Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122310
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.310, "Camerini, Antonio Ángel contra Prunder S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la acción promovida, imponiendo las costas a la actora vencida (v. fs. 259/268 vta.).
Se interpuso, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 31 de agosto de 2018).
Oído el Procurador General (v. fs. 304/305), dictada la providencia de autos (v. fs. 310), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó la demanda iniciada por el señor Antonio Ángel Camerini contra Prunder S.A., por la que pretendía el cobro de una indemnización integral por despido discriminatorio (v. fs. 259/268 vta.).
Para así decidir, juzgó no demostrado que la rescisión directa e incausada del contrato de trabajo dispuesta por la patronal el día 31 de agosto de 2013, haya implicado para el dependiente un menoscabo a sus derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitucional nacional (v. fs. 261 vta. y 266).
Puntualizó -en este sentido- que los indicios invocados por el trabajador, no resultaron suficientes para sostener que la empleadora haya tenido para con el actor conductas persecutorias y/o de acoso, tendientes a lograr su renuncia (v. sent., fs. 264).
Remarcó que el distracto acaeció cuatro años después del lamentable accidente que sufriera el actor, y pasados dos años desde que se reincorporara en tareas pasivas por recalificación (v. sent., fs. 266).
Enfatizó, además, que la firma accionada le abonó oportunamente la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin que se verificara, en la especie, quebrantamiento de los arts. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1 de la ley 23.597 (v. fs. 267).
II. Contra dicho pronunciamiento, la accionante interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. presentación electrónica de fecha 31 de agosto de 2018).
Funda su crítica en que el tribunal de grado omitió expedirse respecto de la causa que motivó el despido discriminatorio del dependiente, consistente en haber reclamado judicialmente a la firma Prunder S.A., el cobro de la reparación integral derivada del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba servicios.
Aduce que la cuestión preterida por el a quo resulta esencial, toda vez que la extinción del contrato de trabajo así dispuesta, es violatoria de garantías constitucionales y discriminatoria hacia el trabajador por su condición social (arts. 14 y 18, Const. nac. y 1, ley 23.592).
III. Comparto la solución que propicia el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 304/305), en cuanto a que el recurso no puede prosperar.
Ello así, por cuanto lejos de revestir el carácter esencial que le atribuye la parte actora, la cuestión que se alega preterida constituye un argumento esgrimido por el reclamante en sustento de su pretensión, por lo que de ningún modo su presunta falta de consideración en el fallo podría eventualmente comprometer la validez constitucional de éste en los términos de lo dispuesto por la cláusula constitucional que se denuncia transgredida (causas L. 87.794, "Gorosito", sent. de 17-V-2006; L. 95.719, "D’Angelo", sent. de 7-IV-2010 y L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013).
De todos modos, de la simple lectura del decisorio objetado se vislumbra que la cuestión que se sugiere como obviada, fue ponderada por el juzgador de grado (v. sent., fs. 262 vta., 266 y 267 vta.), aunque su decisión resultó adversa a la postura accionante, y en orden a ello, no es ocioso destacar que la crítica del acierto jurídico de dicho juicio, plasmado en la sentencia, no puede ser revisado por este conducto de impugnación.
Sobre el particular, este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que son cuestiones esenciales las que conforman la estructura de la traba de la litis, y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la correcta solución del litigio, y no cualquiera que las partes consideren tales (causas L. 89.446, "Membibre", sent. de 25-III-2009; L. 117.786, "Flores", sent. de 10-VI-2015 y L. 121.926, "Bouciguez", sent. de 10-IV-2019).
Asimismo, tiene dicho que la imputación de errores in iudicando -en definitiva, como lo expresé, de ello trata la impugnación- es materia ajena al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014).
IV. Por lo expuesto, considero que debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas a la recurrente (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 18 y 28 de la Constitución nacional; 1 de la ley 23.592; 44 incs. "d" y "e" y 47 de la ley 11.653; 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y de la doctrina legal que cita.
Se agravia de la sentencia de grado en cuanto omitió -a criterio del impugnante- abordar la existencia de un juicio laboral anterior, a través del cual el actor había reclamado a su empleadora, hoy demandada, la reparación de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que había sufrido, circunstancia esta última que -aduce el recurrente- se erigió en la verdadera causal de su despido, revistiendo -por lo tanto- el carácter de discriminatorio.
En este orden de ideas, denuncia violación del principio de congruencia y de la doctrina legal que identifica.
II. El recurso no prospera.
II.1. De modo liminar, corresponde señalar que en el sub lite , como señaló el juzgador en el auto de concesión de fs. 295/296, el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Así, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
II.1.a. Reducido de tal modo el marco de análisis del embate traído, los planteos que despliega el interesado con la finalidad de desvirtuar lo resuelto por el a quo no son atendibles.
Ello es así, pues los fundamentos de la decisión objetada, como los argumentos que nutren la impugnación del presente caso, arraigan en típicas cuestiones de hecho y prueba, cuyo planteo y análisis, resultan ajenos al ámbito de la casación por la vía transitada.
En tal sentido, reiteradamente se ha declarado que no se verifica la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, cuando mediante la denuncia de violación de doctrina legal, se traen a consideración de esta Suprema Corte cuestiones de índole fáctica y probatoria, ajenas a este acotado margen de revisión (causas L. 91.267, "Pineda", sent. de 20-VIII-2008; L. 90.775, "Catalán", sent. de 10-XII-2008; L. 90.717, "Barrera", sent. de 6-V-2009; L. 89.315, "Aguilera", sent. de 25-XI-2009; L. 91.261, "Stieben", sent. de 10-II-2010; L. 99.949, "Avendaño", sent. de 13-X-2010; L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; e.o.), como lo es -en el caso- determinar el carácter discriminatorio -o no- del despido.
Si bien lo expuesto resulta suficiente para rechazar la queja sub examine , cabe agregar que los precedentes que cita el recurrente (causas L. 104.378, "Sffaeir", sent. de 8-VIII-2012 y L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015) fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 120.111, "Hetem", resol. de 30-X-2016; e.o.).
II.1.b. Para más, corresponde recordar que reiteradamente ha dicho esta Corte que no se observa la concurrencia de la mentada excepción, en el sentido y con el alcance establecido por esta sede casatoria, cuando la doctrina que se invoca como violada refiere al vicio de absurdo (causas L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012 y L. 113.266, "Fernández", resol. de 28-XII-2010), ni tampoco cuando las citas jurisprudenciales aluden al principio de congruencia (causas L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.766, "Clemente", resol. de 28-X-2015 y L. 121.573, "Suarez", resol. de 30-V-2018).
III. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Con excepción de lo expresado en la parte final del punto II.1.b. en cuanto refiere al principio de congruencia (dada mi opinión volcada, entre otras, en la causa L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007), coincido con los restantes motivos expuestos por el doctor Pettigiani en su voto, referidos a la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, que bastan, a mi entender, para brindar respuesta al interrogante planteado.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2021 10:31:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2021 14:02:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/03/2021 10:14:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2021 16:00:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2021 20:16:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia