Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124353
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.353, "Bogao, Juan Miguel contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, de Lázzari, Kogan.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 173/176 y 178/183).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 185/203).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 210/212 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Juan Miguel Bogao y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y de la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, en el veredicto, declaró acreditado que el día 15 de julio de 2015 el actor sufrió un accidente de trabajo mientas prestaba tareas, bajo relación de dependencia de la firma Masoero y Asociados S.R.L., en la Central Atómica Atucha II (v. fs. 173 vta. y 174). También estableció que, como consecuencia del referido infortunio, padece diferentes afecciones (a saber: limitación de la movilidad del dedo anular de su mano izquierda, disminución de la fuerza muscular, zonas de anestesia total con alteración del tacto y funciones básicas) que le provocan una incapacidad laboral del 7,77% del índice de la total obrera (v. fs. 174/175).
No obstante, el quo señaló que la minusvalía indemnizable debía ser calculada tomando en consideración la real capacidad funcional del accionante al momento del dictado de la sentencia, que estimó en el 32,48%, teniendo en cuenta el deterioro en su salud por motivos laborales, así como el respectivo resarcimiento, reconocido en tres causas judiciales anteriores que identificó (v. fs. 175 y vta.). En ese orden, tras multiplicar los guarismos indicados, declaró que "...la incapacidad indemnizable que corresponde ponderar en la instancia asciende a 2,52% TO" (fs. 181).
A partir de esa conclusión, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir al señor Bogao de acuerdo con las pautas indicadas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y declaró aplicable al caso el art. 3 de la ley 26.773, sumando, en consecuencia, una indemnización adicional equivalente al 20% (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución provincial; 34 incs. 4 y 5, 36 incs. 2 y 3 y 163 incs. 3, 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial; y 35, 36, 44 y 47 de la ley 11.653.
Señala que el tribunal de grado omitió el tratamiento de una cuestión esencial para la resolución de la litis, como lo es -según apunta- la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11, apartado 4 de la ley 24.557 (v. fs. 192 vta. y 193).
Indica que, en el caso, esta norma debió aplicarse teniendo en cuenta la sumatoria de los porcentajes de incapacidad reconocidos en los expedientes judiciales anteriores que se ponderaron en el fallo (v. fs. cit.).
Afirma que el a quo "...no fundamentó jurídicamente la sentencia en forma adecuada, ni tampoco invocó preceptos legales pertinentes" (fs. 195).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar por los siguientes fundamentos.
III.1. En efecto, la denuncia de omisión de tratamiento de cuestión esencial no puede tener cabida.
En el caso, desde la lectura del escrito de inicio se observa que la temática que se reputa soslayada (esto es, la supuesta pretensión vinculada al cobro de la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11 apdo. 4, Ley de Riesgos del Trabajo) no fue allí planteada ni llevada a conocimiento del a quo , siquiera de modo subsidiario (v. fs. 34 vta. y 35).
Por lo tanto, no acompaña la razón a la recurrente cuando denuncia que el tribunal de grado ha soslayado el tratamiento de dicha reparación, incurriendo -de esa manera- en la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
III.2. Tampoco es atendible la alegación fundada en la supuesta afectación de garantías constitucionales, por resultar tal planteo extraño al ámbito de actuación del presente medio de impugnación (causa L. 98.699, "Juárez", sent. de 21-XII-2011; e.o.).
III.3. Por último, resta aclarar que el fallo atacado -observando el mandato constitucional contenido en el art. 171 de la Carta local- se encuentra fundado en ley, sin que corresponda analizar -en el marco de la vía en tratamiento- su incorrecta o deficiente fundamentación jurídica (causas L. 72.860, "Ledesma", sent. de 5-XII-2001 y L. 99.688, "López", sent. de 22-II-2012; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Por los mismos fundamentos expuestos por el doctor Torres entiendo que el recurso extraordinario de nulidad articulado debe desestimarse (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), aunque debo dejar a salvo la opinión que expresara respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias que impone el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en las causas L. 56.599, "Blanco" (sent. de 23-II-1999) y L. 117.684, "Cladd" (sent. de 8-V-2019), a las que remito por razones de celeridad.
Voto, pues, por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 28 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 39, 161 inc. 3 y 171 de la Constitución provincial; 34 incs. 4 y 5, 163 y 165 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial; 18, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrinal legal que identifica.
Insiste en que el tribunal de grado omitió referirse en su pronunciamiento a la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11, apartado 4 de la ley 24.557.
Postula su procedencia alegando que el porcentaje de incapacidad laboral que padece excede el cincuenta por ciento, teniendo en cuenta "...la sumatoria de los expedientes ut supra mencionados" (fs. 198 vta.).
II. El recurso no puede prosperar.
II.1. En el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3947/19), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo - in fine - de la ley 11.653. Así lo entendió -también- el a quo al concederlo en la resolución de fs. 205 y vta., que arriba firme a esta instancia extraordinaria.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
II.2. En este estricto marco de análisis, el agravio que exhibe el recurso sub examine no resulta atendible.
II.2.a. Ello es así, en primer lugar, porque se vincula a la determinación relativa a si se configuran -o no- los presupuestos a los que la Ley de Riegos del Trabajo subordina la aplicación de su art. 11, apartado 4. Al respecto, expresamente se ha declarado que no se verifica la excepción prevista en la ley ritual del fuero si el planteo propuesto en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley remite al análisis de cuestiones cuya valoración se encuentra reservada en forma privativa a los jueces de la instancia ordinaria (causas L. 101.141, "Valenzuela", sent. de 9-XI-2011; L. 106.956, "Bonasso", sent. de 11-IV-2012; L. 105.682, "Aberastegui", sent. de 16-VII-2014 y L. 117.693, "Medina", sent. de 11-III-2015; e.o.).
II.2.b. En segundo término, toda vez que la hipótesis excepcional referida no se configura cuando se advierte que las doctrinas que se denuncian violadas se relacionan con el vicio de absurdo o fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 107.350, "Velazco", sent. de 21-IX-2012; L. 110.950, "Thill", sent. de 21-II-2013; L. 117.819, "Natiello", resol. de 18-VII-2014; L. 118.612, "Altamirano", resol. de 25-II-2015; e.o.), como sucede en la especie.
II.3. Por último, en otro orden de consideraciones, cabe recordar que la denuncia de omisión de tratamiento de eventuales planteos que se dicen preteridos es ajena a la presente vía de impugnación (art. 296, CPCC; causas L. 116.765, "Policheni", sent. de 18-IX-2013; L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; e.o.); aspecto que -por lo demás- ha recibido respuesta al tratar la anterior cuestión sometida al acuerdo.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Coincidiendo con las razones expuestas por el doctor Torres en su ponencia, entiendo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe rechazarse.
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2021 13:56:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2021 16:06:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:37:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:39:45 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 09:23:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia