Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122886
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.886, "García, Ezequiel contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , de Lázzari , Soria , Pettigiani , Torres, Mancini .
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata -en la etapa de ejecución de sentencia- estableció que correspondía computar el valor actual de los rubros indemnizatorios acordados, debiendo el Fisco de la Provincia de Buenos Aires presentar la cuenta respectiva (v. sent. de 14-VIII-2018 y aclaratoria de 11-IX-2018 dictadas en formato digital).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4 de septiembre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el año 1981, en los autos de igual carátula a la presente, Ezequiel Pedro García -en su carácter de propietario de un establecimiento agropecuario ubicado en el partido de Guaminí- inició una demanda de daños y perjuicios en virtud del anegamiento de 800 hectáreas de su predio, cuyo origen se remontó a la inundación producida en el año 1976 en la zona de las lagunas encadenadas (v. demanda, fs. 12/29).
En dicha oportunidad se declaró la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, condenándose a la accionada al resarcimiento del daño emergente y del lucro cesante, así como también al correspondiente a los ejercicios agrícolas futuros en los cuales la propiedad permaneciera improductiva (v. fs. 13/14).
El mantenimiento de la situación dañosa determinó que el actor interpusiera el 12 de noviembre de 1998 la presente acción en la que se reclamó la reparación del daño emergente, representado por la pérdida del valor del establecimiento rural que, dado el tiempo transcurrido, se encontraba definitivamente configurado (v. fs. 15).
A fs. 85 el Fisco provincial acompañó el decreto 64 suscripto por el Poder Ejecutivo el 23 de enero de 2001, por el cual se lo autorizaba a efectuar un acuerdo transaccional en las presentes actuaciones, el que fue homologado judicialmente a fs. 86 (el 29-III-2001).
El 19 de julio de 2001 se aprobó la liquidación practicada a fs. 89 por el actor, la que ascendía a la suma de un millón setecientos cincuenta y siete mil quinientos setenta pesos con setenta y tres centavos ($1.757.570,73; v. fs. 148/149).
Sin embargo, esa suma no fue percibida.
I.1. Es por eso que a fs. 174, con fecha 8 de octubre de 2003, el apoderado de la accionante manifestó que las partes habían acordado "...que el actor reciba en pesos el valor venal y actual de las hectáreas perdidas definitivamente y la desvalorización del remanente y transfiera el dominio de las tierras al Estado Provincial..." y aclaró que, conforme lo convenido, su mandante había confeccionado el plano de mensura y desmembramiento, pero que, sin embargo, el mismo no había sido aprobado por desinteligencias entre las dependencias estatales.
Requirió, al no haber podido percibir el monto dinerario establecido por cuestiones que le eran ajenas, que se intimara al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires a disponer las medidas necesarias para que se aprobara dicho plano, bajo apercibimiento de astreintes.
I.2. Seguidamente, la letrada apoderada de la Fiscalía de Estado, tal como había indicado el actor, refirió que "...el importe a cancelar se encontraba condicionado a la aprobación del pertinente plano de mensura y desmembramiento al igual que otros requisitos..." y por ello, "...atento el tiempo transcurrido desde el momento en que se practicara la determinación de la cuantía resarcitoria sin que a la fecha aquel instrumento fuera convalidado por los Organismos competentes...", esa parte adecuaba la suma indemnizatoria conforme la variación experimentada por el valor del suelo (v. fs. 177/178, escrito del 6 de noviembre de 2003).
En consecuencia, practicó una nueva liquidación que -en atención a la conformidad de las partes- fue aprobada a fs. 181, el día 10 de noviembre de 2003.
I.3. El 1 de marzo de 2004 el demandante presentó otro escrito en el que señaló que continuaba demorada la percepción de la indemnización acordada, dado que, pese a que el plano se había presentado en el año 1999 y estaba en condiciones de ser aprobado por la Administración, esto no había sucedido.
Solicitó que ante esa falta de aprobación se aplicaran las sanciones conminatorias oportunamente requeridas, las cuales fueron fijadas a fs. 193.
I.4. A fs. 203/204 la accionada peticionó que se dejaran sin efecto las astreintes tras manifestar que con fecha 30 de marzo de 2004 el plano había sido aprobado por la Dirección de Geodesia, aunque restaba la intervención de la Dirección de Catastro.
Luego, efectuó una nueva presentación en la que hizo saber la vigencia de la Ley de Consolidación 12.836 y que el crédito de la actora se encontraba comprendido en la misma, por lo que instó a que se intimara a esta última a practicar nueva liquidación conforme las pautas allí establecidas (v. fs. 223/224, escrito del 20 de mayo de 2004).
Días después adjuntó copia de una boleta de depósito por la suma de $3.586.139,32 que fuera depositada en la cuenta de autos por la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires y requirió, dado que no se encontraba resuelta la procedencia del régimen consolidatorio, su transferencia a una cuenta de la Fiscalía de Estado.
I.5. El planteo relacionado con la Ley de Consolidación generó un extenso debate que implicó decisiones tanto de las instancias inferiores como de este Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación y culminó el 15 de diciembre de 2015 con la declaración de aplicabilidad en autos de la citada normativa (v. fs. 367/374; 501/507; 670/694; 789/790 y 860/864).
El 27 de junio de 2016, Eduardo Ezequiel García -heredero de Ezequiel Pedro García (v. fs. 832/833)- practicó liquidación conforme lo establecido en la ley 12.836, la cual ascendía a la suma de treinta y un millones cuatrocientos nueve mil ochocientos treinta y tres pesos con cincuenta y siete centavos ($31.409.833,57; v. fs. 900/902).
A su turno, el Fisco impugnó tales cálculos, denunciando como debido el monto de cuatro millones veinticuatro mil setecientos cincuenta y un pesos con cuarenta y tres centavos ($4.024.751,43; v. fs. 909/911).
Respecto de la suma indicada en concepto de capital e intereses la apoderada de la Provincia de Buenos Aires señaló que en autos se había adecuado "...la cuantía resarcitoria conforme la valoración experimentada del valor tierra..." y nuevamente, luego, reajustado el capital de condena hasta el 30 de abril de 2004 (v. fs. 909 vta.). Por otra parte, consideró abstracta la pretensión de liquidar las sanciones conminatorias impuestas (v. fs. 900/911).
Por su parte, las coherederas del accionante -Elba Ethel y Daniela García- contestaron los traslados conferidos y practicaron liquidación teniendo en cuenta la variación experimentada en el valor de la tierra y conforme los parámetros considerados por la Provincia de Buenos Aires en su presentación de fs. 177/178. Al respecto señalaron que los guarismos que arrojaba la cuenta efectuada por el Fisco comprendían tan sólo el 5,25% del valor actual de la propiedad. En tal sentido, expresaron que la suma ascendía a cuatro millones novecientos ochenta y seis mil ciento sesenta y ocho dólares estadounidenses con veinticinco centavos, para que pudiera ser expresada en pesos al día del pago y que representaba el valor de las superficies involucradas en cada parcela del campo (USD 4.986.168,25; v. fs. 953/963).
I.6. El magistrado de origen hizo lugar a la impugnación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, aprobó el capital por la suma firme y consentida en autos a fs. 909/910, esto es, por el importe de $2.300.387, entendiendo improcedente la petición de los actores de tomar valores actuales, por implicar un apartamiento de la normativa aplicable (arts. 9 y 13, ley 12.836) y del acuerdo transaccional celebrado en autos. A la suma adeudada adicionó la tasa pasiva más alta que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, a partir del 30 de abril de 2004 -fecha en la cual se practicó el último reajuste de capital- y hasta su efectivo pago (v. fs. 1.018/1.019).
II. Apelado dicho pronunciamiento por las partes, la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó la decisión, estableciendo que correspondía computar el valor actual de los rubros indemnizatorios acordados, debiendo el Fisco de la Provincia de Buenos Aires presentar la cuenta respectiva y, en caso de falta de conformidad de la actora, designarse los peritos pertinentes a los fines de arribar a la suma actual. Asimismo, fijó los intereses a la tasa del 6% puro sobre el capital, desde la fecha de notificación de la demanda (11 de diciembre de 1998) y hasta el día 30 de noviembre de 2001 (fecha de corte de la consolidación) y, a partir de allí y hasta el efectivo pago, los accesorios contemplados en la ley 12.836 (v. sent. de 14-VIII-2018 y aclaratoria de 11-IX-2018 dictadas en formato digital).
III. Contra esta forma de decidir se alza la letrada apoderada del Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 850 y concordantes del Código Civil; 308, 309, 384 y 500 del Código Procesal Civil y Comercial; 9 y 13 de la ley 12.836 y 17 y 18 de la Constitución nacional. Asimismo, alega el vicio de absurdo. Hace reserva del caso federal (v. escrito electrónico de fecha 4 de septiembre de 2018).
Denuncia que la Cámara quebrantó la cosa juzgada emanada de la sentencia dictada el 22 de febrero de 2012 por esta Suprema Corte y, principalmente, de la transacción oportunamente homologada, incurriendo así en absurdo y arbitrariedad (v. págs. 5/7).
