Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63820
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.820, "Telefónica de Argentina SA contra Municipalidad de Junín. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan , Soria, Pettigiani.
I. Telefónica de Argentina SA, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Junín y solicita se declare la nulidad de las resoluciones municipales dictadas con fecha 18 de octubre y 14 de diciembre de 2001, en el expediente administrativo 37.103/99, y de la ordenanza 4.068/00.
Por el primero de los mencionados actos se aplicó una multa a la empresa accionante con fundamento en el art. 6 de la aludida ordenanza. La resolución de fecha 14 de diciembre de 2001 desestimó el recurso de revocatoria deducido contra la anterior.
Por consecuencia de la nulidad reclamada, pide se deje sin efecto la multa aplicada.
Asimismo, solicita el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de la ordenanza 4.068/00 y de las resoluciones impugnadas.
Por último, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, a través de su representante, se presenta a juicio la Municipalidad de Junín, contesta la demanda, sostiene la legitimidad de los actos cuestionados y solicita el rechazo de la acción (v. fs. 222/226).
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
III. Agregadas las actuaciones administrativas (v. fs. 156/220) y el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 273/462); glosado el alegato presentado por la parte actora (v. fs. 456/468), declarado por perdido a la demandada el derecho que tenía de alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 469), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Relata la actora que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Junín, a través de las ordenanzas 1.816 y 1.821, otorgó a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) permiso de uso gratuito y sin límite de tiempo de una superficie de veinticinco metros por sesenta metros, correspondiente a un predio municipal, para ser destinado a una estación radioeléctrica.
Agrega que, en virtud del proceso de privatización del servicio público de telecomunicaciones, obtuvo la correspondiente licencia para la prestación del servicio en virtud del decreto PEN 2.332/90 y el 8 de noviembre de 1990 tomó posesión de los bienes y demás activos afectados al mencionado servicio, los que le fueron transferidos por el Estado nacional y la ex ENTel. Señala que tales activos comprendieron la infraestructura involucrada en las presentes actuaciones y el derecho de uso gratuito y sin límite de tiempo del mencionado predio para el emplazamiento de la estación radioeléctrica.
Continúa narrando que el 29 de abril de 1998 el Intendente municipal intimó el retiro de las antenas torre emplazadas en el mencionado inmueble, requerimiento que refiere haber rechazado por carta documento de fecha 12 de mayo de 1998.
Agrega que el 6 de julio de 2001 la Municipalidad de Junín volvió a intimar la restitución del inmueble antes indicado, con apercibimiento de aplicar la multa correspondiente e iniciar acciones de desalojo.
Refiere que el 29 de octubre de 2001 el Director de Rentas municipal notificó la resolución del Secretario de Economía y Hacienda de fecha 18 de octubre de 2001 e intimó el pago de la multa de $38.272 liquidada de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza 4.068/00.
Señala que esta decisión fue confirmada por resolución de fecha 14 de diciembre de 2001 que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la interesada contra la anterior.
Postula que los actos cuestionados y la ordenanza municipal 4.068, en que aquellos se sustentan, vulneran su derecho subjetivo de carácter administrativo al desconocer el permiso de uso gratuito otorgado por la comuna demandada por tiempo indeterminado para el emplazamiento de instalaciones afectadas a la prestación del servicio público de telecomunicaciones.
Asevera que, en caso que los actos impugnados no sean revocados, el municipio deberá indemnizarla por la afectación de sus derechos adquiridos. Agrega que la instalación del equipamiento en el predio en cuestión no es caprichosa ni arbitraria, sino que responde a una planificación previa. Dice que los costos que genere este traslado, en su caso, deberían ser solventados por la comuna por ser la causante de la afectación de sus derechos patrimoniales. Asimismo, manifiesta que la remoción de las referidas instalaciones acarrearía un grave perjuicio al servicio de telecomunicaciones al no permitir la comunicación de los vecinos del lugar con personas situadas fuera del territorio de la comuna.
Alega que los actos impugnados carecen de motivación en tanto no han variado las condiciones evaluadas en su momento por la autoridad administrativa para la concesión de este permiso y el único sustento de dicha ordenanza es el nuevo Código de Ordenamiento Territorial que, según dice, no debe aplicarse en forma retroactiva. Afirma que este nuevo régimen no puede afectar derechos amparados por el vigente al momento de su constitución.
Sostiene que con tal accionar la comuna vulnera la doctrina de los propios actos.
A su vez, afirma que la pretensión municipal resulta violatoria de las normas que regulan el servicio público de telecomunicaciones y, en consecuencia, afecta su normal prestación.
Dice que la multa impuesta reviste naturaleza penal. Con base en ello, postula que para su imposición deben aplicarse los principios que rigen en esa materia y debe procederse de conformidad con lo dispuesto por el régimen de faltas y contravenciones vigente. Alega, además, que fue aplicada por un funcionario incompetente.
Además, aduce que se afectó su derecho al debido procedimiento adjetivo y el ejercicio de su defensa. Precisa que no se le dio oportunidad de formular previamente su descargo ante los organismos con competencia en la materia.
Razona que al no resultar acreditada en las actuaciones administrativas ninguna circunstancia o indicio que permita atribuirle responsabilidad penal a título de dolo o culpa, deviene improcedente la aplicación de la sanción cuestionada. Apunta que la responsabilidad penal requiere necesariamente la presencia del elemento subjetivo, no admitiendo el carácter objetivo.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Junín niega que Telefónica de Argentina SA posea un derecho subjetivo de carácter administrativo al uso del predio al que refiere la presente acción.
Afirma que el permiso de uso otorgado por las ordenanzas 1.818 y 1.821 del año 1979 es de carácter precario, no genera un derecho subjetivo administrativo ni de propiedad, por lo que postula que puede ser extinguido en cualquier momento por la Administración Pública sin que ello acarree derecho a resarcimiento para el permisionario.
Agrega que, en el caso de autos, en el expediente 4.059-3151/99, con fecha 22 de mayo de 2000, el Concejo Deliberante de Junín, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sancionó la ordenanza 4.068 derogando sus similares 1.818 y 1.821 de 1979. Apunta que esta decisión se fundó en las disposiciones del entonces nuevo Código de Ordenamiento Territorial que prohibió la instalación de antenas de todo tipo en dicha zona. Pone de resalto que esta ordenanza le otorgó un plazo de ocho meses para la restitución del bien y traslado del equipamiento a otro sitio autorizado por dicho cuerpo legal. Niega que ello pueda interpretarse como interferencia en la prestación del servicio.
Rechaza que exista contradicción en la actuación del municipio.
Refuta que la comuna haya vulnerado el principio de supremacía normativa. Alega que la Constitución nacional consagra la autonomía municipal (art. 5) y en ejercicio de sus atribuciones, en especial del art. 123 de la Constitución nacional y de los decretos leyes 8.912/77 y 6.769/58, la Municipalidad de Junín posee competencia a efectos del planeamiento y uso de su suelo.
En tal marco, explica que ella sancionó el Código de Ordenamiento Territorial que, para la Zona Rm3 prohíbe la instalación de antenas de cualquier tipo.
Niega que las empresas prestadoras de servicios públicos estén exentas de cumplir las normas de urbanismo y medio ambiente y que no deban soportar restricciones que éstas establecen. Apunta que están encaminadas al cumplimiento de fines superiores que hacen al bienestar general de la población.
Asevera que la procedencia de la pretensión de la actora implicaría el avasallamiento de la autonomía municipal en violación de los principios consagrados en la Constitución nacional y provincial.
Por último, niega que la multa haya sido aplicada por un funcionario incompetente o que la actuación comunal haya afectado el ejercicio del derecho de defensa de la actora y el debido proceso adjetivo.
III. De la prueba producida resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de autos:
III.1. Copia certificada del expediente administrativo n° 4.059-3151/99 sobre permiso de uso estación radioenlace Junín Repetidora Provincia de Buenos Aires
III.1.a. Nota de fecha 12 de noviembre de 1999 dirigida por Telefónica de Argentina SA (ex Telefónica) al Intendente de Junín a través de la cual solicita autorización para el desmonte de la estructura existente y el emplazamiento de un nuevo mástil sostén de antenas de 110 metros de altura, la construcción de seis anclajes de sujeción y el correspondiente sobrevuelo aéreo de haces de riendas (v. fs. 157/158).
III.1.b. Ordenanza 1.816/78 dictada el 7 de febrero de 1978, a través de la cual el Concejo Deliberante de Junín otorgó a ENTel "permiso de uso gratuito, sin límite de tiempo, de una superficie rectangular de 25 m por 60 m, correspondiente al predio municipal identificado catastralmente como [...] para ser destinado al emplazamiento de una Estación Radioeléctrica, el mástil sostén de antenas y anclajes con sus correspondientes riendas y espacios aéreos" (fs. 160).
III.1.c. La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento aconsejó denegar el pedido formulado por la empresa Telefónica en atención a que el Código de Ordenamiento Territorial para el Partido de Junín, según cuadro de usos para Zona Rm3, no autorizaba la instalación de antenas en general (v. fs. 167).
III.1.d. La ordenanza 4.068 derogó las ordenanzas 1.816 y 1.821 del año 1979 (v. fs. 15/16).
III.1.e. Carta documento de fecha 6 de julio de 2001 por la cual la comuna intimó a Telefónica de Argentina SA a la desocupación del predio ubicado en la Avenida Bauman de Junín y posterior restitución al municipio (v. fs. 171). Esta intimación fue rechazada por la actora por el mismo medio (v. fs. 173/174).
III.1.f. Con fecha 2 de agosto de 2001 la Municipalidad rechazó por improcedente la carta documento remitida por la accionante el 23 de julio de 2001 (v. fs. 175).
III.1.g. A fs. 178 vta. la comuna liquidó la multa de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ordenanza 4.068/00 y mediante carta documento de fecha 26 de octubre de 2001 intimó su pago a Telefónica de Argentina SA (v. fs. 179).
III.1.h. La mencionada intimación fue rechazada e impugnada por la empresa mediante carta documento de fecha 30 de octubre de 2001 (v. fs. 180).
III.1.i. El 12 de noviembre de 2001 Telefónica de Argentina SA amplió los fundamentos del recurso de revocatoria deducido el 30 de octubre de 2001 y planteó la nulidad de la decisión de fecha 18 de octubre de 2001 del Secretario de Economía y Hacienda (v. fs. 180/190).
III.1.j. El 19 de noviembre de 2001, el Secretario de Economía y Hacienda decidió desestimar el recurso de revocatoria deducido por la referida empresa contra el acto que decidió la aplicación de la multa contemplada en el art. 6 de la ordenanza 4.068/00. Ello, con fundamento en que en las actuaciones administrativas se encontraba "perfecta y absolutamente reconocida la no restitución del inmueble dado en préstamo de uso en debido tiempo" (v. fs. 200).
III.1.k. El 14 de diciembre de 2001, con fundamento en el dictamen de la Asesoría Letrada municipal, el Intendente de Junín decidió rechazar el recurso interpuesto por Telefónica de Argentina y confirmar la resolución que decidió la aplicación de la multa contemplada en el art. 6 de la ordenanza 4.068/00 (v. fs. 203/206).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión a decidir se centra en determinar si la ordenanza 4.068/00 y la multa aplicada a la accionante a través de los actos de fecha 18 de octubre y 14 de diciembre de 2001, se ajustan a derecho.
IV.1. Están contestes las partes en cuanto a que en 1979 la Municipalidad de Junín, a través de las ordenanzas 1.816 y 1.821, otorgó a ENTel (sucedida a partir de 1990 por Telefónica en virtud del contrato de transferencia aprobado por decreto PEN 2.332/90, B.O. de 29-I-1991) el permiso de uso gratuito por tiempo indeterminado de una superficie de terreno ubicado en el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción XV, Sección K, Chacra 1, Parcela 1 del mencionado partido "para ser destinado al emplazamiento de una Estación Radioeléctrica, el mástil sostén de antenas y anclajes con sus correspondientes riendas y espacios aéreos".
Destaco que la accionante no desconoció las disposiciones del Código de Ordenamiento Territorial ni tampoco refutó que la zona sobre la que versa la acción no sea la indicada en la aludida ordenanza.
En definitiva, la controversia gira en torno al alcance del permiso de uso, en especial, si al otorgárselo en el año 1979 la comuna le concedió a la empresa de telecomunicaciones un derecho subjetivo de carácter administrativo o una autorización esencialmente revocable. El escrito postulatorio deja implícita la idea de la parte actora de que su derecho al uso del inmueble es por tiempo indeterminado y no asiste al Estado local el derecho a revocarlo.
IV.2. En orden a las facultades de los gobiernos locales para expedir normas vinculadas al ordenamiento territorial y el desarrollo de actividades productivas, industriales y comerciales, dentro de su jurisdicción, es preciso señalar que el plexo constitucional y legal de la Provincia de Buenos Aires confiere a los municipios potestades suficientes para disciplinar variados aspectos referidos a las obras y actividades que se desarrollan en el espacio local, en bienes públicos o del dominio privado, en el interés urbano ambiental (conf. doctr. causas I. 1.992, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 7-III-2005; B. 65.508, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda.", sent. de 27-XII-2017 y B. 66.852, "Bartel", sent. de 10-VII-2019).
IV.2.a. Este Tribunal ha expresado reiteradamente que los municipios cuentan con potestades de raíz constitucional para dictar normas generales y obligatorias sobre las actividades de interés local desarrolladas o a desplegarse en la esfera de su competencia territorial (art. 192 inc. 6, Const. prov.; conf. doctr. causas I. 2.043, "Masil", sent. de 15-III-2000; B. 65.508 y B. 66.852, cit.).
IV.2.b. Por su parte, el decreto ley 6.769/58 y modificatorias -Ley Orgánica de las Municipalidades- dispone: "Las Ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales" (art. 25).
A su vez, precisa que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar "la instalación y el funcionamiento de establecimientos [...] de servicios públicos y todo otro de interés general en el partido, en la medida en que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia" (art. 27 inc. 9).
La misma norma también dispone que corresponde al Departamento Deliberativo establecer "las zonas industriales y residenciales del partido, imponiendo restricciones y límites al dominio para la mejor urbanización" (art. 28 inc. 7).
Por último, en orden a la impugnación de la multa impuesta, cabe destacar que el Concejo Deliberante posee facultades para sancionar las ordenanzas impositivas y la determinación de los recursos y gastos de la Municipalidad (art. 29).
IV.2.c. En el ejercicio de tales atribuciones el Concejo Deliberante de Junín dictó un nuevo Código de Ordenamiento Territorial. Seguidamente, sancionó la ordenanza 4.068/00 para adecuar a los nuevos usos contemplados para la zona en cuestión (v. fs. 15/16).
De este modo, la ordenanza 4.068/00 derogó las ordenanzas 1.816 y 1.821 del año 1979 por las que se concedió el permiso de uso gratuito y por tiempo indeterminado del bien del dominio municipal sito en Avenida Pastor Bauman (art. 1). A su vez, otorgó a la empresa Telefónica de Argentina SA permiso de uso gratuito del aludido inmueble por el plazo de ocho meses desde su promulgación, para el destino con el que venía siendo utilizado (art. 2). En el art. 3 dispuso que vencido dicho plazo la empresa debía restituir el bien a la Municipalidad con las mejoras introducidas y libre de sus instalaciones.
En cuanto a la antena existente ordenó su remoción junto al resto del equipamiento y dispuso que las nuevas instalaciones debían ser emplazadas en las zonas permitidas para dicho uso por el Código de Ordenamiento Territorial vigente (art. 5).
Finalmente, en el art. 6 estableció que el incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza daría lugar a la aplicación de la multa que en él se indicaba.
IV.2.d. Este Tribunal ha considerado que, en el marco normativo citado, el gobierno local puede legítimamente adoptar medidas particulares referidas al emplazamiento de ciertas actividades, de modo de localizarlas en zonas específicas adecuadas para los respectivos usos (conf. causas I. 1.248, "Sancho", sent. de 15-V-1990; B. 65.508 y B. 66.852, cit.).
Ello así, toda vez que las comunas cuentan con la potestad jurídica de limitar el ejercicio de determinados derechos individuales con el fin de asegurar el bienestar general (cfr. doctr. causa B. 59.197, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda.", sent. de 27-IX-2017).
De tal modo, los municipios poseen facultades para fijar zonas a fin de desarrollar determinada clase de actividad, considerando que el crecimiento de los centros urbanos y la necesidad de que en los asentamientos de población que se van formando se provea un adecuado desenvolvimiento futuro, impone la adopción de una serie de medidas que tienden a establecer un verdadero plan regulador, propendiendo a que los centros de población vivan y se desenvuelvan de conformidad con las exigencias de seguridad, moralidad, higiene, priorizando la calidad de vida de sus habitantes (cfr. doctr. causa B. 50.333, "Nida", sent. de 2-III-1999).
Es que el legislador provincial ha concebido la zonificación como un "instrumento técnico-jurídico tendiente a cubrir las necesidades mínimas de ordenamiento físico-territorial, determinando su estructura general, la de cada una de sus áreas y zonas constructivas, en especial las de tipo urbano, estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión del suelo, dotación de infraestructura básica y morfología para cada una de ellas" (art. 78, dec. ley 8.912/77). Su ejercicio, como proceso de ordenamiento territorial, recae principalmente en el nivel municipal (art. 70, dec. ley 8.912/77; doctr. causa I. 1.665, "Zanni", sent. de 23-VII-2008).
Las autoridades comunales tienen legalmente asignadas por la Ley Orgánica de Municipalidades (dec. ley 6.769/58, reformado por la ley 9.117), la potestad de reglamentar la radicación, habilita
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