Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64782
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.782 y su acumulada B. 66.707, "Dalbuz S.R.L. contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, Soria.
I. En la causa B. 64.782, la empresa Dalbuz S.R.L. promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires a fin de que este Tribunal resuelva la nulidad de la resolución 2.214/02, mediante la cual el Ministro de Salud provincial denegó el reclamo administrativo en su momento interpuesto con el objeto de prorrogar el plazo de ejecución de la obra pública "Construcción y Remodelación del Centro Quirúrgico del Hospital San Felipe de San Nicolás" y recalcular su precio. También solicitó la declaración de nulidad de la resolución 3.881/02, emitida por el citado funcionario, que rechazó el recurso de revocatoria presentado contra la decisión precedente. Finalmente, peticionó que se condene a la demandada a abonarle una indemnización sustitutiva por aplicación de la teoría de la imprevisión y de la normativa de emergencia económica aplicable al caso.
Manifestó que, en el marco del convenio 2.583/91, el día 10 de septiembre de 2001 se celebró el contrato de obra pública a través de la Administración del Hospital "San Felipe" del municipio de San Nicolás de los Arroyos, y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires asumió la titularidad de la obra y la obligación de pagar el precio al constructor particular.
Aseguró que el contrato se desarrolló normalmente de acuerdo con las prestaciones pautadas y el cronograma de avance de obra hasta "el desastre económico de principios de 2002 (abandono de la convertibilidad legal y devaluación del peso en el orden del 300% en una semana)", siendo así que la empresa solicitó el 19 de abril de 2002 la aplicación del art. 1.198 del por entonces vigente Código Civil así como de la normativa vinculada a la emergencia económica declarada tanto en el ámbito nacional como provincial (leyes 25.561 y 12.727, respectivamente), denunciado la ruptura de la ecuación económico-financiera del contrato en ejecución.
Sostuvo que en diferentes presentaciones dio cuenta del aumento de algunos insumos en el orden de aproximadamente el 100%, así como problemas derivados de ello como ser el desabastecimiento, el retraso en la entrega de materiales y la inexistencia de crédito.
Criticó a la resolución 2.214/02 por no examinar y corroborar adecuadamente el análisis de precios actualizados que se entregaran junto con el reclamo administrativo en soporte magnético y, desde una perspectiva técnica, no explicar por qué no se aceptaron esos guarismos.
Destacó que la empresa en ningún momento pidió la rescisión del contrato sino únicamente la aplicación de la imprevisión contractual en el marco de un proceso inflacionario que elevó considerablemente el costo-costo de la obra a fin de evitar paralizarla. Todo ello, afirmó, de comunidad con los criterios expresados por la ley 25.561 que consagra "el principio del esfuerzo compartido".
Agregó que, de su lado, los decretos nacionales 1.295/02 y 1.953/02 y provincial 2.113/02 terminaron por reconocer el desequilibrio de las prestaciones y la legitimidad de los reclamos del sector empresario, aludiendo todos ellos a la "redeterminación" de los precios.
Citó doctrina de esta Suprema Corte relativa a las compensaciones otorgadas en virtud de los incrementos efectivamente pagados por el contratista.
Ofreció prueba instrumental y pericial ingenieril. Hizo reserva de la cuestión constitucional.
A fs. 34/35, la empresa amplió la demanda incluyendo la impugnación de la resolución 4.966/02 por la cual se resolvió rechazar el pedido de redeterminación total del precio contratado aduciendo que el decreto 2.113/02 tiene por objeto facilitar la prosecución de labores paralizadas reajustando el tramo faltante del contrato y no su desarrollo integral y, asimismo, intimar a Dalbuz S.R.L. a reiniciar los trabajos bajo apercibimiento de rescisión. Del mismo modo, agregó su repudio a la resolución 7/03, por la cual, tiempo después, la Provincia de Buenos Aires dispuso finalmente rescindir el contrato en crisis, paralizar los trabajos y tomar posesión de la obra, equipos y materiales.
Por último, pidió que se extienda la demanda a la Municipalidad de San Nicolás, puesto que, en definitiva, el contrato fue celebrado con autoridades de dicha comuna.
II. Corrido el traslado de ley, se presentó en autos la Fiscalía de Estado sosteniendo la legitimidad de los actos cuestionados y, por ende, la improcedencia de la demanda.
Puntualizó que tanto el procedimiento licitatorio como la adjudicación de la obra en cuestión se desarrollaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 23.928, la cual prohibió la indexación de precios, la actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas (arts. 7 y 10). Dicha normativa -continuó- fue incorporada al sistema jurídico provincial por decreto 939/91.
Con posterioridad, adujo, se dictó la ley 25.561 que, en lo sustancial, mantuvo la redacción de los arts. 7 y 10 de la anterior ley de emergencia económica.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la demandada sostuvo que es indudable que la posibilidad del reconocimiento de mayores costos encuentra un expreso impedimento legal. Citó al respecto doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte.
En relación al dictado de los decretos nacionales 1.295/02 y 1.953/02 y provinciales 2.113/02 y 787/03, invocados por la actora, manifestó que carecen de relevancia en la especie, toda vez que dichas disposiciones en modo alguno han tenido la virtualidad de derogar ni modificar lo establecido en las leyes 23.928 y 25.561 en cuanto a la prohibición de actualizar precios o admitir variaciones de costos. Por lo demás, arguyó, los citados decretos únicamente facultaron a la Administración a redeterminar excepcionalmente los precios de las obras públicas "sobre la base de una fehaciente justificación de la variación que pudo haber ocurrido en la ecuación económica de los contratos de obra pública celebrados por la Provincia" (cfr. arts. 2, dec. 2.113/02 y 3, dec. 787/03).
Es por ello que, según expresó, la actora no ha logrado justificar los presupuestos que habilitarían la operación, en el caso, del mentado procedimiento de excepción de la normativa citada, y la "teoría de la imprevisión contractual", para la cual se impone asimismo la verificación de la existencia de una excesiva onerosidad sobreviniente de tal gravedad que impida la normal continuación del contrato. Citó al respecto doctrina de este Tribunal acerca de la falta de acreditación del perjuicio invocado. En particular, argumentó que la accionante no demostró que con posterioridad a los hechos que alega como generadores de la onerosidad sobreviniente (enero de 2002) el precio de los ítems del contrato que ejecutó hasta el abandono de la encomienda (esto es, agosto de 2002) hubieren gravitado decididamente en la economía total del contrato, como para generar un verdadero quebranto.
Finalmente, introdujo como defensas subsidiarias el pedido de que -a todo evento- el reajuste del precio no sea extendido a los efectos cumplidos del contrato al tiempo de denunciarse los hechos sobrevinientes, de conformidad con la doctrina aplicable del art. 1.198 del Código Civil por entonces vigente y; asimismo, que la eventual recomposición no sea practicada sobre la totalidad del perjuicio que se dice sufrido, sino únicamente en compensación del detrimento que supere el álea propia del contrato, ya que la teoría de la imprevisión no apunta a evitar cualquier tipo de daño sino a "ayudar" al contratista a atenuar las consecuencias perjudiciales de un acontecimiento ajeno a su voluntad o conducta.
Por último, negó que la empresa sufriera un perjuicio grave, que los insumos del contrato hubieran aumentado en el porcentaje denunciado en la demanda y que los decretos nacionales y provinciales indicados hubieren reconocido el desequilibrio de las prestaciones en todos los contratos administrativos celebrados por la Provincia de Buenos Aires.
Ofreció prueba instrumental, se opuso a la realización de una prueba pericial e hizo reserva del caso federal.
III. Por resolución de esta Suprema Corte de 7-IX-2005 se corrió traslado de la demanda a la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos.
A fs. 99/106 se presentó en juicio la citada comuna contestando la demanda, y procediendo a efectuar una negativa general y otra particular de las afirmaciones contenidas en el escrito de inicio.
Sostuvo que por convenio marco celebrado entre la Municipalidad de San Nicolás y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires de "Refuncionalización Pabellón sobre calle Mitre del Hospital San Felipe, de la ciudad de San Nicolás", aprobado por resolución 2.583 de 26-VIII-1991 del referido Ministerio, se estableció en su punto 4 que la obra pertenece al Ministerio de Salud y que "el Ministerio aportará el 100% del costo resultante de la obra terminada, transfiriendo los fondos de acuerdo a las certificaciones mensuales que efectúe la Municipalidad según los términos de los contratos respectivos".
Aseguró que dicho convenio fue ratificado a través de la ordenanza 3.100/91 y que, varios años después, se celebró el contrato de obra pública entre el Consejo de Administración del Hospital General de Agudos San Felipe de San Nicolás y la empresa Dalbuz S.R.L., para la realización de la obra "Construcción y Remodelación Centro quirúrgico-obstétrico del Hospital San Felipe", que se siguiera luego con la licitación 1/2001.
Enfatizó que el único legitimado pasivo en el presente pleito es el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires puesto que la Municipalidad de San Nicolás no ha suscripto el contrato de obra pública como parte contratante, sino que, en todo caso, lo ha hecho el citado Consejo de Administración del Hospital San Felipe, en tanto entidad autárquica.
Ofreció prueba confesional, documental, instrumental y pericial caligráfica. Solicitó que se cite a juicio, en los términos del art. 90 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial al Consejo de Administración del Hospital San Felipe de San Nicolás.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Previa contestación de la vista por parte de la actora (v. fs. 108) y de la Fiscalía de Estado (v. fs. 111), este Tribunal decidió, por resolución de 17-VI-2009 (v. fs. 160/161) que atento al carácter de hospital descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Salud que posee el Consejo de Administración del Hospital San Felipe de San Nicolás, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1 de la ley 11.072, no correspondía citarlo para integrar la litis.
V. Con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen a estos autos, en la causa B. 64.782, la empresa Dalbuz S.R.L. inició por ante este Tribunal, demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, por las implicancias de la misma obra pública, en una nueva causa, a la que se le asignó la letra B y el número 66.707.
Allí la actora solicitó que este Tribunal declare la nulidad de las resoluciones 007/03 y 3.578/03, por las cuales, respectivamente, se rescindió por culpa de la contratista el contrato de locación de obra pública para la remodelación del "Centro Quirúrgico Obstétrico del Hospital Descentralizado Zonal General de Agudos San Felipe" y, a su vez, se rechazó el recurso de revocatoria oportunamente interpuesto contra dicho acto administrativo.
Asimismo, peticionó que se declare que la ruptura del vínculo contractual resultó imputable al Fisco provincial y, en lógico correlato, que se ordene el pago de la indemnización por los daños y perjuicios soportados por la empresa como consecuencia de la conducta ilegítima de la accionada, con más los adicionales de obra en su momento ordenados por la inspección de obra y debidamente ejecutados.
Aun cuando los antecedentes fácticos y jurídicos sobre los cuales se fundamentó la demanda son idénticos a los señalados en la anterior presentación que diera origen a la causa B. 64.782, he de resaltar aquellos que los complementan o continúan.
En tal sentido, la accionante sostuvo que no ha existido soporte fáctico que legitime la rescisión contractual que la agravia, decidida mediante resolución 007/03.
Enfatizó que en ningún momento la firma Dalbuz S.R.L. incumplió de manera culpable las obligaciones contractualmente asumidas con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y que, del mismo modo, el acto rescisorio adolece del vicio de incompetencia, atento a que tal como lo dispone el art. 56 del pliego de bases y condiciones generales "todos los casos de rescisión del Contrato serán resueltos por el Mandante, previa intervención e informe técnico..."; y, por su parte, como lo prevé el art. 2, el "mandante" es el Consejo de Administración del Hospital San Felipe y su Director. Por tales razones, expresó, el Ministerio de Salud ha asumido una competencia que no le pertenece, siendo que, además, incumplió con el procedimiento establecido al no haber obtenido previamente el "informe técnico" requerido.
Desde otroángulo de análisis, prosiguió, la resolución 007/03 fundó su voluntad rescisoria en lo dispuesto por los incs. "b" y "c" del art. 60 de la ley 6.021. En dicho marco, aseguró que el inc. "b" invocado no se relaciona con lo debatido en el sub examine , ya que alude al atraso del constructor en el inicio de la obra, circunstancia que no se verificó en el caso, en tanto la obra fue iniciada oportunamente y varios meses antes del conflicto. Adujo que, por el contrario, el inc. "c" (que contempla el incumplimiento de los tiempos en los planes de trabajo) sí resulta atinente, aunque no aplicable, puesto que el propio texto de la norma explica que esta causal rescisoria funciona "...cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra", y en el presente esas demoras aparecen claramente explicitadas por la debacle financiera que afectó al sector de la construcción, como fuera reiteradamente expuesto ante la demandada.
Recordó que por nota pedido de la empresa n° 54 del 13 de septiembre de 2002 se explicaron los inconvenientes generados por la falta de reconocimiento del incremento del costo-costo de la obra y por la falta de pago de los adicionales encomendados y se le advirtió a la demandada que, de no lograrse la readecuación de la obra a la nueva situación, se arribaría inexorablemente a la paralización forzada por carecer de medios financieros indispensables para atender su continuidad. Adunó que pretender que la constructora trabaje a pérdida indefinidamente y, al no lograrlo, decretar la rescisión culpable del contrato de obra pública, constituyó un despropósito y una grave irregularidad administrativa.
Manifestó que, a su vez, la accionada no cumplió con la carga prevista en el art. 60 de la ley 6.021, esto es, intimar a la regularización del avance de tareas fijando un plazo para su cumplimiento, ni resolvió los numerosos pedidos de prórroga de plazo presentados por su parte, incluso aquellos causados por cuestiones climáticas.
Consideró que la oferta renegociadora en el marco del decreto 2.113/02 fue insuficiente en tanto se limitó al reajuste de la parte faltante de la obra a la fecha de su dictado (esto es, septiembre de 2002), cuando el reclamo de recomposición de prestaciones fue efectuado por la empresa en enero de 2002. Adujo que si bien dicha situación fue reconocida mediante decreto 787/03, luego la Administración dictó la resolución 4.996/02, que negó toda posibilidad de redeterminación retroactiva de precios, mereciendo el condigno recurso administrativo y su acción contenciosa como parte de la pretensión en la causa B. 64.782, antes referida.
Por último, peticionó que se abonen los adicionales de obra en los términos de los arts. 3 y 12 del pliego de especificaciones legales particulares y la cláusula 7 del contrato del 10 de septiembre de 2001, esto es, con base en el cómputo que realice el locador al presentar los certificados de obra y abonados dentro de los treinta días de su aprobación. Estimó su monto, de conformidad con la nota presentada ante la Administración el 10 de diciembre de 2002, en la suma de $18.301,43, a la cual deberán adicionarse los intereses y la desvalorización monetaria.
Ofreció prueba instrumental y pericial ingenieril. Hizo reserva de la cuestión constitucional.
VI. Corrido el traslado de ley de la demanda deducida en la causa B. 66.707, se presentó a juicio la Fiscalía de Estado, sosteniendo la legitimidad de los actos administrativos cuestionados y, solicitando, por ende, su total rechazo.
En ese orden informó que, encontrándose en trámite el pedido de la actora de acogimiento al régimen de redeterminación de precios y plazos dispuesto por el decreto 2.113/02, la inspección de obra emitió la orden de servicio n° 77 del 9 de septiembre de 2002, por la cual dio cuenta de que la encomienda se encontraba paralizada y ordenó a la comitente a que "en un plazo máximo de 24 hs. a contar desde la presente orden de servicio dé respuesta a la situación generada por ella". Aduce que, tal como surge de órdenes de servicio posteriores (v.gr. n° 82, 84 y 98) aquella circunstancia perduró en el tiempo, motivo por el cual decidió resolver el contrato imputando la culpa -en los términos ya expresados- a la contratista. Asimismo, hizo hincapié en la notificación cursada a la empresa para que en el plazo perentorio de cinco días reiniciara los trabajos, bajo apercibimiento de rescisión y toma de posesión de la obra (mediante carta documento del 22 de noviembre de 2002).
Puntualizó que el trámite de redeterminación de precios en los términos del decreto 2.113/02 concluyó en su rechazo por parte de la Administración, por cuanto la actora no se avino a efectuar la renuncia de derechos contemplada en el art. 7 del citado precepto.
Insistió en que no habiendo la demandante cumplido con las intimaciones tendientes a reanudar los trabajos, la obra se consideró abandonada sin razón valedera, incumpliendo entonces la responsabilidad que le incumbía en la correcta ejecución de aquellos y de consuno con el principio de la buena fe contractual. En tal sentido, negó que la crisis económica del año 2002 hubiera habilitado a la actora a justificar su propio retardo en la ejecución de la obra y menos aún a abandonarla. Dicha situación, continuó, se encuentra prohibida en el marco de los contratos administrativos, donde impera el "principio de continuidad", en atención a la primacía que adquiere el interés público, sobre todo cuando como en la especie la actora no ha alegado ni probado una razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. Sobre el punto, citó doctrina de esta Suprema Corte relativa a la interrupción unilateral de las labores cuando se encuentra pendiente un reclamo de renegociación contractual.
Señaló que la demandante debió continuar la obra hasta su terminación definitiva, siguiendo las pautas del régimen contractual celebrado entre las partes, de donde surge que la obligación asumida por la contratista es de resultado, consistente en la ejecución de una obra completa y exenta de vicios. Para más, dijo, la impugnación de las órdenes de servicio encomendadas no suspende la obligatoriedad de su cumplimiento, tal como lo expresa el art. 32 apartado 12 del decreto reglamentario 5.488/59 (y modificatorios).
Por otra parte, se opuso al planteo de incompetencia en el dictado de la resolución 007/03, por cuanto el art. 56 del pliego de especificaciones legales generales establece que la rescisión contractual debió haber sido dispuest
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