Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122842
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
C. 122.842 "REGISTRO DE CONTRATOS PÚBLICOS N° 4. PARTIDO DE LINCOLN. TITULAR ILHARREBORDE, JAVIER EDUARDO"
I. El apoderado del escribano Javier Eduardo Ilharreborde deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por un lado, rechazó el de nulidad interpuesto y, por el otro, desestimó el de inaplicabilidad de ley articulado (arts. 289 y 298 in fine , CPCC; v. sent. de 17-XI-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 14-XI-2020 y su archivo adjunto identificado como "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL Y FORMULA").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del Juzgado Notarial que, a su turno, destituyó al citado notario (v. sents. de 21-V-2018 y 14-VIII-2018).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio e igualdad ante la ley (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; v. págs. 3/4, 21/22, 30/31 y 33, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias de la causa y debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido. Ello, por cuanto, apartándose de las constancias del expediente y de la normativa aplicable, rechazó los remedios locales, con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales mencionadas (v. págs. 3/4 y 10/40, adjunto cit.).
II.3. Aduce, por un lado, que esta Corte rechazó el remedio de nulidad, al ponderar -dogmáticamente, según su entender- que las cuestiones esenciales que se denunciaron preteridas, no habían sido omitidas por el a quo . Contrariamente a lo expuesto, alega que de la simple observancia de los planteos esgrimidos -que ahora el recurrente reproduce- se evidencia que dichos cuestionamientos no han sido tratados, ni resueltos, o bien fueron abordados, pero a través de una fundamentación inexistente. Y agrega que, en la medida en que se aplicó un régimen jurídico ajeno a los hechos ventilados en la causa, los agravios resultaron -según su modo de ver- suficientes para refutar las razones dadas por el Tribunal de Alzada (v. págs. 10/22, adjunto cit.).
II.4. Por otro lado, denuncia que este Tribunal desestimó la vía de inaplicabilidad de ley al concluir -erróneamente, según su punto de vista- que se trató de una mera disconformidad con el fallo atacado. Y asevera que una atenta lectura de la misma deja advertir que se hizo mención de los derechos constitucionales que se reputaron violados y que se denunció la vulneración de la normativa que rige al caso.
Al respecto, insiste con los argumentos allí vertidos, referidos al análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por la Cámara y a la interpretación y alcance de la Ley Notarial 9020, que prevé, entre otras cuestiones, que los presentes debieron juzgarse siguiendo los lineamientos de los delitos penales.
En tal sentido, afirma que no hubo en el actuar de su representado una entidad suficiente para justificar la sanción en su contra y que resultó violatorio de los principios constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio que el juez notarial aplique una medida punitiva sin una conducta normativa tipificada y sin haberse realizado el informe circunstanciado que exige el art. 51 de la mencionada ley del notariado. Dichos planteos -entiende- resultan una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN Fallos: 315:1629; 307:2236; 322:702, entre muchos y -puntualmente- la causa "Casal"; v. págs. 22/40, adjunto cit.).
III.1. Respecto al remedio federal intentado, corresponde recordar -liminarmente- que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación de derecho procesal y público local (en el sub lite , los motivos que dieron lugar a la sanción del escribano, la aplicación de la Ley Notarial 9.020 y la suficiencia de la fundamentación de los remedios extraordinarios locales) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal (doctr. CSJN, Fallos: 316:2787; 321:2086; 3209; 326:1977; entre otros).
En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 320:1670; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708 y 4770, entre otros), extremos que no se advierten en la pieza recursiva de marras, desde que las razones del impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
III.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de omisión de cuestiones, dogmatismo, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para abrir la competencia invocada (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones del impugnante se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada -así como las de las instancias anteriores en grado- y a discrepar con la postura de este Tribunal para descartar los remedios intentados, reiterando agravios expuestos en las vías locales que ya han sido ponderados por esta Corte y merecido respuesta (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
III.3. Finalmente, cabe indicar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de debido proceso, defensa en juicio e igualdad ante la ley; arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; v. págs. 3/4, 21/22, 30/31 y 33, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular, la causa "Casal", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, C. 121.816, "Legajo Registro Notarial N°8 Del Partido De Ayacucho", resol. de 24-IV-2019; C. 123.343, "Legajo Registro Notarial N° 311 del Partido de la Plata", resol. de 11-V-2020 y C. 123.612, "Delegación San Martin", resol. de 12-XI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2021 16:17:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2021 18:09:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/03/2021 09:20:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 14:01:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2021 12:20:19 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia