Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75563
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.563, "Frigorífico Máximo Paz SACIFIA contra Provincia de Buenos Aires. Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Torres, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, y revocó la decisión de la jueza de primera instancia en cuanto distribuyó las costas por su orden, imponiéndolas a la demandada en su calidad de vencida (art. 52 y concs., ley 5.708; 68 y concs., CPCC; v. fs. 158/161).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 169/174 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante el decisorio de fs. 178/179.
Dictada la providencia de autos para resolver a fs. 181, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la expropiación inversa articulada por el síndico de la quiebra del Frigorífico Máximo Paz SACIFIA, teniendo por aceptado el ofrecimiento indemnizatorio formulado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, comprensivo del valor de la propiedad expropiada, las mejoras, las maquinarias y equipos (v. fs. 129/132).
En lo que aquí interesa, por ser materia de agravios, sostuvo que no habiendo sido controvertido el monto ofrecido por la demandada, el que fue -sin más- aceptado por la actora, no debía aplicarse para la imposición de costas el criterio del art. 37 de la ley 5.708, por cuanto se había configurado una excepción al supuesto allí contemplado (v. fs. 130).
En consideración de que tampoco surgía de las constancias de la causa que haya sido la conducta de la demandada la que obligó a la actora a promover la presente acción de expropiación (valorando para ello el informe de la Fiscalía de Estado conforme el cual los bienes objeto de autos se encontraban afectados por la ley 13.316 -prorrogada por ley 14.123- y luego por ley 14.499, que los declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación, v. fs. 131, existiendo solo una afectación expropiatoria), juzgó que no le asistía razón a la actora cuando denunciaba que la Provincia demandada la obligó a iniciar la presente acción, descartando la aplicación de la primera parte del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial -principio de la derrota-.
En esa valoración sostuvo que la exención prevista en el art. 70 del Código Procesal citado (que habilita al magistrado a relegar la imposición de costas al vencido e imponerlas en el orden causado), resultaba de aplicación al caso, aclarando que esa forma de distribución no libera al demandado que se allana de soportar las concernientes a su necesaria intervención, conforme entendió se desprendía de elementales principios de hermenéutica (v. fs. 131 vta.), por lo que hizo uso de esa facultad.
Contra esa parcela del decisorio se alza la Sindicatura, a tenor del recurso deducido a fs. 145/151.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, a fin de dar tratamiento a la apelación suscitada indicó, en primer lugar, que resultaba criterio de ese Tribunal que el trámite de los juicios de expropiación inversa se regía por las disposiciones de la ley 5.708, aplicándose sólo supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial (arts. 52 y concs.).
Señaló que no existía controversia en torno al monto indemnizatorio y que ello excluía la aplicación de la regla contenida en el art. 37 de la ley 5.708, debiendo por tanto buscarse su dilucidación en el régimen general de costas contenido en el Código Procesal Civil y Comercial.
Partiendo de esa premisa, estimó que las circunstancias que conforman el marco litigioso en la presente contienda demostraban el desacierto del criterio de imposición tomado por la jueza de primera instancia, por cuanto no había existido un allanamiento por parte de la demandada, sino sólo un ofrecimiento en los términos de la propia ley 5.708.
Para ello, juzgó que sí hubo contradicción y resistencia por parte del Fisco, aun cuando el ofrecimiento indemnizatorio fuese aceptado por la actora y, en ese contexto, consideró que la aplicación lisa y llana de lo estatuido en el art. 70 devenía desacertada.
En esa labor argumental, refirió que no había existido un reconocimiento de la pretensión, ni se habían acreditado sus presupuestos; agregando que, acogida la pretensión por la jueza de primera instancia, no existían razones que justificaran el apartamiento del criterio del vencimiento, contemplado en el art. 68 primera parte del Código Procesal Civil y Comercial.
Hizo hincapié, también, en la incidencia de las cuestiones vinculadas a la integridad de la indemnización, la necesidad de promover la presente acción, las cuestiones vinculadas a la turbación de la propiedad como la valoración de la conducta de la demandada, cuestiones que entendió justifican la imposición de los gastos causídicos a la accionada.
Por último, indicó que "no obsta a esa derivación la ausencia de oposición al progreso de la expropiación inversa por parte del Fiscal de Estado, pues ello no implicó allanamiento a los términos de demanda" (con cita de un precedente propio).
En mérito de los argumentos vertidos, revocó la decisión de la instancia de origen en cuanto distribuyó las costas por su orden, imponiendo las de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 52 y concs., ley 5.708; 68 y concs., CPCC).
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco denuncia errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 37 de la ley 5.708 y 68 y 70 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, denuncia absurdo valorativo.
III.1. En primer lugar, sostiene que los motivos por los cuales el Tribunal de Alzada se apartó del criterio adoptado por el a quo respecto a la imposición de las costas en el orden causado, resultan incongruentes respecto de la realidad procesal acaecida en estas actuaciones. A dicho fin indica que no existió contradicción ni resistencia por parte del Fisco, puesto que no opuso traba alguna a la acción promovida.
En ese entendimiento, alega que la norma de aplicación es el art. 37 de la ley de expropiaciones, conforme el cual planteada discusión sobre el monto indemnizatorio resulta de aplicación la primera parte de su texto; y si no la hay -como acontece en autos- es de aplicación la última parte de dicho artículo, que prevé la imposición de costas en el orden causado.
Relata que oportunamente la parte actora solicitó la imposición de costas al Fisco con el único y endeble fundamento de haber sido compelida a promover la acción de expropiación, circunstancia que no fue acreditada, lo que motivó su oposición, requiriendo -en esa ocasión- la estricta aplicación del art. 37 de la ley 5.708.
Indica que, si bien la jueza de primera instancia resolvió excluir la aplicación de esa norma, impuso las costas en el orden causado (por aplicación del art. 70 del CPCC) lo que -advierte- no le causó agravio, puesto que, en definitiva el art. 37 establece también que, en "los demás casos", se impondrán de esa misma forma.
Asimismo, sostiene que en virtud del reenvío que la ley especial contiene al plexo legal general -en su art. 52-, bien pudo la jueza remitir a esa normativa.
III.2. Seguidamente denuncia que el actor -quien si recurrió ese decisorio-, no desarrolló un solo argumento dirigido a refutar tal sostén medular del pronunciamiento de primera instancia, por lo que estima dejó incólume su fundamento central, limitándose únicamente a reiterar su postura ante el Tribunal de Alzada, quien en definitiva resolviera de modo ilegítimo ese recurso al que le correspondía la sanción dispuesta por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial. Aduce que, a ese fin, la sentencia recurrida introdujo novedosos y errados argumentos para darle razón al apelante y así revocar el decisorio de la jueza de grado, en franca violación a su derecho de defensa (art. 18, Const. nac.).
Sostiene que, la sentencia impugnada para concluir en la aplicación del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, calificando de "vencida" al expropiante, da por acreditado puntos centrales de un proceso, tales como: la existencia de "...contradicción y resistencia por parte del Fisco...", "...la necesidad de promover la presente acción, las cuestiones vinculadas a la turbación de la propiedad..."; conclusiones que alega, de haberse tenido por acreditadas por la jueza de grado, hubieran generado la apelación del Fisco en tanto -afirma- no se observa ese supuesto en la causa.
Manifiesta que el proceso culminó con la aceptación -por parte de la Sindicatura- del ofrecimiento realizado por esa parte, lo que de modo alguno puede implicar -según dispusiera el fallo en crisis- tener por acreditados actos de turbación ni de restricción de los derechos del propietario, puesto que esas cuestiones resultaron completamente ajenas a los postulados de la litis. Con ello tiene por evidenciado el absurdo, al haberse apartado notablemente de la verdad jurídica objetiva, tratando de forzar una situación inexistente en abierta contraposición con las constancias de la causa.
Por último, agrega que el vicio denunciado también se vio configurado ante la errónea valoración del precedente citado por la Cámara para fundar su decisorio (causa 9.298, "La Mariucha S.A", sent. de 9-XII-2014), e indica que de la lectura del mismo surgen las diferencias fácticas, en tanto allí se discutió el monto indemnizatorio. Con ello afirma que el órgano de Alzada utilizó como basamento de su decisión un precedente inaplicable al caso, tergiversando sus conclusiones al aplicarlas a un supuesto de hecho palmariamente disímil.
III. El recurso no puede prosperar atento la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
III.1. El recurrente centra su embate en la errónea aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial relativas a la imposición de costas, en la alegación de que debió estarse a lo dispuesto por el art. 37 de la ley de expropiaciones.
Al respecto y, en primer lugar, debe señalarse que tanto la magistrada de primera instancia como el Tribunal de Alzada desplazaron la aplicación de esa última norma en el entendimiento de que la aceptación del monto indemnizatorio ofrecido por la demandada excluía el supuesto allí contemplado.
Para ello la jueza de primera instancia estimó que la parte actora no había acreditado las circunstancias excepcionales que alegara, conforme las cuales se habría visto obligada a iniciar la expropiación inversa, considerando que ese era el único supuesto que -probado- hubiera justificado la imposición de las costas al demandado, en los términos del art. 68 primera parte del Código Procesal Civil y Comercial; con lo que culminó imponiendo las costas por su orden por conducto del art. 70 de ese cuerpo normativo.
Ahora bien, el Tribunal de Alzada, a su turno, haciendo lugar al recurso de la parte actora, revocó la sentencia -en esa parcela- en el entendimiento de que si incidió en el inicio de la expropiación inversa la conducta renuente de la demandada e indicó específicamente que no existió allanamiento de aquella a todos los términos de la demanda (único caso en que podrían aplicarse las costas en el orden causado), por lo que consideró debían imponérsele las costas en su calidad de vencida, en los términos del art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial.
Como surge manifiesto de lo expuesto, y más allá del acierto o error, llega firme a esta instancia la exclusión del art. 37 de la ley 5.708, circunstancia que no fue impugnada oportunamente por el expropiante, siendo en esta instancia el fruto de una reflexión tardía.
Al respecto tiene dicho esta Suprema Corte que los argumentos novedosos, que -al no haber sido oportunamente planteados- no han podido ser objeto de debate ni de juzgamiento en las instancias anteriores, resultan inabordables en esta instancia extraordinaria, toda vez que resultan ser el fruto de una reflexión tardía e inhábil para la apertura de la revisión casatoria (doctr. causas C. 121.978, "Ramos, Mercedes", sent. de 17-X-2018; C. 120.992, "Tres Rumbos S.R.L", sent. de 25-X-2017; e.o.).
III.2. Descartada la aplicación de la norma citada por el recurrente, corresponde tratar ahora los restantes agravios tendientes a dejar sin efecto la imposición de costas efectuada por el Tribunal de Alzada.
El recurrente, en esa labor, denuncia que el actor no desarrolló -en su escrito de apelación ordinaria- ningún argumento dirigido a refutar el sostén medular del pronunciamiento de primera instancia, limitándose únicamente a reiterar su postura ante el Tribunal de Alzada, quien habría resuelto de modo ilegítimo aquel recurso, al que le hubiera correspondido la sanción dispuesta por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial. Aduce, a ese fin, que la sentencia recurrida introdujo novedosos y errados argumentos para darle razón al apelante y de ese modo revocar el decisorio de la jueza de grado, en franca violación a su derecho de defensa (art. 18, Const. nac.).
Agrega que, el decisorio impugnado para concluir en la aplicación del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, tuvo por acreditada la existencia de "...contradicción y resistencia por parte del Fisco...", "...la necesidad de promover la presente acción, las cuestiones vinculadas a la turbación de la propiedad..."; conclusiones que alega -de haberse tenido por acreditadas por la jueza de grado-, hubieran generado la apelación del Fisco en tanto no se observa ese supuesto en la causa.
Contrariamente a lo decidido por el Tribunal de Alzada, afirma que el proceso culminó con la aceptación -por parte de la Sindicatura- del ofrecimiento realizado, lo que de modo alguno puede implicar tener por acreditados actos de turbación ni de restricción de los derechos del propietario, puesto que esas cuestiones resultaron completamente ajenas a la litis. Con ello intenta evidenciar el absurdo en que incurre la sentencia recurrida al apartarse de la verdad jurídica objetiva, forzando una situación inexistente, en abierta contraposición con las constancias de la causa.
Cabe advertir, como surge del relato de antecedentes efectuado supra, que el Tribunal de Alzada juzgó que no existió un allanamiento a la demandada, sino un ofrecimiento en los términos de la propia ley 5.708, haciendo mérito para ello del escrito postulatorio del fisco, quien así lo reconoce a fs. 100 de su contestación de demanda.
Adversamente a lo sostenido por el recurrente, se colige de lo expuesto por la Cámara interviniente que su decisorio se fundó en la consideración de que hubo contradicción y resistencia por parte del Fisco, no obstante haber efectuado una oferta indemnizatoria que fue aceptada; y que es por ese motivo que descartó la aplicación del art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial, en la consideración de que no se cumplieron los extremos que requiere la norma, en tanto no hubo un reconocimiento oportuno de las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas en forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva. Para más, indicó también que debió la jueza de primera instancia, al hacer lugar a la pretensión entablada, aplicar el criterio del vencido (ref. art. 68, primera parte, CPCC).
Por último, agregó, para fundar esa posición, la incidencia de las cuestiones vinculadas a la integridad de la indemnización, la necesidad de promover la presente acción, las cuestiones vinculadas a la turbación de la propiedad y su valoración, como conducta justificativa en la imposición de los gastos causídicos.
Ahora bien, surge manifiesto de lo expuesto que el Tribunal de Alzada no hizo mérito de actos posesorios ni tuvo por acreditados los extremos que denuncia el recurrente como hechos ajenos a la controversia, sino que sólo señaló que esos puntos -contenidos en la contestación de demanda- no fueron objeto de allanamiento que permita justificar la procedencia del art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial, centrando el decisorio sobre ese fundamento que no fue objeto de crítica eficaz alguna, sino que se limita a argumentar en paralelo a la sentencia.
Al respecto cabe señalar que esta Suprema Corte tiene dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el recurrente propone una serie de críticas a la labor desplegada por la instancia de grado, en relación a la valoración de las constancias obrantes en la causa, que juzga irrazonable e ilegítima, omitiendo formular una crítica certera y eficaz respecto del pormenorizado análisis que, de las mismas piezas judiciales, expuso el fallo recurrido. Bien se vislumbra, que la técnica de impugnación que propone se limita a argumentar en paralelo, sin cuestionar de modo idóneo los razonamientos vertidos por el Tribunal de Alzada, lo que no constituye base idónea de agravios (doctr. causa A. 72.687, "Caldera", sent. de 9-V-2018; e.o.).
III.3. Por último, el recurrente denuncia que el absurdo también se vio configurado ante el error de valoración de las circunstancias fácticas en el fallo citado por la Cámara (ref. causas "La Mariucha" ya individualizada), que no comparte sus aristas con el particular de autos, agravio que tampoco puede prosperar.
En efecto el Tribunal de Alzada citó la causa sólo para indicar que ya había tenido oportunidad de pronunciarse respecto a que la ausencia de oposición al progreso de la expropiación inversa no necesariamente implica allanamiento a los términos de demanda, criterio que consideró aplicable al supuesto de autos, con independencia a las semejanzas o disimilitudes fácticas que denunciara el recurrente, en torno a otros tópicos abordados en el citado precedente.
IV. Por todo lo expuesto, es que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco, con costas (arts. 279 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega, doctor Soria.
Solamente entiendo conveniente aclarar, a efectos de robustecer la desestimación del embate de la Fiscalía de Estado vinculado con la necesidad de aplicar en el caso el sistema de imposición de costas previsto en el art. 37 de la ley 5.708, que a pesar de que en un primer momento el demandado había sostenido que "resulta indubitable" la aplicación de dicho precepto (v. fs. 122) al contestar el traslado de la apelación ordinaria expresó que el fallo de primera instancia -que había estimado apropiado abrevar en las normas del Código Procesal Civil y Comercial- a su criterio era correcto desde el punto de vista conceptual y dogmático (v. fs. 154 vta.).
Resulta entonces contradictorio que el recurrente vuelva sobre esta última definición, pretendiendo en la instancia extraordinaria retomar su tesis inicial -abandonada expresamente, según se vio- conforme la cual los gastos causídicos deben imponerse a la luz del régimen del mentado art. 37 de la ley 5.708.
Con tales precisiones, comparto lo expuesto en el apartado III.1. del voto inaugural en orden a que este agravio resulta inaudible.
Ello así, y reiterando en lo demás mi aquiescencia con el doctor Soria, doy también mi voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.