Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121869
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.869, "Correa González, Diego contra QBE Argentina ART S.A. y otro. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 145/160 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/178 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Diego Correa González contra QBE Argentina ART S.A. (actualmente Experiencia ART S.A.), y condenó a esta última al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 11 apartado 3 inc. "b", 15 apartado 2 y 17 apartados 1 y 2 de la ley 24.557 -esta última por el período adeudado desde el infortunio hasta la sentencia- y 3 de la ley 26.773; así también de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, que fijó en una vez la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires calculada sobre el capital de condena desde la fecha del evento dañoso (v. fs. 145/160 vta.).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el día 11 de marzo de 2016 el actor sufrió un accidente de trabajo cuando, en ocasión de prestar sus tareas como oficial de construcción, comenzó a demoler una pared que se derrumbó y cayó sobre su humanidad. Explicó, con sustento en la pericia médica, que tal episodio le dejó al trabajador secuelas físicas que lo incapacitan de modo total y permanente en el 100% del índice de la total obrera (incluyendo los factores de ponderación) que, sumado al tipo de lesión -consistente en la amputación de muslo 1/3 distal y fractura de húmero derecho operada con secuelas en sus movimientos- determinan la configuración del supuesto de gran invalidez contemplado en el art. 10 de la ley 24.557.
Por otro lado, declaró temeraria y maliciosa la conducta asumida por la demandada en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al respecto, expresó que su comportamiento debía ser encuadrado en el precepto aludido en tanto resultaba inadmisible, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del gravísimo estado de la víctima, que en acciones como la de autos en que se persigue una reparación sistémica, la conducta de la aseguradora demandada tienda a la excesiva e innecesaria prolongación en el cumplimiento de los deberes impuestos por la Ley de Riesgos del Trabajo, bajo el amparo de que la acción resultaba "prematura" atento que a la fecha del responde el reclamante se encontraba en tratamiento médico, por lo que resultaba apresurado determinar su grado de incapacidad. Ello, máxime teniendo en cuenta que -destacó el juzgador- se trataba de un joven trabajador con una pierna amputada y fractura de húmero derecho operado con secuelas de movimientos.
Calificó, entonces, dicho accionar como temerario en tanto la actitud de la demandada se tradujo en la propia conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón para litigar y, no obstante ello, así lo hace, abusando de la jurisdicción, o resistiendo la pretensión del contrario. Al respecto -puntualizó- ha dicho pacíficamente la jurisprudencia que debe entenderse que asume una conducta maliciosa o temeraria quien afirma hechos o se conduce sin fundamentos o motivos con conciencia de su propia sinrazón.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la configuración del vicio de absurdo (v. fs. 171/178 vta.).
II.1. En primer lugar, se agravia del encuadramiento de la incapacidad del actor en la figura de "gran invalidez" (art. 10, ley 24.557).
Sostiene que para condenar a la demandada al pago de las prestaciones establecidas en el art. 17 de la Ley de Riesgos del Trabajo previstas para el supuesto contemplado en el mencionado art. 10 no basta con afirmar que el trabajador padezca una incapacidad del 100% del índice de la total obrera, sino que resulta imprescindible que éste requiera la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida.
En ese orden, asegura -en sustancia- que las lesiones sufridas por el demandante no implican "per se" la necesidad de asistencia permanente. Agrega que dicha circunstancia tampoco fue alegada y menos aún acreditada en autos. Así, argumenta que la experticia se expidió en torno a la incapacidad del actor al momento del examen, así como también que el actor puede desplazarse -aunque con ayuda mecánica- por sus propios medios.
En consecuencia, afirma que la decisión impugnada es arbitraria pues el estado del actor no encuadra en el supuesto de gran invalidez.
II.2. Luego, se agravia de la aplicación al caso de la sanción por temeridad y malicia prevista en el art. 275 de la ley 20.744 (t.o.).
En concreto, bajo la denuncia de absurdo, sostiene que el juzgador fundó la condena en los términos expuestos en la contestación de la demanda, los cuales -afirma- al cabo resultaron acreditados pues a la fecha de interposición de la demanda el actor se encontraba en pleno tratamiento, por lo que no estaban agotadas las medidas terapéuticas del caso.
Agrega que a la fecha del responde, el accionante aún no contaba con alta médica, y destaca que jamás concurrió ante las comisiones médicas, por lo cual el grado de incapacidad que padece sólo pudo ser determinado en la sentencia judicial. Bajo ese esquema, alega que hasta su dictado no existió determinación de incapacidad ni, por ende, obligación de pago.
Con sostén en doctrina de autores acerca de los conceptos de temeridad y malicia, afirma que la actitud desplegada por la demandada no configura la conducta descripta por los mencionados institutos y que su comportamiento se ampara en las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso. Postula también que la aplicación de la sanción importa una fuente de enriquecimiento injustificado para el actor.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015 y L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015).
III.2. Con sujeción a tales premisas, considero que el primero de los agravios traídos no merece respuesta favorable.
III.2.a. Las argumentaciones expuestas en el recurso se dirigen esencialmente a descalificar las conclusiones del fallo por las que se declaró que el estado de salud del actor permitía encuadrar su situación en la figura prevista en el art. 10 de la ley 24.557.
Empero, de inicio, a poco de repasar el contenido de la pieza impugnativa, se advierte la ineficacia de la técnica recursiva para alcanzar su cometido, desde que se prescinde de denunciar concretamente la infracción de las normas actuadas en el pronunciamiento de grado o indicar en qué consistiría la transgresión de la doctrina legal de esta Corte -que no identifica- que denuncia infringida.
III.2.b. Aun cuando tal déficit técnico sella la suerte adversa del cuestionamiento, para mayor satisfacción del recurrente, habré de formular las siguientes observaciones.
Reiteradamente ha declarado esta Corte que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 92.723, "Richieri", sent. de 13-V-2009; L. 99.083, "De Tellería", sent. de 28-V-2010 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
Bajo esas pautas, advierto que el interesado tampoco logra demostrar la existencia del grave yerro invocado. Ello así porque se limita a examinar el asunto debatido desde su particular óptica, mas sin evidenciar que el razonamiento expuesto por el sentenciante se encuentre viciado, pues los argumentos que expone no son idóneos para descalificar las esenciales motivaciones que -a partir del análisis de los escritos constitutivos del proceso y del material probatorio obrante en la causa (especialmente el informe elaborado por el perito médico)- condujeron a los magistrados de origen a juzgar que la situación que padece el trabajador encuadra en la figura de gran invalidez regulada por el art. 10 de la ley 24.557.
En efecto, su particular visión respecto al modo en que -a su juicio- debieron apreciarse los hechos y las pruebas no logra conmover lo decidido en la instancia de origen, pues las alegaciones exhibidas en el recurso respecto al actual cuadro de salud que padece el trabajador -que, por cierto, no encuentran respaldo en las constancias de la causa- no superan el registro de una mera discrepancia de opinión que sólo traduce la disconformidad del impugnante con la decisión cuestionada sin concretar una réplica adecuada y eficaz de lo resuelto.
En definitiva, no advierto que la queja aporte elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica a una mera contraposición de criterios que, como tal, resulta inidónea a los fines del recurso deducido (causas L. 94.424, "Correa Perdomo", sent. de 6-X-2010; L. 115.714, "Escobar", sent. de 12-VI-2013 y L. 116.808, "A., R. C.", sent. de 1-VII-2015).
III.3. El reproche vinculado con la aplicación de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco merece respuesta favorable.
Cabe señalar que el análisis de los presupuestos vinculados a la conducta obstruccionista o dilatoria a los que hace mención el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, remite inequívocamente al examen de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya ponderación resulta privativa de los jueces de grado y ajenas -por regla- a esta casación, salvo denuncia y acreditación de absurdo (causas L. 112.631, "Borchi", sent. de 17-IV-2013; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015 y L. 117.464, "Ruggeri", sent. de 20-XII-2017).
No obstante haber denunciado que el pronunciamiento adolece de ese vicio, el impugnante, a través de un discurso genérico y poco preciso, se desentiende del examen realizado por el sentenciante respecto de la actuación de la aseguradora demandada que lo condujo a aplicarle esa penalidad en las concretas circunstancias del caso, reprochando su actitud frente al urgente reclamo del actor y la gravedad del cuadro que padecía y que, en ese contexto, juzgó constitutiva de la conducta penalizada por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cabe recordar que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 107.351, "Baute", sent. de 23-XII-2013; L. 105.284 "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017), extremos que -reitero- no se lograron acreditar.
De ese modo no logra concretar una réplica idónea a los fines de descalificar lo decidido en la instancia de origen (causas L. 115.969, "Espeche", sent. de 8-VII-2014; L. 117.899, "Marchetti", sent. de 20-IX-2017 y L. 120.443, "Mascotena", sent. de 6-XI-2019).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2021 16:35:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 19:32:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2021 09:39:18 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/03/2021 19:31:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/03/2021 08:25:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia