Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 3025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, en la causa I. 2.312, "Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria (AERI) contra Provincia de Buenos Aires sobre Inconstitucionalidad Ley 12.727 y decreto 2023/01. Demanda de Inconstitucionalidad", oído el señor Subprocurador General, se hace lugar parcialmente a la demanda entablada, declarándose la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 12.727 y su inaplicabilidad -al igual que la de su planilla anexa- a la situación de los señores Carlos Alberto Vilas, Osvaldo José Alvarellos, Gerardo Rodríguez, Francisco José Masevicius, Héctor Enrique Cabas, Juan Miguel Díaz Casas, Adela Edith Kravetz, Alfredo Jorge Varela, Carlos Alberto Hermida, Liliana Elicabe, Andrés Oscar Arismendi, Osvaldo Rubén Titta, Leopoldo Juan Rosales, Edgardo Basurte, Ramón Enrique La Poza, Alejandro Omar Azcurra y Mirta Edith Galarraga y, condenándose a la demandada a restituir los importes retenidos en los haberes entre el 23 de julio de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2003 -en tanto no lo hubieren percibido en virtud del decreto 2.698/05- (arts. 5, 14, 14 bis, 17, 28, 33, 43 y concs., Const. nac.; 1, 10, 20, 31, 57 y concs., Const. prov.).
A tales sumas deberán adicionarse intereses, que se calcularán exclusivamente sobre el capital de conformidad con la tasa pasiva más alta establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos …
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 3.025, "Vilas, Carlos Alberto y ots. contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad ley 12.727", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Torres, Borinsky .
I. Los señores Carlos Alberto Vilas, Osvaldo José Alvarellos, Gerardo Rodríguez, Francisco José Masevicius, Héctor Enrique Cabas, Juan Miguel Díaz Casas, Adela Edith Kravetz, Alfredo Jorge Varela, Carlos Alberto Hermida, Liliana Elicabe, Andrés Oscar Arismendi, Osvaldo Rubén Titta, Leopoldo Juan Rosales, Edgardo Basurte, Ramón Enrique La Poza, Alejandro Omar Azcurra y Mirta Edith Galarraga, por apoderado, promueven demanda originaria contra la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 6, 15 segundo párrafo, 16 de la ley 12.727 y su planilla anexa: decreto 1.465/02, ley 13.002, y de cualquier otra norma que se dicte modificando o complementando los mismos, o con similares alcances; decreto 2.023/01, sosteniendo que la disminución del monto de las retribuciones brutas percibidas por los agentes públicos activos y pasivos, dispuesta en los preceptos cuestionados resulta violatoria de los derechos consagrados en la Constitución nacional y provincial y en las disposiciones de los Tratados Internacionales incorporados a ella con la reforma constitucional de 1994 (v. fs. 57/73).
Ponen de resalto la lesión patrimonial sufrida con base en la inconstitucionalidad de esas normas y actos emanados de la Administración en su consecuencia, recalcando que la emergencia mencionada resulta totalmente irrazonable porque el Instituto de Previsión Social (IPS) es un ente autárquico, superavitario, cuyos fondos no son propiedad de la Provincia, sino que ella sólo los administra.
Señalan que las medidas de emergencia tienen un límite en los parámetros que la Constitución impone, de razonabilidad, temporaneidad e igualdad y en la inseguridad jurídica generada a partir de medidas como las tomadas por el Estado en relación a la normativa aquí cuestionada, inaplicable a jubilados y pensionados del IPS por ser un organismo con autonomía económica y financiera administrado por la Provincia, no pudiendo ser sus fondos destinados a otros fines.
Afirman que el IPS es un organismo superavitario por lo que hay fondos suficientes para hacer frente a las erogaciones que le correspondan; que las normas cuestionadas resultan irrazonables en cuanto modifican derechos alimentarios; arbitrarias por aplicar reducciones ante el acelerado envilecimiento de los montos de jubilaciones y pensiones; violatorias del principio de movilidad previsional, propiedad e igualdad.
Aducen la falta de razonabilidad de las normas cuestionadas para modificar derechos alimentarios pues exceden la competencia que la propia Constitución otorga a los poderes Ejecutivo y Legislativo al respecto.
Agregan que no solamente deberá considerarse, al momento de resolver, la existencia de fondos superavitarios que no pertenecen al Estado provincial, sino también la incidencia directa del envilecimiento del ingreso alimentario que percibe, al que debe sumarse la disminución causada por los descuentos de la planilla anexa de la ley 12.727.
Ponen de manifiesto que se encuentra vulnerado el principio de movilidad previsional ya que, a partir de la aplicación de las normas cuestionadas, sus haberes han perdido la justa equivalencia con el nivel remunerativo habitual, regular y permanente de los cargos desempeñados en actividad. Ello, agregan, configura una clara violación al derecho de propiedad.
Expresan que se ha vulnerado el principio de supremacía constitucional, consagrándose la ilegalidad formal en cuanto no puede incluirse dentro de la ley de presupuesto la limitación a las prestaciones previsionales.
Piden se declare la inconstitucionalidad de las normas indicadas y oportunamente se ordene la liquidación de los haberes previsionales retenidos indebidamente con su respectiva actualización e intereses hasta la fecha del efectivo pago, con imposición de costas.
Dejan planteado el caso federal.
II. Al contestar el traslado conferido (v. fs. 84/95 vta.), el señor Asesor General de Gobierno fundamenta su solicitud de rechazo de la demanda con base en los siguientes argumentos:
1. Los derechos consagrados por la Constitución no son absolutos, sino que están sujetos a reglamentación (art. 28) y deben adecuarse al particular momento histórico, social y cultural.
2. En situaciones extraordinarias es posible limitar derechos constitucionales, por sobre los cuales se encuentran los principios que motivaron la sanción de la propia norma suprema.
3. Ante la configuración de una situación de grave perturbación económica, social o política, que represente peligro para la Provincia, el Estado democrático tiene la potestad y aun el imperioso deber de poner en vigencia un derecho excepcional, un conjunto de remedios extraordinarios para asegurar la autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad social que el sistema político de la Constitución requiere.
4. Cuando se pone en juego la supervivencia del Estado, o al menos su funcionamiento, se hace necesario postergar los intereses individuales, con el objeto de sostener los colectivos, que en definitiva llevan a sustentar a los primeros, considerando que en tal situación es procedente aceptar el apartamiento de los derechos constitucionales, con las limitaciones que previamente se han establecido en cuanto a su razonabilidad, temporaneidad, generalidad, entre otros.
5. La multiplicación de normas de emergencia nacionales y provinciales intentó dar respuesta al creciente agravamiento y extensión de una crisis que sumó al desequilibrio fiscal, la desaparición de toda forma de financiación externa o interna, la drástica baja de la recaudación tributaria, el desquicio del sistema financiero, la prolongación del receso y la cesación de pagos de los gobiernos nacional y provincial.
6. La limitación remuneratoria operada no ha dado lugar a un agravio constitucional porque no existe derecho adquirido a mantener el nivel de la remuneración futura sin variantes y en todas las circunstancias.
7. En el caso, los derechos jubilatorios no fueron suprimidos, desconocidos o alterados pues las limitaciones dispuestas se aplicaron para el futuro.
8. Son constitucionalmente válidas las limitaciones a los derechos individuales de los ciudadanos que sean razonables, limitadas en el tiempo, declaradas por el Congreso, con un fin público y sin afectación sustancial del derecho adquirido.
9. Cita jurisprudencia para fundar que los juicios o críticas formulados por la parte actora escapan a la función del Poder Judicial porque, de tal manera, se sustituiría al poder administrador en competencias que le han sido encomendadas. Plantea el caso federal.
III. En la vista oportunamente conferida (v. fs. 376/390), el señor Subprocurador General sostiene -con cita de decisorios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que el objetivo perseguido por la parte actora al pretender la declaración de inconstitucionalidad se presentaría a primeras luces como abstracto en relación al límite temporal establecido para la emergencia (conf. ley 13.002, art. 51).
Sin perjuicio de ello, entiende que no se torna abstracto el caso planteado, aun cuando al momento de la sentencia hubiera perdido actualidad o vigencia la norma cuestionada en la demanda, si los actores conservan un interés concreto, derivado de la subsistencia de efectos definitivamente producidos por dicha norma.
Manifiesta que las personas que obtuvieron su jubilación o pensión adquirieron su status en virtud de haber reunido las condiciones legales y accedieron a un monto del haber previsional que no resultó un acto voluntario de la Administración, sino la consecuencia del nivel remunerativo alcanzado legítimamente (art. 14 bis, Const. nac.).
Señala que, sostener que no se ostenta un derecho subjetivo a la cuantía de la jubilación o pensión es no reconocer los años trabajados, los aportes realizados y las condiciones escalafonarias a las que se arribó a lo largo de toda la trayectoria laboral y es negar también la vigencia de los derechos que garantizan los sistemas de seguridad social, tanto en su faz alimentaria, cuanto en la protección de la salud, del grupo familiar, sin descontar los derechos de la tercera edad, también protegidos constitucionalmente.
