Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120816
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.816, "Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (ex La Caja) contra C., M. G. y otros. Consignación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda de consignación y rechazó la reconvención deducida, con costas en el orden causado (v. fs. 729/741 vta.).
Se interpusieron, por la parte reconviniente, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 748/766 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 803/804 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -hoy Experta ART S.A.- promovió demanda contra los derechohabientes del señor F. R. C., de consignación de las prestaciones dinerarias que correspondía abonar por el fallecimiento del nombrado, previstas por los arts. 11, 15 apartado 2 y 18 de la ley 24.557, texto según decreto 1.694/09 (v. fs. 17/18 vta.).
Los accionados, M. G. C. -quien se presentó por sí y en representación de su hija menor de edad J. C.-, y P. y M. C., tras negar los hechos alegados en la demanda e impugnar la liquidación allí practicada (que totalizó un importe de $1.127.291,60), reconvinieron por la suma de $6.803.748 (v. fs. 96/103 vta.).
Al resolver la controversia, el juzgador de grado hizo lugar a la consignación deducida y rechazó la reconvención por carecer de causa jurídica que la sustente. Desestimó además la citación al pleito de Nestlé Argentina S.A. (v. fs. 729/741 vta.).
En lo sustancial, el tribunal de origen consideró que Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ex La Caja ART S.A.), había efectuado la consignación del monto que establece la Ley de Riesgos del Trabajo para los casos de fallecimiento del trabajador conforme a las normas legales vigentes (arts. 11, 12, 15 apdo. 2 y 18, ley 24.557; 757 y 758, Cód. Civ; v. fs. 734/740).
II. La parte demandada -y reconviniente- interpone sendos recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 748/766 vta.).
Mediante una línea argumental algo difusa, en sustento del primero de los medios de impugnación refiere que el tribunal de grado transgredió el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que alega que el pronunciamiento dictado carece de respaldo en tanto ninguna disposición normativa limita el pago de la indemnización por fallecimiento a los aportes recibidos por la aseguradora de riesgos del trabajo, evidenciándose además la falta de fundamentación normativa al considerar el a quo que la consignación fue efectuada en tiempo oportuno.
Señala, asimismo, que el juzgador de origen soslayó brindar tratamiento a la pretensión vinculada a la falta de pago de los intereses devengados al momento de formalizarse la mentada consignación judicial.
En este sentido, manifiesta que el pago consignado no incluyó la tasa activa mensual del Banco de la Nación Argentina que prevé la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, ni hasta la fecha del efectivo depósito judicial, ni, mucho menos, hasta momento de la puesta a disposición de los fondos.
Finalmente, expresa que el sentenciante tampoco analizó debidamente el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
III.1. El agravio fundado en la denuncia de violación del art. 171 de la Constitución local merece desestimarse. Es que el fallo impugnado posee sustento legal, sin que corresponda analizar en el marco del presente carril extraordinario el grado de acierto en su fundamentación (causas L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016; L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020; e.o.).
III.2. Luego, el agravio referido a la alegada preterición del tratamiento de la falta de pago de intereses en los términos de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, tampoco resulta hábil.
El tribunal de trabajo hubo de concluir con sustento en lo normado por el art. 758 del Código Civil (ley 340) que el cálculo del monto establecido por el art. 18 de la ley 24.557 para los casos de fallecimiento del trabajador había sido realizado conforme las normas legales vigentes (v. sent., fs. 738 vta.), esa definición desplaza todo planteo estructurado en torno a una presunta morosidad en el cumplimiento de la obligación.
En fin, es de aplicación la doctrina elaborada por esta Corte que indica que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad si las cuestiones que se denuncian como preteridas, resultan desplazadas por el razonamiento plasmado en el fallo de la instancia ordinaria (causas L. 103.825, "Benítez", sent. de 18-IV-2011 y L. 116.868, "García", sent. de 27-V-2015).
III.3. El restante cuestionamiento que porta el recurso, emparentado con el ataque a la validez constitucional del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, no ha de correr mejor suerte.
La cuestión que se denuncia omitida ha sido explícitamente tratada en el fallo, aunque en sentido adverso a las pretensiones del impugnante, pues el tribunal de grado rechazó el planteo efectuado por la demandada reconviniente porque juzgó que resultó genérico e impreciso (v. sent., fs. 738 vta.).
Y es sabido que no se configura la infracción al art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, si las cuestiones cuya omisión se denuncia fueron explícitamente resueltas en el fallo de grado, independientemente del acierto con que se examinó el asunto debatido o el mérito de los fundamentos expuestos por el juzgador en apoyo de la decisión adoptada a su respecto, tópicos estos sólo abordables por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causa L. 92.858, "Quintana", sent. de 14-VI-2010).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad traído; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia la errónea aplicación e interpretación del art. 12 de la ley 24.557.
Refiere que en su redacción original dicho precepto establecía que el ingreso base resultaba de dividir la suma total de las "remuneraciones sujetas a cotización...", mientras que con la reforma implementada por el decreto 1.278/00, se comenzó a tomar en cuenta a las "remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones...". Con lo cual, continúa, es errónea la interpretación del a quo en cuanto sostuvo que con una u otra redacción la norma posee el mismo alcance, pues la modificación introducida por este último reglamento tuvo por objeto "considerar a la totalidad del ingreso".
Manifiesta que no debe confundirse el "ingreso base" allí definido con la "base imponible" a la que alude el art. 23 de la ley 24.557. El primero, explica, es el importe que se considera para establecer la cuantía de las prestaciones dinerarias a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo, mientras que el segundo se identifica con la suma remuneratoria sobre la que dichas entidades determinan la cotización para fijar sus alícuotas.
Por otra parte, aduce que el art. 9 de la ley 24.241 sólo limita la base imponible en los aportes pero no en las contribuciones previsionales. De allí que, asevera, al no contemplar estas últimas ningún tope, deben computarse la totalidad de las remuneraciones que percibe el trabajador para calcular las prestaciones por fallecimiento.
Expresa que ninguna de las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), invocadas por La Caja ART S.A. -hoy Experta ART S.A.- en sus distintas presentaciones, están vinculadas al pago (o liquidación) de la indemnización por muerte prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo, sino, en todo caso, con la forma de efectuar los aportes a las aseguradoras de riesgos del trabajo.
Argumenta que la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 983/10 (citada por el tribunal de grado en sustento del pronunciamiento), en cuanto establece un sistema diferenciado respecto de la remuneración a tomarse en cuenta para el cálculo de las prestaciones por incapacidad laboral temporaria y provisoria, desnaturaliza el contenido del decreto 1.694/09 que eliminó la totalidad de los topes indemnizatorios vigentes.
Esgrime algunas consideraciones sobre el cambio operado en la póliza contratada entre La Caja ART S.A. -hoy Experta ART S.A.- y Nestlé Argentina S.A. luego de la entrada en vigencia de este último reglamento, por cuanto -aduce- a partir de allí las aseguradoras de riesgos del trabajo tuvieron libertad para fijar sus alícuotas sobre la base del total de las remuneraciones pagadas por los empleadores.
Advierte que La Caja ART S.A. -hoy Experta ART S.A.- en ningún momento limitó la base imponible del caso a las "remuneraciones sujetas a cotización", como sí lo hizo en su contrato original.
Señala que durante el año anterior a su fallecimiento el señor F. C. percibió las remuneraciones que se denunciaron en la reconvención deducida, por lo que la circunstancia de que Nestlé Argentina S.A. haya abonado en forma incorrecta la cuota correspondiente a la aseguradora de riesgos del trabajo no limita la obligación de pago de la actora.
Pone de manifiesto la notable diferencia que se verifica entre el ingreso base mensual al que arribó el juzgador por aplicación del tope salarial y el que se obtiene de computar el salario real percibido el trabajador durante el último año anterior a su deceso.
En tales términos, afirma que la indemnización admitida en la sentencia no representa siquiera el 17% del total correspondiente, produciéndose en consecuencia una confiscación del patrimonio de los causahabientes que desnaturaliza los fines pretendidos por la propia ley 24.557.
Puntualiza, además, que la consignación llevada a cabo por Experta ART S.A. devino innecesaria, pues la presencia de un menor en el caso en modo alguno obstaba a que se formalizara el pago a quien, de conformidad con el orden de prelación establecido en el art. 53 de la ley 24.241, resultaba acreedora de lo adeudado, esto es, la señora M. G. C. (viuda de C.), quien, además, había cumplido con la obligación de denunciar la correspondiente cuenta bancaria ante dicha aseguradora de riesgos para que deposite los fondos respectivos.
Objeta que en la instancia de grado el tribunal resolviera que la consignación fue efectuada "en tiempo", ya que, en los términos de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, Experta ART S.A. incurrió en mora al no pagar ni depositar dentro del plazo de treinta días la suma correspondiente a la prestación. Sostiene que, además, debieron aplicarse intereses a la tasa que dicha normativa contempla hasta la fecha en que se realizó el depósito judicial o, en su defecto, hasta la efectiva puesta a disposición de los fondos.
II. El recurso no prospera.
II.1. En lo que interesa, el tribunal de trabajo tuvo por acreditado -con el peritaje contable obrante a fs. 309, confeccionado sobre la base a registraciones llevadas en legal forma por Nestlé Argentina S.A., las impugnaciones formuladas por las partes a fs. 329/334, 343/347, 386/388, 389 y 390, y las respuestas brindadas por la experta a fs. 374/375 y 684-, que la totalidad de las remuneraciones que derivan de los recibos de haberes del señor F. C. desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2011 y sobre las que se efectuaron retenciones y aportes a la seguridad social por el mismo período, ascendieron a $175.199,08, y que conforme a esta última suma el ingreso base mensual representó un importe de $14.592. También, que las remuneraciones que surgen de los trece recibos de haberes incorporados a la causa, incluido el sueldo anual complementario, totalizaban un monto de $973.692,42, por lo que, en caso de tomarse en cuenta este último valor, el ingreso base mensual ascendería a $81.096,56 (v. fs. 730 y vta.).
En la sentencia, indicó que el art. 12 de la ley 24.557 debe ser necesariamente correlacionado con el art. 23 del mismo régimen legal, que en su art. 2 establece que para la determinación de la base imponible se aplican las reglas establecidas en el art. 9 de la ley 24.241, incluyéndose todas las prestaciones que tengan carácter remuneratorio a los fines del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Esta remisión, continuó, hace que el texto de este artículo se incorpore de manera indirecta en la legislación relativa a los riesgos del trabajo y, analizada la misma, advirtió que para el cálculo de los aportes y contribuciones se establecen topes, toda vez que las remuneraciones no podrán ser inferiores al importe equivalente a tres veces el valor del módulo previsional definido en el art. 21 y, a su vez, en lo que respecta exclusivamente al cálculo de los aportes previstos en los incs. "a" y "c" del art. 10, la mencionada base imponible previsional tendrá un límite máximo equivalente a setenta y cinco veces el valor del módulo previsional (v. fs. 737 vta.).
Así, explicó el juzgador, el legislador ha incluido un tope al cálculo de la base imponible sobre la cual los empleadores deben efectuar el pago de las alícuotas a las aseguradoras, siendo que este tope al momento del infortunio que diera origen al pago de la prestación se encontraba vigente (v. fs. cit.).
En consecuencia, afirmó, la legislación reseñada exhibe nítidamente que el valor mensual del ingreso base debe calcularse sobre la totalidad de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones con las limitaciones en la base imponible que surgen del art. 9 de la ley 24.241 (v. fs. 738).
Indicó, además, que no obstaba a tal solución el hecho de que el decreto 1.694/09 hubiera dejado sin efecto distintos topes, ni que impusiera pisos mínimos, toda vez que por ese medio no se eliminó la restricción que el mentado art. 9 de la ley 24.241 aplica sobre la base imponible (v. fs. cit.).
Con todo, juzgó que Experta ART S.A. había efectuado la consignación del monto que establece el art. 18 de la ley 24.557 para los casos de fallecimiento del trabajador conforme las normas legales vigentes (v. fs. 738 vta.).
II.2. Sentado lo anterior, he de adelantar que el recurso no luce idóneo para derribar la exégesis que efectuó el tribunal de origen del art. 12 de la ley 24.557 (t.o. dec. 1.278/00) y que lo llevó a sostener que el valor mensual del ingreso base debe calcularse sobre la totalidad de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones con las limitaciones en la base imponible que surgen del art. 9 de la ley 24.241 (v. fs. 737 in fine y 738).
II.2.a. Cabe reseñar que al contestar la demanda y reconvenir, el ahora recurrente alegó que para computar las prestaciones dinerarias pretendidas, debía considerarse la suma total de las remuneraciones del trabajador fallecido sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Afirmó que ello resultaba de la clara y categórica regla que contiene la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 983/10; además, de lo dispuesto en el decreto 1.694/09 que suprimió los topes indemnizatorios (v. fs. 98/99 vta.).
II.2.b. Sin embargo, como bien se sostuvo en el pronunciamiento impugnado (v. fs. 737 vta. y 738), la mentada resolución estableció "un sistema diferenciado" de cálculo, sólo aplicable a las prestaciones dinerarias en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) y Permanente Provisoria (ILPP), que desde ya, difieren de la controvertida en el caso.
Por otro lado, también acertadamente se encargó el tribunal de señalar que si bien el decreto 1.694/09 eliminó distintos topes e impuso pisos mínimos, no suprimió la restricción prevista en el art. 9 de la ley 24.241 (v. fs. 738).
II.2.c. Se advierte entonces, que los argumentos aportados por el interesado al presentarse al litigio han quedado sin vigor a tenor de las contundentes definiciones del tribunal de grado, las que han de permanecer incólumes frente a la inhabilidad de los cuestionamientos que porta el medio de impugnación en examen.
Es que el embate que trae el impugnante contra esas concretas motivaciones, pretende sustentarse nuevamente en la inexacta lectura que propone del art. 2 del mentado decreto (ya ahora, pretendiendo marginar su original argumento fundado en la mentada resol. 983/10), de suyo inhábil a los fines pretendidos.
II.2.d. Para más, tampoco las restantes reflexiones que agrega aquí el recurrente acerca de las normas en juego constituyen un embate directo y eficaz contra lo resuelto por el tribunal de la instancia en cuanto dio adecuadas razones en la sentencia para restarle significancia en el punto al nuevo texto que incorporó el decreto 1.278/00 al art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 738 y vta.) y resolvió la cuestión -surge evidente- sin soslayar los alcances que posee la limitación prevista en el art. 9 de la ley 24.241 conforme la redacción de la ley 26.222 (v. fs. 737 vta.).
En este contexto, vale agregar que las objeciones vinculadas con cuestiones de prueba -fundamentalmente emparentadas con la pericial contable, aunque además referida a comunicaciones postales o bien a la mencionada "póliza de seguros"- lucen aún más infructuosas en tanto carecen de la necesaria denuncia de absurdo (causa L. 82.496, "Barrio", sent. de 12-IX-2007).
II.2.e. Conforme el análisis hasta aquí efectuado, no es ocioso recordar que reiteradamente ha señalado esta Corte que la ausencia de una crítica frontal y eficaz a las motivaciones esenciales del fallo conlleva al rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues carece de la necesaria aptitud para obtener la modificación de los fundamentos vertidos por el juzgador de origen (conf. art. 279, CPCC; causas L. 118.420, "Almandoz", sent. de 27-VI-2018; L. 119.688, "M. de S., M. E.", sent. de 23-X-2019; L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020; e.o.).
II.2.f. Finalmente, no ha de soslayarse que la solución a la que arribó el tribunal de grado guarda sustancial armonía con aquella que se registra en el en el precedente de la Corte Suprema de la Nación B.1780.XLI "Berti, Alfredo Jesús c/ Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors s/ accidente ley 9.688" (sent. de 23-III-2010), si bien en el marco de un análisis centrado en el texto original del art. 12 de la ley 24.557.
II.3. Y sentado lo anterior, vale todavía aclarar -ello, a tenor del confuso diseño argumental que posee el escrito mediante el cual se han deducido los recursos-, que lo resuelto por el a quo en lo tocante al -así juzgado- deficiente planteo de inconstitucionalidad formulado por la accionada y reconviniente, ha sido motivo de impugnación en el recurso extraordinario de nulidad, por lo que no cabe aquí formular ninguna consideración (v. fs. 761/765).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.