Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64437
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.437, "El Descanso S.R.L. contra Municipalidad de Quilmes. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Pettigiani.
I. La empresa El Descanso S.R.L., mediante apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Quilmes con el objeto de que este Tribunal deje sin efecto la denegatoria tácita por retardación producida por la mencionada comuna, en virtud de la ausencia de respuesta al recurso de revocatoria oportunamente incoado contra el decreto 2.046/01, y de los sucesivos escritos de "pronto despacho" presentados.
Asimismo, solicita que se ordene al municipio el pago de los legítimos créditos que le pertenecen por la suma de $247.225, con más los accesorios pertinentes por mora y los daños y perjuicios irrogados, desde el devengamiento efectivo de la suma adeudada en concepto de facturas impagas por la provisión de bienes y servicios a agentes de la comuna demandada.
Manifiesta que explotaba un comercio de estación de servicio, venta de repuestos y accesorios, situado en la calle Mitre n° 1749 de la ciudad de Quilmes, concesión otorgada por YPF hasta el año 2007. En tal contexto, continúa, se estableció una relación comercial con la Municipalidad de Quilmes que se desenvolvía a través de una operatoria descripta en el mercado como "contra culata de camión". Esto significaba que el pago del producto adquirido debía efectuarse previo al momento en que el camión cisterna lo descargue en la boca de expendio, pago que debe hacerse con cheque al día y sobre cuenta bancaria cuyo titular directo resulte ser el explotador de la boca abastecida. Como consecuencia de lo cual, agrega, en esta modalidad la financiación de los productos es soportada total y únicamente por el expendedor, y a su riesgo absoluto.
Sostiene que, en el caso de marras, la actora abonó pues, de contado e íntegramente el combustible que le entregó durante largos períodos al municipio, y nunca pudo cobrar el reembolso de tales sumas, por lo que debió reponer los productos con sus propias reservas financieras, situación que agotó su dinero y luego el propio capital de trabajo que poseía, llegando finalmente el momento en que no pudo sostenerse más económicamente y devino el cese definitivo de actividades, viéndose en la necesidad de transferir el fondo de comercio de la estación de servicio y su contrato con YPF S.A.
Asegura que en el año 1993 se firmó un convenio de cooperación institucional entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Quilmes, con la consiguiente convalidación a través de la ordenanza municipal 7.013/93 y la promulgación mediante el decreto 2.876/93, mediante el cual se implementaba el llamado "Plan Patrullas Bonaerenses", y en el se comprometió la Municipalidad de Quilmes a solventar los gastos que originara el funcionamiento de los medios provistos por la Policía provincial para emplear en el programa de seguridad comunal, teniendo específicamente a cargo el pago de combustible, mantenimiento y reparación de automóviles y gastos generales de provisión de útiles y papelería (cfr. art. 5).
En el marco de dicho convenio, aduna, es que la actora comenzó a proveer en el año 1997 de combustibles, lubricantes y otros servicios de mantenimiento del automotor a los móviles de la Policía Departamental correspondientes a la zona, dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comando de Patrullas Bonaerenses de Quilmes, y también a ambulancias, automotores y otros vehículos asignados a distintas dependencias de la comuna.
Afirma que durante el año 1997 el contrato se desarrolló de manera normal, de forma tal que al presentarse agentes policiales y/o municipales con sus vehículos a cargar combustible o efectuar reparaciones, las tareas eran desempeñadas por empleados de El Descanso S.R.L., detallando las labores efectuadas en remitos, que eran luego firmados por los agentes. El procedimiento subsiguiente consistía en que dichos remitos eran presentados a la Municipalidad junto con la factura, y esta emitía entonces la correspondiente orden de compra.
Desde el año 1998, reseña, comenzaron los problemas de pago, con demoras y falta de pago de facturas en tiempo y forma, período durante el cual, sin embargo, se siguieron satisfaciendo las demandas de los agentes comunales hasta que, por los motivos anotados, la empresa debió cesar con la provisión por imposibilidad económica.
Como consecuencia de la mora en el pago, asegura, se remitió con fecha 27 de abril de 1999 una carta documento al señor Intendente municipal intimando al pago de las sumas adeudadas ($247.225), reiterándose el reclamo por carta documento del 31 de mayo del mismo año.
Asimismo, se efectuó un reclamo administrativo ante la Municipalidad de Quilmes, con fecha 10 de septiembre de 1999, que dio origen al expediente administrativo 4091-15614-E/99 y, con posterioridad otro con fecha 28 de septiembre de 2000, que generara el expediente 4091-20983/E/2000, en el cual se ofrece producir prueba y se reclaman los daños y perjuicios ocasionados.
Ante la ausencia de respuesta, continúa, se presentaron sendos reclamos de "pronto despacho" con fecha 23 de octubre de 2000 y 12 de junio de 2001, con lo que finalmente se dictó el decreto 2.046/01, mediante el cual -previo dictamen de la asesoría letrada en el cual se hacía constar la falta de acreditaciones de los servicios prestados- el señor Intendente municipal de Quilmes denegó el pedido.
Presentado el recurso de revocatoria correspondiente, continúa, el mismo jamás fue resuelto por la demandada, circunstancia que según su criterio habilita la configuración de un caso de silencio administrativo y deja expedita la vía contencioso administrativa ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos de los arts. 77 y 79 de la ordenanza general 267/80.
Finalmente, solicita el pago de los daños y perjuicios generados por la ilegitimidad y malicia de la conducta administrativa de la demandada, así como la declaración de nulidad del decreto 2.046/01.
Ofrece prueba documental, informativa, pericial contable y testimonial.
Peticiona la citación de tercero vinculado a la Provincia de Buenos Aires, fundado en los arts. 25 de la ley 2.961 y 94 del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto habría sido beneficiada sustantivamente de las prestaciones realizadas por la actora para el cumplimiento de actividades públicas de prevención y seguridad, generando un típico supuesto de enriquecimiento sin causa.
Funda su derecho en los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 y 166 de la Constitución provincial; la ordenanza general 267/80; el decreto ley 6.769/58; el reglamento de contabilidad y la ley 12.008 y modificatorias.
Hace planteo del caso federal y solicita el pago de las costas del juicio por orden de la demandada, atento a la notoria temeridad de su conducta administrativa.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Municipalidad de Quilmes, sosteniendo la legitimidad del actuar estatal y el total rechazo de la pretensión incoada.
Procede a efectuar una negativa general y otra particular de los diferentes puntos afirmados en la demanda.
Ofrece prueba documental, informativa y de absolución de posiciones. Adhiere a la prueba pericial, testimonial y a la citación como tercero obligado de la Provincia de Buenos Aires, en los términos indicados por la actora.
III. En función de lo resuelto a fs. 674 por el Tribunal, se citó en calidad de tercero obligado a la Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial, para que comparezca a estar a derecho en el término de cuarenta y cinco días, bajo apercibimiento de extender a su respecto los efectos de la cosa juzgada (cfr. art. 11, ley 12.008).
Al presentarse, la Provincia manifiesta que la demanda resulta inatendible en relación a su parte, en virtud de que el vínculo contractual que definió los hechos del caso se dio entre la Municipalidad de Quilmes y la parte actora, sin que la Provincia de Buenos Aires hubiera intervenido de modo alguno en las eventuales obligaciones que a partir del mismo se generaran conforme los arts. 1.195 y 1.199 del Código Civil, por entonces vigente, los cuales claramente establecen la imposibilidad de que los contratos generen obligaciones legales más allá de las partes intervinientes.
Destaca que las afirmaciones efectuadas en la propia demanda dan cuenta de su ajenidad a la relación jurídica sustancial, puesto que las facturas siempre se hicieron a nombre de la comuna, y el acuse de incumplimiento contractual se ha dado, asimismo, en su persona jurídica. Circunstancia que -agrega- se encuentra convalidada y confirmada por las constancias de las actuaciones administrativas iniciadas previamente.
Sostiene que también resulta inaplicable a su respecto la doctrina del enriquecimiento sin causa por varias razones. Así, explica que, de un lado, en autos no aparece en esencia controvertida la existencia del mencionado vínculo contractual con la Municipalidad; y luego, porque la propia Provincia no se ha visto efectivamente enriquecida a causa del suministro provisto por la actora, sino que los beneficios han sido gozados -en todo caso- por la Municipalidad de Quilmes, tal como expresamente lo manifiesta la empresa demandante al explicitar que la provisión de suministros habría sido dada a "ambulancias, automotores y otros vehículos asignados a distintos organismos autárquicos de la comuna" (sic. fs. 689, con cita de fs. 3 del sub lite ), como asimismo de los vehículos del comando bonaerense de patrullas "asignados a la zona".
De conformidad con la carga establecida en el art. 37 del Código Contencioso Administrativo, desconoce toda circunstancia de hecho que no hubiere sido expresamente reconocida.
Por último, impugna los rubros económicos reclamados en cuanto ellos superarían, eventualmente, el propio monto del supuesto enriquecimiento sin causa ($247.225), en particular las sumas imputadas a la pérdida del fondo de comercio de la actora. Agrega que considera improcedente la actualización monetaria sobre los montos peticionados, en los términos de la ley 25.261.
Ofrece prueba instrumental y plantea el caso federal.
IV. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, producida la restante prueba, glosados los alegatos de las partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. De las actuaciones administrativas agregadas a la causa sin acumular, se extraen las siguientes constancias útiles para arribar a una conclusión acerca de la pretensión incoada:
I.1. A fs. 1 del expediente administrativo 4091-6716-E/99 (agregado en fotocopias certificadas) consta un reclamo administrativo de fecha 27 de abril de 1999 mediante carta documento de la empresa "El Descanso S.R.L", por la suma de $247.225, en concepto de deuda por la provisión de combustibles, lubricantes y servicios de reparación y mantenimiento de vehículos efectuados a la patrulla bonaerense de la policía, con funciones en la Municipalidad de Quilmes, por cuenta y orden de la citada comuna, conforme notas y órdenes de servicio emitidos y oportunamente firmados y sellados por funcionarios municipales y policiales.
I.2. Remitidas las actuaciones a las oficinas técnicas administrativas, estas si bien reconocen el método de contratación y pago de otros servicios con la empresa demandante, habiéndose emitidos órdenes de pago n° 2653, 2719, 2717, 2835, 2834, 2771 y 2772, aducen no tener registro concreto de las solicitadas en la carta documento remitida (v. fs. 13/20, expte. cit.). Por lo que, finalmente, la Secretaria de Hacienda comunal contesta la requisitoria estimando que "no obran antecedentes ni documentación alguna que avale lo expuesto precedentemente, por lo tanto se solicita nos haga llegar toda documentación obrante en su poder, por la suma manifestada, a fin de proceder a su análisis" (sic. fs. 20).
I.3. Por expediente administrativo 4091-20983/E/2000, se tramitó el reclamo administrativo iniciado por la empresa El Descanso S.R.L. con fecha 28 de septiembre de 2000, por la suma de $1.507.225, en concepto de deudas por suministros y servicios brindados a la policía departamental desde mediados del año 1997, ejecutados por cuenta y orden de la Municipalidad de Quilmes (v. fs. 1/5). Allí aseguró que el agente municipal José Volpe, legajo n° 10.386, era el coordinador del servicio y quien verificaba el lugar de la provisión de suministros y que luego certificaba ante la comuna la recepción de mercaderías y servicios prestados. Luego, continúa, el trámite seguía con la intervención del Secretario de Gobierno municipal, señor Eduardo Schiavo y el Secretario de Hacienda, señor Rubén García, tras lo cual se emitían las correspondientes órdenes de pago. En el mismo escrito, la actora aseguró haber agregado las copias de la documentación requerida anteriormente por la Secretaría de Hacienda, al momento de hacer el previo reclamo del 27 de abril de 1999, el día 20 de octubre de aquel mismo año.
I.4. A fs. 20/27 del último expediente citado, consta copia certificada del contrato celebrado entre la firma El Descanso S.R.L. e YPF S.A. para la comercialización de lubricantes y combustibles, por el término de doce años, con fecha 25 de abril de 1995.
I.5. A fs. 33/519 constan diversas requisitorias de funcionarios policiales (cabo primero, señor Ricardo Aníbal Silva o comisario, señor Omar Edgardo Córdoba) durante el año 1998, autorizando al portador a realizar reparaciones de vehículos oficiales o bien, cargar combustible o lubricantes en la Estación El Descanso S.R.L. También obran "comprobantes" o remitos de la firma actora individualizando productos o servicios provistos, pero sin monto preciso.
I.6. Con fecha 10 de septiembre de 1999, la empresa actora intimó a la comuna de Quilmes al pago de la suma reclamada por provisión de combustibles, lubricantes y servicios de reparación y mantenimiento efectuados en unidades de la patrulla bonaerense por cuenta y orden del municipio, bajo apercibimiento de -en caso contrario- iniciar las acciones legales pertinentes (v. fs. 1, expte. adm. 4091-15614/E/99).
I.7. A fs. 3 del último expediente administrativo mencionado, se expide la División Liquidación de Gastos de la Municipalidad de Quilmes, expresando que no existen documentos pendientes a esa fecha que permitan el pago de los conceptos reclamados a favor de la firma El Descanso S.R.L. Tras lo cual, se elevan las actuaciones a la Contaduría General (v. informe de fecha 16 de septiembre de 1999).
I.8. Por alcance n° 1 de las mismas actuaciones administrativas, tramitó la presentación de documentación respaldatoria aportada por la firma actora, con fecha 27 de octubre de 1999. Se destaca a fs. 1/7 una planilla donde se indican los distintos servicios prestados, el detalle de cantidad y precio, así como el funcionario autorizante y el número de móvil asignado. A fs. 8/190, obran asimismo copias simples de diferentes comprobantes y remitos confeccionados por la actora en cada oportunidad por los agentes de la planta durante el año 1998.
II. La cuestión a resolver consiste, entonces, en decidir si asiste razón a la parte actora en su pretensión de cobro de bienes y servicios presuntamente provistos y prestados a la Municipalidad de Quilmes, durante un período no determinado con precisión entre los años 1997 y 1998.
II.1. Tal circunstancia resulta de trascendencia pues la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia (cfr. doctr. causas B. 64.579, "Cooperativa Integral de Servicios Públicos de González Catán", sent. de 20-XII-2017 y B. 64.090, "Loray", sent. de 8-V-2019).
II.2. A los efectos de dirimir la cuestión debatida en autos, debe acudirse a las normas sobre contrataciones vigentes en la Municipalidad de Quilmes, esto es las contenidas en los arts. 193 inc. 7 de la Constitución provincial; 151 a 156 de la ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6.769/58-; 31, 156 y siguientes, 197 y siguientes del reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por Acuerdo del Tribunal de Cuentas de fecha 23 de octubre de 1991.
Dicha normativa establece como regla para la selección del contratista, los procedimientos de licitación (pública o privada) o concurso de precios y como excepción la contratación directa (arts. 151, 156, LOM y 161, reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires). A su vez, el art. 198 del reglamento citado, expresa que el expediente del llamado a licitación deberá contener un decreto del Departamento Ejecutivo disponiendo los detalles del llamado, la necesidad de la inscripción en un Registro Especial y la documentación completa de las propuestas recibidas. Tal como quedó visto, en autos no existió contrato alguno entre las partes y, aún, de la prueba rendida en autos tampoco se extrae que hayan mediado las razones excepcionales que prevén el mecanismo residual de la contratación directa.
II.3. Ante la falta de formalización de la contratación y como etapa ineludible y previa al reconocimiento de cualquier tipo de derecho pecuniario frente a la Administración comunal, es menester haber realizado la tramitación idónea para acreditar la efectiva prestación del o los servicios cuyo pago se reclama.
En oportunidad de sentenciar la causa B. 63.951, "T.C. Haedo S.R.L.", sentencia de 3-XII-2008, este Tribunal determinó que las supuestas prestaciones que habrían originado el crédito reclamado por la actora en aquella oportunidad se habían cumplido al margen de los procedimientos en vigor para las contrataciones administrativas en el ámbito provincial.
Sin embargo, se dejó aclarado que, para que dichas prestaciones fuesen tratadas como "legítimo abono", resultaba indispensable que se encontrase plenamente acreditada la recepción por parte de la Administración -a quien se sindicaba como comitente- de los servicios que se decía haber prestado a su solicitud.
En igual sentido, la Corte Suprema de la Nación en la causa "Sciammarella, Romeo", sentencia de 4-VIII-2009, ha reiterado que "la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimiento de contratación". Y que "la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia" (Fallos: 323:3924 y sus citas).
En consecuencia y como contrapartida, debe emplearse un criterio muy estricto a la hora de analizar y, en su caso, admitir reclamos basados en la realización de prestaciones efectuadas al margen de los procedimientos reglados de la contratación administrativa, práctica usualmente escudada bajo el concepto de "legítimo abono", de modo de no trocar en regla aquello que, por esencia, debe ser un temperamento de excepción y para evitar la convalidación de hechos consumados al margen de la juridicidad, normalmente asocia
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