Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120695
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.695, "Garbuglia, Delfor Raúl contra Estancia San Sebastián S.A. y otro/a. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas a la aseguradora codemandada vencida (v. fs. 521/543).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 562/588).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen, luego de hacer el cotejo de constitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557, admitió la demanda promovida por el señor Delfor Raúl Garbuglia contra La Segunda ART S.A. en cuanto perseguía el pago de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16- y el incremento previsto en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) establecido en el art. 17 apartado 6 de la citada norma (v. sent., fs. 527/543).
Resolvió de ese modo porque juzgó probado en el veredicto que el día 24 de junio de 2010, a raíz del infortunio padecido mientras desarrollaba sus tareas para la empleadora, el actor padece secuelas de lumbociatalgia, que lo incapacitan en un 11% del índice de la total obrera, en relación concausal con el trabajo realizado (v. vered., fs. 523/524).
Asimismo, sostuvo el juzgador que debía apartarse de la pericia contable realizada en autos, y con sustento en un expediente "homónimo sobre despido", fijó que el salario del actor (registrado y sin registrar) ascendía a la suma de $17.788,33 (v. vered., fs. 524 in fine y vta.).
En la sentencia, si bien juzgó configurados los presupuestos atributivos de responsabilidad del art. 1.113 del Código Civil (v. sent., fs. 530 vta. in fine /533), tras declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (v. fs. 534 vta. y 535), se dispuso a efectuar el pertinente cotejo entre el régimen general y el sistema especial de la ley 24.557, conforme fuera planteado en el fallo "Aquino" (v. sent., fs. 537 vta. in fine ).
Sostuvo, entonces, que conforme las prescripciones contenidas en la Ley de Riesgos del Trabajo, al dependiente le correspondía percibir la suma de $172.151,90 según la siguiente operación aritmética: $17.788,32 (IBM "...conforme autos N° 29083 sentencia del 18/3/2016") x 53 (dec. 1.694/09) x 11% x 1,66 (65/39); efectuado de acuerdo a lo previsto en los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., última fs. cit.).
Seguidamente, luego de evaluar que dicha suma no era alcanzada por el piso de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 ($943.119 x 11%), le adicionó el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 ($34.430,38).
A dicho importe decidió agregarle el índice RIPTE (4,64) calculado desde la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad (junio de 2010) hasta el último valor publicado de diciembre de 2015 (1.806,09), llegando a un total de $958.541,77 en concepto de prestaciones dinerarias de pago único (v. sent., fs. 537 vta. y 538).
A continuación, estableció que la indemnización a la que el trabajador era acreedor en el marco del régimen común ascendía a la cantidad de $661.370,10 por daño material, más $132.274 en concepto de daño moral (v. sent., última fs. cit.).
Sentado ello, consideró que, en el caso, las prestaciones previstas en la ley 24.557 resultaban suficientes para reparar el daño causado al actor, motivo por el cual desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 del mencionado cuerpo normativo, toda vez que no se hallaban vulneradas las garantías previstas en los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 28 y 43 de la Constitución nacional y en los tratados incorporados por su art. 75 inc. 22 (v. sent., fs. 538 vta./540).
En virtud de ello, rechazó la demanda entablada contra Estancia San Sebastián S.A. y condenó a La Segunda ART S.A. a pagar la suma que estableció en concepto de prestación de los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, más el índice RIPTE previsto en la última de las leyes citadas (v. sent., fs. 540/541 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 14, 16, 17, 18 y concordantes de la Constitución nacional; 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 163 y 345 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "e", 47 y 63 de la ley 11.653. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, denuncia vulnerado el principio de congruencia y el debido proceso, en tanto alega que el tribunal resolvió extra petita al condenar a la aseguradora en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, incorporando una vía jamás planteada por el accionante, lo que aduce torna nula la sentencia.
Al respecto, manifiesta que el actor inició demanda en el marco del derecho común, planteando incluso la inconstitucionalidad del régimen especial, y la imputó únicamente con fundamento en el art. 1.074 del Código Civil, circunstancia reconocida incluso por el a quo en su pronunciamiento, quien, además, juzgó no acreditados los presupuestos requeridos en dicha norma.
A partir de ello, deduce que el tribunal debió rechazar la acción en su contra, haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta oportunamente.
II.2. Luego, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y se dispuso la aplicación de sus disposiciones al caso.
Con cita de diversos fallos, tanto de la Corte Suprema nacional como de este Tribunal, alega que el juzgador incurrió en un severo error conceptual al aplicar retroactivamente la norma citada, en tanto su vigencia operó en fecha posterior al hecho denunciado.
Plantea que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y, en el caso, no correspondía hacerlo, en tanto el juzgador la declaró con el único fin de aplicarla retroactivamente.
II.3. También objeta el modo en que el tribunal de grado estableció el ingreso base, alegando que introduce "súbitamente", y recién en la sentencia, una cuestión novedosa.
En ese sentido manifiesta que el juzgador fija un aparente ingreso base determinado en un expediente ajeno, en el que ni fue parte ni tuvo intervención alguna, en función de parámetros y pruebas que no tuvo siquiera la posibilidad de refutar, desechando la pericia contable realizada en los presentes autos, y afectando de esa forma sus derechos de defensa y de propiedad, consagrados en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional, redundando ello en una manifiesta arbitrariedad.
Por otro lado, alega que el a quo se aparta de los parámetros establecidos en el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, sin siquiera declarar previamente su inconstitucionalidad, la que tampoco fue solicitada por la parte actora.
II.4. Subsidiariamente, también denuncia la errónea -u omisa- aplicación del decreto 472/14 -sin declarar tampoco en este caso su inconstitucionalidad-, por cuanto utilizó el índice RIPTE como coeficiente sobre el resultado de la fórmula.
Plantea que el mencionado reglamento establece que se ajustarán los pisos mínimos y las prestaciones adicionales de pago único solamente.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que el veredicto de fs. 521/525 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la señora secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 525 vta.) ni la sentencia (v. fs. 543), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. última fs. cit.).
Al respecto, cabe precisar que, si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado ello, cabe señalar que el primer agravio que porta la impugnación, relativo a la denunciada violación del principio de congruencia respecto de la condena en el marco del régimen especial, es insuficiente.
III.2.a. En el escrito de inicio, el actor, tras solicitar la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 24.557, pidió una reparación integral con sustento en el derecho común (v. fs. 89/122). Asimismo, se advierte que a fs. 89 vta. expresa, en lo que interesa, "...iniciar demanda por las prestaciones que se derivan de la Ley de Riesgos del trabajo (ley 24.557) contra La Segunda ART S.A." (fs. cit., demanda apdo. "I. Objeto").
En su responde, la aseguradora, tras plantear la falta de legitimación pasiva respecto de la acción de derecho común (v. fs. 212), y contestar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (v. fs. 213 vta./215 vta.), esgrimió los argumentos defensivos que consideró pertinentes respecto de su responsabilidad en el marco del régimen especial (v. fs. 216/218 vta.).
En su pronunciamiento, el órgano judicial de grado -ejerciendo facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- analizó el contenido de los pedimentos formulados en la demanda y, luego de efectuar la comparación entre la reparación que le correspondería al actor en el marco del derecho civil, y aquella con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo, juzgó que en el caso no cabía la descalificación constitucional del art. 39 de la ley 24.557, en tanto el régimen especial le otorgaba mayores prestaciones al damnificado (v. sent., fs. 535/540).
III.2.b. Es oportuno recordar que esta Corte ha declarado reiteradamente que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso queda reservada a los jueces de las instancias ordinarias, quienes tienen amplias facultades para establecer el ámbito litigioso de las cuestiones que integran la relación jurídico procesal, principio que sólo reconoce una excepción para que pueda atenderse en casación: el absurdo (causas L. 96.239, "Russo", sent. de 23-III-2011; L. 107.439, "Pérez", sent. de 26-IX-2012 y L. 114.483, "Torres", sent. de 8-V-2013).
También ha señalado que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de la denuncia y condigna demostración de absurdo en la tarea del juzgador (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 103.343, "Rivero", sent. de 7-IX-2011; L. 104.665, "Vergara", sent. de 7-III-2012 y L. 111.160, "Soria", sent. de 27-II-2013; e.o.).
Teniendo en cuenta esas directrices, se advierte que el recurso sub examine se encuentra insuficientemente fundado, toda vez que, más allá de la genérica denuncia de absurdo (formulada en el enunciado general efectuado a fs. 566), la agraviada no satisface la inexcusable carga de denunciar que el a quo hubiese incurrido en una absurda interpretación del escrito liminar.
La señalada deficiencia, a la luz de la evocada doctrina, cobra insalvable relevancia en el caso y define el rechazo del agravio analizado, pues esta Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 93.167, "Martínez", sent. de 8-VII-2008; L. 94.302, "Occhiuzzi", sent. de 18-II-2009 y L. 100.121, "Carrizo", sent. de 26-V-2010; e.o.).
III.2.c. Ahora bien, además del déficit técnico mencionado, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que, por imperio de dicha máxima, los magistrados pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el omitido, deviniendo necesario pronunciarse acerca de cuál es -en definitiva- el aplicable al caso. El ejercicio de esa facultad no infringe los principios de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida (causa L. 104.344, "Machado", sent. de 5-X-2011), circunstancia que no acontece en el caso.
III.3. Luego, y alterando el orden de los agravios, acierta la interesada al impugnar el cálculo del ingreso base mensual efectuado por el tribunal a los fines de la liquidación de la prestación correspondiente.
III.3.a. De manera liminar, cabe dejar sentado que no es acertada la disquisición de la recurrente en cuanto a que el tribunal de grado introdujo de manera súbita la referencia a un expediente no conocido hasta el momento del pronunciamiento, por lo que no se encuentran vulnerados los derechos de igualdad y defensa en juicio.
Ello así, dado que de las constancias del expediente surge que no solo fue ofrecido como prueba por el accionante en el escrito de inicio (v. demanda, fs. 117), sino que, para más, fue admitido en el auto de apertura a prueba (v. fs. 270 y vta.), resolución que no fue impugnada oportunamente, y se halla, por ende, firme y consentida.
III.3.b. Sentado ello, tal como lo indica la interesada, el sentenciante, al momento de determinar dicho ítem incurrió en un claro yerro al desatender los términos establecidos en el art. 12 de la ley 24.557 para calcularlo, prescindiendo brindar fundamentos razonables para apartarse de sus prescripciones.
Ello así, pues el juzgador practicó el cálculo determinativo del ingreso base tomando la mejor remuneración percibida por el trabajador en virtud de lo que surge del expediente en el que se analizó el despido (correspondiente al mes de mayo de 2010; v. fs. 517 y vta., expte. "Garbuglia, Delfor Raúl c/ Estancia San Sebastián S.A. s/ Despido") soslayando que no es esa la pauta salarial que la norma del régimen especial establece a los fines del cálculo de las indemnizaciones (v. vered., fs. 524 in fine y vta.; sent., fs. 537 vta. in fine ).
En consecuencia, debe revocarse este tramo del fallo y remitirse los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado y renovando, en su caso, los actos procesales que considere pertinentes, fije el ingreso base que corresponda a los fines de cuantificar las prestaciones del régimen especial.
III.4. Lo expuesto precedentemente no impide resolver el cuestionamiento vinculado a la aplicación de la ley 26.773.
En ese sentido, también asiste razón a la impugnante en cuanto sostiene que el tribunal aplicó erróneamente al caso la ley 26.773.
III.4.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia, tal como lo señalé en el precedente L. 118.252, "Garro" (sent. de 12-IV-2017).
Al respecto, habré de insistir en que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 -como ya lo dijo esta Corte- ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido de que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que cabe revocar la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.4.b. En lo que concierne al fondo del cuestionamiento, el agravio también debe prosperar conforme los fundamentos expuestos por este Tribunal, por mayoría, en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Allí se estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017; e.o.).
III.4.c. En consecuencia, teniendo en consideración que a la fecha de ocurrencia del accidente del trabajador, esto es, el día 24 de junio de 2010, se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso, en cuanto cuestiona que en el fallo se dispuso la aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, con nueva integración, dicte el pronunciamiento que corresponda, efectuando nuevamente el cotejo o comparación entre las sumas de las prestaciones del régimen especial y las que le correspondería acceder al actor por aplicación de las pautas del derecho común, todo ello de conformidad con la doctrina legal que emerge de los precedentes L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros" y L. 81.826, "Yaman", sentencias de 11-V-2005.
III.5. En función de lo resuelto precedentemente, donde se propuso revocar la aplicación al caso de la ley 26.773, ha perdido virtualidad la crítica concerniente a los ítems sobre los que debería recaer el ajuste en cuestión y la errónea aplicación del decreto 472/14.
Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas Ac. 62.281, "Macchi", sent. de 4-VI-1996; C. 98.851, "Macari", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.252, cit.).
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado con los alcances fijados en los puntos III.3.b. y III.4.
Los autos deberán volver al tribunal de la instancia ordinaria para que, nuevamente integrado, obre de conformidad con lo aquí resuelto, atendiendo a los planteos y defensas esgrimidas por las partes.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.