Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64650
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.650, "Drawer S.A. contra Municipalidad de Quilmes. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Torres, Genoud.
I. Se presenta la empresa Drawer S.A., mediante apoderada, interponiendo demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Quilmes, con el objeto de que este Tribunal condene a la accionada al pago de $13.983,73 (trece mil novecientos ochenta y tres pesos con 73/100) con más sus correspondientes intereses desde la fecha de vencimiento de cada factura hasta la fecha del efectivo pago, con costas.
Asegura que los insumos entregados a la comuna, como era público y notorio al momento de la prestación de los servicios en cuestión, fueron adquiridos únicamente en moneda norteamericana (u$s13.983,73). Agrega, a su vez, que para elaborar los medicamentos entregados oportunamente, la firma comercial Drawer S.A. se endeudó, finalmente, con el exterior, por un monto total de u$s62.610,00, dado que el marco jurídico y económico al momento de la contratación permitía la conversión automática de $1 = u$s1. Por lo que, así solicita que le sea abonado lo adeudado.
Sostiene que, en virtud del contrato de cesión de créditos realizado entre la empresa Auxi-Med S.A. y la accionante, esta resulta acreedora de la suma reclamada en razón de la venta de medicamentos al Hospital Subzonal Materno Infantil de San Francisco Solano, por las facturas n° 0000-00000781, de fecha 21 de enero de 1997, por un importe de $4.040,19 (remito n° 0000-00000068); 000-00000782, de fecha 18 de febrero de 1997, por un importe de $2.245,76 (remito n° 0000-00000075); factura n° 0000-00000783, por un importe de $5712,41 (remito n° 0000-00000075); y factura n° 00000-00000784, de fecha 4 de abril de 1997, por un importe de $1.985,37 (remito n° 0000-00000110). Cuya presentación al cobro ante la comuna demandada tramitó por expediente administrativo 4091-18304-D/98, iniciado por la misma firma Drawer S.A. en carácter de cesionaria del crédito.
Destaca que, recibido el reclamo administrativo de cobro mediante la pertinente carta documento, la Municipalidad de Quilmes comenzó a darle tratamiento mediante la intervención de la Asesoría Letrada el día 27 de noviembre de 1998, desde donde se elevó luego a la Secretaría de Desarrollo Humano y, posteriormente, a la Secretaría de Hacienda para que indicaran el procedimiento a seguir.
Asegura que, como derivación de ello, se preparó un proyecto para que el señor Intendente municipal firmara un acto administrativo por el cual se reconociera como de "legítimo abono" el derecho de la firma Auxi-Med a percibir la suma de $13.983,73, en virtud de lo normado por el art. 140 del reglamento de contabilidad, y autorizara a la Contaduría municipal a adoptar los recaudos necesarios a los efectos de realizar el pago correspondiente a favor de la firma Drawer S.A., en su calidad de cesionaria del crédito.
Manifiesta que todas las compras fueron realizadas independientemente y que fue la misma comuna quien agrupó las facturas en un solo expediente para luego argumentar que la compra superaba el monto de "compra directa". Como consecuencia de ello, continúa, con fecha 16 de diciembre de 1998, la Contaduría municipal finalmente observa el proyecto de decreto, por superar el monto reconocido como máximo de compra directa por el art. 151 de la ley Orgánica de las Municipalidades y, luego, se procedió a dividir el expediente administrativo en tres diferentes, de modo que ninguno de ellos superara el mencionado monto máximo permitido por ley. En adición, agrega, se le pidió a la empresa que -para facilitar las gestiones- realizara una "nota de crédito por $1.473,97 a favor de la demandada", ya que los funcionarios comunales afirmaron que esta era la única forma de cobrar el crédito.
No obstante lo relatado, aduna la accionante, diferentes oficinas administrativas realizaron objeciones a la procedencia del pago, en razón de la falta de legitimación del apoderado de la firma Auxi-Med a la fecha de impresión de las facturas. Ello pese a que, como surgiría claramente de las actuaciones, resulta clara la recepción de la mercadería con expresa indicación del personal interviniente y sus respectivos números de legajo.
En virtud de dichas circunstancias, la actora -según afirma- reiteró el pedido de pronto pago de las sumas adeudadas, dado que la cesión de derechos se habría realizado en formal cumplimiento de los recaudos legales exigidos, volcada en Escritura Pública n° 149, habiendo sido ratificada con fecha 27 de junio de 2000 a través de Escritura Pública n° 127, del escribano doctor Eduardo Spagnolo.
Estima que, en virtud de reclamarse en autos el cumplimiento de obligaciones de origen contractual, corresponde a Drawer S.A. acreditar la existencia de la acreencia cuya satisfacción se pretende, mientras tanto, convergentemente, incumbirá a la demandada -en su caso- demostrar el pago realizado.
En este punto, agrega que la existencia misma de la deuda puede fácilmente inferirse de los remitos suscritos por el personal del Hospital Materno Infantil de Solano, del reconocimiento efectuado por el director del hospital y de los proyectos de reconocimiento de deuda que obran en los expedientes administrativos agregados a la causa.
Considera que, en este caso, y de acuerdo a lo prescripto por el entonces vigente Código de Comercio (arts. 208 y 474 tercer párr.), las facturas no protestadas en su momento adquieren estado de cuenta liquidada, constituyendo un elemento idóneo para justificar el contrato.
Ofrece prueba confesional, documental, testimonial, informativa, instrumental y de peritos (contador y calígrafo).
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Municipalidad de Quilmes, mediante apoderado, solicitando el total rechazo de la demanda.
Plantea la excepción de prescripción. A tal efecto, aduce que de acuerdo al art. 18 del Código Contencioso Administrativo, la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de un derecho o interés tutelado por el citado Código deberá promoverse dentro de los noventa días de notificada la decisión administrativa definitiva. Siendo que en el caso, no se ha procedido a agotar la vía administrativa de manera previa a la obtención de una denegatoria tácita o expresa para lograr una decisión administrativa que resulte impugnable judicialmente, entiende que ésta no es admisible.
En subsidio, contesta la demanda, procediendo a efectuar una negativa general y otra particular de los hechos afirmados en el escrito de inicio, puntualmente la existencia de deuda alguna respecto de la firma Drawer S.A.
Finalmente, se opone a la realización de la prueba pericial contable atento al carácter de instrumento público de que gozan las actuaciones administrativas agregadas a la causa y, asimismo, impugna la liquidación practicada por la accionante "en todas sus cifras".
Ofrece prueba documental y confesional.
Plantea la inconstitucionalidad del art. 51 del Código Contencioso Administrativo, en materia de costas, toda vez que prevé aún para el caso de que la actora resultara vencida, la distribución en el orden causado, circunstancia que violaría el derecho de propiedad derivado del ejercicio profesional enmarcado en la relación de empleo público de la apoderada con la comuna, impidiéndole el cobro de los honorarios por cada una de las actuaciones judiciales.
III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, no restando prueba pendiente de producción, glosados los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. De las actuaciones administrativas agregadas a la causa sin acumular, se desprenden los siguientes datos útiles a los fines de la resolución del caso:
I.1. Con fecha 23 de septiembre de 1998, la empresa distribuidora Auxi-Med, presentó ante las autoridades de la Municipalidad de Quilmes, un escrito solicitando el pago de 4 facturas (00000781; 00000782, 00000783; 00000784), por un monto total de $13.983,73, en concepto de provisión de medicamentos y material descartable de uso hospitalario, entregados en el Hospital Materno Infantil de San Francisco Solano, a solicitud de la Secretaría de Salud local, sin que hubiera -según afirmaba- mediado pago alguno a su respecto (v. fs. 6, expte. adm. 4091-18304-D/98).
I.2. A fs. 8 de las mencionadas actuaciones administrativas, el director del mencionado nosocomio, doctor Juan Carlos García, reconoce que los elementos referidos fueron efectivamente recibidos en ese hospital por los agentes Silvia León y Marta Díaz.
I.3. Como consecuencia de ello, la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Quilmes decidió girar las actuaciones a la Secretaría de Hacienda, a los efectos de proceder al reconocimiento de la deuda (v. fs. 9).
I.4. Presentadas en copia las escrituras públicas correspondientes a la cesión de créditos efectuada el día 30 de octubre de 1998 entre las empresas Auxi-Med y Drawer S.A., las cuales versan -entre otras- sobre las facturas detalladas, las actuaciones son giradas para su control legal por parte de la Asesoría Letrada (v. fs. 17/20, expte. adm. cit.).
I.5. Con fecha 27 de noviembre de 1998, el último organismo administrativo citado, dictamina, brevemente, que el pago de la deuda debería hacerse a favor de Drawer S.A. (v. fs. 21).
I.6. A fs. 30 del cuerpo administrativo (v. fs. 1, expte. adm. 4091-3549/2000), la firma Drawer S.A. presenta una nota ante la Municipalidad expresando que "decidió hacer una nota de crédito a favor de la Municipalidad de Quilmes por el importe de $1473,97, correspondientes a la operación comercial celebrada el día 18 de febrero de 1997, quedando a abonar por ustedes un saldo de $6484,20". A fs. 8/13 del mismo cuerpo administrativo, obran los originales de las facturas reclamadas, confeccionadas en su momento por Auxi-Med.
I.7. A fs. 15 y 16 de las últimas actuaciones señaladas, la Secretaría de Salud comunal prepara un anteproyecto de decreto que efectuaba un reconocimiento del crédito en favor de Drawer S.A., bajo la figura de legítimo abono, por la suma de $6.484,20, en virtud de lo normado por el art. 140 del reglamento de contabilidad y de que el crédito originariamente reclamado excedería los límites legales para el caso.
I.8. De manera concomitante, la Contaduría municipal observa ciertas anomalías en la presentación de las facturas (fechas postdatadas) y una supuesta ausencia de representatividad del señor Matamoro (representante de Auxi-Med) en relación a la escritura de cesión de créditos, atento a que la empresa es un nombre de fantasía y no un contribuyente individual. Ante este informe, la apoderada de la actora efectúa su descargo, sosteniendo la irrelevancia de las faltas denunciadas ante la evidencia de una deuda cierta, legítima y exigible (v. fs. 18, 20). Con posterioridad, la actora acompaña nueva escritura pública, de fecha 27 de junio de 2000, mediante la cual se justifica la existencia de la sociedad Auxi-Med con copia del estatuto social inscripto ante la IGJ y la comparecencia de la señora Irma Beatriz Sabile, por entonces su directora titular, ratificando la oportuna cesión de créditos en favor de Drawer S.A. (v. fs. 26, expte. adm. 4091-3369-D/00).
I.9. Con fecha 14 de febrero de 2000, la firma Drawer S.A. solicita, por separado, el pago de la suma adeudada por el municipio en orden a la factura (asimismo cedida en crédito por Auxi-Med como parte de las operaciones realizadas el día 21 de enero de 1997) identificada como 0000-00000781, por un monto de $4.040,19 (v. fs. 56). Lo mismo acontece a fs. 89 del expediente administrativo 4091-4448-D/00 con la factura n° 0000-00000784, por un importe de $1.985,37.
I.10. Ante la ausencia de respuesta por parte de las autoridades comunales, a fs. 122 y siguientes de las actuaciones administrativas de referencia, consta copia de la demanda de cobro de pesos iniciada por la empresa accionante ante el Juzgado Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con fecha 13 de octubre de 2000, adjuntando a fs. 130/133, la escritura original de la cesión de derechos entre las firmas Auxi-Med y Drawer S.A. Opuesta la excepción de incompetencia por la demandada Municipalidad de Quilmes, las actuaciones fueron elevadas a esta Suprema Corte de Justicia quien decidió, por resolución de fecha 16 de mayo de 2001 (en causa B. 62.638), anular todo lo actuado por y ante el órgano jurisdiccional que intervino, devolviendo el expediente para que se proceda a su archivo, por tratarse de un caso de materia contractual y contencioso administrativa (v. fs. 160/161, actuaciones cits.).
II. Los actores promueven la acción invocando su carácter de cesionarios de los derechos de cobro por la provisión de elementos de cuidado médico, medicamentos y material descartable de uso hospitalario, entregados en el Hospital Materno Infantil de San Francisco Solano, a solicitud de la Secretaría de Salud local, derivados del contrato de concesión que la cedente, "Auxi-Med", había perfeccionado con la demandada en el marco de la vinculación contractual que entre ellas mantenían.
Relatan que en tal carácter, pretenden el cobro de la suma de $13.983,73 que -dicen- la accionada adeuda a la firma mencionada por los servicios contratados y no abonados.
Sostienen que por trabajos ejecutados a la empresa cedente, esta les adeuda la suma de dinero que reclaman la que fue compensada mediante el contrato de cesión referenciado -mediante escritura pública efectuada ante el doctor Spagnolo el día 30 de octubre de 1998-, el que fue puesto en conocimiento de la comuna demandada conforme surge de las actuaciones administrativas arriba documentadas.
Entienden que, en concordancia con las disposiciones emergentes del por entonces vigente Código de Comercio, las facturas presentadas en debido término y no objetadas en tiempo oportuno, devienen legítimamente exigibles, razón por la cual quienes accionan son titulares directos del crédito transferido.
De su lado, como ya se referenció, la Municipalidad de Quilmes, únicamente plantea la excepción de prescripción, fundándola en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo, según afirma, por haberse excedido de los noventa días para demandar y, asimismo, por no haber "agotado la vía administrativa". Por lo demás, se limitó a negar los hechos afirmados en la demanda, y a solicitar la declaración de inconstitucionalidad del art. 51 del Código Contencioso Administrativo, en materia de costas.
III. Como se dijo, la demandada planteó, confusamente una denominada "excepción de prescripción", la cual fue, asimismo, incoada en los términos del art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
Al respecto, cabe decir antes que nada que la Municipalidad confunde los términos de dos institutos jurídicos diferentes, cuales son la prescripción -por un lado- y el agotamiento de la vía administrativa, o bien, la inadmisibilidad formal de la demanda en los términos de los arts. 14, 18 y 35 inc. 1 apartado "i" del Código Contencioso Administrativo.
El primer instituto, como es sabido, se rige por las normas del Código Civil y Comercial, o como hubiera sido propio en el presente caso, por el anteriormente vigente Código Civil, y se encuentra previsto en el art. 35 inc. 1 apartado "h" del citado Código Contencioso Administrativo.
Ahora bien, descripta sucintamente la situación de hecho, corresponde ahora tener presente que, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal en la causa B 64.996 "Delbés" (resol. de 4-II-2004), la excepción bajo estudio ha de resolverse a la luz de lo dispuesto por el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo (ley 12.008, texto según ley 13.101).
Como ya se ha dicho por este Tribunal, ni en el anterior régimen procesal aplicable a las causas contencioso administrativas -ley 2.961- ni en el actualmente vigente, ley 12.008 -texto según ley 13.101-, se ha previsto que la admisibilidad de la demanda deducida en caso de silencio de la Administración se halle sujeta a un plazo de caducidad (arts. 7 y 13, ley 2.961; 16 y 18, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 54.951, "Farías", sent. de 28-III-1995 en "Acuerdos y Sentencias" 1995-I-561 y B. 62.308, "Clemeno", sent. de 3-XII-2003; B. 63.055, "Dueñas", resol. de 30-VI-2004; entre muchas otras).
Expuestos los antecedentes de esta forma, resulta evidente que la objeción basada en el transcurso del término fijado en el art. 18 ley 12.008 -texto según ley 13.101-, fundante de la excepción -por la sola extemporaneidad de la demanda- no puede prosperar.
Ello por cuanto hallándose configurada la inactividad administrativa, deviene inaplicable el plazo del art. 18 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- ya que este opera únicamente ante las pretensiones impugnatorias de actos expresos -y sus subordinadas-, mas no ante aquellas que se promueven a partir del silencio de la Administración, circunstancia por la cual la inadmisibilidad fundada en el incumplimiento del plazo como requisito temporal no puede ser acogida (art. 16 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; cfr. doctr. causas B. 61.137, "Peralta", resol. de 6-IV-2004; B. 61.843, "Gazzano de Eligi", resol. de 23-XI-2005; entre muchas otras).
Un abordaje del procedimiento administrativo aquí analizado, despojado de formalismos incompatibles con el derecho a la tutela administrativa efectiva (art. 15, Const. prov.) permite reconocer la clara intención de la empresa de gestionar ante la comuna demandada el cobro de su deuda, lo que merecía un tratamiento y posterior decisión por parte de la autoridad administrativa.
De su lado, resta agregar que este análisis del caso resulta plenamente congruente con el -en su momento- dado por este mismo Tribunal a la hora de declarar la admisibilidad formal de la demanda (v. resol. de 9-VI-2004, obrante a fs. 38 del sub examine ), donde de consuno con las constancias de las actuaciones administrativas relevadas en el punto I del presente voto, se consideró que en el caso medió un supuesto de silencio administrativo en los términos del art. 16 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, tal como fuera oportunamente detallado. Ello se presenta prístino al observar la ausencia de un acto administrativo final por parte de la Administración, pese al extenso tiempo transcurrido y los sucesivos pedimentos efectuados por la actora ante las autoridades comunales que, finalmente, y tal como se dijo, omitieron el dictado de una decisión expresa sobre el reclamo de pago efectuado no obstante que, como se dijo al relatar los antecedentes, llegó a hacerse un proyecto de decreto acogiendo parcialmente el reclamo.
Habiendo dejado sentada la procedencia formal de la demanda, sólo resta añadir que el déficit en el planteo de la demandada impide que su pretensión de inadmisibilidad tenga acogida favorable, pues más allá de indicar que la vía administrativa no se encontraba debidamente configurada, en ningún momento logra evidenciar con claridad las deficiencias que denuncia. Por el contrario, oscila entre una excepción de caducidad por expiración del plazo para articular la demanda, con la falta de configuración de silencio administrativo, cuestiones que hasta en algún punto parecieran resultar contradictorias o excluyentes entre sí (cfr. doctr. causa B. 64.115, "Gemika S.A.", sent. de 31-X-2016).
Merced a lo anterior entiendo que la demanda es formalmente admisible, lo que obliga a abordarla desde el punto de vista sustancial.
IV. Despejada la cuestión formal previamente considerada, cabe ocuparnos del fondo del asunto.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.