Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76236
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas de la instancia extraordinaria a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, 279 y 289 CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.236, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Gtracingteam S.A. Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Kogan, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y confirmó de ese modo la decisión de la jueza de primera instancia que hizo lugar a la excepción de pago total documentado en el marco del presente apremio (v. fs. 101/105).
Disconforme con dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado (v. escrito electrónico de fecha 11 de julio de 2019, 10:45:22), interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 108/109).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 111) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata desestimó la impugnación deducida por la Fiscalía de Estado y confirmó el pronunciamiento de grado que, a su turno, había acogido la excepción de pago total documentado.
Para así decidir estimó que no se encontraba controvertido en autos que la parte demandada había suscripto y cancelado en su totalidad planes de pago, circunstancia que se desprendía de la documentación acompañada por el contribuyente (v. fs. 14/15) y del informe presentado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA; v. fs. 51).
Señaló que a fs. 26/27 de estas actuaciones se observaba que con fecha 20 de octubre de 2016 (ya iniciado el juicio de apremio), ante la intimación cursada por la Autoridad Fiscal, la ejecutada se presentó ante ella y expresó que, en los términos de la Resolución Normativa n° 40/15, había suscripto y abonado los pertinentes planes de pago y, en consecuencia, la deuda instrumentada en los títulos ejecutivos se encontraba cancelada.
Puntualizó que no se advertía que la deuda reclamada proviniera de retenciones y/o percepciones efectuadas y no ingresadas por la apremiada, de modo tal que no pudiera considerarse a esta última incluida en las mentadas moratorias.
En este orden de ideas, ponderó la presentación realizada por la demandada ante ARBA (v. fs. 26/27) -en la cual reseña lo acontecido-, expresando que la deuda se encuentra cancelada por haber suscripto y abonado sendos planes de pago (v. fs. 14/25) -circunstancia que reconoce la propia ARBA a fs. 51- y los títulos ejecutivos en cuestión, en los cuales se deja constancia de que su origen se afinca en la presentación de una declaración jurada del contribuyente (-v. Observaciones, donde se indica el art. 104 inc. "c" del Código Fiscal-; cfr. fs. 1 vta. y 3), quien sostuvo expresamente -primero en sede administrativa y luego en este expediente- que nunca retuvo los montos por no encontrarse inscripto como agente en el período comprendido en los títulos.
Meritó que no constaban otros elementos que permitan considerar a las deudas reclamadas como excluidas del aludido plan.
Concluyó así que la acreencia se encuentra cancelada con anterioridad al inicio del presente apremio. Y con relación a los recargos, aclaró que el régimen aplicable (arts. 6 de la RN 40/15 y 11 de la RN 11/15) dispone la reducción del 100% de dichos accesorios.
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El impugnante alega que la sentencia aplicó erróneamente diversas normas que individualiza (arts. 104 y 105 del Código Fiscal -t.o. 2011-; 3 y 7 de la ley 14.890; 1, 2 y concs. de la ley 13.406; 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución provincial).
Plantea la invalidez de los planes de pago, ante la ausencia de acto administrativo emanado de autoridad competente que acoja favorablemente tal presentación, limitándose la documentación adunada a un simple escrito de la propia firma, con una mera constancia de recepción.
Entiende que desde lo operativo en los planes de pago de impuestos auto-declarados -como lo es, en el caso, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos- el contribuyente los conforma incluyendo las posiciones que considera adeudar, lo que demuestra la ausencia de intervención por parte de la Agencia de Recaudación en ese punto.
Agrega que fue la propia demandada, conforme surge de su presentación efectuada ante ARBA el 20 de noviembre de 2016, la que ingresó en forma voluntaria las retenciones y percepciones no efectuadas -omitidas- en los períodos 03 a 06/15, e imprimió los planes de facilidades detallados, lo que -en rigor-, expresa mala fe en su obrar.
Sostiene, a su vez, que se trataría de acuerdos efectuados en violación al ordenamiento vigente a la fecha de otorgamiento y, por tanto, carentes de efectos jurídicos.
Continúa relatando que los acuerdos en cuestión habrían sido efectuados en los términos de la Resolución Normativa n° 40/15 de ARBA, la cual si bien prevé la implementación de un régimen de regularización de deudas de los agentes de recaudación provenientes de diversos impuestos -incluyendo ingresos brutos-, en la modalidad relativa a retenciones y/o percepciones no efectuadas, excluye de dicho régimen a los agentes por deudas calificadas como defraudación, resultando el caso puntual de la firma accionada.
Esgrime que la Cámara de Apelación tuvo por válido el mentado plan sin brindar tratamiento a los fundados cuestionamientos efectuados por la representación fiscal, bajo el único argumento de que la ley 14.890, dictada con posterioridad a la fecha en que la firma accionada se acogió a los planes de pago, los validó.
Argumenta que tratándose de un régimen de carácter excepcional el juez o tribunal que la aplique debe remitirse a los términos expresos por los que el legislador ha reglado las situaciones como la que se presenta en autos.
Señala que ha pasado por alto lo previsto por el art. 105 del Código Fiscal, sin corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 3 de la ley 14.890, y el art. 8 de la Resolución Normativa n° 3/17 para acceder al régimen de regularización de deudas.
Expone que la Cámara de Apelación ha omitido abordar una cuestión esencial determinante para la solución del presente juicio, refiriendo que, si bien la ley 14.890 podría a todo evento comprender a la accionada, la sentencia cuestionada no evaluó si estaban acreditados los demás recaudos previstos a los fines de acceder a dichos beneficios.
Concluye que el fallo impugnado efectúa una aplicación errónea de la ley 14.890, por cuanto si bien sostiene que ésta vino a sanear situaciones como aquella en la que se encontraba la firma contribuyente -que con anterioridad a su sanción se encontraba excluida- omite aplicar los requisitos que exige para poder acceder al plan de regularización de deudas pretendido.
Califica de medular la omisión relativa al abordaje de esta cuestión, refiriendo que lejos de tratar esta defensa "salió por la tangente", indicando que no hay un solo párrafo del decisorio que mínimamente refiera al tópico. Cita jurisprudencia de esta Suprema Corte relativa al tema de las cuestiones esenciales que conforman la estructura de la litis.
Agrega que la Cámara omitió también abordar otra cuestión esencial, concretamente los efectos que tendrían los arts. 3 y 7 de la ley 14.890 que admiten archivar los juicios de apremio y validar los planes de pago siempre que previamente se abonen los gastos causídicos. Y que surge manifiesta la errónea aplicación de la solución contenida en el art. 7 citado.
Por último, aduce que yerra el tribunal al señalar que no se advierte que la deuda reclamada provenga de retenciones y/o percepciones efectuadas y no ingresadas por los agentes de recaudación, dado que el mismo título ejecutante en " Observaciones " indica " Deuda por defraudación fiscal reclamada conforme art. 104 inc. c), CF ". Se agravia en este punto, del argumento sostenido por el a quo relativo a la insuficiencia del informe acompañado por el Fisco por cuanto refiere que se omite analizar la situación particular del contribuyente y no se especifica que los montos regularizados por Gtracingteam S.A. se correspondían con retenciones efectuadas y no ingresadas.
A mayor abundamiento, pone de resalto que la propia accionada reconoce la deuda obrante en los títulos ejecutivos en concepto de defraudación fiscal, al momento de suscribir con el Ente Recaudador los planes de facilidades de pago, los cuales fueron abonados en su totalidad.
Formula y mantiene reserva del caso federal.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como surge del relato precedente, la representación fiscal, más allá de cierta ambigüedad, comienza denunciando que diversos agravios introducidos en la apelación ordinaria -en concreto, la invalidez del plan de pagos al que se había intentado acoger el demandado, así como la falta de cumplimiento de los recaudos exigidos por los arts. 3 y 7 de la ley 14.890 (apdos. V.1 y V.2 del recurso)- habrían sido preteridos por el a quo , citando incluso jurisprudencia de este Tribunal que ha invalidado -en el marco de recursos extraordinarios de nulidad- decisorios que no se han pronunciado sobre cuestiones que conforman la estructura medular de la litis.
De tal modo, no corresponde analizar el acierto de tales alegaciones, pues reiteradamente ha señalado esta Corte que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar la denuncia por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, pues tal impugnación constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad regulado por el art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 82.172, "Antúnez", sent. de 6-II-2008; L. 92.208, "Pérez", sent. de 26-XII-2007; e.o.).
Y ello sin perjuicio de poner de manifiesto que en rigor el a quo - a diferencia de la jueza de primera instancia- no aplicó las previsiones de la ley 14.890 a fin de resolver la contienda.
III.2. En otro orden de ideas, en el apartado V.3 del recurso se indica que la sentencia cuestionada yerra al concluir que la deuda reclamada no se corresponde con obligaciones fiscales efectivamente retenidas o percibidas de terceros, pero no ingresadas ante el organismo recaudador, pues en el entendimiento del quejoso la contraparte había incurrido en la figura de "defraudación fiscal".
Al respecto, es dable recordar que la Cámara precisó que no advertía que la acreencia se hubiera originado por "retenciones y/o percepciones efectuadas y no ingresadas por los agentes de recaudación", lo cual consideró dirimente para acordarle validez al plan de regularización peticionado en sede administrativa por la firma "Gtracingteam S.A." con anterioridad al inicio del apremio y que luego fuera íntegramente cancelado.
Para así decidir, el a quo tuvo en cuenta varias constancias, tales como la presentación realizada por la accionada ante ARBA -donde reconoce la deuda y su cancelación por la suscripción del plan de pagos-; los propios títulos ejecutivos en los cuales consta que su origen proviene de la presentación de una declaración jurada del contribuyente, quien ha sostenido expresamente -primero ante la Autoridad Fiscal y luego en este apremio- que nunca retuvo los montos por no haber estado inscripto como agente en las fechas aludidas.
Pues bien, en el antes citado apartado V.3 de la pieza recursiva la representación fiscal no cuestionó frontalmente la premisa según la cual exclusivamente los defraudadores fiscales -en los estrictos términos del art. 62 inc. "b" del Código Fiscal t.o. 2011 (comprendiendo al agente de retención o percepción que efectivamente retuvo o percibió de terceros conceptos tributarios, pero luego no los ingresó al erario; ver, en ese sentido, causa B. 58.446, "Pérez Hurtado", sent. de 19-X-2016)- estaban excluidos de ingresar a los planes de regularización estructurados por ARBA.
Es más, si bien con alguna vacilación el quejoso se enrola en la misma tesis, ya que más allá de efectuar alguna referencia a lo establecido en el art. 105 del Código Fiscal -cuyos términos parecen impedir, en general, que los agentes de recaudación se inscriban en una moratoria- termina señalando que la Resolución Normativa n° 40/15 de ARBA " prevé la implementación de un régimen para la regularización de deudas provenientes de diversos impuestos incluido Ingresos Brutos de los Agentes de Recaudación, en la modalidad relativa a retenciones y/o percepciones no efectuadas ", aunque dejando fuera de tal régimen " a los agentes por deudas calificadas como defraudación, resultando el caso puntual de la firma accionada " (apdo. V.1 del recurso, que se encuentra en línea con lo dispuesto por el art. 2 inc. 2 de la citada RN 40/15 de ARBA).
En ese marco, el quejoso centró su embate en que el accionar de la ejecutada sí debe ser conceptualizado como defraudación.
Empero, en ese trance no invocó absurdo en el razonamiento de la Cámara, único supuesto en que esta Corte se encontraría en condiciones de revisar la aludida calificación de defraudador fiscal de un agente de retención o percepción, en tanto a tales fines es menester, en lo que aquí interesa, definir aspectos de hecho y prueba (conf. doctr. causas A. 70.673, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011 y A. 72.121, "Maccarini", sent. de 29-VI-2016; entre muchas otras), ligados con la efectiva retención -y posterior no ingreso- de conceptos tributarios.
Por tales motivos, y sin que ello implique abrir opinión sobre los aspectos de fondo de la problemática, corresponde también rechazar este embate atento su insuficiencia.
IV. Por lo expuesto, entiendo que procede desestimar la impugnación deducida e imponer las costas de la instancia extraordinaria a la vencida (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas de la instancia extraordinaria a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, 279 y 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 06/04/2021 22:08:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/04/2021 09:53:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 10:33:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 10:09:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 11:41:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia