Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75780
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.780, "Asociación Civil Barrio Molina Campos contra Municipalidad de Bahía Blanca. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata admitió el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Bahía Blanca y revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido parcialmente la demanda promovida por la Asociación Civil Barrio Molina Campos (v. fs. 142/160).
Se interpuso, por la parte actora, (escrito en soporte electrónico de fecha 23 de noviembre de 2018, 09:26:39 a.m., en el sistema Augusta) recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 167), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. La Asociación Civil Barrio Molina Campos -en representación de los vecinos del barrio del mismo nombre- promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Bahía Blanca pretendiendo una indemnización en concepto de daño moral colectivo por el padecimiento espiritual que afectara a la salud y a la tranquilidad anímica de los vecinos que representa, con motivo en la falta de servicio que le endilga a la comuna demandada al permitir el funcionamiento del Sector 8 denominado "La Globa" del complejo bailable "Pajas Bravas", incumpliendo con la aislación acústica que exige la ordenanza 10.480 y demás normas ambientales concordantes.
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar a la demanda y condenó a la Municipalidad a abonarle a la Asociación Civil la suma de pesos dos millones ($2.000.000) en concepto de daño moral colectivo, el que debía ser asignado a un patrimonio de afectación para uso exclusivo de la zona comprendida entre las calles Hipólito Irigoyen y Ramón y Cajal y entre la avenida Ricardo Alfonsín y Athos Lazzari. Impuso las costas a la vencida (art. 51, CCA, modif. por ley 14.437).
I.3. Apelado el pronunciamiento por ambas partes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata admitió el interpuesto por la demandada. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la pretensión deducida (v. fs. 142/160).
Para así decidir -en lo que al recurso extraordinario interesa- el Tribunal de Alzada efectúo las siguientes consideraciones.
I.3.a. De modo liminar discrepó con el juzgador de grado en cuanto a la delimitación de la materia controversial objeto de la litis, por cuanto señaló que el magistrado que previno consideró que el reclamo de la accionante se encontraba orientado "al perjuicio generado por la falta de servicio en que incurrió el municipio como consecuencia de la mala habilitación del Sector 8 del complejo bailable"; mientras que, en este punto, el Tribunal de Alzada entendió que del escrito de inicio surge -no obstante ciertas imperfecciones- que el objeto de la pretensión de autos radica en enjuiciar a la Municipalidad de Bahía Blanca por el denunciado daño moral colectivo -padecido por los vecinos del Barrio Molina Campos-, imputado a la defectuosa prestación del poder de policía ambiental municipal atribuido normativamente por los arts. 3 inc. "e", 7 y 14 de la ordenanza 10.480; 1 y 2 de la ordenanza 13.032. Adiciona a ello que dicho menoscabo espiritual, más allá de la vinculación con el obrar omisivo reprochado, deriva fácticamente de la propagación de sonidos del complejo bailable, por cuanto estos últimos habrían provocado -según los términos de la accionante- "una disminución en la tranquilidad anímica y espiritual" del conjunto de vecinos.
Desde este punto de partida, habiendo delimitado la plataforma fáctica sobre la cual la Asociación promovió la acción, la Cámara interviniente analizó si, en autos, se encontraba acreditado el alegado menoscabo espiritual que habrían sufrido los vecinos de la zona geográfica comprendida entre las calles Hipólito Irigoyen y Ramón y Cajal y entre la avenida Ricardo Alfonsín y Athos Lazzari.
I.3.b. Para ello, en primer lugar, describió el marco normativo comprendido en la causa.
Refirió a las normas protectorias de raigambre constitucional que determinan que todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, recayendo -primordialmente- sobre los poderes públicos, aunque también sobre la ciudadanía en general, el deber de conservarlo y protegerlo (arts. 41, Const. nac. y 28, Const. prov.), de modo que el entorno natural sea apropiadamente resguardado, a fin de garantizar un desarrollo social, económico y tecnológico sustentable.
Aludió también a la Ley General del Ambiente, la cual mediante disposiciones sustanciales y procesales rige para los casos en los que se discute la responsabilidad por daño. Señaló que dicha norma prevé en su art. 27 un concepto unívoco de daño ambiental de incidencia colectiva el que define como "toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos". Puntualizó que no cualquier alteración ambiental puede ser calificada como un "daño" en los términos de los arts. 41 de la Constitución nacional, 28 de la Constitución provincial y 27 y concordantes de la ley 25.675; sino que debe adicionársele la condición de relevante y con entidad para modificar el ambiente negativamente.
Integró el marco normativo con las disposiciones tendientes a evitar -y, en su caso, reparar- el denunciado menoscabo en la tranquilidad anímica y espiritual de los vecinos, cuya causa se le atribuye al funcionamiento irregular del complejo bailable "Pajas Bravas", por el período comprendido entre la habilitación del Sector 8 (8 de julio de 2010) hasta la aprobación del informe técnico de aislación acústica y el levantamiento de la clausura judicial oportunamente dispuesta (13 de septiembre de 2016).
En ese sentido señaló que el hoy derogado Código Civil contemplaba la contingencia de los ruidos molestos en la esfera vecinal en los siguientes términos: "las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquéllas", imponiendo seguidamente para la aplicación de dicha norma que, a fin de identificar cuáles resultan ser las perturbaciones o molestias que exceden -o no- la "normal tolerancia", es necesario efectuar un juicio de valor ponderando ciertas pautas (art. 2.618, Cód. Civ. derogado y 1.973, Cód. Civ. y Com. de la Nación -aprobado por ley 26.994-) .
Completó el esquema legal con las previsiones locales de aplicación al caso, ordenanzas 10.480 (que establece los requisitos mínimos para el funcionamiento de los locales de esparcimiento) y 13.032 (que establece el régimen de ruidos molestos), ambas dictadas en virtud del art. 27 incs. 1 y 17 del decreto ley 6.769/58 (LOM), que atribuyen al Concejo Deliberante la función de reglamentar la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, y la prevención y eliminación de las molestias que afecten la tranquilidad, el reposo y la comodidad de la población, en especial las de origen sonoro y lumínico, así como las trepidaciones, la contaminación ambiental y de los cursos de agua y el aseguramiento de la conservación de los recursos naturales.
Puntualizó que el "Régimen de Ruidos Molestos" instituido por la ordenanza 13.032 (en su redacción aplicable al sub examine , esto es, previo a la modificación implementada por la ordenanza 19.723 -sancionada el 22-III-2018-) es aplicable a todo acto, hecho o actividad que genere contaminación acústica en el municipio de Bahía Blanca (art. 2) y tiene como objetivo "...la reducción del ruido urbano, la protección de las personas que trabajan cerca de una fuente emisora de ruidos molestos y la protección y defensa de las personas vecinas a los mismos, regulando la protección del medio ambiente urbano frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza" (art. 1). Asimismo, prevé que la reglamentación pertinente "determinará el límite de ruidos tolerados en el espacio público según los criterios de zonificación y las especiales características del emisor" (art. 12).
Por su parte, señaló que la ordenanza 10.480 enuncia los requisitos a cumplimentar por los locales de esparcimiento, entre los que se encuentra el informe técnico de aislación acústica a fin de garantizar el cumplimiento de los parámetros indicados en las ordenanzas vigentes (art. 3, inc. "e"), cuyo contenido apunta a las obras necesarias para no producir molestias, específicamente respecto de la no propagación de ruidos.
I.3.c. Indicó que dentro del marco jurídico antes referido debe juzgarse si la tranquilidad, reposo y comodidad del conjunto de vecinos representados por la Asociación actora se ha visto afectada por la contaminación sonora, por sobre ciertos niveles admitidos, en la pacífica convivencia social.
En este punto señaló que es la afectación de ese derecho el que la accionante procura resarcir mediante la pretensión indemnizatoria incoada, mas -aclara- su procedencia está supeditada a la efectiva constatación del daño denunciado, el que no es posible concebir -a contrario sensu de lo propuesto en la demanda- sino ante la verificada transgresión de los límites de ruidos tolerados, según los criterios de zonificación y características del emisor que contempla legislación municipal aplicable.
Afirmó que, además, dicha exigencia debe ser sopesada con el factor de atribución contemplado en el art. 1.112 del -hoy derogado- Código Civil, bajo los parámetros de la responsabilidad extracontractual del Estado por la defectuosa prestación del servicio del poder de policía ambiental.
Desde esa perspectiva puntualizó que, para la procedencia del reclamo indemnizatorio basado en la irregular prestación del servicio, quien lo invoca debe demostrar: i) la existencia de un daño actual y cierto; ii) la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio; y iii) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al órgano estatal.
Consideró que el magistrado de primera instancia, al admitir la demanda, efectuó una errónea valoración de los hechos y de la prueba rendida en autos.
En esa tesitura, sostuvo que el juez que previno omitió considerar los resultados del informe realizado por la Guardia Ambiental de la comuna en el marco del monitoreo de nivel sonoro realizado entre el 15 de mayo de 2011 y el 25 de febrero de 2012; como así también el informe emitido por el Subsecretario de Gestión Ambiental municipal de fecha 22 de marzo de 2013 (v. fs. 6/21 y 48/51 del expte. adm. 760/12-755/12, agregado sin acumular), piezas que dan cuenta que "...en ninguna de las mediciones de nivel sonoro se ha superado el Valor Máximo Permitido (VMP), de acuerdo a la Ordenanza mencionada...", pese a admitirse que "...la fuente mencionada -música emitida por el local en cuestión- está presente o se percibe".
Destacó que la autoridad competente para el juzgamiento de las infracciones derivadas de la generación de ruidos que superen los Valores Máximos Permitidos (Juzgado de Faltas Municipales y, en grado de apelación, el Juzgado en lo Correccional), constató que de los monitoreos de nivel sonoro realizados no surge que los valores medidos hayan infringido la reglamentación, a la vez que no se acreditó un perjuicio cierto en tanto no se ha comprobado que se haya incumplido con la normativa (v. fs. 99/99 vta., expte. adm. antes citado).
Sostuvo que tampoco fue merituado por el juez de primera instancia el "Informe Técnico de Aislación Acústica" del cual surge que de las mediciones del "nivel sonoro continuo equivalente" no se desprenden ruidos calificables como molestos (v. fs. 423/427 de la causa n° 47.424 "Asociación Civil Barrio Molina Campos c/ Municipalidad de Bahía Blanca y Toutatis S.A. s/ Acción de amparo" de trámite ante el Juzgado del Familia n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, agregado sin acumular).
Criticó la valoración de la prueba testimonial efectuada por el juez de grado.
Recordó la regla por la cual en el proceso contencioso es la parte actora quien tiene la carga de acreditar las circunstancias alegadas en la demanda, valiéndose para ello de todos los medios previstos por la ley ritual.
Sostuvo que, a fin de responsabilizar al municipio por los eventos dañosos ocurridos en el área geográfica delimitada en la demanda relacionados con la consumación de un menoscabo en la tranquilidad anímica y espiritual de los vecinos, la Asociación actora debió individualizar y acreditar -de la forma más concreta posible- las circunstancias fácticas en las cuales basó su pretensión indemnizatoria.
Por último, recordó que para responsabilizar al Estado y condenarlo a resarcir un daño determinado, deben estar presentes los presupuestos que dan lugar a la indemnización, debiéndose verificar: la existencia del daño o perjuicio, la posibilidad de imputarlo jurídicamente a la persona estatal a la cual pertenece el órgano que lo ocasionó -el factor de atribución- y la presencia de un nexo causal adecuado entre el hecho y el resultado dañoso; circunstancias que no se verifican causa y que autorizan a rechazar íntegramente la demanda. Impuso las costas a la Asociación actora en su condición de vencida (art. 51 inc. 1, primera parte, CCA, texto según ley 14.437).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (escrito en soporte electrónico de fecha 23 de noviembre de 2018, 9:26:39 a.m. en el sistema Augusta), en cuyo marco denuncia la errónea interpretación y/o aplicación de los arts. 17 de la Constitución nacional; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 354 inc. 1, 330, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.113 y 2.618 del hoy derogado Código Civil y 27 y 29 de la ley 25.675.
Sostiene que la sentencia atacada incurre en el vicio de absurdo, por cuanto entiende que el Tribunal de Alzada realizó una incorrecta valoración de la prueba. Especialmente, al omitir ponderar la relacionada con la existencia y constatación de los ruidos molestos informados por el Departamento de Saneamiento Ambiental (v. puntos VI.; X.b. y X.d. del escrito de inicio agregado a fs. 29/47).
Señala que yerra el Tribunal cuando afirma que en autos no se encuentra acreditado el daño habiéndose verificado que se ha excedido la normal tolerancia en los términos del art. 2.618 del entonces Código Civil.
Se agravia que el a quo se apartó de las premisas que rigen en la materia que nos ocupa -daños provocados al ambiente- respecto del análisis integral de la prueba, las presunciones y los daños producidos por los ruidos molestos que se encuentran acreditados en las actuaciones administrativas agregadas sin acumular a esta causa.
Califica de errónea la ponderación del Tribunal de Alzada respecto de la individualización de la actividad que se reputa irregular para la procedencia de la indemnización por falta de servicio, toda vez que en la demanda se denunció la inactividad del municipio al omitir la exigencia del Informe Técnico de Aislación Acústica (arts. 3 y 7, ordenanza 10.480) y se aportó como prueba el amparo promovido con fecha 4 de noviembre de 2014, sustanciado ante el Juzgado de Familia n° 3 de Bahía Blanca, en el cual se determinó que la demandada incurrió en una actuación arbitraria y omisiva frente al incumplimiento de un deber jurídico a cargo del local comercial respecto de la adopción y ejecución de medidas efectivas tendientes a proteger los derechos de los vecinos afectados.
Alega que en el aludido precedente se mencionó que resulta una obviedad que los ruidos molestos producen un padecimiento espiritual, una verdadera mortificación en el ánimo y tranquilidad de las personas, siendo innecesaria la prueba directa de su existencia pues queda demostrada por el hecho mismo de la acción antijurídica.
Alude a las mediciones de sonido realizadas de las cuales surge que los valores presentados adquieren el carácter de ruidos molestos.
Agrega que el exceso en la normal tolerancia por los ruidos emitidos desde el Sector 8, denominado "La Globa" del complejo bailable constituye un hecho notorio y acabadamente probado, pues el sonido se esparcía en todo el entorno por la falta de aislación acústica, circunstancia que amerita tener por acreditada la afectación a los vecinos (v. informe del Departamento de Saneamiento Ambiental a fs. 51/53 de la causa administrativa n° 02-2013-39575 agregada sin acumular).
Consecuentemente, señaló que el Tribunal de Alzada valoró de manera absurda la prueba aportada en la medida que se encuentra acreditado: por un lado, la existencia de un daño cierto provocado por la falta de aislación acústica del Sector 8, "La Globa" del complejo bailable "Pajas Bravas", que excede la normal tolerancia en tanto los sonidos al exterior superan los valores máximos permitidos; y, por otro, la falta de servicio atribuible a la Municipalidad de Bahía Blanca por no exigir al momento de la habilitación el informe técnico de aislación acústica que imponen los arts. 3 inc. "e" y 7 de la ordenanza 10.480, hasta el 13 de septiembre de 2016, momento en que se tuvo por aprobado el informe referido y se levantó la clausura judicial oportunamente dispuesta.
Reprocha el mérito efectuado por el Tribunal de Alzada respecto de la existencia del daño por ruidos molestos a las mediciones del informe de aptitud de aislación acústica presentado en el año 2016 por la firma que explota el complejo bailable, en tanto su vigencia y validez data del 9 de noviembre de 2016, cuando ya había ocurrido el daño a los vecinos desde su habilitación sin aislación acústica y hasta dicho año.
De igual manera tacha de absurda la ponderación de las mediciones efectuadas por el municipio de Bahía Blanca durante los años 2011 y 2012 en el espacio exterior del Barrio Molina Campos, en tanto entiende que no son determinantes ni tienen certeza probatoria alguna.
Al respecto, señala que de dichas mediciones no puede demostrarse la inexistencia de ruidos molestos, sino que los sonidos provenientes del complejo bailable no pudieron ser medidos por circunstancias climáticas, de tránsito y/o ladridos de perros dando como resultado mediciones "no representativas".
Afirma que la prueba producida en autos (la declaración de los testigos y documental agregada), resulta suficiente para tener por acreditada la afectación de los vecinos del Barrio Molina Campos por las molestias sonoras ocasionadas por la falta de aislación acústica del Sector 8, denominado "La Globa" del complejo bailable "Pajas Bravas", desde su habilitación el 8 de julio de 2010 y hasta la aprobación del Informe Técnico de Aislación Acústica por parte de la Municipalidad ocurrida el 9 de septiembre de 2016.
Reitera que, tratándose de posibles daños ambientales, la prueba -cuya carga resulta establecida por el art. 1.113 del entonces Código Civil- debe analizarse de manera integral, dándosele un valor preponderante a las presunciones.
Afirma que resulta inaceptable que,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.