En tal sentido, expresa que las partes extinguieron la pretensión original mediante un acuerdo transaccional concretado a través de la oferta del accionante y la aceptación por parte del Fisco -decreto 64/01-, motivo por el cual no podía el Tribunal de Alzada rever la obligación original, imponiendo forzosamente a las partes realizar un nuevo acuerdo o, en su defecto, reivindicar la potestad judicial de fijar la indemnización en los términos del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial (v. págs. 7/9).
Asimismo, aduce que resulta inaplicable al caso la doctrina de los propios actos, pues dicho instituto ya había sido desechado por esta Corte en su anterior pronunciamiento, siendo inaceptable su aplicación (v. pág. 9).
Por fin, descalifica la pretensión de readecuar el importe convenido por extensión de lo decidido en los autos homónimos "García, Ezequiel contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", en tanto alega que en las presentes los litigantes no convinieron fijar una actualización del monto indemnizatorio establecido en el acuerdo homologado, lo cual tampoco sería válido en virtud de la prohibición contenida en los arts. 7, 10 y concordantes de la ley 23.928 (v. págs. 9/10).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. El Tribunal de Alzada, para decidir como lo hizo, advirtió que si las partes habían sido contestes en establecer la cuantía resarcitoria conforme con la variación experimentada por el valor de la tierra, no existía óbice para que, dado el tiempo transcurrido -más de quince años-, se procediera de tal modo (v. pág. 17).
Al respecto, precisó que la accionada al impugnar la cuenta de la contraria y presentar su liquidación en primera instancia -ya dirimida la cuestión acerca de la aplicación al caso de la Ley de Consolidación de Deudas- indicó que debía partirse de la liquidación aprobada al 30 de abril de 2001 por un monto total de $1.757.570,73 (v. fs. 148/149), manifestando que ese importe a cancelar estaba condicionado a la aprobación del pertinente plano de mensura y desmembramiento (v. pág. 11).
A continuación, expresó que luego el Fisco provincial presentó una nueva liquidación readecuando la cuantía resarcitoria conforme con la variación experimentada por el valor de la tierra, la cual arribó a la suma de $2.300.397, con más los intereses, siendo aprobada el 10 de noviembre de 2003, por un monto total de $3.760.060,47 (v. pág. cit.).
Asimismo, señaló que la demandada reajustó nuevamente el capital de condena, el cual lo estableció en la suma de $2.300.387, con más intereses, ascendiendo a un total de $3.804.112,88 (v. pág. cit.).
Aclarado ello, destacó que -en forma contradictoria- el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al descalificar la operación presentada por la contraria a fs. 953/963, adjuntó otra liquidación -posterior a la primera- en la que argumentó que debía partirse del monto del acuerdo transaccional -$1.252.998,40-, con más intereses a la tasa pasiva, arribando a la suma de $1.495.950,24 (v. pág. 12).
Advirtió, que la accionada había adoptado posturas opuestas en los escritos referenciados, pues en uno había aceptado la variación del precio de la tierra tal como constaba en las diferentes cuentas aprobadas en autos para luego variar sus argumentos y desechar, en definitiva, no solo la cuenta presentada por los actores sino la propia de fs. 910/911 (v. págs. 12/13).
Tal proceder, concluyó, importaba colocarse en contradicción con sus propios actos, vulnerando la doctrina según la cual se impone el deber de proceder con rectitud y honradez en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas y en la celebración e interpretación de los negocios jurídicos, debiendo desestimarse toda conducta contradictoria con una jurídica anterior (v. fs. 1.163 vta. y 1.164).
IV.2. Por su parte, la recurrente aduce que resulta inaplicable al caso la doctrina de los propios actos (v. pág. 9).
El cuestionamiento así esbozado luce insuficiente no bien se observa que a través de su pieza recursiva la impugnante interpreta sesgadamente los términos de la sentencia dictada por la Cámara, desentendiéndose del razonamiento que guio al Tribunal de Alzada en su tarea de fundar la decisión (conf. causas C. 120.605, "Guzmán", sent. de 7-III-2018; C. 121.756, "Domínguez", sent. de 13-VI-2018; etc.).
Ello así por dos razones.
Por un lado, nada dice en torno a las posiciones asumidas a lo largo del proceso al presentar las distintas liquidaciones (v. págs. 6/11) y, en particular, acerca de las actitudes incompatibles con sus comportamientos anteriores, deliberados y jurídicamente relevantes y eficaces a las cuales expresamente hizo alusión la Cámara.
