Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74073
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 74.073, "Orbis Mertig San Luis S.A.I.C. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Impugnación contra resolución del Tribunal Fiscal de Apelación. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari , Soria, Pettigiani, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó la demanda interpuesta por la actora contra la resolución definitiva del Tribunal Fiscal de Apelación que -a su turno- confirmó parcialmente la resolución determinativa y sumarial 927/00 respecto del impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos 1994 a junio de 1998, por haber sido reconocido el crédito fiscal por un deudor solidario, quien se obligó a su íntegro pago en forma incondicionada. Impuso las costas del proceso a la vencida (conf. arts. 166, Const. prov.; 1, 12, 18, 51 y 77, ley 12.008 -texto según leyes 13.101 y 14.437-; v. fs. 521/535).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 543/568 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 570/571.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 579), agregado el memorial de la demandada (v. fs. 584/599) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó la demanda interpuesta por Orbis Mertig San Luis SAIC contra la resolución definitiva del Tribunal Fiscal de Apelación que -a su turno- confirmó parcialmente la resolución determinativa y sumarial 927/00 respecto del impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos 1994 a junio de 1998, en virtud de haber sido reconocido el crédito fiscal por un deudor solidario, quien se obligó a su íntegro pago en forma incondicionada.
I.1. Para así decidir, indicó que el acogimiento por un responsable solidario al plan de facilidades de pago (al amparo de la ley 12.914) implicó el reconocimiento de deuda liquidada y su compromiso a regularizarla (v. fs. 320/326), lo que consideró que obstaculizaba la admisión de la pretensión.
Indicó que ese reconocimiento no fue impugnado por la parte actora, quien lo invocó a efectos de acreditar la admisibilidad de la demanda, específicamente el cumplimiento del art. 19 del Código Contencioso Administrativo (v. fs. 289/290), circunstancia que impedía la repetición de lo pagado pues el acuerdo celebrado, una vez cumplido, cancelaba la obligación principal frente al acreedor respecto de todos los deudores solidarios (ref. arts. 706, 707, 718, 724 y concs., Cód. Civ.).
Agregó que tampoco era admisible la pretensión en tanto no se entabló contra un acto denegatorio de una exención sino frente a una determinación de oficio, no siendo la impugnación de esta última la vía apta para discutir la procedencia de aquella, la que no había sido solicitada en el procedimiento administrativo, por lo que concluyó que no podía suscitarse un proceso revisor de la procedencia de la exención.
Rechazada la pretensión indicó que, ante la necesidad de determinar la distribución del crédito entre los deudores solidarios una vez cancelado (arts. 689, 707, 716, 717 y concs., Cód. Civ.), daría tratamiento a los restantes puntos de la demanda tendientes a determinar la procedencia de la aplicación retroactiva de la exención emergente del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993, no obstante que esa circunstancia resultaba neutra para el Fisco provincial demandado.
I.2. En esa labor, adujo que la actora sostuvo la ilegitimidad de la resolución determinativa basada en circunstancias sobrevinientes, como la modificación normativa de los requisitos para obtener la exención, sin advertir que ello no poseía virtualidad para convertir en ilegítimo el acto que, al tiempo de su dictado, revelaba sujeción a las normas vigentes.
Señaló que las exenciones emergentes del Pacto federal debían interpretarse restrictivamente, en tanto quiebran la igualdad frente a las cargas tributarias (arts. 4 y 16, Const. nac.), siendo aplicables sólo desde que se considere al contribuyente en condición de obtenerla, requiriéndose un acto declarativo que así lo establezca (conf. art. 99, Cód. Fiscal -t. según resol. ME 120/04 y modificatorias-).
Sostuvo que la actora intentó valerse de un proceso industrial que incluía a un tercero ubicado en la Provincia de Buenos Aires, para así tener por cumplido el requisito de establecimiento en la jurisdicción (conf. art. 39 inc. "b", ley 11.490), siendo sujetos de derecho distintos, con estructuras jurídicas individuales y diferenciadas. Agregó que en rigor Orbis Mertig Buenos Aires S.A. sí era pasible de obtener el beneficio fiscal, pero no de transferirlo a la demandante.
Para más, indicó que tampoco al tiempo del dictado de la resolución determinativa surgía el debido cumplimiento por parte de la reclamante de las distintas exigencias previstas por las leyes 11.490 y 11.518 (luego derogadas).
Agregó que tampoco el argumento referido al conjunto económico (para considerar a todos los sujetos de derecho partícipes del proceso productivo como radicados en la Provincia de Buenos Aires) podía tener recepción cuando ello no surgía de la norma aplicable, en tanto la vinculación económica no le permitía obtener de sus empresas vinculadas el domicilio y la radicación que procuraba.
Concluyó que el sitio de emplazamiento real y concreto del establecimiento industrial de la actora estaba fuera de la Provincia de Buenos Aires, y que sobre esa situación nada podía predicarse para abastecer el criterio de acumulación con la empresa que sí poseía instalaciones bonaerenses.
I.3. Manifestó que tampoco la doctrina de los actos propios, que invocaba en el escrito inicial con base en la exención provisoria reconocida al momento de iniciar el trámite respectivo, podía ser aplicada a la voluntad estatal, pues lo cierto era que se requería de un acto jurídico definitivo, siendo que la ley así lo disponía.
Expuso que la misma conclusión cabía aplicar para la fuerza del dictamen de la Asesoría General de Gobierno, pues más allá del valor de su opinión, el organismo no formaba parte de los cuadros decisorios de la administración, ni resultaba vinculante.
I.4. Para los efectos que procuraba la demandante en relación con el art. 46 de la ley 12.576 (que establece: "Déjase sin efecto la acreditación del requisito de inexistencia de deuda previsto en el inciso 'a' del artículo 39º de la Ley nº 11.490 y del artículo 2º de la Ley nº 11.518..."), señaló que no era necesario su tratamiento, en tanto por lo resuelto en primer término ya quedaba excluida la aplicación de la exención.
I.5. Respecto a la discriminación constitucional denunciada (agravio por el que la actora sostuvo que el requisito de establecimiento industrial en la provincia produce una discriminación en desmedro de empresas radicadas en extraña jurisdicción), consideró que tampoco podía prosperar.
Indicó que la garantía de igualdad sólo prohibía las discriminaciones caprichosas o irrazonables que no se ajustaban a la naturaleza de las cosas y que en el particular se daba un tratamiento equivalente para todas aquellas plantas de manufactura que se encontraban en la Provincia de Buenos Aires, respecto de otras fuera de ella, sin que esa consideración ofreciera singularidades especiales que separasen a alguno de ambos universos y lo fuera en perjuicio de la actora.
I.6. Entendió que tampoco se desnaturalizaban las cláusulas del Pacto federal, en la medida en que la exigencia de radicación en la provincia apuntaba a la promoción de la actividad local.
Indicó que la parte actora no había explicado cómo la exigencia de establecimiento en jurisdicción local podría violentar el referido acuerdo interjurisdiccional.
I.7. En cuanto a la extensión de responsabilidad tributaria hacia los administradores, señaló que los términos de esa extensión (arts. 18 inc. 2, 21 y concs., Cód. Fiscal) mostraban congruencia constitucional suficiente.
Sostuvo la armonía de la disposición local (art. 21, Cód. Fiscal) con el régimen federal de fondo (ley 19.550), en cuanto preveía como causal de exclusión una situación de imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva que la parte demandante no demostró y que se conciliaba, sin contradicciones, con las disposiciones societarias (conf. arts. 274, 275 y concs., ley 19.550), las que en nada obstaban a una regulación local que ve comprendida entre las hipótesis de responsabilidad previstas en la citada ley sustantiva (conf. arts. 274, 275 y concs., cits.).
I.8. Por último, con relación a la metodología de la disposición 17/07 y a la liquidación invocada como hecho nuevo por la actora (donde se habría aplicado un alícuota preferencial para periodos posteriores), señaló que no guardaba correlación con la deuda tributaria contenida en la resolución traída al proceso revisor.
Reseñó que la disposición 17/07 se aplica a una empresa que cuenta con el beneficio de exención del que carecía la demandante.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la actora denuncia la indebida aplicación de lo normado por los arts. 706, 707, 718, 724 y concordantes del Código Civil entonces vigente; errónea aplicación del Código Fiscal, de los arts. 46 de la ley 12.576 y 53 de la ley 13.850. Acusa también absurdo en la valoración de la prueba y vulneración del principio de realidad económica.
Asimismo, plantea la inconstitucionalidad de la distinción de alícuotas para el impuesto sobre los ingresos brutos en razón del lugar de producción del bien comercializado y violación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese sentido. Por último, peticiona la declaración de inconstitucionalidad del régimen de responsabilidad solidaria del Código Fiscal.
II.1. En primer lugar, se agravia de que el tribunal a quo sostuviera que por aplicación de los arts. 706, 707, 718, 724 y concordantes del Código Civil entonces vigente, la presentación realizada por un codeudor solidario importaría un reconocimiento del crédito fiscal, que obsta la procedencia de la acción.
Sostiene que de la documental acompañada se lee claramente que, a todo evento, quien se ha acogido a los beneficios de ese plan de pagos fue uno de los codeudores solidarios, no pudiendo extender los efectos del reconocimiento al resto de las partes intervinientes.
Agrega, asimismo, que está debidamente probado que dicho eventual reconocimiento de deuda resultó superado por los pagos realizados por Orbis Mertig San Luis (deudor principal) en el marco de una medida cautelar, instada específicamente a efectos de evitar que fuera considerado como reconocimiento el pago que se realizaba mediante la suscripción de un plan de regularización; máxime cuando tal extremo fue el criterio expuesto por el tribunal interviniente para tener por acreditado el requisito de pago previo en etapa de admisibilidad de demanda (art. 19, CCA; v. fs. 289/290).
Denuncia absurdo valorativo, en tanto acusa que, si bien el Fisco alegó que había habido un reconocimiento de deuda, no probó dicho extremo -habiendo sólo acompañado una copia simple que no fue integrada ni respaldada debidamente en el proceso-, lo que -denuncia- la dejó en un estado de indefensión, que violentaría el principio de congruencia.
Agrega que no puede aplicarse lisa y llanamente lo previsto en el Código Civil, porque se trata de responsabilidad fiscal, la que tiene distinta naturaleza, más aún, tratándose de un responsable sustituto de un impuesto, que no puede alterar el estado de deuda del obligado principal (conf. art. 21 bis, Cód. Fiscal).
II.2. Denuncia también absurdo en la valoración de los escritos postulatorios, en tanto habría incurrido el tribunal a quo en un rigorismo formal al sostener que no se habría impugnado la denegatoria de una solicitud de exención, sino sólo un acto de determinación de oficio, considerando que, en rigor de verdad, es todo un mismo thema decidendum .
Afirma que la defensa intentada contra la determinación de oficio fue, desde el inicio, la exención que le correspondía, y en su caso, si resultaba constitucional la exigencia de que la producción de bienes fuese local.
Señala que el objetivo de la acción entablada era la obtención de la exención destinada a promover la industria manufacturera, siempre que la misma se desenvolviera en todo o en parte importante, en jurisdicción local.
Agrega que el propio tribunal, en ocasión de la audiencia de provisión de prueba del 25 de junio de 2014, delimitó, como marco del debate a definir, si Orbis tiene o no que abonar el impuesto determinado, en virtud de las circunstancias de hecho y derecho que rodean la causa.
II.3. Indica que el razonar de la Cámara resulta absurdo en tanto, a partir del año 2007, la provincia derogó la necesidad de petición y obtención de declaración de exención.
Alega, asimismo, que el art. 46 de la ley 12.576 dejó también sin efecto la necesidad de acreditar la inexistencia de deuda fiscal a los efectos del reconocimiento de la exención del impuesto sobre los ingresos brutos, instituida por el art. 30 de la ley 11.490.
Manifiesta que, por su parte, el art. 53 de la ley 13.850 dispuso: "A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las exenciones previstas en las Leyes Nº 11490, Nº 11518 y sus modificatorias, Nº 12747 y 13758, quedan reconocidas de pleno derecho, sin necesidad de petición de parte interesada, siempre que se encuentre cumplido el requisito establecido en el inciso b) del Artículo 39 de la Ley Nº 11490 y modificatorias o en el inciso b) del Artículo 2º de la Ley Nº11.518 y modificatorias.
Lo dispuesto en el presente Artículo resulta aplicable incluso respecto de las obligaciones fiscales correspondientes a períodos no prescriptos y en tanto la exención resulte procedente de acuerdo a los cronogramas establecidos en las Leyes Nº 11490, Nº 11518, sus normas modificatorias y complementarias y lo previsto en el Artículo 5º de la presente Ley".
Aduce que, con dicha norma, han quedado superadas las objeciones formales tenidas en cuenta tanto por la resolución 927/00 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), como por el Tribunal Fiscal y el tribunal a quo , resultando, por tanto, agraviante del derecho de propiedad y la garantía de defensa en juicio.
Agrega que configura el absurdo, también, el hecho de haberse omitido toda consideración respecto a que Orbis Mertig San Luis S.A. solicitó debidamente la exención consagrada para las industrias por los arts. 39 de la ley 11.490 y 1 de la ley 11.518 y que obtuvo una exención provisoria emitida de conformidad a la disposición normativa "B" 2. Aduna que no fue considerado tampoco que, para que fuera definitiva, sólo faltaba cumplir con recaudos formales que fueron derogados por la normativa provincial.
II.4. Respecto al principio de realidad económica (art. 7, Cód. Fiscal), señala que el Tribunal interviniente rechazó su aplicación cuando debería haberlo utilizado para determinar la naturaleza del hecho imponible y tener por acreditada la existencia del grupo económico conformado con Orbis Mertig Buenos Aires SAIC, en tanto resulta un proceso productivo inescindible, lo que surge también de lo apuntado por el perito ingeniero industrial a fs. 408/426 y 461/462.
Agrega que fortalece su postura lo manifestado por la Asesoría General de Gobierno y el hecho de que ARBA ha concedido la exención a empresas que, aún sin poseer establecimiento propio en la jurisdicción, encarguen su proceso productivo a un tercero que sí lo posea (informes 16/00, 209/00 y 23/00), siendo determinante que quien requiera la tarea sea quien brinde la materia prima, realice el contralor de la producción, es decir, sea quien asuma el riesgo de la actividad.
II.5. En subsidio, denuncia la inconstitucionalidad de la distinción de alícuotas en razón del lugar de producción del bien y la violación de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se pronunció en dicho sentido, al indicar que la distinción controvierte las previsiones de los arts. 9, 10, 11 y 75 inc. 13 de la Constitución nacional.
Refiere que las normas citadas atribuyen al Gobierno nacional la facultad exclusiva de reglar el comercio interjurisdiccional, vedando a las provincias la posibilidad de establecer aduanas interiores, imponer tributos a la mera circulación territorial o a la entrada y salida de su territorio de mercaderías o discriminar en su disfavor, estableciendo diferencias según el origen o el destino del producto, o haciendo más gravoso el tributo en razón de ese comercio.
Acusa que la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1983, ha condicionado la exención de marras exclusivamente a la comercialización de productos provenientes de plantas fabriles ubicadas en su territorio, lo que determina que la venta de productos provenientes de establecimientos ubicados fuera de la misma no gocen de libertad, generando discriminación en disfavor del comercio interjurisdiccional, lo que resultaría notoriamente inconstitucional.
Por lo expuesto, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 39 de la ley 11.490 y 2 de la ley 11.518 y, en consecuencia, peticiona que se extienda el tratamiento aplicable a las industrias con planta fabril emplazada en la provincia, a aquellas que no lo poseen.
Agrega que la distinción de la alícuota importa:
a) Crear aduanas interiores que distorsionan las corrientes normales de comercio, invadiendo la atribución nacional de reglar el comercio interjurisdiccional (art. 75 inc. 12, Const. nac.).
b) Violar el régimen federal adoptado por la Constitución y el deber de solidaridad entre las jurisdicciones locales que reniegan de la guerra económica entre ellas.
c) Vulnerar el deber de proveer al crecimiento armónico de la Nación, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones (art. 75 inc. 19, Const. nac.), y que ese propósito se ve desvirtuado si esas sanas directivas se ven entorpecidas por una guerra económica incentivada por discriminaciones tributarias, en disfavor de la producción de extraña jurisdicción.
d) Desconocer el principio de igualdad contenido en el art. 16 de la Constitución nacional, en tanto a igual capacidad tributaria con relación a la misma especie de riqueza el impuesto debe ser en las mismas circunstancias, igual para todos los contribuyentes, habiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecido que se infringió el principio toda vez que se establecieron patentes diferentes a corredores y repartidores, según su distinta residencia en la república.
II.6. Asimismo, y también en subsidio, se queja de la responsabilidad endilgada solidariamente a los directores de la sociedad.
Sostiene que no puede bastar con que una persona sea director, gerente o representante de una persona jurídica para que se lo considere responsable en los términos de los arts. 18 y 21 del Código Fiscal, en tanto no puede tratarse de una responsabilidad objetiva, debiendo ser subjetiva y derivada de una conducta que importe el incumplimiento de los deberes impositivos a cargo del director o responsable.
A tal fin señala que, para que un directivo tenga a su cargo deberes impositivos de la sociedad, debe administrar bienes de ésta o disponer
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