contra Supremo S.A. en concepto de sueldo anual complementario proporcional, vacaciones, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323, con más una reparación por daño moral (v. fs. 325/343 vta.).
Por no mediar controversia, tuvo por acreditado que el actor se desempeñó como chofer de camiones, desde el 1 de febrero de 1998 hasta el 22 de mayo de 2012. Asimismo, que transportó mercaderías inicialmente en el trayecto Cañuelas - Santa Rosa y, tras una licencia médica (2 de abril de 2011 a noviembre del mismo año), le fue asignado el recorrido Cañuelas - Morón hasta marzo de 2012 cuando quedó afectado a "tareas generales" en el frigorífico que la empresa posee en la localidad de Cañuelas (v. vered., fs. 325 y vta.).
De igual modo, tuvo por demostrado que la demandada comunicó el despido el 22 de mayo de 2012 en los siguientes términos "Habiéndole brindado la posibilidad de presentar su descargo, y en atención a los términos en que Ud. plantea (negativa pertinaz de los hechos comprobados), y demás antecedentes de su legajo, le comunicamos su despido con justa causa, por su exclusiva culpa, con fundamento en los hechos relatados en nuestra anterior misiva" (vered., fs. 327).
Conforme ello, ponderó que en esa comunicación previa (del 15 de mayo de 2012) el empleador había anoticiado que ejercería sus facultades disciplinarias por la "falta de máxima gravedad" cometida por el trabajador, consistente en "la presunta estafa perpetrada por usted con la participación de otras personas, en ocasión de sus tareas de chofer a cargo del transporte de mercaderías de larga distancia de esta empresa", precisando asimismo que se había comprobado que "en el transcurso de los viajes entre Cañuelas y La Pampa, Ud. rendía comprobantes de gastos por un importe superior a los verdaderos consumos, falseando cantidades y calidades de combustible utilizado, entre otros ardides, embolsándose ilegítimamente la diferencia. Nuestras estimaciones arrojan que la suma presuntamente mal habida rondaría los $500.000", agregando a ello que en viajes posteriores "se ha comprobado la sobrefacturación en los viajes que Ud. realizaba", pues los gastos comprobados eran notablemente inferiores a los que insumían los viajes realizados por el demandante. Finalmente -dijo- la accionada le notificó en esa misma misiva la apertura de un "expediente disciplinario" y lo intimó "por el plazo de cinco días hábiles a presentar su descargo por escrito" en el lugar indicado por la empresa, comunicándole su suspensión preventiva (v. vered., fs. cit.).
Bajo ese mirador, consideró que la demandada no había respetado en debida forma el derecho de defensa del trabajador, ya que ella misma le había dado traslado de la imputación formulada en el "expediente disciplinario" y luego lo despidió antes del vencimiento del plazo conferido para efectuar el descargo (v. vered., fs. 27 vta.).
En consecuencia, dado que el empleador había "autolimitado" su poder disciplinario, la extinción así dispuesta vulneraba el derecho del operario, puesto que, sin perjuicio de su réplica epistolar, debió ejercer su defensa en el expediente disciplinario indicado, con pleno conocimiento de todas las actuaciones y posibilidad de producir pruebas. Concluyó entonces que el despido del demandante resultaba, por esa sola circunstancia, prematuro e injustificado (v. sent., fs. 332/333).
Aun prescindiendo de ello, consideró no acreditados los hechos computados por la patronal para legitimar el despido, como era su carga. Descartó la eficacia de la prueba testimonial (que consideró determinante en este tipo de asuntos), como también, la entidad de la causa penal (agregada por cuerda) "a fin de acreditar la conducta delictiva imputada" (fs. 329), en la que luego de suspenderse el juicio a prueba, el actor fue sobreseído, declarándose extinguida la acción penal a su respecto (v. fs. 333 vta.).
Expresó que, si las circunstancias que se le imputan a un trabajador como causal de su cesantía equivalen a una figura delictual, el único medio probatorio hábil para demostrar la legitimidad de la actitud rescisoria es mediante la constancia que surge del fallo del fuero penal.
Finalmente, consideró que además de la estafa imputada, tampoco se había comprobado que el actor tuviere antecedentes disciplinarios desfavorables (v. sent., fs. 334).
Por tales motivos, hizo lugar a las indemnizaciones derivadas del despido.
Asimismo, declaró procedente el resarcimiento por daño moral reclamado por el actor (v. sent., fs. 337/340).
Sostuvo que la demandada cometió un ilícito adicional al despido, de naturaleza extracontractual en virtud de una difusión periodística de la denuncia penal con efectos perniciosos para el reclamante (identificado por sus iniciales), que estimó causalmente vinculada al accionar del empleador. Y aun prescindiendo de ello, la sola acusación justificaba por sí misma la responsabilidad civil por daño moral (arts. 1.067, 1.078 y 1.109, Cód. Civ.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 163, 165 inc. 5, 374 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 63 de la ley 11.653; 289, 290, 292, 293 y 296 del Código Civil y Comercial de la Nación; 18 de la Constitución nacional y 9 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de doctrina legal que invoca (v. fs. 357/378).
Se agravia de la decisión que tuvo por injustificado el despido resuelto por su parte.
En ese orden, refuta que se atribuyera la violación del derecho de defensa del trabajador.
Según el intercambio telegráfico, afirma que ante la intimación para que presente un descargo sobre los hechos que le fueran atribuidos, el actor contestó negándolos en forma categórica, por lo cual -sostiene- pudo ejercer en forma amplia y plena su defensa. Y debido al tenor de esa respuesta, el 22 de mayo de 2012 su parte decidió despedirlo con justa causa y por su exclusiva culpa, en virtud de los fundamentos que habían sido debidamente detallados y notificados en la misiva enviada el 15 de mayo de 2012, y que -a su juicio- lo habilitaban a ejercer sus facultades disciplinarias habida cuenta de la falta de máxima gravedad del trabajador, y la total y absoluta pérdida de confianza hacia su persona.
A mayor abundamiento, destaca que la denuncia penal contra Nápoli se realizó el 1 de marzo de 2012 y recién se lo despidió el 22 de mayo de ese año.
Postula que el análisis de la causa penal iniciada contra Nápoli resulta absurdo y arbitrario. Se agravia en cuanto sostiene que el a quo ponderó únicamente el sobreseimiento del imputado, sin valorar el contenido de las constancias de la causa ni los motivos por los cuales se llegó a esa resolución (v. fs. 374/375 y vta.).
Afirma que la admisión en el juicio laboral de las pruebas reunidas en aquel proceso no viola la defensa en juicio, puesto que el actor intervino en su trámite. Y dado que dicho expediente fue ofrecido como prueba por ambas partes en este proceso, sus constancias debieron ser valorada por el a quo a fin de corroborar que el reclamante fue despedido justificadamente por pérdida de confianza ante la gravedad de su conducta. Cita en su apoyo doctrina de esta Corte que considera violada (Ac. 79.216, "Girardi", sent. de 24-IX-2003 y Ac. 87.968, "Porrez", sent. de 16-II-2005; e. o.).
Explica que el fiscal encontró mérito para efectuar el requerimiento de elevación a juicio, enunciando los elementos reunidos para considerar que Nápoli era pasible de un reproche penal por la conducta delictiva imputada (v. fs. 104/105 y vta.), más su sobreseimiento -y con ello, la extinción de la acción penal- devino a causa del otorgamiento del beneficio de la suspensión de juicio a prueba en el marco de lo normado por los arts. 76 y concordantes del Código Penal.
Sostiene que el señalado instituto representa una autolimitación del derecho punitivo del Estado sujeto a la concurrencia de ciertas condiciones de procedencia y a la anuencia del propio imputado en la que se presupone admitir la falta de necesidad de imposición de una pena en los casos de los autores primarios para evitar una estigmatización temprana, siendo este un derecho del imputado consistente en el aplazamiento del curso del proceso que debería finalizar con el dictado de una sentencia definitiva mediante la asunción voluntaria del acusado de la obligación de ajustar su conducta futura al cumplimiento de ciertas pautas.
Por ello, destaca que la labor llevada a cabo por el tribunal hubiera resultado razonable frente a una sentencia penal absolutoria basada en la inexistencia del hecho en su versión objetiva (no concurrencia del mismo) y subjetiva (no participación del sujeto).
En ese marco, pone de resalto además que el art. 76 quater del Código Penal establece que la suspensión del juicio a prueba hará inaplicables las reglas de prejudicialidad de los arts. 1.101 y 1.102 del Código Civil y no obstará la aplicación de las sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder (v. fs. 376 vta.).