Y, por el otro, en tanto arguye erróneamente que esta Corte -en su fallo del 22 de febrero de 2012- ya se había pronunciado al respecto, descartando que el accionar del Fisco hubiese importado una conducta violatoria de la doctrina de los propios actos, pues en dicha oportunidad no se abordó el tópico aquí examinado.
En efecto, en el aludido pronunciamiento (v. fs. 672 y sigs.) -dejado sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 782)- este Tribunal hizo referencia a la suma dineraria establecida en el acuerdo transaccional y su posterior ampliación (v. fs. 674) a los fines de examinar si correspondía la aplicación en el caso de la Ley de Consolidación de Deudas, sin expedirse sobre el tema vinculado con la valuación actual del inmueble, solicitud que fue requerida por el accionante luego del dictado de tales fallos.
Es así que la evaluación del pedido de variación del valor de las tierras -sobre la base de lo expresado por la accionada a fs. 177/178, los reajustes de capital de condena referidos en la presentación de fs. 909 vta. y la petición de los coaccionantes a fs. 953/963- recién fue efectuada en la sentencia de Cámara ahora recurrida, momento en el cual el Tribunal de Alzada analizó las posturas asumidas por el Fisco al presentar e impugnar las distintas liquidaciones practicadas en autos, efectuadas con posterioridad al dictado de aquella decisión.
Tales razones dejan -sin más- huérfana de sustento a la crítica ensayada.
IV.3. Tampoco puede prosperar el agravio relativo a la alegada violación de la cosa juzgada (v. págs. 7/9).
Esta Suprema Corte ha resuelto reiteradamente que determinar si, en un caso particular, ha recaído o no cosa juzgada, así como entrar a considerar las circunstancias que representarían la violación de dicho instituto, son cuestiones de hecho que solo pueden ser revisadas si se demuestra con toda claridad que la conclusión impugnada es el resultado de una absurda valoración de las constancias del proceso actual y de las del anteriormente tramitado, o entre lo pretendido y lo juzgado en el previo y lo que se requiere en el presente (conf. causas C. 96.771, "Rodriguez de Cayado", sent. de 3-III-2010; C. 110.516, "Iocco", sent. de 15-VIII-2012; e. o.).
Anticipo que no se observan demostrados tales extremos, ni que la recurrente haya criticado -lo que era un requisito ineludible- en forma clara, concreta y eficaz las motivaciones sustanciales del pronunciamiento (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Una vez más la recurrente parte de premisas erróneas o contrapone argumentos dogmáticos, limitándose a discrepar con las conclusiones del fallo (conf. causas C. 120.670, "Ostheguy", sent. de 12-VII-2017; C. 120.906, "Gallino", sent. de 9-V-2018; e. o.).
Tal deficiencia recursiva se observa de la mera lectura de la pieza recursiva en tanto hace hincapié en que el pronunciamiento apelado ha "arrasado" con el acuerdo transaccional homologado, cuando -en rigor- el fallo, lejos de dejar sin efecto el referido convenio, conminó a la accionada a presentar una nueva liquidación, conforme a las pautas indicadas en su escrito de fs. 177/178 -esto es, "la variación experimentada por el valor de los suelos" y "siguiendo los términos del acuerdo"-; todo ello en atención al consentimiento expreso de ambas partes; conclusión central del Tribunal de Alzada que no ha sido eficazmente refutada.
Llegados a este punto cabe recordar que constituye requisito ineludible de una adecuada deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo, siendo insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que parcializa la crítica del fallo y deja incólume un fundamento esencial que de por sí solo resulta bastante para mantenerlo (conf. causas C. 100.855, "Zweifel", sent. de 12-III-2014; C. 119.753; "Álvarez", sent. de 25-X-2017; entre muchas); tal como acontece en la especie.
IV.4. Similar respuesta corresponde brindar en relación al agravio vinculado con la violación de la ley 12.836 y de los arts. 7, 10 y concordantes de la ley 23.928 (v. págs. 9/10).
Sobre el punto la Cámara destacó que la cuestión radicaba en desentrañar si la actualización del valor a precio actual de la tierra que el Fisco debía indemnizar importaba apartarse de los lineamientos de la Ley de Consolidación de Deudas 12.836; o si dicho valor debía ser considerado a la fecha del acuerdo celebrado en autos (v. pág. 10).
Remitiendo a lo resuelto en el expediente homónimo en el cual se debatieron los daños y perjuicios concretos producto de la inundación y en el que el Fisco provincial convino con los actores fijar el monto indemnizatorio a valores actuales, el Tribunal de Alzada sostuvo que la normativa de consolidación no obstaba a que los jueces pudieran establecer los valores de la indemnización a fechas actuales o cercanas a la sentenc
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