Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123304
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.304, "V., S. B. Abrigo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Torres , Kogan.
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había declarado la situación de adoptabilidad de la niña S. B. V. (v. fs. 199/211 vta.).
Contra dicho fallo los progenitores de la niña -C. I. F. y H. O. V., con el patrocinio de la Defensoría de Familia n° 8 departamental- deducen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 216/222 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Se iniciaron las presentes actuaciones con la comunicación de la medida de abrigo en institución adoptada por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Vicente López respecto de la niña S. B. F. (v. fs. 6/14).
El organismo administrativo refirió que había comenzado a intervenir a partir de la recepción de un informe firmado por la licenciada Silvana Lauro en el que se comunicaba que la señora C. I. F. -luego de haber ingresado a la maternidad el día 29 de agosto de 2017, llevada por una ambulancia, con bolsa rota y un parto inminente- había dado a luz a una criatura de sexo femenino, de 35 semanas de gestación (v. fs. 11).
Se informó que se entrevistó a la señora F. y que la misma refirió que no había controlado su embarazo porque "no le gusta", que desde el anterior fallecimiento de sus gemelos había quedado con fobia a los médicos, conducta que atravesó sus posteriores embarazos (v. fs. 11).
Que el día 11 de septiembre de 2017 el organismo fue informado telefónicamente de que la señora F. había abandonado el hospital sin el alta médica, dejando allí a su hija, quien sí se encontraba ya en condiciones de alta (v. fs. 11).
Que luego se mantuvo una entrevista con la señora A. A. G., progenitora de la señora C. I. y abuela de la recién nacida, que si bien manifestaba su intención de hacerse responsable de su nieta expresaba que no podía hacerlo de manera inmediata debido a cuestiones organizativas, fundamentalmente porque ya se encontraba ejerciendo el cuidado de la niña C. L. F. (hermana de la recién nacida S. B.), quién -por entonces- tenía un año de edad (v. fs. 11).
En consecuencia, se expresó que se había mantenido comunicación telefónica con el Servicio Zonal a fin de solicitar una vacante para el alojamiento de S. B. y que, no habiéndosela conseguido en un hogar convivencial, la medida fue finalmente implementada en la Maternidad Santa Rosa (v. fs. 12).
Por demás, luego de entrevistar a la señora C. I. F., el organismo evaluó que esta no presentaba registro de las causas que habían originado la implementación de la medida de abrigo de su hija ni conciencia sobre su problemática vinculada al consumo de sustancias estupefacientes; que -adicionalmente- presentaba baja alarma materna y escasos recursos simbólicos y capacidad de maternaje (v. fs. 12).
Se informó así que a partir de las entrevistas mantenidas y de la información aportada por los profesionales de la Maternidad Santa Rosa, el equipo profesional del organismo administrativo consideraba que tanto la señora F. como el señor V. no contaban con las herramientas y capacidades parentales necesarias para ejercer mínimamente el cuidado de la niña.
De tal modo, se concluyó que la ausencia de registro y conciencia de la situación por parte de los progenitores de la niña recién nacida y el consumo problemático de sustancias tóxicas suscitaban conductas de negligencia severa en cuanto al cuidado diario de la niña, evaluándose -por demás- que el contexto habitacional intrafamiliar representaba un riesgo para la integridad psicofísica de la pequeña (v. fs. 13).
II. El Juzgado de Familia n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, en concordancia con lo dictaminado por la Asesora de Incapaces interviniente a fs. 144/146 vta., declaró a la niña en estado de adoptabilidad (v. fs. 159/166 vta.).
III. Apelado dicho fallo por sus progenitores (v. fs. 176 y 178/173), la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental lo confirmó (v. fs. 199/211 vta.).
IV. Contra el pronunciamiento de la Cámara los señores C. I. F. y H. O. V. deducen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la errónea aplicación de los arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 3, 7, 8 y concordantes de la Convención sobre los Derechos del Niño; de las "100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad"; 3 de la ley 26.061 y 4 de la ley 13.298 (v. fs. 216/222 vta.).
Exponen que se encuentran realizando el correspondiente tratamiento y que actualmente han dejado de consumir cualquier tipo de estupefacientes y que, si bien -reconocen- su situación de vulnerabilidad persiste, se hallan hoy mejor posicionados que hace algún tiempo (v. fs. 217 vta.). Por demás, plantean que la señora G. resulta ser una buena alternativa para ejercer el cuidado de S. hasta tanto se considere que se encuentran dadas las condiciones para que ellos puedan asumir y/o retomar la crianza de todos sus hijos (v. fs. 218).
Afirman que se han priorizado las formalidades de un proceso predestinado a la declaración del estado de adoptabilidad de S., prescindiendo de considerar que la realidad de sus progenitores ha cambiado, situación que -reputan- ha devenido invisible para la mirada de quienes han dirigido el proceso, por falta de aplicación concreta de los principios constitucionales y convencionales en la materia (v. fs. 218 vta.). Así, impugnan que el fallo resulta violatorio de tal normativa vigente al no priorizar la permanencia de la niña en el seno de su familia de origen (v. fs. 220 vta.).
Finalmente, denuncian que habiendo la abuela materna de S. dado su consentimiento para cuidar de la niña, tanto el Servicio Local como el Juzgado de Familia omitieron el deber legal impuesto por el art. 35 bis de la ley 13.298 (v. fs. 221 vta.). Insisten -en tal sentido- en que la mejor decisión vinculada con la pequeña, en pos de su desarrollo holístico, es que crezca junto a sus hermanos bajo el actual cuidado de su abuela materna y luego con los recurrentes (v. fs. 221 vta.).
V. Pues bien, el recurso no puede prosperar.
V.1. Ello así pues la decisión adoptada en autos concilia acabadamente con el superior interés de la niña S. B. V. (arg. arts. 3, 9 y 12, CDN; 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 594, 595 inc. "a", 607, 706 y concs., Cód. Civ. y Com.; 1, 11, 15, 36.2 y concs., Const. prov.; 4, 5, 6, 7 y concs., ley 13.298; 1, 2 y concs., ley 26.061; ley 14.528 y 384 y 853, CPCC).
El art. 3, párrafo primero, de la Convención sobre los Derechos del Niño otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada. El interés superior del niño se aplicará a todos los asuntos relacionados con el niño y se tendrá en cuenta para resolver cualquier posible conflicto entre los derechos consagrados en la Convención o en otros tratados de derechos humanos (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14 [2013] sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, párr. 33).
El Comité subraya asimismo que dicho interés superior debe ser entendido como un concepto triple: Por un lado, (i) un derecho sustantivo, consistente en que sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño. Por otro lado, (ii) un principio jurídico interpretativo fundamental (si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva ese interés superior del niño). Y, finalmente, (iii) una norma de procedimiento, en tanto siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño, así como la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14, cit., párr. 6).
El objetivo del concepto "interés superior del niño" es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el desarrollo holístico del niño, abarcativo de sus aspectos físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 5 [2003] sobre medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, párr. 12; Observación General n° 12 [2009] sobre el Derecho del Niño a ser escuchado, párr. 2; y Observación General n° 14, cit., párr. 4).
Ahora bien, en la práctica, la apreciación del interés superior del niño es una cuestión compleja y su contenido debe determinarse caso por caso. De este modo, puede definirse al "interés del menor" como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un niño o niña dado y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto, ya que no es concebible un interés del niño puramente abstracto, por lo que debe quedar excluida toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (causas Ac. 63.120, "G., V.", sent. de 31-III-1998; Ac. 73.814, "G., J.G.", sent. de 27-IX-2000; Ac. 79.931, "A., K. E.", sent. de 22-X-2003; e.o.), máxime cuando en materia de personas menores de edad todo está signado por la provisoriedad, en tanto lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo y, a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente (causas Ac. 66.519, "C., M. A.", sent. de 26-X-1999; Ac. 71.303, "S., C. E.", sent. de 12-IV-2000; Ac. 78.726, "M., R. R. y otra.", sent. de 19-II-2002; e.o.).
Así, la evaluación del interés superior del niño es una actividad singular que debe realizarse en cada caso teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños. Esas circunstancias se refieren a las características específicas del niño o los niños de los que se trate, como su edad, su sexo, su grado de madurez, su opinión, su experiencia, su pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y cultural del niño, por ejemplo, la presencia o ausencia de los padres, el hecho de que el niño viva o no con ellos, la calidad de la relación entre este y su familia o sus cuidadores, su entorno en relación con la seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a disposición de la familia, la familia ampliada o los cuidadores, entre otras (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14, cit., párr. 48).
Al evaluar y determinar el interés superior de un niño también debe tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurarle la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14, cit., párr. 71); este último apreciado en un sentido amplio, abarcativo de sus necesidades materiales, físicas, educativas, culturales, espirituales y emocionales básicas, así como de su necesidad de afecto, seguridad, pertenencia, estabilidad y proyección.
Por demás, la consideración del interés superior del niño como algo "primordial" requiere tomar conciencia de la importancia que deben tener sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14, cit., párr. 40). Así, los posibles conflictos entre el interés superior de un niño, desde un punto de vista individual, y los de un grupo de niños o los de los niños en general tienen que resolverse caso por caso, sopesando cuidadosamente los intereses de todas las partes y encontrando un compromiso adecuado. Lo mismo debe hacerse si entran en conflicto con el interés superior del niño los derechos de otras personas. Si no es posible armonizarlos, las autoridades y los responsables de la toma de decisiones habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones. Por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14, cit., párr. 39).
Es que en este aspecto, el principio favor minoris , con expresa recepción en los arts. 3 y 5 de la ley 26.061, conforme al cual, ante la posible colisión o conflicto entre los derechos e intereses de los menores, en oposición a otros derechos e intereses igualmente legítimos han de prevalecer los primeros (en similar sentido, art. 4, ley 13.298), adquiere una preponderancia objetiva y se complementa con el principio de precaución, que exige valorar primordialmente los riesgos, eventuales daños futuros y otras consecuencias de la decisión, en la seguridad de los niños.
Así, la jerarquía de los derechos vulnerados, que interesan sin duda alguna al interés público, y la consideración primordial del interés del niño deben guiar la solución de cada caso en orden a restablecerlos, por una parte, y hacerlo con el menor costo posible -entendiendo esto último en términos de economía y celeridad procesales-, atendiendo a razones de elemental equidad, todo ello sin mengua de la seguridad jurídica, valor igualmente ponderable por su trascendencia en toda decisión que tomen los jueces (causas Ac. 56.535, "E., M.E.", sent. de 16-III-1999; Ac. 84.418, "A., S." sent. de 19-VI-2002; e.o.).
V.2. En este marco, el tiempo constituye un factor esencial al momento de hacer operativo el "interés superior del niño". Así, la exigencia de que ese interés sea analizado "en concreto", como también el situar que el "conjunto de bienes necesarios" para el niño se integre con los más convenientes en "una circunstancia histórica determinada", responden al lugar e incidencia trascendental que el factor temporal tiene en la vida de los niños (v. mi voto en la causa C. 122.500, "P., J. F.", sent. de 11-IX-2019).
En el caso, del informe de conclusión del Plan Estratégico de Restitución de Derechos, agregado a fs. 101/106 surge que, luego de siete meses de adoptada la medida, el estado de situación era similar al que le dio origen. Se refiere allí que tanto el señor H. O. V. como la señora C. F. continuaban sin iniciar un tratamiento para sus problemáticas de consumo, negando las mismas y desoyendo cualquier tipo de intervención del organismo administrativo (v. fs. 103/106).
Se expresa que se les había brindado a los progenitores espacio en el dispositivo CPA, sin obtener respuesta alguna de su parte, quienes además cuestionaban el acuerdo de los operadores de solicitar la intervención del área de Salud Mental del Hospital de Vicente López para el inicio de un tratamiento adecuado (v. fs. 103).
Luego, frente a las manifestaciones expuestas ahora, referidas a la superación de la problemática que les impedía a ambos recurrentes hacerse cargo de su hija (v. fs. 217), cabe apreciar que -más allá de estas- no se han aportado nuevos elementos de convicción que permitan avizorar un cambio en la mentada situación respecto de las circunstancias descriptas tanto en el aludido informe de conclusión del Plan Estratégico de Restitución de Derechos como en los elaborados con posterioridad por los peritos del equipo técnico del Juzgado de origen (v. fs. 131/139 vta.).
Por demás, con relación a los reproches dirigidos contra el abordaje de estrategias alternativas tendientes a la permanencia de S. con la abuela materna, a quien los impugnantes consideran un buen sostén (v. fs. 218 y sigs.), estas se contraponen con lo que se desprende del citado dictamen del organismo administrativo y demás constancias de la causa, de los que emana que la señora G. se encontró en todo momento sumamente desbordada con la situación de crianza de sus otros nietos, M., D. y C. F., manifestando a los profesionales intervinientes -incluso- su imposibilidad de hacerse responsable de S., sin que tal renunciamiento haya sido modificado con posterioridad durante el curso del proceso.
Adicionalmente, del referido dictamen surgen ciertas irregularidades incurridas por la señora G. en el cuidado de sus nietos mayores, por lo que el Servicio Local consideró que no resultaba conveniente que ejerciera el cuidado de S. (v. fs. 105), sin que se presenten ulteriores actuaciones susceptibles de desvirtuar tales conclusiones (conf. doctr. art. 384 y concs., CPCC).
V.3. Para más, a tenor de las resultas del incidente de vinculación iniciado en septiembre de 2018, la niña convive desde el 10 de octubre de ese año con su guardadora, la señora P., seleccionada del Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción, a quien le fue otorgada cautelarmente dicha guarda en noviembre de 2018.
En dicho marco, los peritos Trabajador Social y Psicólogo intervinientes han observado -desde un comienzo- una relación natural, espontánea, cálida y afectuosa entre la niña y su guardadora, evidenciándose un grado de interrelación adecuado y funcional entre ambas, demostrando la postulante una gran capacidad de adaptación y plasticidad ante las actitudes, conductas y necesidades de la niña, quien -por su parte- se ha mostrado siempre predispuesta a interrelacionarse con la señora P., haciéndose evidente que esta ya ocupa una posición especial en su vida, demostrando claras muestras del lugar de referencia afectiva que la postulante ha comenzado a desempeñar en su cotidianeidad, notándose que ambas se están integrando adecuada y operativamente.
De tal manera, concluyen que de lo observado se desprende que la niña ha vivenciado situaciones de cuidado, protección y cariño por parte de la guardadora, típicas de las brindadas desde el ejercicio de un rol maternal sano, vislumbrándose claramente la integración de una estructura familiar entre ambas, con la consecuente asignación e interjuego de roles en el marco de una relación de índole materno-filial (conf. Informe conjunto agregado a las referidas actuaciones complementarias).
Evidentemente, los niños y los adultos no tienen la misma percepción del paso del tiempo. Los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución de los niños (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14, cit., párr. 93).
Así, las estrategias de revinculación del niño con su familia de origen poseen un momento de realización. Y no parece posible insistir con ellas cuando, como ocurre aquí, debido al transcurso del tiempo y la impotencia de quienes reclaman una nueva oportunidad ello solo podría importar prolongar excesivamente la indefinición de la situación del niño y vulnerar sus derechos fundamentales de acceder, en forma seria, establ
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