Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74224
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.224, "Herrera Vegas, Josefina L. contra Municipalidad de Balcarce. Pretensión Declarativa de Certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Genoud , de Lázzari , Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación articulado por la Municipalidad de Balcarce; revocó el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 215 inc. "a" de la ordenanza fiscal 25/11 del municipio demandado y, consecuentemente, rechazó la demanda promovida por la señora Josefina Laura Herrera Vegas. Impuso las costas de ambas instancias a la actora, en su condición objetiva de vencida (conf. art. 51 inc. 1, CCA -texto según ley 14.437-; v. fs. 1.007/1.122).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.128/1.144), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 1.154 y vta.).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 1.160) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación articulado por la Municipalidad de Balcarce y revocó el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 215 inc. "a" de la ordenanza fiscal 25/11, por el que se estableció la tasa de conservación, reparación y mejoramiento de la red vial rural del partido de Balcarce, respecto de la actora, quien resulta propietaria del establecimiento "Los Nogales", con cuatro parcelas en el partido de Tandil y quince ubicadas en Balcarce, todas ellas contiguas.
I.1. Para así decidir, advirtió que el art. 214 y siguientes de la ordenanza fiscal 25/11, en lo que aquí interesa, prescriben: "Por la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales municipales se abonarán los importes que al efecto se establezcan" (art. 214, ord. cit., fs. 85), y que tales normas incluyen, entre los contribuyentes del tributo, a los titulares de los inmuebles (excepto los nudos propietarios), a los usufructuarios y a los poseedores a título de dueño, conforme los límites que determine la reglamentación (v. art. 215, ord. cit., fs. 86).
Tuvo por alcanzada a la actora en su calidad de propietaria del campo "Los Nogales" y, a fin de analizar si se perfeccionó a su respecto el hecho imponible de la tasa, sostuvo que más allá de lo argüido por el a quo con relación a que la vía de ingreso al predio se ubicaba en el partido de Tandil, lo cierto es que esta resulta ser una continuación de un camino que pertenece a la red vial del partido de Balcarce, cuyo tránsito y utilización es dable presumir para alcanzar el camino de acceso a la propiedad de la actora, máxime cuando este último conecta con rutas provinciales.
Señaló que el perito ingeniero civil Mario Oscar Deluca explicó -en lo que aquí interesa- que el camino IV (que usaría la actora, perteneciente al municipio de Tandil) sale del campo "Los Nogales" y conduce, en dirección noroeste, hacia el camino vecinal que viene de la ruta provincial 74 y llega hasta la ruta provincial 29, denominado por el experto como camino III (perteneciente justamente a la red vial de Balcarce, fs. 905 y plano adjunto, fs. 903). Y que, en su respuesta al pedido de explicaciones, el mentado profesional explicitó que el camino III corre paralelo al campo de la actora y que solo se puede acceder a él a través del camino IV que pasa frente al fundo, agregando que "...la distancia a recorrer por el camino IV hasta llegar al camino III; saliendo del campo por el único camino en condiciones de circular (Parcela 292 b) es de aproximadamente 5 kilómetros. El camino III [...] hacia la izquierda conduce a la R.P. N° 74 y hacia la derecha conduce a la R.P. N° 29..." (fs. 914 vta.).
Cotejó dicha información con lo que surge del plano agregado a fs. 903 y advirtió que si bien resulta exacto que se ingresa al campo de la actora por el camino IV ubicado en el partido de Tandil, ninguna duda cabe respecto a que, hacia el noroeste, aquel únicamente empalma con el camino III, que se extiende no solo en el territorio de ese partido, sino que también se prolonga -en su mayor longitud- por el de Balcarce. Consideró que ello proporciona a la actora la posibilidad de que, a través de dicho camino rural municipal, su fundo se conecte -por el trayecto más corto- con una de las rutas que integra la red vial provincial (esto es, la RP 29), transitando parcialmente por caminos situados en el partido de Balcarce (v. informe elaborado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Balcarce, fs. 1.024/1.025).
Entendió que no se presenta para la actora ninguna situación excluyente de la obligación de tributar la tasa cuestionada. Señaló que no se encuentra en tela de juicio que la comuna de Balcarce preste el servicio de manutención y conservación de aquella parte del camino III que integra su red vial municipal (v. fs. 94 vta. y 936) y que para llegar al camino de acceso a su predio la actora puede utilizar ese camino emplazado en el partido de Balcarce que conecta con la red vial provincial.
Indicó que no resulta lógico suponer -como lo hizo el señor juez de la instancia- que para acceder a su campo la propietaria del inmueble solo hace uso de la red vial rural perteneciente al partido de Tandil y no utiliza aquel camino que, correspondiendo al municipio de Balcarce, se ubica paralelo a su propiedad y se conecta directamente con la única vía de ingreso a su establecimiento; lo que -estimó- pone al descubierto que no resulta exacto lo afirmado por la actora en la demanda para eximirse del pago de la tasa en cuestión, en cuanto alegó que "...no existe camino rural que conecte [su] propiedad con el partido de Balcarce..." (fs. 94 vta.), cuando en rigor de verdad las constancias de la causa demuestran la inmediata vinculación que su establecimiento rural posee con la red vial de Balcarce y, a través de esta, con la ruta provincial 29. Circunstancia que -afirmó- atenta contra la pretensión de tributar exclusivamente respecto del camino de dominio público comunal lindante con la porción del campo de la actora sito en el partido de Tandil.
A mayor abundamiento, señaló que la única posibilidad que posee un fundo rural de no ser alcanzado por tasas de mantenimiento y conservación de caminos vecinales -similares a la analizada en este pleito- radicaría en la cabal y suficiente demostración por parte interesada de que el acceso principal, exclusivo y directo al inmueble tenga lugar desde una ruta nacional o provincial. Por el contrario, en todos aquellos casos en que el uso efectivo o potencial de caminos bajo mantenimiento y conservación municipal permitiera la conexión de una parcela rural con la red troncal vial nacional o provincial, el pago de tasas como la aquí analizada podría ser reclamada cuando no se cuestionara o se probase la efectiva prestación de las faenas de manutención y preservación de la red municipal, por parte de la comuna que se dice acreedora de la gabela.
Por ello se revocó la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 215 inc. "a" de la ordenanza fiscal 25/11.
I.2. A continuación y a fin de dar cumplimiento a los postulados de la figura de la adhesión implícita a la apelación, la Cámara abordó el planteo efectuado de modo subsidiario por la parte actora, en virtud del cual denuncia que la tasa en cuestión viola principios constitucionales vigentes en materia tributaria, en tanto -a su modo de ver- su monto resulta "irrazonable" y no guarda adecuada proporción con el costo del servicio, lo que tergiversa su naturaleza jurídica para transformarla en un impuesto, al resultar establecida en función de la capacidad contributiva del sujeto alcanzado, esto es, atendiendo a la mayor o menor cantidad de hectáreas que posee su propiedad (v. capítulo VI, pto. 6.3.3., fs. 95 vta. y 96).
Recordó que la Corte Suprema nacional ha considerado equitativo y aceptable que, para fijar la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos, se tome en cuenta no solo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente, sino también la capacidad tributaria de éstos (CSJN Fallos: 192:139), a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del servicio público.
Asimismo señaló que esta Suprema Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que la sola razón de medirse en base a la cantidad de tierra propiedad del contribuyente no transforma a la tasa en un impuesto, desde que ambos tributos se diferencian en cuanto al presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigirlo: la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado, en el caso de la tasa, y el hallarse en una de las situaciones consideradas por la ley como hecho imponible, en el caso del impuesto.
Indicó que, en la especie, resulta indudable que el gravamen en cuestión halla su fundamento en la prestación de un servicio: el de conservación, reparación y mejoramiento de la red vial, teniendo en consideración el número de hectáreas pertenecientes al contribuyente (arg. art. 216, ord. fiscal 25/11), es decir, la capacidad contributiva del obligado, criterio que -señaló- es aceptado por la doctrina legal actual.
Consideró que tampoco puede predicarse la ilegitimidad de la tasa en razón de que el monto a pagar no coincide exactamente con el costo del servicio, toda vez que este Tribunal ha dicho que no existe norma constitucional o legal que obligue a que las tasas exhiban una proporcionalidad estricta entre el costo del servicio y el monto del gravamen, ya que mediante lo que se percibe no debe atenderse únicamente a los gastos de las oficinas que lo prestan, debido a que tanto la existencia de estas como el cumplimiento de sus fines dependen de la total organización municipal, cuyas erogaciones generales deben incidir en las prestaciones particulares en una medida cuya determinación es cuestión propia de la política financiera, salvo demostrada falta de razonabilidad o patente y abusiva desproporción.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia violación de la doctrina legal aplicable en materia de tasas. También tacha de inconstitucional la base imponible tomada para calcular el monto del tributo.
II.1. Sostiene que para que proceda el cobro de la tasa debe darse una vinculación directa, inmediata y un beneficio real entre el contribuyente y el servicio desplegado por el Estado, el que debe ser concreto, efectivo e individualizado, sobre algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente.
Aduce que la propia Cámara reconoció expresamente que el camino de acceso a su predio se encuentra radicado y pertenece al partido de Tandil, como también, que no existe ningún otro correspondiente a Balcarce que vincule directamente su estancia con la red vial de la demandada y que el que sí corresponde a esta última (camino III) se conecta con el camino de Tandil (camino IV), único con acceso a "Los Nogales".
Señala que ello surge de la prueba pericial obrante a fs. 914, la que muestra que solamente se puede acceder al camino III a través del IV (el que tiene acceso a la parcela 292 b del campo, la que se encuentra ubicada en su totalidad en el partido de Tandil), lo que confirma que el camino III no tiene acceso directo.
Agrega que el camino IV no solo se conecta con el camino III, sino que por el otro extremo tiene salida hacia el sudeste por el partido de Tandil, empalmando luego con la ruta 226, lo que echaría por tierra la presunción de uso de la vía rural perteneciente al partido de Balcarce.
Por lo expuesto concluye que la sentencia recurrida, sin perjuicio de la doctrina legal que cita, finalmente termina por desconocerla al pretender que se abone la tasa en cuestión sin que exista vinculación alguna entre el servicio supuestamente prestado por el municipio y el bien, utilizando como único justificativo el hecho de que el camino IV (de Tandil) se conecta en uno solo de sus extremos con la vía rural de Balcarce.
Cita causas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se estableció que la tasa difiere del impuesto en cuanto al presupuesto de hecho adoptado, puesto que aquella consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general.
Con ello sostiene que ningún servicio concreto puede brindarse (y por ende ningún beneficio particular puede obtener) si no existe camino rural que conecte su propiedad con el partido de Balcarce, sobre el cual se brinden los servicios enunciados en la descripción de la prestación propia de la tasa, existiendo una imposibilidad fáctica y jurídica para atribuir la obligación de pago.
Aduce que tampoco resultaría legítima a la luz de la doctrina de la potencialidad de la tasa, por cuanto para su aplicación se requiere la existencia de un camino que conecte el predio con la red vial municipal.
II.2. Subsidiariamente plantea la inconstitucionalidad de la metodología de cálculo empleada para determinar la tasa, en tanto no respeta la debida proporcionalidad y razonabilidad que debe existir con los costos directos e indirectos necesarios para solventar los servicios comprendidos dentro de la tasa en cuestión.
Sostiene que no resulta razonable que, debiendo retribuir el costo de un servicio prestado, tome como base imponible el número de hectáreas, desvinculándose del requisito de adecuada proporción entre el monto y el costo del servicio.
Con ello atribuye inconstitucionalidad a la ordenanza fiscal en tanto pretende establecer la retribución de la tasa en función de la capacidad contributiva de los ciudadanos del partido de Balcarce, pese a que -en su visión- la utilización de este parámetro solo resulta viable en el establecimiento de las bases imponibles para determinar impuestos.
Aduce que lo anterior guarda íntima relación con la ausencia de prestación de servicio que justifique la imposición de la tasa, en tanto "...a fin de lograr una adecuada cuantificación el servicio por el cual se aplica la tasa debe ser divisible, es decir, susceptible de dividirse en forma de poder individualizar a quienes reciben las prestaciones..."; habiendo establecido la Corte nacional que corresponde a la Municipalidad probar la existencia del servicio y la razonable proporción entre este y la retribución a cargo del contribuyente.
III. El recurso no prospera.
III.1. La recurrente se queja de la conclusión a la que arriba el Tribunal de Alzada, sosteniendo que vulnera la doctrina legal de esta Corte -que citó la propia sentencia recurrida-, en tanto de la valoración de la prueba rendida no surge la "conexidad inmediata" entre su predio y la vía rural municipal, que habilite el cobro de la tasa.
Específicamente señala que de la prueba pericial producida en autos no emerge la presunción de uso del camino III para acceder a las rutas provinciales, indicando que, por el contrario, quedó acreditado que no utiliza dicha vía. Con ello limita su argumentación a discrepar con las conclusiones del tribunal a quo , manifestando que la vía rural de Balcarce se conecta solo a un extremo del camino IV (único con acceso a su campo) y que no lo utiliza porque, por el otro extremo de este último camino, tiene acceso a la ruta 226.
De los agravios expuestos se colige que la actora pretende liberarse del pago de la tasa por la única circunstancia de optar por la utilización de un camino alternativo, circunstancia esta que no la excluye de abonar el tributo objeto de autos.
III.2. El ordenamiento constitucional y legal de la Provincia de Buenos Aires confiere a los municipios potestades para disciplinar variados aspectos -incluido el tributario-, siempre en el interés general de la comunidad local.
Así, el análisis de las cuestiones debatidas en autos no puede desentenderse de lo dispuesto por la Constitución provincial, las leyes dictadas en su consecuencia y las ordenanzas municipales sancionadas en ejercicio de la autonomía municipal (conf. arts. 1, 5, 121 y 123, Const. nac. y 1, Const. prov.).
En el derecho público de la Provincia son "...atribuciones inherentes al régimen municipal [...] La administración de los intereses y servicios locales..." (arts. 190 y 191, Const. prov.), confiriéndose a las municipalidades la potestad de dictar "...ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6, Const. cit.) que comprenden, entre otras materias, la creación de los tributos necesarios para financiar el presupuesto (art. 192 inc. 5, Const. cit.), entre los que la Constitución incluye, expresamente, a los "...impuestos o contribuciones de mejoras..." (art. 193 inc. 2, Const. cit.).
La Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58, con múltiples reformas), en sentido coincidente, reconoce los poderes locales para crear "...impuestos, tasas, derechos [...] contribuciones...", consagrando un conjunto de normas que, al decir de esta Suprema Corte, no revisten el carácter de enunciados taxativos (arts. 226 y 227, LOM; doctr. causa I. 1.992, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 7-III-2005 y sus citas).
De todo ello se sigue que mientras el ejercicio del poder de policía local y la imposición de gravámenes por los servicios municipales prestados en tal marco no importe un inconciliable contradicción, una "franca oposición" (CSJN Fallos: 320:619) con aquellas otras atribuciones o poderes en cabeza del Estado provincial que recaigan sobre una misma actividad, no puede predicarse la interdicción absoluta de las pretensiones tributarias comunales (conf. causa I. 1.992, cit.; mis votos en causas B. 61.397, "Sociedad Española de Socorros mutuos de Tres Arroyos", sent. de 8-VII-2008 y B. 65.396, "Esso Petrolera", sent. de 22-VI-2016).
En lo atinente a las tasas como especie de los tributos, su nota distintiva radica en la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público (conf. causa B. 49.948, "Marina del Sur S.A.", sent. de 16-V-1989; entre muchas otras). En particular, constituye una tasa el gravamen que halla su fundamento en la prestación -se insiste: efectiva o potencial- del servicio de conservación, reparación y mejorado de la red vial, teniendo en consideración la suma de superficie de los inmuebles rurales pertenecientes a un mismo contribuyente (conf. causa I. 1.588, "Amacri S.A.", sent. de 7-III-2001).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación específicamente indicó respecto a la mentada potencialidad del servicio -que señala como inaplicable la recurrente-, que se vincula con la negativa y aun con la resistencia del sujeto pasivo a recibir el servicio del municipio -en el caso de autos, aprovechar el servicio de mantenimiento de vías rurales-, quien deberá abonar la tasa siempre que se encuentre comprendido en la descripción del hecho imponible, sin poder rehusarse bajo el argumento de que resigna los beneficios que tal prestación pudiera significarle, ya que el servicio tiene en mira el interés general (CSJN Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332:1503; e.o.).
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