Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 67418
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 67.418, "P., M. P. c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
I. La señora M. P. P., por medio de apoderado, interpone demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo se deje sin efecto la resolución adoptada por el Directorio en su sesión de fechas 13 y 14 de febrero de 2003, que rechazó el pedido de jubilación extraordinaria por invalidez, así como la de los días 19 y 20 de junio del mismo año, desestimatoria del recurso de reconsideración interpuesto contra la primera.
Requiere el otorgamiento del beneficio denegado por la Caja accionada con retroactividad a la fecha de iniciación del expediente administrativo, con intereses y actualización.
II. Corrido el pertinente traslado se presenta la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Contesta la demanda y solicita su rechazo.
III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, los cuadernos de prueba de ambas partes, glosados los alegatos respectivos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Relata la actora que, tal como se desprende del expediente administrativo 57651/P/2002/0, peticionó ante la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en adelante "la Caja", el beneficio de jubilación extraordinaria por invalidez, denunciando haber prestado servicios -no cuestionados- como abogada, hasta el 1 de octubre de 2002, fecha en que solicitó la prestación.
Añade que acreditó su incapacidad con diversas constancias médicas que adjuntó.
Señala que con fecha 4 de diciembre de 2002 se expidió la Junta Médica de la Caja, la que expresó: "...esta junta considera que la Dra. M. P. P. se encuentra incapacitada en forma total y permanente para el ejercicio profesional".
Destaca que sin embargo, el Honorable Directorio haciendo suyo un dictamen de la Comisión de Jubilaciones, Pensiones, Subsidios y Asignaciones y apartándose de las conclusiones de la Junta Médica, rechazó la pretensión dirigida a lograr la Jubilación Extraordinaria por Incapacidad Total y Permanente.
Transcribe la resolución denegatoria a su pedido en la que se rechazó el beneficio por entenderse que la causa de la incapacidad era anterior a la afiliación a la Caja y, por otra parte, que la incapacidad que presentaba la afiliada no le impedía el ejercicio profesional.
Luego señala que presentó un recurso de reconsideración contra la resolución denegatoria de la Caja que también fue rechazado en la sesión del 19 y 20 de junio de 2003.
Contrariamente, la accionante sostiene que en el caso la contingencia (incapacidad) se ha producido con posterioridad a su afiliación al sistema previsional que debe ampararla.
Así refiere que no existe en el dictamen médico frase alguna que permita inferir o suponer que la incapacidad reconocida existía o tenía causa anterior a la fecha de afiliación.
Considera que al no exigir la Caja elementos probatorios idóneos para acreditar la capacidad inicial de sus afiliados, la resolución denegatoria con este argumento deviene arbitraria y contraria al derecho de defensa en juicio.
Sostiene que la única razón expuesta por la Comisión de Jubilaciones, Pensiones, Subsidios y Asignaciones para denegar la prestación consiste en la afirmación dogmática de que la apelante se encontraba en un estado de incapacidad total y permanente para su labor profesional al momento de la afiliación, prescindiendo de las pruebas médicas e instrumentales agregadas y reconocidas.
En cuanto al argumento esgrimido por la Caja, sobre que la incapacidad no le impedía el ejercicio profesional debido a que durante el año 2002 inició dos causas, afirma que es evidente que ella no tenía cabal conciencia de su enfermedad al momento de promoverlas.
Asimismo minimiza la relevancia que puede tener el simple hecho de haber ingresado el pago de los aportes con posterioridad al pedido del beneficio.
Reitera que el dictamen de la Junta médica es claro y contundente. Determina un 90% de invalidez psico-física a la fecha de solicitud, en consideración al hallazgo de un trastorno psicótico y grave cuadro obsesivo que la incapacita en forma total y permanente para el ejercicio profesional.
Luego realiza un análisis del art. 41 de la ley 6.716, que es la que prevé el beneficio de la Jubilación Extraordinaria por Incapacidad.
Allí efectúa una serie de observaciones al requisito previsto en el inc. "a" que reza "...que la causa de la incapacidad sea posterior a la afiliación", para concluir en el pedido de inconstitucionalidad de la cláusula por violación de derechos fundamentales reconocidos en los textos constitucionales.
Finaliza la demanda con una referencia a la protección que brindan las leyes relativas a la discapacidad, intentando demostrar la contradicción con el requisito previamente analizado.
Ofrece prueba y reserva el caso federal.
II. Por su parte, la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires ratifica la legalidad y legitimidad de los pronunciamientos impugnados.
Señala que mediante expediente 57651/P/2002/0, la actora solicitó el beneficio de Jubilación Extraordinaria por Incapacidad Absoluta y Permanente, con fecha 1 de octubre de 2002 y describe los pasos seguidos en esas actuaciones hasta que el Directorio en su sesión de fecha 13 y 14 de febrero de 2003 desestimó su solicitud.
Agrega que contra dicho decisorio la afiliada interpuso el pedido de reconsideración.
La accionada sostiene que la pretensión deducida no puede prosperar porque en las actuaciones administrativas quedó justificado que la causa de la incapacidad era anterior a la afiliación de la actora a la Caja.
Sostiene que es falso que deba descartarse un intento de captación de un beneficio previsional, si se tiene en cuenta que la matriculación en el Colegio de Trenque Lauquen se hizo efectiva más de cinco años después de la fecha de expedición del título (1999 y 1993, respectivamente) y que predominan los pagos de cuota pura o en su mayor medida, para cubrir los mínimos anuales del art. 12 inc. "b" de la ley 6.716, texto ordenado por el decreto 4.771/95.
Considera que el ejercicio profesional emergente de esas constancias no reúne las características propias para considerarlo como un recurso alimentario para la actora.
Agrega que los certificados médicos acompañados, aunque no hacen referencia a una fecha concreta, se vinculan con episodios encadenados, tanto por la actora como por su facultativo tratante, que datan de época anterior a la afiliación a la entidad previsional, como causa de la incapacidad.
III. De las actuaciones administrativas agregadas sin acumular y demás prueba producida, se desprenden las siguientes constancias útiles para la resolución de la causa:
III.1. Expediente 57651/P/2002/0 por medio del cual la actora solicitó el 1 de octubre de 2002 la Jubilación Extraordinaria por Incapacidad (v. fs. 1).
III.1.a. Certificado médico expedido por el doctor Bertoldi, de la Clínica Privada San Agustín donde se diagnostica a la paciente con esquizofrenia con síntomas obsesivos severos, de fecha 13 de agosto de 2002 (v. fs. 7).
III.1.b. Certificado del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Trenque Lauquen donde consta que la doctora M. P. P. se matriculó con fecha 31 de marzo de 1999 con título expedido por la Universidad de Buenos Aires del día 29 de septiembre de 1993 (v. fs. 8).
III.1.c. Estudio Specto cerebral y RM de cerebro (v. fs. 9 y 10).
III.1.d. Informe de la Junta Médica integrada por dos galenos por parte de la Caja (doctores Dumont y Suarez Richards) y uno por parte de la peticionaria (doctor Bertoldi) de fecha 4 de diciembre de 2002.
Del mismo resulta que la señora P. padecía una afección de índole psiquiátrica que le ocasionaba una incapacidad psíquica-física valorable en un 90% de carácter permanente.
También se consignó en este dictamen que la paciente manifestó que "...hace 4 años irrumpe su enfermedad con el advenimiento de ideas obsesivas centradas en una renuncia a un empleo, estas ideas perturban su accionar laboral, social y familiar [...] la modificación de su conducta alcanza a todas las vivencias de su actividad psíquica. Ello llevó a incontables consultas médicas y desembocó en una internación en mayo del corriente año durante 20 días por el incremento agudo de su cuadro obsesivo a través de la repetición estereotipada de la idea prevalente acerca de aquella renuncia...".
Culmina este informe con el diagnóstico de trastorno psicótico, grave cuadro obsesivo de pronóstico muy reservado.
Por ello la junta considera que "...la doctora M. P. P. se encuentra incapacitada en forma total y permanente para el ejercicio profesional" (fs. 24).
III.1.e. La Comisión de Jubilaciones, Pensiones, Subsidios y Asignaciones aconsejó, con fecha 6 de febrero de 2003, denegar el pedido de Jubilación Extraordinaria (v. fs. 28).
III.1.f. El Directorio en su sesión de fecha 13 y 14 de febrero decidió hacer suyo el dictamen precedentemente señalado y resolvió denegar la petición al no encontrarse acreditados los extremos legales exigidos para su procedencia (v. fs. 29).
III.1.g. La señora P.o solicitó reconsideración (v. fs. 44/48).
III.1.h. Se agregaron constancias de alta de Ingresos Brutos del 15 de octubre de 1999 (v. fs. 60), de pago de matrícula anual a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires de los años 1998 y 1999 (v. fs. 61), pago de la matrícula de mediados del año 1998 (v. fs. 62), recibos de haberes de la Policía Federal Argentina entre los meses de agosto 2001 a septiembre 2002 (v. fs. 64/78), recibos de haberes de la Fundación Universidad de Palermo entre los meses de noviembre de 1998 a enero de 2001 (v. fs. 79/95), detalle de cuenta de Futura S.A. AFJP de abril de 1996 a diciembre de 2000 y de junio de 1998 a diciembre de 2001 (v. fs. 96 y 102), recibos de la Universidad de Flores correspondientes a algunas mensualidades desde abril a septiembre de 2000 (v. fs. 98/101) y resoluciones de la Universidad de Flores (v. fs. 103 y 104).
III.1.i. Resolución del Directorio de la Caja de fecha 19 y 20 de junio de 2003 en la que se consideró parte integrante el nuevo dictamen de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones y se resolvió rechazar el recurso de reconsideración de la actora. En este acto la Caja destacó que "...esta Comisión sostiene los términos de la resolución recurrida por cuanto la causa de la incapacidad que presenta la Dra. M. P. P. es anterior a su matriculación, y es ese y no otro el argumento en el que nos apoyamos por ser, además, un requisito que señala el art. 41 de nuestra ley el que no se encuentra acreditado en autos, cabiendo por tal razón desestimar el planteo recursivo..." (fs. 114).
III.2. En estas actuaciones:
III.2.a. Informes de la Fundación Universidad de Palermo y de la Universidad de Flores que dan cuenta de la actividad de la actora en esas instituciones hasta los años 2000 y 2001, respectivamente (v. fs. 118 y 119).
III.2.b. Informe del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de donde surge que la doctora P. abonó desde 1996/1997 y hasta el período "en curso" 2009/2010 la totalidad de las cuotas anuales de matrícula (v. fs. 128).
III.2.c. Informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de donde resulta que en el año 2002 la actora solicitó su exclusión de los listados de sorteo en abril de 2002 -estando pendientes de acreditación los pagos correspondientes a los años 1999, 2000, 2001 y 2002- (v. fs. 132).
III.2.d. Pericia médica y contestación de impugnaciones (v. fs. 186/194 y 204/207).
IV. De acuerdo a los antecedentes reseñados la cuestión a dilucidar se circunscribe, en sustancia, a determinar si la accionante cumple con las condiciones para resultar beneficiaria de la Jubilación Extraordinaria por Incapacidad.
Adelanto mi posición favorable al progreso de la demanda por los siguientes fundamentos.
IV.1. En primer lugar corresponde determinar que la normativa aplicable al presente es la ley 6.716 (t.o. dec. 4.771/95) que establece el régimen legal de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
El art. 41 de la norma citada, luego de determinar que la Jubilación Extraordinaria por Incapacidad se otorgará al afiliado que se incapacite física o intelectualmente en forma absoluta y permanente para el ejercicio profesional, enumera los requisitos a cumplir entre los que se encuentran, en lo que aquí interesa, el previsto en los apartados "a": "...que la causa de la incapacidad sea posterior a la afiliación..." y "b": "...si la afiliación se hubiere efectuado antes de los cincuenta (50) años de edad, se exigirá al afiliado el cumplimiento de todas las cuotas mínimas anuales y obligatorias, hasta el año pre anterior al de la incapacidad inclusive, si ésta se hubiere detectado antes del 31 de mayo y si fuere posterior a esta fecha, hasta el año inmediato anterior, inclusive...".
Finalmente, consigna que desaparecida la incapacidad, cesará el beneficio (conf. art. 41 in fine ).
Por su parte el art. 42 dispone cómo debe ser la composición de la Junta Médica encargada de establecer "el estado de incapacidad absoluta y permanente".
Pero también precisa que "el informe pericial no obligará a decisión" y que "el Directorio podrá apartarse de sus conclusiones si estimare justa causa para ello".
De esta reseña resulta que para el otorgamiento de la Jubilación Extraordinaria por Incapacidad se requiere, como presupuesto, que la incapacidad sea absoluta y permanente y, por otro lado, que la causa de la enfermedad sea posterior a la afiliación además del cumplimiento de las cuotas mínimas anuales y obligatorias.
IV.2. En consonancia con lo señalado, en la resolución del Directorio de la Caja del 13 y 14 de febrero de 2003 que denegó el beneficio, se consignó que conforme la norma aplicable al caso, correspondía verificar: a) la existencia de una incapacidad física o intelectual en forma absoluta y permanente para el ejercicio profesional; b) que su causa fuera posterior a la afiliación y c) que la afiliada se encontrara al día con sus obligaciones.
Respecto de la incapacidad exigida por la ley, se dejó asentado que con fecha 4 de diciembre de 2002 se realizó la Junta Médica de rigor en la que se concluyó que la doctora P. padecía un trastorno psicótico y grave cuadro obsesivo, que la incapacitaba en forma total y permanente para el ejercicio profesional.
En relación al segundo requisito, se encontró un obstáculo a la procedencia del beneficio peticionado por cuanto de la Junta Médica surgiría que la causa de la incapacidad era anterior a la afiliación de P. al organismo previsional, atento que en su informe se mencionaba que la enfermedad había comenzado hacía cuatro años atrás, razón por la cual se remontaba al tiempo en el cual todavía la peticionante no se encontraba afiliada a la Caja.
Agrega que ello es avalado por el certificado de su médico de parte.
Y en cuanto al último requisito a verificar, la resolución consignó que, analizada la cuenta de aportes de la doctora P. "...surge que cumplió con las cuotas Anuales Obligatorias desde su matriculación hasta el año 2002 inclusive conforme la obligación normada por el art. 12 inc. b) de la Ley 6716 t.o. Dec. 4771/95...".
Por otro lado, también se destacó que la incapacidad que presentaba la doctora P. no le impedía el ejercicio profesional, atento a que durante el año 2002 inició dos juicios, ingresando los anticipos a la Caja de uno de ellos con posterioridad a su pedido de Jubilación Extraordinaria por Incapacidad total y permanente para el ejercicio profesional (v. fs. 28).
Por todo ello se concluyó con el rechazo del beneficio.
IV.3. Analizaré ahora el cumplimiento de los distintos requisitos legales para el otorgamiento del beneficio solicitado, aunque de forma inversa a la enunciada por la norma.
IV.3.a. En lo referido a la verificación del pago de las cuotas de la matrícula, tal como fuera señalado en el punto b) del presente al transcribir parte de la resolución cuestionada, existe acuerdo entre las partes en cuanto a que se cumplió con la obligación establecida por el art. 12 inc. "b" de la ley 6.716, texto ordenado decreto 4.771/95.
IV.3.b. En cambio, las discrepancias aparecen en relación al requisito referido a que la causa de la incapacidad fuera posterior a la afiliación.
IV.3.b.i. Así, la actora sustenta su postura sobre que la incapacidad apareció con posterioridad a la matriculación en que no existe en el dictamen de la Junta Médica ninguna frase que permita inferir o suponer que la incapacidad reconocida en ella existía o tenía causa anterior a la fecha de afiliación.
Asimismo, sostiene que la Caja de Previsión Social debería exigir los elementos probatorios que considere idóneos para verificar la capacidad inicial de los afiliados. De lo contrario, la resolución deviene arbitraria o contraria al derecho de defensa en juicio afectando los fines de la seguridad social.
Por otro lado, al contestar el traslado de la pericia médica destaca los fragmentos del informe que refuerzan su posición, tal como aquel en que los expertos concluyen en que el trastorno que aqueja a la actora pudo haber comenzado entre los años 2001 y 2002.
Finalmente, robustece su argumento de que gozaba de capacidad al 31 de marzo de 1999, fecha en que se matriculó, con la restante prueba de informes producida por distintos organismos que dan cuenta del ejercicio de diferentes actividades laborales desarrolladas por la peticionante.
IV.3.b.ii. Por su parte, la demandada se basa en el dictamen de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones al destacar que en la junta de fecha 4 de diciembre de 2002 se mencionaba que la enfermedad había comenzado hacía cuatro años atrás, razón por la cual se remontaba al tiempo en el cual todavía no se encontraba la doctora P. afiliada a la Caja de la Provincia.
Asimismo, se funda en el certificado del médico de parte doctor Bertoldi obrante a fs. 7 de las actuaciones administrativas fechado el 13 de agosto de 2002 que, como consecuencia del examen realizado el día 22 de abril de 2002, diagnosticó a la actora con esquizofrenia con síntomas obsesivos severos. Además allí se consignó que la paciente presentaba síntomas de trastorno obsesivo compulsivo desde la infancia, acrecentados en la adolescencia -cuando tuvo un episodio psicótico- y que el intenso sufrimiento, los síntomas obsesivos y psicóticos motivaron la decisión de una internación.
IV.3.b.iii. Para resolver esta cuestión, es necesario considerar la pericia médica producida en autos.
En primer lugar corresponde destacar que, a diferencia del diagnóstico al que se arribara en la Junta Médica, en la que se concluyó que P. padecía de trastorno psicótico y grave cuadro obsesivo, en el dictamen realizado por los expertos de la Asesoría Pericial se concluyó en que la actora padecía de trastorno bipolar tipo II, que consiste en una forma atenuada de la antiguamente conocida como enfermedad maníaco-depresiva (v. fs. 191).
Y fueron precisamente los médicos intervinientes en esta pericia, doctores Moscato y Barbosa, quienes expresaron que no les era posible afirmar taxativamente cuáles fueron las primeras manifestaciones de la enfermedad, debido a que no examinaron a la actora con anterioridad. Pero agregaron que "...es lógico inferir que su trastorno mental p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.