Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122209
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.209, "Grill, René Omar contra Visuar S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 477/493 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 31 de julio de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción promovida por René Omar Grill y condenó a Visuar S.A. a abonarle las sumas que especificó en concepto de diferencias en comisiones, indemnizaciones derivadas del despido y por clientela. Asimismo, acogió el reclamo tendiente al cobro del resarcimiento contemplado en el art. 1 de la ley 25.323 (v. fs. 477/493 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés, puntualizó que encontrándose controvertido el monto de las remuneraciones, la prueba contraria a los dichos del trabajador estaba a cargo de la parte empleadora, conforme lo previsto en los arts. 39 in fine de la ley 11.653 y 11 de la ley 14.546 (v. fs. 481).
Señaló el sentenciante que, de acuerdo a lo informado por el perito contador en su experticia, la accionada no le había exhibido la documentación laboral dirigida a constatar el volumen de las ventas efectuadas con la intervención del reclamante, la facturación del período 2010/2013, con más los remitos correspondientes; y que, si bien la demandada llevaba el libro de viajantes de comercio, su rúbrica resultaba de fecha posterior al despido del dependiente (v. fs. 481 y vta.).
En este contexto, concluyó que toda vez que el porcentaje por comisiones es un dato de inexcusable registración -acorde lo prescripto en el art. 10 del estatuto de viajantes de comercio- correspondía aplicar, en el caso, la inversión de la carga probatoria, tal como lo prevé el art. 11 de la ley 15.546 (v. fs. 481 vta.).
Luego de aclarar que la presunción que surge de la última norma citada no es absoluta, sino que debe interpretarse en el marco probatorio integral de la causa (contrato de trabajo de fs. 178/181, soportes informáticos de fs. 59/163 que ilustran sobre ventas realizadas y comisiones liquidadas, recibos de haberes glosados a fs. 14, 21, 22, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 165, 167, 168, 169, 171 y 172), con sustento en lo estipulado en los arts. 56 y 114 de la Ley de Contrato de Trabajo, 11 de la ley 14.546 y el principio de equidad, concluyó que las comisiones que debía percibir el señor Grill eran del uno por ciento sobre el precio efectivo de venta (v. vered., fs. 483 y vta.).
Con base en esto último, procedió a calcular las diferencias por las que prosperó la demanda.
Bajo esta plataforma, concluyó que habiéndose demostrado que la relación laboral se encontraba deficientemente registrada, correspondía declarar procedente el resarcimiento previsto en el art. 1 de la ley 25.323.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 10 y 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc. 4, 163 inc. 5 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 10 y 11 de la ley 14.546; 52, 55, 56 y 114 de la Ley de Contrato de Trabajo; 37, 39, 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 31 de julio de 2018).
En lo medular señala que, a partir de una absurda valoración de las pruebas producidas en la causa, el a quo arribó a la errada conclusión que al actor le correspondía percibir los conceptos objeto de condena.
Enfatiza que -en su criterio- el tribunal de mérito efectuó una aplicación errónea del art. 11 de la ley 14.546, sin respaldo probatorio o formal que lo justifique.
Alega -en sustento de su postura- que el accionante en su escrito constitutivo prestó solamente el juramento normado en el art. 39 de la ley 11.653, omitiendo hacerlo respecto del contemplado en la norma estatutaria citada en el párrafo anterior.
Refuta, también, lo afirmado por el a quo en orden a que el libro de viajantes de comercio era llevado por la accionada sin las formalidades de ley. Aduce que tal conclusión plasmada en el fallo se opone a lo informado por el perito contador, quien en su dictamen manifestó que era llevado en debida forma.
Cuestiona, asimismo, la decisión de mérito por haber concluido que el señor Grill tenía derecho a percibir diferencias por comisiones devengadas con anterioridad al distracto, por todo el período no prescripto. En este sentido, afirma que lo resuelto en la instancia de grado, se aparta de la pacífica doctrina de esta Suprema Corte que cita (causas L. 57.542, "Planas", sent. de 26-IX-1995; L. 54.898, "Ruarte", sent. de 10-VII-1996; L. 61.355, "Ortega", sent. de 12-VIII-1997; L. 62.660, "Peralta", sent. de 2-VI-1998; L. 67.533, "De Trocchi", sent. de 19-X-1999; L. 80.761, "Peyrú", sent. de 27-X-2004) que sostiene la ausencia del derecho a reclamar el pago de comisiones -o sus diferencias- en los casos en que el demandante no haya efectuado en su pedimento un detalle concreto de las operaciones en que las funda.
Critica, por último, la recepción de la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323, por fundarse -a su modo de ver- en la dogmática afirmación de que la relación laboral no se encontraba correctamente registrada, soslayando lo dictaminado por el perito contador, quien en este aspecto habría informado lo contrario.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Abordaré, en primer lugar, las críticas que contienen los apartados VII.a. y VII.b. de la presentación recursiva, en los que se denuncia la incorrecta aplicación del art. 11 de la ley 14.546 derivada de lo que se considera una conclusión dogmática acerca de la forma en que era llevado el libro de viajantes de comercio y de la ausencia del juramento previsto en esa norma, a la vez que la errada liquidación de las comisiones y la ausencia de individualización de las operaciones concretadas por el actor.
El tema remite a las cuestiones primera y tercera del veredicto en las que el tribunal de origen precisó los instrumentos de registro llevados por el empleador y las remuneraciones abonadas al actor, así como la comisión convenida entre las partes, respectivamente.
Fue al responder la tercera cuestión del fallo de los hechos que, luego de relevar las posiciones de las contendientes, los recibos de haberes acompañados y lo informado por el experto contable el a quo determinó: a) que encontrándose controvertido el monto de las retribuciones -por aplicación de los arts. 39 segundo párrafo de la ley 11.653 y 11 de la ley 14.546- es carga del empleador probar en contra de los dichos del trabajador; b) que con los recibos no controvertidos se acreditaron las retribuciones percibidas por el actor entre enero de 2011 y abril de 2013 en concepto de salario básico y comisiones; c) que la demandada ninguna documental exhibió tendiente a verificar el volumen de ventas realizadas con intermediación del actor, tampoco facturaciones ni remitos correspondientes a los años 2010/2013, ni porcentaje por comisiones; d) que la accionada lleva libro especial de viajantes de comercio en el que se encuentra registrado el actor aunque destaca que la rúbrica de dicho instrumento de registro es posterior a su despido por lo que aplica arts. 10 y 11 de la ley 14.546; e) que corresponde aplicar la presunción del mismo art. 11 por ausencia del dato relativo al porcentaje de comisión al que considera inexcusable, aunque juzga que la misma no es absoluta y debe ser valorada en el marco probatorio integral de la causa; f) tomando en consideración que el accionante no efectuó -en principio- el detalle de las operaciones por las que reclama comisiones sino que enunció el total de las ventas mensuales pero, y a la vez, que no se encuentra controvertido el sistema de cálculo de aquellas como así tampoco los importes percibidos por tal concepto que surgen de las planillas acompañadas, se verifica que los porcentajes por comisiones liquidadas iban entre el 1% y 0,4%.
Así las cosas, dada la ausencia de prueba que acredite una porcentaje mayor, y sin perjuicio del juramento prestado, se pronunció por el porcentaje de comisiones convenido (por ventas y cobranzas) que asciende al 1%; g) que el actor no acreditó la reducción de ingresos alegada; h) que entre los años 2012 y 2013 el accionante prestó servicios para otras firmas aparte de la demandada; i) que no corresponde hacer una aplicación mecánica de la presunción conforme los arts. 10 y 11 de la ley 14.546 y 39 de la ley 11.653 que arroje un resultado desproporcionado e irrazonable en relación a la índole de la actividad y las específicas tareas desarrolladas por el peticionario; j) con base en las pruebas producidas y las facultades que ostenta el tribunal para fijar las retribuciones de acuerdo con los arts. 56 y 114 de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio de equidad, definió que la comisión que debió percibir el actor es del 1% sobre el precio efectivo de venta excluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme lo demandado y los soportes informáticos acompañados por la accionada.
III.2. Luego, se advierte sin dificultad la insuficiencia del recurso en estudio (art. 279, CPCC).
La impugnante denuncia la errónea aplicación de la presunción prevista en el art. 11 de la ley 14.546 en virtud de que la actora no habría prestado la declaración jurada allí contemplada, a la vez que la absurda interpretación de la pericia contable atribuyendo al juzgador una lectura sesgada y antojadiza del informe que lo condujo a concluir que el libro de viajantes de comercio era deficientemente llevado.
III.2.a. Al respecto se observa que la recurrente se agravia por la supuesta violación del citado art. 11 del estatuto especial, mas no rebate la aplicación al caso del art. 39 de la ley ritual del fuero que, cabe recordar, regula los efectos probatorios de los instrumentos de registración en el proceso laboral bonaerense y resulta aplicable cuando exista -como sucede en autos- obligación de llevar libros, registros o planillas especiales de índole laboral, quedando definido el fracaso de esta parte de la impugnación por su manifiesta insuficiencia (art. 279, CPCC). Luego, igual deficiencia corresponde predicar respecto del restante tramo del agravio pues, de un lado y en relación a la fecha de la rúbrica del libro de viajantes de comercio, la recurrente no se hace cargo de que con relación a los años anteriores, la demandada sólo exhibió libros del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, y, del otro, no rebate la conclusión de indiscutible relevancia en la especie como lo es el hecho de que su parte no dio cumplimiento a los incs. "b" y "c" del art. 10 de la ley 14.546 que imponen registrar el porcentaje en concepto de comisión además de la identificación de la zona para el ejercicio de las operaciones del actor, tornándose por tanto operativa la inversión de la carga probatoria prevista en el art. 11 de la misma norma.
III.2.b. En otro orden, si bien el actor no dio detalle de cada una de las operaciones realizadas durante el período por el que reclama diferencias en concepto de comisiones, sí identificó -mes a mes- el importe de las ventas realizadas. A partir de allí, contemplando que el sistema de cálculo, así como los importes pagados en concepto de comisiones que surgían de las planillas no se encontraban controvertidos, el juzgador de grado determinó un porcentaje por ese concepto considerablemente inferior al pretendido por el actor -que hubiese prosperado en caso de aplicar automáticamente la inversión de la carga probatoria contemplada en el segundo párrafo del art. 39 de la ley 11.653-. Lo hizo apreciando en conciencia la prueba rendida (art. 44 inc. "d", ley 11.653) y actuando las facultades previstas en los arts. 56 y 114 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo habilitan por decisión fundada, a apartarse de ese resultado. No ha de olvidarse que los magistrados valoran la prueba conforme el sistema de apreciación "en conciencia" que les confiere una amplia facultad de ponderación crítica de la veracidad de los elementos de prueba obrantes en la causa que los autoriza, a la postre, a fijar el importe de los créditos, siempre que su existencia se encuentre legalmente comprobada y aunque su monto no resulte justificado (arts. 56, LCT y 165, CPCC) o, incluso, con prescindencia de lo reclamado (art. 44 inc. "e", ley 11.653).
Frente a ese modo de resolver, la peticionaria fracasa nuevamente en su intento impugnatorio, por el evidente desenfoque que exhibe. La pretendida violación de la doctrina legal que cita no alcanza para dejar sin efecto la condena al pago de las diferencias liquidadas, en la medida que lo discutido en autos no es la existencia de las operaciones que dieron lugar al pago de comisiones sino el porcentaje de las mismas; es -en suma- un tema de monto de la remuneración a comisión por las ventas y cobranzas realizadas cuya existencia ha sido reconocida por la accionada.
En razón de los motivos expuestos debe ser confirmado lo decidido por tribunal a quo en relación a las diferencias por comisiones liquidadas.
III.3. Tampoco son atendibles los agravios a través de los cuales el apelante impugna el acogimiento de las diferencias indemnizatorias por despido y por clientela. Ello así, por cuanto tales conceptos se encuentran -en su formulación y determinación- ligados de modo inescindible al monto de las remuneraciones que el juzgador de grado tuvo por acreditadas, las cuales -conforme lo resuelto precedentemente- han de permanecer firmes.
III.4. Finalmente, la impugnación dirigida a rebatir la procedencia del agravamiento indemnizatorio normado en el art. 1 de la ley 25.323, no es de recibo. Ello así toda vez que la alegación que formula el recurrente -relativa a que el experto contable había manifestado en su informe que los libros de la demandada eran llevados en debida forma- se desentiende del basamento estructural de esta parte del fallo, consistente en la irregular registración de la remuneración devengada por el actor (v. sent., fs. 490). Dicho déficit sella la suerte adversa de la réplica, pues es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el recurrente se desentiende de los argumentos que vertebraran la sentencia recurrida, y soslaya la crítica frontal, razonada y seria de todas sus motivaciones (causas L. 99.075, "Melanowicz", sent. de 3-VII-2015 y L. 118.019, "Milani", sent. 28-IX-2016).
IV. De conformidad con las consideraciones que aquí dejo expuestas, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2021 10:31:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2021 14:02:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/03/2021 10:15:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2021 16:00:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2021 20:16:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia