Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74886
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.886, "Telecom Argentina S.A. contra Municipalidad de General San Martín sobre proceso sumario de ilegitimidad. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia interlocutoria de primera instancia que había rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 70 de la ley 13.133 e intimado a la parte actora a que acreditara en autos el pago de la multa a la orden de la autoridad que la dispuso y presentara el comprobante del depósito, bajo apercibimiento de tener por desistida la acción promovida.
Disconforme con ese pronunciamiento, el Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que fue concedido por la Cámara interviniente.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Telecom Argentina S.A. promovió una pretensión anulatoria con el objeto de que se declarase la nulidad de la resolución 52/15, a través de la cual la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de General San Martín le impuso una multa por infracción a los arts. 7, 10 bis, 19, 27 y 30 de la ley 24.240.
Asimismo, postuló la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del art. 70 de la ley 13.133 -texto según ley 14.652-, en cuanto exige el pago previo de las multas por infracciones al régimen de protección de los derechos del consumidor y del usuario, como requisito para interponer la acción judicial contra ellas.
I.2. En su sentencia, el juez de grado rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la norma mencionada e intimó a la actora a depositar el monto de la multa a la orden de la autoridad que la dispuso, con apercibimiento de tener por desistida la acción. Disconforme, el apoderado de Telecom Argentina S.A. interpuso recurso de apelación.
I.3. Llegado el caso a su conocimiento, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín acogió el remedio, revocó la resolución apelada y declaró la inconstitucionalidad del tramo objetado del art. 70 de la ley 13.133, en el entendimiento de que la exigencia del pago previo de las multas impuestas vulneraba las garantías de tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia (conf. arts. 10 y 15, Const. prov.). En su apoyo, citó lo resuelto por esta Corte en la causa I. 3.361, "Herrera", sentencia de 19-XII-2012.
II. Contra este último pronunciamiento, el Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
II.1. En cuanto al fondo de la cuestión, denunció que la sentencia impugnada desconoce expresos textos legales y trabajosa doctrina y jurisprudencia desarrollada durante años en materia de defensa de los derechos de los consumidores, como asimismo el principio de legalidad de los actos administrativos y la ausencia de derechos absolutos, a partir de la facultad del Estado de dictar leyes que reglamenten su ejercicio (conf. art. 14, Const. nac.).
II.2.a. Invocó doctrina legal de esta Corte en torno a los criterios de interpretación que deben ponerse en juego a fin de armonizar la materia del consumidor con el resto del ordenamiento jurídico.
Citó en tal sentido las decisiones adoptadas en los autos "Cuevas", sentencia de 1-IX-2010; "Tev S.A.", sentencia de 22-XII-2010; "B.B.V.A. Banco Francés S.A.", sentencia de 5-X-2011; C. 119.166 "Rodríguez", sentencia de 11-II-2016 y el voto del doctor de Lázzari en C. 117.245, "Crédito para Todos S.A.", sentencia de 3-IX-2014.
II.2.b. En lo que atañe al solve et repete , comentó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha confirmado su constitucionalidad, de modo tal que los contribuyentes solo pueden sortear dicho requisito: a) cuando resulte desproporcionada la magnitud del monto a pagar en relación con su concreta capacidad económica; b) cuando exista falta comprobada e inculpable de recursos económicos para poder hacer frente a su pago; c) cuando su cumplimiento importe un verdadero desapropio o revele en forma inequívoca propósitos persecutorios o configure la doctrina de la desviación del poder; d) cuando se afiance en forma suficiente el monto del litigio.
Señaló que en la causa I. 3.361, "Herrera", sentencia de 19-XII-2012, invocada por la Cámara en la sentencia atacada, esta Suprema Corte trató la constitucionalidad del art. 42 de la ley 11.477 (pago previo de una multa en materia pesquera, exigido a un contribuyente que carecía de habilitación para alquilar botes). Refirió que en dicha ocasión, tres votos se inclinaron por el criterio sentado por la Corte nacional, mientras que los cuatro restantes declararon la inconstitucionalidad del requisito de pago previo, debido a que las multas reclamadas no podían considerarse válidamente como recursos ordinarios del sistema financiero público.
Advirtió que en el presente caso también se discute el acceso a la instancia judicial para el cuestionamiento de una multa administrativa, pero resaltó que ésta fue impuesta en el marco de las leyes 13.133 y 24.240, correspondientes al derecho del consumidor. Manifestó que en este ámbito particular, la exigencia del pago previo de las multas responde principalmente a que el consumidor se encuentra en una situación desigual ante la empresa (con mayor solvencia para afrontar su pago) y a la usual menor cuantía de los asuntos involucrados.
Concluyó en este aspecto que el ya citado precedente "Herrera" difiere fácticamente del supuesto bajo análisis, descartando la aplicación analógica de la solución allí alcanzada. Por otro lado, sostuvo que la modificación de la ley provincial en cuestión responde a un " aggiornamiento " y que respeta la jurisprudencia de la Corte nacional, toda vez que no diferencia a las multas de otros supuestos en la aplicación del solve et repete , por lo que estas se encuentran sometidas únicamente al régimen de excepciones antes descripto.
Advirtió que la ley 13.133 prevé la posibilidad de eximir el pago a los peticionantes que acrediten la existencia de un perjuicio. Agregó que, a diferencia de lo acontecido en "Herrera", en la especie no se trata del derecho de defensa de una persona física, sino de una operadora de telefonía, proveedora habitual de dicho servicio, que no sólo omitió la invocación y acreditación de elementos que justifiquen la causal eximente legalmente prevista, sino que incluso reconoció que tal requisito no le impedía acceder a la jurisdicción.
II.2.c. Asimismo, cuestionó el fundamento de la Cámara relacionado con la naturaleza jurídica de la sanción pecuniaria discutida.
Argumentó que ni la justificación del solve et repete tradicionalmente esgrimida para las obligaciones tributarias, basada en la necesidad de financiamiento del Estado, ni los principios genéricos referidos a sanciones punitivas impuestas en otras materias, pueden aplicarse al derecho del consumidor, sino que es necesario realizar un análisis particular y específico para éste.
Alegó que las particularidades del régimen específico adoptado a nivel constitucional, nacional y provincial, imponen un esfuerzo adicional a los magistrados. Ponderó en tal sentido la afectación establecida por el art. 75 de la ley 13.133 (texto según ley 14.393) para el producido de las multas impuestas en dicho marco normativo. Expresó que éstas cumplen una importante función de sostén del sistema protectorio del consumidor a nivel municipal, en mérito a su destino financiero, como así también una función preventiva y disuasoria para que los proveedores de los servicios pongan su mejor esfuerzo en evitar el conflicto y, en su caso, le brinden una solución en tiempo apropiado a los consumidores.
II.2.d. Por último, recordó que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes gozan de una presunción de legitimidad que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia.
Añadió que la Cámara debió expresar con total precisión, a más de la norma tachada de inconstitucional, el perjuicio real y efectivo que causaba su cumplimiento, requisitos indispensables para tomar una decisión de tal envergadura.
Indicó que todos los derechos individuales reconocidos y consagrados por la Constitución nacional están sujetos a las reglamentaciones fijadas con fines de conveniencia social y seguridad común (conf. art. 14, Const. nac.).
Culminó su exposición planteando la existencia de "...sobrados motivos para que este Superior Tribunal, en uso de las facultades casatorias que le son reservadas por la Constitución provincial, confirme la vigencia del art. 70 de la ley 13.133 [y] de la doctrina legal vigente en la materia en relación a la integración normativa, revocando la sentencia basada en una declamada defensa del acceso a la justicia, que importa en realidad, una violación al régimen legal y constitucional vigente, inaplicable en la especie, de acuerdo a lo establecido por el art. 7 del Código Civil y Comercial y 3 de la LDC".
III.1. En las condiciones del caso, el recurso extraordinario es admisible atento a que el Fiscal General no podrá reeditar su planteo ligado al solve et repete más allá de la etapa en la que actualmente se encuentra el pleito, pues de progresar la pretensión anulatoria incoada por la parte actora sorteando el requisito contenido en el art. 70 de la ley 13.133 la discusión habrá devenido abstracta, tal como expusiera el doctor Soria en la causa A. 74.883, "Telecom" (sent. de 23-XII-2020).
Sentado ello, anticipo que el recurso no prospera dada su insuficiencia.
III.2.a. Como señalara mi colega en las referidas actuaciones, en las que se presentó una situación análoga a la presente, de conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, la vía elegida por el impugnante sólo se abre en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1, Const. prov.; causas Q. 71.994, "Zara Argentina", resol. de 4-VII-2012; A. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.403, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; e.o.).
El objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial, supuesto ausente cuando el caso constitucional se plantea respecto de cláusulas de la Constitución nacional (conf. causa A. 72.922, "Millers", sent. de 18-IV-2018).
Del mismo modo, lo referente a pretendidos errores de juzgamiento con sustento en la inaplicabilidad de normas legales y precedentes emitidos por esta Suprema Corte resulta ajeno a la vía intentada, puesto que la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal del Tribunal constituyen causales propias del recurso de inaplicabilidad de ley y, por ende, extrañas al recurso extraordinario de inconstitucionalidad (conf. causa A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016).
III.2.b. En el caso planteado, el impugnante ataca la decisión de la Cámara que declaró inconstitucional el segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133, pero no funda correctamente su posición en un confronte directo entre esta cláusula legal y determinados preceptos de la Constitución local.
Nótese que a lo largo de la presentación bajo análisis se argumenta en diversas oportunidades en torno a preceptos de la Constitución nacional (v.gr., arts. 14 y 42), lo que, como ya se indicó, constituye por definición materia ajena al recurso de inconstitucionalidad local.
De la Constitución provincial, sólo se mencionan: a) el art. 38, al alegar sobre la supuesta gravedad institucional que justificaría abrir la vía intentada; b) el mismo art. 38, al transcribir parte del voto del doctor de Lázzari en la causa C. 117.245, "Crédito para Todos", sentencia de 3-IX-2014; y c) los arts. 10 y 15, al reseñar el pronunciamiento impugnado, con carácter previo a fundamentar la crítica ensayada.
Al pasar puntualmente a desarrollar las razones esgrimidas para impugnar la sentencia cuestionada, el recurrente plantea que el pronunciamiento "desconoce expresos textos legales y trabajosa doctrina y jurisprudencia desarrollada durante años en materia de defensa de los derechos de los consumidores".
A continuación, precisa ese enunciado, descomponiéndolo en cuatro apartados, a saber: a) uno titulado "La existencia de la doctrina legal respecto a la integración normativa", donde invoca las causas identificadas en el punto II.2.a. de este voto (v. punto VI.a. del escrito recursivo); b) otro denominado "Análisis del instituto solve et repete - Inaplicabilidad del fallo 'Herrera'", donde describe la jurisprudencia sobre pago previo de la Corte nacional y la sentada por esta Suprema Corte en el precedente recién citado, aduciendo que éste no sería aplicable en la especie por las particularidades propias del derecho del consumidor (v. punto VI.b.; c.) un tercer apartado ("Respecto a la naturaleza de la multa impuesta en el marco de la ley de defensa del consumidor"), donde se insiste con que la legislación en cuestión demanda respuestas específicas al problema del solve et repete y exige esfuerzos adicionales a los magistrados (v. punto VI.c.); y d) un último acápite dedicado a la "Omisión de evaluar doctrina respecto a la función del magistrado ante la declaración de inconstitucionalidad" (v. punto VI.d.).
En tales términos, el remedio intentado deviene inidóneo para conmover la decisión del a quo en punto a la declarada invalidez constitucional del art. 70 segundo párrafo de la ley 13.133 (texto según ley 14.652).
III.2.c. Cierto es que, como ya se ha advertido, el fallo atacado se basó en lo dispuesto por los arts. 10 y 15 de la Constitución provincial, motivo por el cual técnicamente podría haberse sometido a consideración de esta Corte, por la vía intentada, un caso constitucional local.
Sin embargo, al introducir mediante el carril del recurso extraordinario de inconstitucionalidad denuncias de violación o errónea aplicación de la Constitución nacional, de leyes provinciales y, en especial, de doctrinas legales sentadas por este Tribunal, el impugnante ha equivocado el camino procesal escogido, sin que en esta instancia pueda dispensarse el déficit impugnativo observado.
Al respecto, se impone recordar que uno de los datos que caracteriza a la instancia recursiva extraordinaria ante esta Suprema Corte está dado por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. causa A. 71.597, "Gomez", sent. de 9-X-2013).
III.3. Para más, ha dicho este Tribunal que, en su desarrollo expositivo, el recurso de inconstitucionalidad debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. causas Ac. 32.929, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ La Rosa Pedernera", sent. de 30-XI-1984; Ac. 83.866, "Village Cinemas", sent. de 16-IV-2003; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; e.o.).
Por ello resulta requisito indispensable de una adecuada fundamentación de dicho remedio la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento, tarea que no se cumple cuando el impugnante se limita a anteponer una línea argumental distinta a la del juzgador, omitiendo desarticular el basamento primordial del auto atacado (causa A. 73.201, "Colegio de Escribanos", sent. de 24-IV-2019).
La pieza recursiva bajo análisis desarrolla -con las deficiencias ya advertidas- distintos argumentos en apoyo de la solución que propugna, pero no explica concretamente por qué motivo el pago previo al inicio de la acción judicial, contemplado en el segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133, respetaría -contra lo interpretado por el Tribunal de Alzada- las garantías de tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia, reconocidas por los arts. 10 y 15 de la Constitución provincial con el alcance allí establecido. Esa carga no se ve satisfecha por la genérica invocación del carácter relativo de los derechos, la presunción de constitucionalidad de las leyes ni la matriz protectoria de los derechos de consumidores y usuarios frente al accionar de presuntos infractores.
Así, el mencionado déficit impugnativo impide ingresar en el análisis de los planteos efectuados con relación a la pretendida aplicación del pago previo impuesto en el segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133 -texto según ley 14.652-.
IV. Por las razones brindadas, oído el señor Procurador General, entiendo que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto debe ser rechazado (arts. 299 y 300, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se distribuyen en el orden causado, por las particularidades del caso (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 segundo párrafo y 303, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Tal como surge del relato efectuado por el distinguido colega que abre este acuerdo, doctor Genoud, el a quo decretó la inconstitucionalidad del requisito de pago previo impuesto en el segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133 -texto según ley 14.652- lo cual implica, como natural consecuencia, dejar expedito el trámite tendiente a discutir la validez de la multa oportunamente impuesta a la firma actora por la comuna demandada.
En esas condiciones, aprecio que la sentencia impugnada no resulta definitiva a los efectos de los recursos extraordinarios, en atención a que ella no impide la prosecución del litigio.
Al respecto, y tal como ya lo he señalado en una causa análoga (A. 74.883, "Telecom", sent. de 23-XII-2020) cabe recordar que esta Corte ha entendido que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las decisiones que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar el mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 299 y 302, CPCC; v., por ej., causa L. 116.920, "Gonzalez Cabrera", resol. de 22-VIII-2012 y sus citas), en una tesis que también se ha adoptado -al menos como regla- a propósito de una providencia que, incluso a diferencia de lo que aquí sucede, había intimado al accionante a integrar previamente un concepto para permitir su cuestionamiento (causa A. 72.565, "Cicarone", resol. de 11-IX-2013).
Tal parecer se ve robustecido por las pautas fijadas por el propio Código Contencioso Administrativo al no incluir este tipo de resoluciones como susceptibles de apelación ordinaria (art. 55 inc. 2 apdo. "a", citado cuerpo normativo, a contrario).
De tal modo, entiendo corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (arts. 278, 299 y 302, CPCC; 60 inc. 1, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Así lo voto .
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, t.o. 13.101; 68 primer párrafo y 303,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.