Considera que las restricciones oportunamente practicadas en los haberes previsionales, como así también en las bonificaciones otorgadas, se habrían tornado, de mantenerse sin reconocimiento, en violatorias no sólo del derecho de propiedad, sino de los Derechos Humanos antes denunciados.
Entiende que, si la situación económico social ha cesado, deviene imperioso asegurar la vigencia de los derechos constitucionales en toda su plenitud, restableciendo los principios previsionales que informa la ley al tiempo de producirse el hecho generador del beneficio, que concedió la condición de jubilado o pensionado y que goza de la misma protección que las constituciones nacional y provincial acuerdan a los derechos adquiridos.
Señala que el régimen excepcional establecido por la ley 12.727 hace referencia expresa a la suspensión de derechos en forma temporal, de allí que, restaurada la normalidad de la situación de prestaciones previsionales, deben recuperar su vitalidad aquellos en su integralidad, por cuanto la misma no ha impuesto su interrupción, sino sólo la parálisis de sus efectos mientras dure la emergencia.
Por los motivos expuestos, estima que los descuentos previstos, como consecuencia de la ley 12.727, tanto como por los arts. 29 y 30 de la ley 12.874, como por los arts. 28 y 29 de la ley 13.002, deben restituirse en la medida de la petición, por resultar inconstitucionales.
IV. Cumplidos los pasos procesales pertinentes, oído el señor Subprocurador General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Tal como ha quedado planteada la cuestión a resolver y toda vez que las circunstancias del caso guardan sustancial identidad a las que fueron materia de debate y decisión en la causa I. 2.312, "Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria (AERI) contra Provincia de Buenos Aires sobre Inconstitucionalidad Ley 12.727 y decreto 2023/01. Demanda de Inconstitucionalidad", sentencia de 1-X-2003, considero que para la resolución de la cuestión planteada cabe remitirse a los fundamentos dados en la citada causa por razones de brevedad.
II. En cuanto al pedido de la parte actora tendiente a la actualización monetaria de las sumas que correspondan liquidar a su favor, no cabe sino su rechazo.
En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que de admitirse la "actualización", "reajuste" o "indexación" de los créditos se quebrantaría la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928 (conf. causa Ac. 68.567, sent. de 27-IV-1999), doctrina plenamente aplicable en la especie en atención al mantenimiento de tal precepto luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561 (causas B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. de 2-X-2002; Ac. 88.502, "Latessa", sent. de 31-VIII-2005 y B. 64.606, "Di Benedetto", sent. de 3-IX-2008, entre otras; Fallos: 333:447, "Massolo").
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Borinsky, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari , remiten al citado fallo.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, en la causa I. 2.312, "Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria (AERI) contra Provincia de Buenos Aires sobre Inconstitucionalidad Ley 12.727 y decreto 2023/01. Demanda de Inconstitucionalidad", oído el señor Subprocurador General, se hace lugar parcialmente a la demanda entablada, declarándose la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 12.727 y su inaplicabilidad -al igual que la de su planilla anexa- a la situación de los señores Carlos Alberto Vilas, Osvaldo José Alvarellos, Gerardo Rodríguez, Francisco José Masevicius, Héctor Enrique Cabas, Juan Miguel Díaz Casas, Adela Edith Kravetz, Alfredo Jorge Varela, Carlos Alberto Hermida, Liliana Elicabe, Andrés Oscar Arismendi, Osvaldo Rubén Titta, Leopoldo Juan Rosales, Edgardo Basurte, Ramón Enrique La Poza, Alejandro Omar Azcurra y Mirta Edith Galarraga y, condenándose a la demandada a restituir los importes retenidos en los haberes entre el 23 de julio de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2003 -en tanto no lo hubieren percibido en virtud del decreto 2.698/05- (arts. 5, 14, 14 bis, 17, 28, 33, 43 y concs., Const. nac.; 1, 10, 20, 31, 57 y concs., Const. prov.).
A tales sumas deberán adicionarse intereses, que se calcularán exclusivamente sobre el capital de conformidad con la tasa pasiva más alta establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento y hasta el efectivo pago, conforme las condiciones determinadas en la reglamentación aplicable en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Los importes que resulten de las liquidaciones que con tales pautas se practique, deberán abonarse dentro de los sesenta días de quedar firme la presente (conf. art. 163 inc. 7, CPCC).
Las costas se imponen en el orden causado (art. 68 segundo párrafo, CPCC).
Difiérese la regulación de los honorarios del profesional hasta la aprobación de las liquidaciones a practicarse (art. 51, dec. ley 8.904/77).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2021 16:05:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2021 22:15:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2021 10:04:13 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:36:37 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 09:20:03 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia