Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122107
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.107, "Klein, Guillermo y otros contra San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Genoud , de Lázzari .
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, por unanimidad, confirmó la sentencia de primera instancia que había condenado a Amelia Cano y a San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales y desestimado la demanda incoada contra el Consorcio de Copropietarios del Edificio Luch Mayor, Claudio Fernando Napolitano y Citibank N.A. Asimismo, elevó las indemnizaciones otorgadas a los actores por daño material y moral y modificó el alcance de la condena en relación a San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Por mayoría, estableció un nuevo cálculo de los intereses moratorios (v. fs. 4.521 y vta.).
Se interpuso, por los actores, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 4.529/4.548).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Los señores Guillermo Rodolfo Klein y Alejandro Daniel Klein, como propietarios de la unidad funcional "A" del sexto piso del edificio sito en la Avenida Alem 239 de la ciudad de Bahía Blanca, y la señora Ofelia Enriqueta Parajuá, como usufructuaria de ese departamento, promovieron demanda contra San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, el Consorcio de Propietarios del Edificio Luch Mayor, el señor Claudio Fernando Napolitano, Citibank N.A. y la señora Amelia Cano. Reclamaron la indemnización de los daños provocados en la unidad funcional de los actores por el incendio ocurrido el 17 de febrero de 2006 en el departamento "A" del quinto piso del mismo edificio, de propiedad de la última de las nombradas (v. fs. 236/295 vta.).
Corrido el traslado de ley se presentaron a contestarla el Consorcio de Propietarios del Edificio Luch Mayor (v. fs. 343/362), Citibank N.A. (v. fs. 394/401 vta.), San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (v. fs. 446/457) y el señor Claudio Fernando Napolitano (v. fs. 1.038/1.048), todos repeliendo la acción; la entidad bancaria interpuso excepción de falta de legitimación pasiva. La señora Amelia Cano fue declarada rebelde (v. fs. 986 vta.).
Se abrió el juicio a prueba y a su turno se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda contra la señora Amelia Cano, condenando a abonar a los actores la indemnización comprensiva del daño material del inmueble, del mobiliario, de los gastos de la vivienda de reemplazo y el daño moral. Se hizo extensiva la condena a San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, en la medida de la cobertura de incendio y de responsabilidad civil. Fijó los intereses a la tasa pasiva que abonara el Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago. Impuso las costas a los demandados vencidos. A su vez, rechazó la acción incoada contra los restantes demandados e impuso las costas a los actores (v. fs. 4.244/4.255 vta. y aclar. fs. 4.318).
Este pronunciamiento fue apelado por la compañía de seguros (v. fs. 4.275) y por los actores (v. fs. 4.313), presentando sus respectivos memoriales (v. fs. 4.439/4.454 vta.; 4.414/4.438).
I.2. Elevados los autos a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, por unanimidad se confirmó el rechazo de la demanda que se había incoado contra el Consorcio de Propietarios del Edificio Luch Mayor, el Citibank N.A. y el señor Claudio Fernando Napolitano. También se confirmó la condena a la señora Amelia Cano y a la compañía de seguros, pero en este último caso se dejó sin efecto la cobertura por incendio y se modificó la cobertura por responsabilidad civil. Se elevaron los montos del daño material y moral y, por mayoría, se modificó el cálculo de los intereses, estableciéndose que para el daño moral se debía aplicar la tasa del 4% anual desde el día del hecho y hasta la fecha del pronunciamiento; para los restantes daños igual tasa pero hasta la fecha en la cual se habían valorado cada uno de ellos; a partir de esas dos últimas fechas debía aplicarse la tasa pasiva más alta que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días y hasta el efectivo pago.
I.2.a. Para decidir de esa manera, y en la medida del recurso interpuesto, comenzó el análisis de los agravios de los actores por haberse confirmado la falta de responsabilidad del consorcio de propietarios.
Consideró improcedentes los argumentos basados en las deficiencias de la instalación eléctrica general del edificio, pues se trataba de cuestiones fácticas que no habían sido planteadas en la demanda y sometidas a la decisión del magistrado de grado anterior. Señaló que, a tenor de lo expuesto en la demanda, centraban principalmente el embate sobre el inquilino y su fiador y escuetamente hacían referencia a la incidencia de los muros comunes y de la instalación eléctrica general del edificio (v. fs. 4.491/4.492 vta.).
Sorteó la deficiencia argumentativa al optar por la interpretación del contenido de la demanda más beneficiosa para los actores e ingresó al análisis de los agravios, estableciendo que según el informe de los bomberos el siniestro había comenzado en una parte privativa y no común, según el art. 3 inc. "k" del Reglamento de Copropiedad y Administración del edificio, el que transcribió, concluyendo que si el cableado en el que se había originado el incendio era de carácter privativo, no podía reprochársele al consorcio infracción alguna a los deberes que le incumbían como guardián de las cosas comunes (v. fs. 4.492 vta. y 4.493).
Desestimó también la hipótesis de los actores de que la responsabilidad del consorcio se debía a que el incendio se había propagado por los muros comunes, porque concretamente no se había alegado en la demanda ni tampoco probado que la deflagración por ellos se había debido a la construcción con material impropio o al deficiente estado de mantenimiento (v. fs. 4.493 y vta.).
I.2.b. Seguidamente analizó los cuestionamientos acerca de la responsabilidad del inquilino Claudio Fernando Napolitano y de su empleador y fiador en el contrato de locación, Citibank N.A., para desestimarlos.
Coincidió con los actores en que era erróneo resolver la cuestión aplicando el art. 1.572 del Código Civil -invocado en primera instancia- pues dicha norma regía la relación entre el locador y el locatario y en la especie se trataba del daño causado a terceros de la locación, por lo que la cuestión debatida debía subsumirse en la segunda parte del segundo párrafo del art. 1.113 de ese mismo régimen fondal, según el cual para eximirse de responsabilidad el locatario debía probar una causa ajena.
Así encontró probado el caso fortuito alegado por el inquilino, pues el siniestro se había producido en un toma corriente inserto en el cableado existente detrás de un mueble que no le pertenecía y que se encontraba empotrado en la pared, lo que se había hecho visible tras el incendio, según la descripción que surgía del informe de los bomberos, y ponía en evidencia que esa circunstancia había sido absolutamente imprevisible para el inquilino, por la categoría y condiciones del departamento que rentaba. Agregó el sentenciante que del informe del perito Luñasky surgía que tampoco había provocado el incendio el uso de una denominada "zapatilla" conectada al estabilizador, dada la modestia exigencia de los electrodomésticos que se encontraban enchufados (v. fs. 4.494 y vta.).
I.2.c. Se abocó luego a analizar la responsabilidad de la empresa de seguros y para ello tuvo en cuenta los agravios cruzados de esta última y de los actores respecto del infraseguro y su concreta incidencia en el caso.
Determinó, respecto de la cobertura de incendio, con base en la cláusula 10 y a diferencia de lo que había resuelto el magistrado de primer grado, que no existía remanente para asignar a las partes privativas luego de que se había abonado el siniestro que afectó las partes comunes, en razón de que la suma asegurada por todo el edificio era inferior a la estimación del valor asegurable, según el dictamen de fs. 3.074/3.075 y su ampliación de fs. 3.096/3.097, con lo que se verificaba la inexistencia de suma excedente alguna (v. fs. 4.495/4.498).
A ello agregó que no encontraba acreditado que la aseguradora hubiera ofrecido o admitido la indemnización de las partes privativas de los consorcistas con imputación a la cobertura de incendio (v. fs. 4.498).
I.2.d. En cuanto a la cobertura de responsabilidad civil, tuvo en cuenta que surgía de la póliza que la aseguradora debía mantener indemne al consorcio por lo que se le debiera a un tercero, razón por la cual nada debía San Cristóbal cuando el consorcio no había sido responsable por el siniestro (v. fs. 4.498).
Sin embargo, encontró que en el caso la compañía de seguros había aceptado de manera expresa resarcir a los consorcistas terceros reclamantes, pues así lo había reconocido su gerente en la asamblea extraordinaria celebrada el 23 de marzo de 2006, cuya acta obraba a fs. 2.368 y vta., y porque además se había celebrado un convenio por el cual se había indemnizado a los copropietarios por los daños ocasionados en sus partes indivisas con imputación a esa cobertura (v. fs. 4.498 y vta.).
En razón de ello la Cámara, haciendo aplicación de la doctrina de los actos propios que implicaba que la aseguradora no podía ponerse en contra de sus propios actos, anteriores, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, reconoció igual resarcimiento para los actores, comprensivo del daño material y del daño moral, al que debía detraerse el monto de la franquicia, ya que ellos se habían opuesto a la firma del acuerdo al que se había arribado con los restantes consorcistas, en el cual la aseguradora había resignado ese rubro (v. fs. 4.498 vta./4.499 vta.).
II. Se agravian los recurrentes denunciando la infracción y errónea aplicación de los arts. 163 inc. 5, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 514 y 1.113 del Código Civil; 56 de la ley 17.418; de la doctrina legal; alegan absurdo.
Inician su impugnación desconformándose de que se haya resuelto la falta de responsabilidad del señor Napolitano, de Citibank N.A. y del Consorcio de Propietarios, como también del alcance dado a la cobertura de la póliza de seguros y la tasa de interés fijada.
II.1. Señalan que es absurdo que la Cámara haya considerado como caso fortuito el incendio del departamento ubicado en el quinto piso "A" por entender que había sido un hecho imprevisible para el señor Napolitano, el locatario, cuando este había contratado un seguro cubriendo ese tipo de siniestro con la empresa Mapfre. Agrega que ese aseguramiento se había acreditado en el trámite de la diligencia preliminar y que además había sido reconocido por el demandado en su responde (v. fs. 4.530/4.531).
Afirman que la causa del incendio la constituye la deficiente instalación eléctrica consistente en un cableado precario e irregular sin canalizar que terminaba en un tomacorriente atornillado al mueble empotrado en la cocina, por lo que no puede hablarse de imprevisibilidad, como lo hizo la Cámara, porque tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en que la ajenidad o exterioridad del vicio de la cosa es la característica exigible en el caso fortuito, lo que no aconteció en el hecho que se discute. Citan autores de doctrina en apoyo de su postura y hacen referencia a que el Tribunal de Alzada infraccionó la doctrina legal de esta Corte y la jurisprudencia de la Corte federal (v. fs. 4.531 vta./4.533 vta.).
Ponen de relieve que la Cámara, para considerar el hecho imprevisible respecto del señor Napolitano, tuvo en cuenta la categoría o nivel de la unidad funcional que habitaba y la deficiente instalación eléctrica existente, concluyendo que el nexo causal se interrumpió por la característica del departamento.
Aseveran que esa conclusión es un claro error de derecho, pues el demandado-guardián o el propietario debieron probar la culpa de la víctima o la de un tercero para eximirse de responsabilidad. Citan las causas Ac. 47.75; Ac. 70.665; Ac. 79.892; C. 105.191; C. 118.459 y C. 119.691 en sustento de su posición (v. fs. 4.533/4.535).
Destacan que la Cámara, a pesar de manifestar que aplicaba el régimen de responsabilidad objetivo, introdujo elementos subjetivos al momento de valorar el factor de atribución y exonerar al señor Napolitano por falta de culpa, ponderando los propios dichos del demandado de que no tenía por qué sospechar de la deficiente instalación eléctrica. Citan fallos de la Corte nacional y causas de este Tribunal (v. fs. 4.535/4.536 vta.).
Indican que la Cámara desvirtuó el art. 1.113 del Código Civil hasta tornarlo inoperante al restringir dogmáticamente el alcance de una disposición cuyo fin específico es posibilitar la indemnización del daño causado por el riesgo o vicio de la cosa en situaciones en que este se produce con independencia de la culpa del sujeto (v. fs. 4.536/4.537).
II.2. Ponen de relieve que el Tribunal de Alzada había desligado a Citibank N.A. de la responsabilidad en el siniestro al exonerar al señor Napolitano, el inquilino, cuando aquel se había beneficiado del contrato de locación de su empleado y por ello debía responder a título de guardián. Transcriben la cláusula décima de contrato de locación para reafirmar esta postura (v. fs. 4.538/4.539 vta.).
II.3. Alegan la existencia del absurdo en el pronunciamiento de la Cámara al no responsabilizar al consorcio de propietarios y sin embargo extender la condena a la compañía de seguros, pues afirman que la responsabilidad del consorcio en el ámbito del art. 1.113 del Código Civil surge del deber de custodia de las cosas comunes del edificio, las que no evitaron el incendio cuando debieron hacerlo, hecho que había puesto de manifiesto la deficiente instalación eléctrica general y la comunicación de las llamas de un departamento a otro (v. fs. 4.539 vta. y 4.540).
Atacan la decisión del sentenciante que sostuvo la extemporaneidad de esos planteos por no haber sido objeto de decisión en la instancia de origen, afirmando que esas argumentaciones surgían del contenido de su demanda. Agregan que para la descripción de los hechos no es exigible usar fórmulas sacramentales ni precisas afirmaciones para referirse a la deficiente instalación eléctrica del edificio, cuando se imputa la responsabilidad del consorcio en los términos del art. 1.113 del Código Civil, en razón de que, sobre este último, pesa el deber de custodia del edificio (v. fs. 4.540 y vta.).
Explican que la instalación eléctrica general es una parte común según la ley 13.512 y que la electricidad es una cosa riesgosa, lo que impone arbitrar medidas de prevención de siniestros, y señalan que se había constatado en la pericia realizada que el tablero principal del edificio era el original y que no había sido renovado (v. fs. 4.541 y vta.).
Refutan la falta de relevancia que la Cámara le asignó a la propagación del incendio por los muros comunes cuando por ellos se proyectaron las llamas a más de quinientos (500) grados de temperatura durante largas horas, generando el daño en el departamento de los actores y alcanzando a otras unidades funcionales, convirtiéndose de esa manera en cosas riesgosas por las que el dueño debe responder (v. fs. 4.542/4.543).
Sostienen que la Cámara ha omitido aplicar la regla de la distribución de la carga probatoria, inherente al art. 1.113 del Código Civil, eximiendo al consorcio de responsabilidad en el evento, pues erróneamente colocó en la víctima la carga de la prueba del defecto o vicio de los muros que pesaba sobre el consorcio, resaltando que a este último le correspondía la demostración de la interrupción del nexo causal (v. fs. 4.543 vta. y 4.544).
Afirman que el Consorcio de Propietarios reconoció su responsabilidad en la medida al reconocer la vigencia de la póliza de responsabilidad civil, sosteniendo que es incoherente y arbitraria la decisión de la Cámara que ante situaciones análogas encontró obligada al pago a la aseguradora y no al consorcio (v. fs. 4.544/4.545).
II.4. Discuten, además, que el Tribunal de Alzada haya resuelto la exclusión de la cobertura de incendio, por no existir excedente en razón de un supuesto infraseguro.
Aseveran que la aseguradora había realizado pagos por los daños causados en partes comunes y privativas y que la decisión de la Cámara está en infracción con el art. 56 de la ley 17.418, pues exige la notificación en término de la declinación de la cobertura por la aseguradora, requisito que no se encuentra acreditado. A ello agregan que la compañía de seguros reconoció las pólizas de incendio y de responsabilidad civil en relación al siniestro de marras y abonó las indemnizaciones respectivas, sin aducir el infraseguro sino que se limitó a la suma asegurada, como surge de las actas de las asambleas de copropietarios. Citan las causas C. 93.807; C. 101.875; C. 116.814; C. 116.915 y doctrina de autor en apoyo de sus posturas (v. fs. 4.545/4.546)
II.5. Por último, se agravian de la tasa de interés moratorio fijada en el 4% anual en razón de que viola la doctrina legal sentada en las causas C. 101.774; C. 104.237; C. 101.286; C. 99.196 y C. 107.157 (v. fs. 4.546 y vta.).
Apuntan que no resiste el menor análisis el fundamento de la Cámara de que se indemnizaría doblemente de fijarse una tasa distinta a la tasa pura cuando se cuantificaron valores actuales. Citan las causas Ac. 49.439; Ac. 49.441; Ac. 50.611; L. 94.446; L. 92.783 y C. 101.774 para sostener la aplicación de la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (v. fs. 4.547).
Advierten que no se han actualizado valores históricos sino que, al tratarse de una deuda de valor, su cuantificación se determina al momento de dictarse sentencia o al más cercano a ella (v. fs. 4.517 vta.).
III. El recurso prospera, con el siguiente alcance.
Ingresando al análisis de los agravios planteados, es necesario tener presente que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 110.709, "Troncoso", sent. de 15-XI-2017; C. 120.693, "Arias", sent. de 11-IV-018; e.o.).
III.1. Inician su impugnación agraviándose de la falta de responsabilidad del locatario, señor Napolitano. Es del caso señalar que los recurrentes no se hacen cargo del fundamento central de la decisión, esto es que el siniestro había comenzado en la unidad funcional que aquel ocupaba por la deficiente instalación eléctrica de ese inmueble, según el informe realizado por los bomberos (v. fs. 4.491/4.493).
Frente a ello los impugnantes presentan su propia versión de los hechos, fijando el marco del art. 1.113 del Código Civil por el que debía responder el inquilino como guardián de la cosa riesgosa y la existencia de un contrato de seguro de incendio tomado por el locatario en la aseguradora Mapfre.
Esta parcela de la impugnación no prospera, ya que los recurrentes reeditan ante esta sede los agravios expuestos en su memorial de apelación, como surge de su lectura a fs. 4.415 vta. hasta fs. 4.420, a los que la Cámara ha dado debida respuesta, insistiendo en el carácter de guardián que atribuyen al señor Napolitano para
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