III. El recurso prospera.
III.1. Por regla, la apreciación del material probatorio, la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo y, en tal caso, si existió -o no- injuria que la justifique, constituyen aspectos reservados a los jueces de la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo (causa L. 102.547, "Vinograd", sent. de 29-VI-2011).
III.2. Con sujeción a tales premisas, anticipo que el recurrente logra evidenciar la configuración del mentado vicio.
Interesa destacar que el 15 de mayo de 2012 el empleador remitió al trabajador la carta documento 235447412 (v. fs. 4) que expresa "Nos comunicamos con Ud. en ejercicio de las facultades disciplinarias del empleador de acuerdo al RCT, como consecuencia de una falta de máxima gravedad. El hecho que le imputa consiste en la presunta estafa perpetrada por Ud. con la participación de otras personas, en ocasión de sus tareas como chofer a cargo del transporte de mercadería de larga distancia de la empresa. A todo evento, se deja constancia de que la situación ha sido comunicada a la justicia penal, la cual ha formado causa penal en la que está imputado y cerca del procesamiento. Hemos comprobado mediante los artefactos de seguimiento satelital, computadora de a bordo del camión que UD. utilizaba, y cotejo de facturas y comprobantes de combustible, que en el transcurso de los viajes entre Cañuelas y La Pampa, Ud. rendía comprobantes de gastos por un importe superior a los verdaderos consumos, falseando cantidades y calidades de combustible utilizado, entre otros ardides, embolsándose ilegítimamente la diferencia. Nuestras estimaciones arrojan que la suma presuntamente mal habida rondaría los $500.000. En viajes posteriores para auditar las circunstancias del transporte en la ruta que Ud. cumplía, se ha comprobado la sobrefacturación en los viajes que Ud. realizaba, ya que cargando las cantidades correctas de combustible y realizando el itinerario de paradas y velocidad encomendados por sus superiores, se cumplen con un gasto real de acuerdo a parámetros suministrados por el fabricante (VOLVO), que resulta notablemente inferior al que Ud. rendía habitualmente. En atención a estos antecedentes se le notifica que: (i) se le abre expediente disciplinario, del que se dejará constancia en su legajo; (ii) se lo intima por el plazo de cinco días hábiles a presentar su descargo por escrito en Casullo N° 512 de Morón en el horario de 9:00 a 16:00; (iii) por el mismo plazo, queda UD. suspendido preventivamente, como medida precautoria en base a la gravedad de los antecedentes referidos y a la consecuente afectación de la confianza y buena fe con respecto a su actuar. Vencido dicho plazo se resolverá en definitiva sobre su continuidad y sanciones a imponer. QUEDA UD. NOTIFICADO".
Como afirma el recurrente, tras el pedido de explicaciones frente a los hechos que afectaban la confianza y buena fe con relación a su obrar, el actor se pronunció negándolos enfáticamente, al tiempo que formuló otros reclamos bajo apercibimiento de considerarse despedido (ver extensa contestación obrante a fs. 5). En tales circunstancias la empleadora dispuso la rescisión motivada del contrato, con fundamento en la situación antes descripta.
III.2.a. A partir de la evaluación de las misivas cursadas por las partes, el tribunal interviniente admitió el reclamo instaurado al reprocharle al empleador la violación del derecho de defensa del trabajador al obrar como "juez y parte del conflicto" y no abrir el expediente disciplinario en el cual el dependiente habría de efectuar su descargo conforme los términos del envío de fs. 4 y a causa de los hechos que allí fueran individualizados. Concluyó entonces que el despido había sido injustificado y prematuro, relativizando a tales fines la cerrada negativa expresada por el accionante en su misiva (v. fs. 5), al entender que tal derecho "debió ejercerse en el expediente disciplinario, en el cual debió incluso garantizarse al operario el derecho no sólo de tomar conocimiento de las actuaciones, sino también, el de producir pruebas [...]" (fs. 333).
El desarrollo fundado en la predicada "autolimitación" en que habría incurrido el demandado a la hora de ejercer sus facultades disciplinarias, soslayando los alcances de la réplica actoral aludida deja al descubierto la absurda valoración del envío epistolar; y de igual modo, la ausencia de todo respaldo normativo que abone la presunta inobservancia de un trámite previo a la extinción, con la impronta y las modalidades reseñadas en la sentencia de origen.
III.2.b. A la par del reproche sobre la falta de tempestividad de la rescisión del vínculo -despejado en el apartado anterior- la recurrente impugna la valoración de la prueba en su vinculación con el motivo que aduce soslayado por el tribunal de origen: la pérdida de confianza derivada de los incumplimientos atribuidos al trabajador.
Como quedara expuesto, el minucioso relato de las maniobras que le fueran endilgadas (también investigadas en el fuero penal) cimentó el pedido de explicaciones por parte del empleador, teniendo en mira la afectación de la buena fe y la confianza que deben imperar en el desenvolvimiento del contrato de trabajo.
Ello surge sin cavilaciones del texto de los envíos telegráficos que fueran analizados en el pronunciamiento de origen bajo el tamiz de un acotado espectro.
III.2.c. El órgano de origen resolvió que la patronal no pudo probar la estafa por sobrefacturación considerando insuficiente la prueba testimonial por ser el medio probatorio de ordinario determinante en este tipo de asuntos (v. fs. 327 vta.). A su vez, descartó la relevancia que a esos fines tuvo el proceso penal, pues tras la suspensión del juicio a prueba se terminó sobreseyendo al actor, sin mediar -destacó- ninguna atribución de responsabilidad criminal en su contra.
Aunque la apreciación de las circunstancias del caso y la valoración del material probatorio -fundamentalmente en lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia- constituyen el ejercicio de una potestad privativa de los jueces de la instancia de origen, la estructura del pronunciamiento impugnado demuestra la configuración de un razonamiento viciado.
Ceñido el análisis a los aspectos antedichos, la impugnación logra demostrar que el tribunal de origen prescindió de evaluar integralmente los elementos de juicio que resultaban dirimentes para esclarecer, en su cabal extensión, los incumplimientos reprochados para disponer la rescisión contractual bajo la órbita de lo normado por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cabe señalar que por resolución 06/16, en la causa penal 4.024, IPP 06-03-000553-12 -que corre agregada a la presente causa-, la jueza en lo Correccional n° 4 del Departamento Judicial de La Plata dispuso el sobreseimiento de Jorge Horacio Nápoli por haberse extinguido la acción penal al cumplirse el término de suspensión de juicio a prueba (arts. 323 inc. 1, CPP y 76 ter, Cód. Penal) por el hecho ocurrido entre los meses de julio de 2010 y abril de 2011 en perjuicio de la empresa Supremo S.A. en la ciudad de Cañuelas (v. fs. 164 y vta.).
En efecto, si bien es cierto que el beneficio de la suspensión del juicio a prueba otorgado a Nápoli condujo a que no se dictara una sentencia en sede penal, también lo es que ningún juicio se formula allí sobre la conducta del procesado, quedando así expedita la posibilidad de apreciar en sede laboral si el mismo acto configura injuria laboral y si es motivo legítimo de la resolución del contrato de trabajo, pues la facultad de juzgamiento de los magistrados laborales no se encuentra restringida por la regla de la prejudicialidad de los arts. 1.101 y 1.102 del Código Civil (art. 76 quater del Código Penal).
Por todo lo expuesto, en consonancia con la línea argumental de la impugnación concluyo que el recurrente logra demostrar el error en que incurrió el a quo en el examen de las circunstancias del caso y que lo condujo a actuar sin la prudencia que el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo le impone.
III.2.d. A tenor de lo expuesto, corresponde revocar el pronunciamiento en cuanto estableció que el despido había sido injustificado.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos procesales que estime necesarios y atendiendo a los planteos de las partes, evalúe si la rescisión del contrato por el empleador resultó o no justificada y, en su caso, dicte el pronunciamiento que corresponda respecto de las indemnizaciones reclamadas en consecuencia.
III.3. Asimismo, deberá dejarse sin efecto lo resuelto respecto al resarcimiento por daño moral, habida cuenta de lo que aquí se decide y las motivaciones que condujeron al juzgador a declarar su procedencia.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.2.d. y III.3.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. A juicio del tribunal de grado el empleador despidió al actor atribuyéndole la comisión de una "estafa" (v. vered., fs. 327 y sent., fs. 332, 333 y 338 vta.).
Tal definición, fruto de la
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.