Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122326
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en razón del modo en que se resuelve la cuestión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.326, "I., P. M. d. L. y otro/a contra Provincia ART S.A. y otro/a. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda rechazó la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 533/539 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 542/549 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 562/567), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado desestimó íntegramente la demanda que las señoras P. M. d. L. I. -quien se presentó por sí y en representación de sus hijos menores de edad S. A., T. A. y G. N. R.- y Y. B. S. R. promovieron contra Provincia ART S.A., A & SE Seguridad S.R.L. y Aconcagua Transportes S.R.L., mediante la cual reclamaron el pago de una indemnización por el fallecimiento del señor J. A. R., esposo y padre, respectivamente de los accionantes (v. fs. 533/538 vta.).
Sostuvo inicialmente el a quo que no había sido motivo de discusión que el señor R. se desempeñó como trabajador dependiente de la empresa A & SE Seguridad S.R.L. (empresa de seguridad privada), destinándolo esta última a prestar tareas de vigilancia para la codemandada Aconcagua Transportes S.R.L. (v. vered., primera cuestión, fs. 533).
Luego, efectuó una distinción entre las pretensiones que definieron el objeto de la demanda, así como de los sujetos pasivos involucrados en autos. Juzgó que las acciones dirigidas contra Aconcagua Transportes S.R.L. y A & SE Seguridad S.R.L. por el cobro de la indemnización contemplada en el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo había finalizado por acuerdo homologado a fs. 523/524. En cambio, respecto de aquella deducida contra Provincia ART S.A., concluyó que la demanda había quedado planteada de manera imprecisa, en la medida que el reclamo no resultaba claro, lo que dificultaba desentrañar el alcance cualitativo o cuantitativo de lo pretendido (v. vered., segunda cuestión, fs. 533 vta./ 534 vta.).
Sin perjuicio de ello, y toda vez que -explicó- en el derecho laboral no existe la sanción de oscuro libelo, priorizó el derecho de defensa y de acceso a la jurisdicción por parte del trabajador (arts. 18, Const. nac. y 15 y 39, Const. prov.) y se abocó al análisis de las acciones tal como fueran incoadas (v. vered., última fs. cit.).
Destacó el a quo que en el escrito de inicio los actores habían señalado en reiteradas ocasiones que su pretensión era sistémica y, a partir de allí, que su reclamo se hallaba vinculado con un accidente in itinere y/o accidente laboral (v. fs. 534 vta. y sigs.).
Respecto del "accidente in itinere " explicó el juzgador que los legitimados activos no habían probado las circunstancias que habilitan su procedencia, ya que, encontrándose rechazada la existencia del mismo (v. fs. 134), éstos no produjeron prueba tendiente a lograr su acreditación; como así tampoco que dicho evento ocurriera en el trayecto que realiza el trabajador desde su domicilio al lugar de trabajo y viceversa (v. vered., fs. 534 vta. in fine ).
Con respecto al "accidente laboral" denunciado, también entendió el sentenciante que no se habían probado las circunstancias que configuran la contingencia amparada por la ley 24.557, ni las modalidades de trabajo y condiciones ámbito laborales en las cuales se manifestó que el señor R. prestaba servicios. Tampoco la relación de causalidad entre su muerte y dichas tareas, pues de las conclusiones médico legales de la autopsia surgía que falleció a consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda (v. vered., fs. 535 vta.).
Con todo, el tribunal de trabajo tuvo por no demostrados el accidente in itinere y el accidente laboral invocados (v. vered., segunda cuestión, última fs. cit.).
Determinó que más allá de lo manifestado por Provincia ART S.A. en su escrito de contestación de la demanda y por el perito contador a fs. 451, no se había probado en autos que se encontrase vigente al momento de ocurrencia del luctuoso suceso el contrato de afiliación suscripto entre la mentada aseguradora y A & SE Seguridad S.R.L. (v. vered., tercera cuestión, fs. 536).
Sobre tal base, en la sentencia, el órgano de grado juzgó que, por ser un principio procesal insoslayable que las partes deben probar las circunstancias fácticas de las normas que invocan como pretensión y al no haber los actores demostrado ninguno de los elementos que configuran cada una de las pretensiones formuladas, la demanda debía ser rechazada en todas sus partes por carecer de causa jurídica fundante (art. 726, Cód. Civ. y Com. de la Nación; v. fs. 537 vta. in fine y 538).
II. Contra dicho pronunciamiento se alzan los legitimados activos mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncian la transgresión de los arts. 499 del Código Civil (ley 340); 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 incs. "d" y "e" y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifican.
Controvierten la decisión de grado que rechazó la pretensión vinculada al pago del resarcimiento tarifado.
En ese orden, refieren que el tribunal de grado incurrió en absurdo al apreciar la prueba y los escritos constitutivos de la litis, conducto por el cual juzgó no acreditada la existencia del accidente de trabajo in itinere que provocó la muerte del señor J. A. R., el trayecto y recorrido que este último realizaba para regresar a su domicilio particular y la denuncia del siniestro ante Provincia ART S.A.
Sostienen que en el escrito de contestación de la demanda A & SE Seguridad S.R.L. reconoció que "...el día del deceso del señor R. el 12/6/13, éste había trabajado para la empresa Aconcagua Transportes SRL y que al concluir la jornada laboral al dirigirse a su domicilio fallece en el trayecto en la estación Avellaneda".
Señalan que al resolver de tal modo el órgano a quo infringió las reglas que rigen la carga de la prueba, encontrándose, para más, acreditado el trayecto y la existencia del infortunio con las conclusiones plasmadas en el peritaje contable y con las constancias obrantes en la causa penal iniciada a consecuencia del evento.
Del mismo modo, agregan, la codemandada Aconcagua Transportes S.R.L. resultó conteste al afirmar que "...el señor R. falleció en la estación Avellaneda del Ferrocarril Gral. Roca en el andén 01, y ello no tiene ninguna relación de causalidad con su 'función de vigilador de ese día de trabajo' es decir el evento de la muerte del mismo fue provocada por insuficiencia cardíaca durante el trayecto hacia su domicilio particular" (el destacado figura en el original).
Refieren que el perito contador informó que en los libros de la demandada Provincia ART S.A. consta la denuncia que, en fecha 13 de junio de 2013, A & SE Seguridad S.R.L. formuló con relación al accidente de trabajo in itinere sufrido por el señor R., habiendo rechazado dicha aseguradora la cobertura del siniestro mediante carta documento remitida el día 17 de julio de 2013, que fue adjuntada como prueba documental por esta última al presentarse al pleito.
En suma, alegan que resulta absurda la definición del tribunal de grado que, apartándose de la pericia contable y de las demás pruebas y escritos constitutivos de la causa, le adjudicó a la parte actora la carga de probar un hecho que se encontraba reconocido por todas las demandadas de autos y que fuera denunciado como tal ante la aseguradora de riesgos del trabajo.
III. El recurso prospera.
III.1. Estimo fundado el planteo que traen los recurrentes respecto de la decisión plasmada en la sentencia de grado.
Ello es así por cuanto no lucen acertadas las razones que esgrimió el a quo para disponer el rechazo íntegro de la demanda. Pues, si bien es cierto que de su lectura no surge con claridad meridiana qué pretensiones son las que definen el objeto del pleito, no lo es menos que el tribunal de origen entendió que éstas apuntaban a obtener la cobertura otorgada por el régimen especial de reparación de infortunios laborales y, en ese cometido, juzgó no acreditados los elementos configurativos del accidente in itinere invocado (v. vered., segunda cuestión, fs. 534 vta. y 535; sent., fs. 537 vta. y 538).
Una atenta lectura de los escritos de demanda y contestación -tanto de Provincia ART S.A., Aconcagua Transportes S.R.L. y A & SE Seguridad S.R.L. (v. fs. 129/142; 207/218 vta. y 246/251, respectivamente)- revela de modo inequívoco que no ha sido motivo de controversia en estas actuaciones la referencia al trayecto recorrido por el causante hacia su domicilio particular el día en que sufrió el accidente que se denuncia, tal como erróneamente hubo de disponerlo el sentenciante en el fallo que se impugna.
En este sentido, es dable destacar que las cuestiones debatidas en autos estuvieron centradas en las diversas hipótesis esgrimidas por las partes como posible causa productora del fallecimiento del señor R.. Es decir, si éste se produjo -conforme la tesitura de los accionantes- como consecuencia de la actividad laboral peligrosa prestada durante extensas jornadas de labor (turnos rotativos de doce horas), que provocaron en su organismo cansancio, estrés, alteraciones en el sueño y metabolismo, que fueron menguando su salud hasta que el día 12 de junio de 2013, mientras se dirigía a su domicilio particular, sufrió un paro cardíaco (v. demanda, fs. 47/53). O si, por el contrario, su muerte estuvo vinculada a una enfermedad coronaria inculpable que no tiene ninguna relación de causalidad con las tareas de vigilancia que desarrolló en su día de trabajo (v. fs. 132 vta./133 vta., 218 vta., 219, 249 vta. y 250).
De tal modo, no cabe sino concluir que el juzgador interpretó absurdamente los escritos constitutivos del proceso, exigiéndole a los promotores del pleito la prueba de hechos no controvertidos: como quedó dicho, el accidente y el trayecto recorrido por el causante el día del infortunio no fue materia de discusión en la especie, apartándose el a quo de los términos en que quedó trabada la relación procesal e incurriendo -agrego- en violación de la congruencia.
Al resolver de esa manera, como bien apunta el señor Procurador General en su dictamen, los señores jueces de grado dejaron sin definición las cuestiones que resultaron debatidas en las presentes actuaciones, lo que los condujo a resignar las facultades de investigación y de búsqueda de la verdad objetiva que les incumbe en la prestación de un adecuado servicio de justicia.
III.2. Por esta razón, la causa deberá remitirse a la instancia de origen a fin de que, integrado el tribunal con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda, teniendo en consideración los hechos acreditados en el veredicto y que arribaron firmes a esta instancia casatoria.
IV. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con los alcances establecidos en los puntos III.1. y III.2. del presente.
Costas de esta instancia por su orden, en atención al modo en que se resuelve el tema sometido a decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso prospera.
Según las posiciones relevantes del caso, no medió controversia en torno a los hechos relevados con precisión por el colega ponente a partir del cuarto párrafo de su voto.
En consecuencia, dado que la solución adoptada en la sentencia se afirmó en una absurda valoración de los escritos constitutivos de la litis, corresponde admitir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y devolver la causa al tribunal de origen para que, según los extremos no disputados, renueve los actos que estime pertinentes y elucide la eventual procedencia de la demanda, según los planteos y defensas argüidas por las partes.
Con el alcance indicado, me sumo a la propuesta del doctor Pettigiani.
Costas por su orden, en atención al modo en que se resuelve el tema traído (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Comparto lo expuesto por el doctor Pettigiani en cuanto pone de manifiesto que la conclusión en la que se sustentó el juzgador de grado para adoptar su decisión proviene de una absurda apreciación de los escritos constitutivos del proceso.
Costas por su orden, atento el modo en que se resuelve la temática sometida a decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en razón del modo en que se resuelve la cuestión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2021 12:44:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 23:18:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2021 10:06:43 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2021 13:33:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2021 18:54:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia