Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123271
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.271, "Brizuela, Rubén Matías contra Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I.E.I. y otros. Daños y perjuicios. Autom. c/Les. o Muerte (Exc. Estado)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud , Pettigiani .
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia que había fijado la tasa de interés aplicable a la indemnización.
Se interpuso, por los demandados y la citada en garantía, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 12 de marzo de 2019, págs. 1/7 y dos adjuntos).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor Rubén Matías Brizuela promovió demanda de daños y perjuicios contra Transportes Unidos de Merlo S.AC.I.E.I. y el señor Walter Gabriel Morabito, propietario y chofer respectivamente, del microómnibus de la línea 500 interno n° 80, dominio SAS 092. Solicitó la citación en garantía de Seguros Metropol Sociedad de Seguros Mutuos a raíz de las lesiones que padeció cuando, circulando en su automotor Volkswagen Gol, dominio CEV112, fue embestido por el colectivo de la demandada. Refiere que el hecho ocurrió el 29 de octubre de 2011 a las 5:45 hs. en la intersección de las calles Martín Fierro y Noguera de la localidad de San Antonio de Padua. Reclama daño físico, psicológico y tratamiento, daño moral, gastos médicos, farmacéuticos y de traslado y, por su automotor, la reposición y la privación de uso (v. fs. 99/111 vta.; 120 y vta.).
Corrido el traslado de ley se presentaron a contestar demanda la empresa de transporte, la citada en garantía y el chofer del microómnibus (v. fs. 147/160 vta.; 179/180 vta.; 202 y vta.).
Posteriormente se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda y estableciendo la indemnización por los daños reclamados, a la que debían adicionársele los intereses desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago según la tasa pasiva informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus plazos fijos digitales a treinta días y, para los períodos en que no existía dicha tasa, la denominada tasa pasiva que pagaba la misma entidad bancaria para esas mismas operaciones y plazo (v. fs. 497/509).
Este pronunciamiento fue apelado por el actor (v. fs. 515) y por los demandados y citada en garantía (v. fs. 516), presentando sus respectivos memoriales (v. fs. 526/527 vta. y doc. electr. de fecha 17 de septiembre de 2018).
I.2. La Cámara -por mayoría- desestimó el tramo de la apelación mediante el cual la accionada y la citada en garantía peticionaron la aplicación de una tasa de interés pura, con cita de lo resuelto por este Tribunal en la causa C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018). En consecuencia, confirmó el pronunciamiento de origen en cuanto había establecido que el cálculo de los intereses debía realizarse a la tasa pasiva digital que abonaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo a treinta días, por el período comprendido entre la fecha del hecho -29 de octubre de 2011- y el efectivo pago.
Para decidir de ese modo, el voto que concitó la mayoría de opiniones puso de resalto que, ni lo decidido en el ya citado precedente "Nidera" ni lo resuelto en el caso C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-VI-2018), había importado un verdadero cambio de doctrina en la materia en relación a lo decidido -con carácter de doctrina legal- en las causas "Ginossi", "Ponce" y "Cabrera" (v. fs. 550 vta./552).
Precisó en ese sentido con cita de lo resuelto en la causa C. 115.881, "Fideicomiso Ave Fénix" (sent. de 19-XII-201), que "indudablemente para que ello ocurra deben tratarse de casos análogos o de estrecha similitud [...] y, además, el Alto Tribunal debe mencionar el cambio de criterio, con relación al sostenido con anterioridad" (fs. 551).
En esa línea, reparó en que ninguno de esos precedentes había expresado que al decidir de ese modo abandonaba el criterio adoptado anteriormente; y añadió que en tales asuntos -y a diferencia de lo debatido en la especie- se daba un supuesto diferente. De un lado, porque la controversia versa sobre un caso de responsabilidad del Estado, que se rige por sus propios principios y reglas; y, del otro, porque aquellos litigios no involucraban menoscabos a la integridad psicofísica de los damnificados, como sí ocurre en estas actuaciones.
Por fin, argumentó que tales decisiones representan "dos fallos aislados", sin que hasta el presente se haya reiterado dicha doctrina, y puso el acento en que en la misma época en que se suscribió el aludido caso "Nidera" esta Suprema Corte había dictado sentencia en las causas C. 119.294, "Sánchez" (sent. de 3-V-2018) y C. 119.370, "Hernández" (sent. de 9-V-2018), manteniendo allí el criterio establecido en la causa "Cabrera".
Como corolario de ello, el Tribunal de Alzada estimó que no puede considerarse que a partir de los precedentes "Vera" y "Nidera" exista una doctrina legal consolidada de este Tribunal que permita abandonar el criterio que esa alzada viene sosteniendo a partir del caso "Cabrera" y que amerite pronunciarse en un sentido distinto al observado (v. fs. 551 vta.).
II. Se agravian los recurrentes denunciando la violación de la doctrina legal.
Sostienen que esta Corte estableció en las causas C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera" que, cuando media una fijación de la indemnización a valores actuales, para el cálculo de los intereses debe aplicarse la alícuota del 6% anual de conformidad con el dies a quo establecido en la sentencia y hasta el momento en que se evaluara la deuda y de allí en más la tasa pasiva BIP (v. págs. 3/4).
Indican que, al expresar agravios ante el Tribunal de Alzada, impugnaron precisamente la decisión sobre intereses y sobre el cómputo de ellos para el rubro tratamiento psicológico y que la Cámara, al responderle, ignoró la doctrina legal sentada en las causas que anteriormente mencionó. Añaden que el hecho de que se haya debatido en ellas sobre la responsabilidad del Estado no significa que las personas jurídicas de derecho privado se encuentren en una situación judicial diversa (v. págs. 4/5).
Afirman que el razonamiento de la Cámara viola el art. 16 de la Constitución nacional, por cuanto beneficia al Estado provincial con una tasa distinta a la que se aplica a los particulares a pesar de que se trata de vínculos de similar naturaleza civil o comercial (v. pág. 5).
Por último, solicitan que ante la fijación de montos de condena a valores actuales se apliquen intereses al 6% anual desde la fecha del hecho hasta la de la sentencia de Cámara que efectuó tal cuantificación y, desde allí hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días (v. pág. 6).
III. El recurso prospera.
III.1. Como fuera reseñado, y en lo que interesa destacar a fin de abastecer la pretensión recursiva en tratamiento, el tribunal a quo confirmó los montos indemnizatorios determinados en la instancia de origen -que habían sido fijados a valores actuales- así como el tramo de la decisión que estableció -por mayoría de opiniones- que correspondía liquidar los intereses según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
Los recurrentes denuncian que tal modo de decir importa la violación a la doctrina legal sentada en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
Les asiste razón.
III.2. De la doctrina legal emergente de las mencionadas causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera S.A." (sent. de 3-V-2018) se desprende que cuando se fija un quantum indemnizatorio a valor actual (v.gr. al tiempo de la sentencia) en principio debe utilizarse, por el lapso que media entre el hecho lesivo y el momento de aquella valoración, el denominado interés puro, a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito. De allí en más, al monto resultante del capital y los intereses puros, se aplica el interés moratorio a la tasa fijada en los casos "Cabrera" y "Trofe", arriba individualizados.
En esos precedentes se diferenció la estimación de los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los valores actuales de los bienes jurídicos implicados de la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos. El matiz distintivo entre ambas modalidades tuvo en cuenta que en la última se está ante una operación matemática, mientras que la primera no consiste exactamente en eso, sino en el justiprecio de un valor según la realidad económica existente al momento en que se pronuncia el fallo (conf. doctr. causas Ac. 58.663, "Díaz", sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, "Venialga", sent. de 28-X-1997; C. 59.337, "Quiroga", sent. de 17-II-1998; e.o.).
Como la indemnización se estima a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito -se dijo en "Vera" y "Nidera"- es congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro ; es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes (e.o., la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario), esto es, sin agregarle los factores o riesgos que el prestador asume hasta lograr la recuperación íntegra de la suma debida.
Como se rememoró en ambos pronunciamientos, en su hora, el denominado interés puro fue establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un 6% anual (Fallos: 283:235; 295:973; 296:115, y más recientemente en Fallos: 311:1249). Esta Suprema Corte provincial, en un primer momento lo determinó en el 8% por igual período (v. causas Ac. 20.458, "Sinagra de Fernández", sent. de 26-XI-1974, AyS 1974-III-747; Ac. 21.175, "Acosta", sent. de 23-IX-1975, AyS 1975-845 y Ac. 39.866, "Martín", sent. de 21-II-1989, AyS 1989-I-141), pero luego, a partir de lo resuelto en B. 48.864 ("Fernández Graffigna", sent. de 1-X-1983, AyS 1983-III-227), se plegó a la señalada alícuota de un 6% anual (v. causas L. 49.590, "Zuñiga", sent. de 1-VI-1993; L. 53.443, "Fernández", sent. de 6-IX-1994; L. 60.913, "Amaya", sent. de 14-X-1997; L. 73.452, "Ramirez", sent. de 19-II-2002; Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004; C. 95.723, "Quinteros", sent. de 15-IX-2010; C. 99.066, "Blanco de Vicente Fanny", sent. de 11-V-2011; e.o.).
En las circunstancias presentes no se advierten razones para descartar dicho guarismo porque, en sustancia, luce proporcionado, respetuoso de la aludida evolución jurisprudencial y congruente con el contexto de las tasas aplicadas a las operaciones que, al expresarse en monedas fuertes o con base en un capital ajustable por índices, pueden ser tenidas como referencia -con las particularidades de cada caso-, tal como ocurre con ciertos títulos públicos provinciales (v.gr. Bono Dólar-link emitido en el mercado local -decreto 164/13-; Bono de la Provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2016 -resolución ministerial 54/09-; http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/index.php) y nacionales en dólares o con cláusula CER (http://www.minfinanzas.gob.ar/secretarias/finanzas/subsecretaria- definanciamiento/colocaciones-de-deuda/) o depósitos a plazo fijo de Unidades UVI, ley 27.271 (https://www.bancoprovincia.com.ar/web/plazofijo).
Así las cosas, las sentencias dictadas en los casos "Vera" y "Nidera" concluyeron en la pertinencia de adoptar en esa clase de asuntos el señalado criterio, toda vez que el cálculo del crédito a valores actuales brinda una respuesta proporcional y adecuada frente al impacto negativo de factores económicos notorios, como los derivados de las altas tasas de inflación experimentadas a partir de la pasada década, sobre todo al promediar su segunda mitad y en especial en los últimos años. Una etapa en la cual, en adición a lo ya señalado en orden a lo dispuesto en el art. 772 del Código Civil y Comercial, la suma de distintos antecedentes reconfigura el panorama regulatorio, morigerando la estrictez del régimen previsto en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (ratificado por la ley 25.561, con sus reformas) a favor de una creciente flexibilidad, por cuya virtud se abren paso considerables excepciones significativas a la aplicabilidad de tales textos -preferentemente para grandes operaciones financieras (v.gr. leyes 26.313; 26.547 art. 4; 27.249; 27.271 art. 6; 27.328 art. 31 inc. "d"; decs. PEN 905/02 art. 2; 1.096/02 art. 1; 1.733/04 art. 1; 146/17 art. 5)- o, en todo caso, se modulan sus alcances prohibitivos (v. dec. PEN 1.295/02, derogado por el dec. 691/16, cons. 8; entre muchos otros textos). Lógico corolario de esa valoración del daño al momento de la sentencia es la compensación por la mora por el período previo, desde el hecho lesivo, a través de denominada la tasa de interés puro.
En suma, de acuerdo con la doctrina legal instituida en los citados precedentes del Tribunal, cuando proceda el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum indemnizatorio a valores actuales debe emplearse, a los fines de compensar la mora, el interés puro, a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito. Una vez determinada la condena pecuniaria en esos casos, para fijar el interés moratorio a futuro -aplicable, se insiste, a partir de la fecha de la conversión de la deuda de valor en dinero- se aplica la tasa determinada en los autos "Cabrera" y "Trofe", de esta Corte.
III.3. Si bien lo expuesto es suficiente para dar respuesta favorable al recurso extraordinario en tratamiento (art. 289, CPCC), encuentro necesario realizar algunas precisiones adicionales en orden a los fundamentos que brinda la sentencia impugnada para descartar la solución que emana de estos pronunciamientos, a fin de despejar cualquier incertidumbre que pudiera abrigarse en relación a su verdadero alcance. Veamos.
III.3.a. De un lado, el Tribunal de Alzada refiere que tanto el caso "Vera" como "Nidera" exhiben una plataforma fáctica distinta a la debatida en el sub discussio pues, a diferencia de lo acontecido en esta controversia, en aquellos "se trataba de la responsabilidad del Estado, que se rige por sus propios principios y reglas, y, además, no involucraban menoscabos a la integridad psicofísica, como aquí sucede" (fs. 551).
Una lectura simple de la doctrina plasmada en los pronunciamientos aludidos, cuya parte sustancial se ha reproducido aquí más arriba, demuestra la improcedencia de semejante afirmación.
Los presupuestos de aplicación de la tasa de interés puro (del 6% anual) establecida en "Vera" y "Nidera" consisten, de un lado, en el justiprecio del daño a valores actuales y del otro, en que el dies a quo de esos accesorios se sitúa en el momento del hecho lesivo generador de la consecuencia indemnizable y su devengamiento transcurre por el lapso anterior a dicha valoración. La aplicabilidad de la jurisprudencia allí sentada no está supeditada a la concurrencia de alguna circunstancia fáctica singularmente destacable (v.gr. las características de la lesión sufrida por la víctima del daño), ni queda ceñida en sus alcances por alguna peculiaridad propia del régimen jurídico de la responsabilidad estatal (que, por lo demás, no ha sido estimado como rasgo diferencial por aquellos precedentes), como se sostiene erróneamente en el voto de la mayoría de la sentencia recurrida.
III.3.b. Es sabido, y así lo ha puntualizado esta Suprema Corte, que la indemnización por daños -en la persona o en los bienes de la víctima- constituye un supuesto típico de deuda de valor, cualquiera sea el deudor de dicha prestación. Véase, entre muchos otros, lo expuesto por el doctor Genoud en la causa C. 87.704, "Geréz" (sent. de 14-XI-2007, sin disidencias; en igual sentido sobre el tópico en cuestión, causa C. 121.649, "Valentín", sent. de 26-XII-2018).
En el fallo "Gerez" se destacó que "en esta clase de deudas el objeto de la prestación está integrado por un valor que está en función de una expectativa patrimonial del acreedor, que corresponde al restablecimiento de los términos económicos del patrimonio si ha sido alterado (indemnizaciones en general y enriquecimiento sin causa)"; "Como ejemplo de obligaciones de valor se menciona la indemnización por daños y perjuicios, tanto en la responsabilidad por incumplimiento contractual como en la que deriva de hechos ilícitos en sentido estricto (extracontractual)", añadiéndose que "la obligación de indemnizar consiste en una deuda ilíquida, que debe ser transformada en líquida por el juez para poder ser reparada"; y que "esa cuantificación del valor afectado se efectúa al tiempo de dictarse sentencia. En ese estadio se avalúa el daño con anterioridad determinado. Esa es la etapa en la cual se liquida la suma en dinero necesaria para cubrir al daño sufrido por el acreedor. Allí se determina en el quantum la deuda de valor habida. Y se lo hace teniendo en cuenta las variaciones intrínsecas y extrínsecas de ese daño, para permitir que el acreedor de la indemnización perciba un crédito que implique su satisfacción plena y el respeto de su derecho a una indemnización integral".
Con esa misma línea de pensamiento, al emitir mi voto en las causas B. 65.702, "Gallo" (sent. de 24-X-2018), y B. 63.460, "Corigliano" (sent. de 2-V-2019), recordé que, con arreglo a una distinción que ciertamente contaba con sólida raigambre en nuestro medio, cual es la clasificación en deudas de dinero y deudas de valor (CSJN causas "Agua y Energía Eléctrica S.E.", Fallos: 326:2329, "Adela de la Cruz de Sessa", Fallos: 316:2604, "Dhicann", Fallos: 310:183; SCBA Ac. 58.663, sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, sent. de 28-X-1997 y C. 59.337, sent. de 17-II-1998; e.o.), el Código Civil y Comercial de la Nación ha venido a establecer en el art. 772 las reglas aplicables a la justipreciación de estas últimas. Lo hizo en estos términos: "Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección".
Precisé entonces que al remitir al "valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda" la norma aplica -ahora de manera explícita para la determinación de créditos como el debatido en la especie- el criterio del realismo económico , con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina jurisprudencial imperante (v.gr. arts. 1, ley 24.283, 8, dec. 214/02; 11, ley 25.561 -texto según ley 25.820-; CSJN causas "Melgarejo", Fallos: 316:1972, "Segovia", Fallos: 317:836, "Román Benítez", Fallos: 317:989, "Escobar", Fallos: 319:2420).
En el caso de créditos indemnizatorios como los debatidos en la especie -se insiste: resarcimiento del daño derivado de la responsabilidad civil- concurren, pues, las notas típicas de las obligaciones de valor. Ello explica tanto la forma de cuantificación plasmada por la decisión recurrida respecto de los rubros indemnizatorios objeto de tratamiento aquí como la incorrección d
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