Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121260
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.260, "Lazarte, Matías Andrés contra Servicios Especiales S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Genoud, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción instaurada, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent., fs. 531/545; aclaratoria, fs. 582/585).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 556/573 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que aquí interesa, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Matías Andrés Lazarte y condenó solidariamente (art. 29, LCT) a Servicios Especiales S.A. y Cotecsud Compañía Técnica Sudamericana S.A. de Servicios Empresarios al pago de la suma que estableció en concepto de haberes adeudados (mes de septiembre de 2007), vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales; de las indemnizaciones derivadas del despido (por antigüedad, preaviso y salarios de integración); así como de las previstas en los arts. 53 ter de la ley 11.653; 8 y 15 de la ley 24.013; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345) y -por mayoría- 2 de la ley 25.323. En cambio, la rechazó, en cuanto pretendía el cobro de la sanción por temeridad y malicia contenida en el art. 275 de la ley 20.744; de una reparación por daño moral con sustento en el art. 1 de la ley 23.592, y -por otro lado- la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la ley 25.561 y 7 y 10 de la ley 23.928 (modif. por ley 25.561).
Dispuso, luego, que a los importes de condena se adicionaran intereses desde la fecha del distracto (28 de septiembre de 2007) y hasta la de su efectivo pago, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días en plazo fijo tradicional. Para el supuesto de incumplimiento, estableció intereses sancionatorios equivalentes a una vez la tasa activa promedio que percibe la mencionada entidad en las operaciones de descuento (v. sent., fs. 541 y vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, la violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 768, 769, 770 y 1.738 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 556/573 vta.).
II.1. Inicialmente, en lo atingente a la admisibilidad del medio de impugnación, sostiene que, al estar en juego la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, se justifica la intervención del Tribunal Superior de la Provincia para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por restricciones que impongan las normas procesales (v. fs. 557).
En este sentido, afirma que los fallos del Máximo Tribunal "deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el Tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia" (fs. cit.).
Expresa, a su vez, que esta Suprema Corte ha reconocido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal. A tales fines, invoca lo que a su criterio constituyen las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno", sentencia de 10-VI-1997 (v. fs. 557 vta. y 558).
II.2. En lo medular de su crítica, se agravia de la tasa de interés aplicada por el tribunal de origen al capital de condena.
En ese orden, manifiesta que mediante la aplicación de las "tasas de interés" -sean activas o pasivas- los tribunales inferiores han favorecido la "licuación" de las deudas de quienes incumplen sus obligaciones económicas y financieras, afectando el valor adquisitivo final de los créditos cuyo reconocimiento requiere la intervención judicial (v. fs. 558 vta. y 559).
Aduce que, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado fallos progresistas, los mismos han sido desvirtuados por esta Suprema Corte, al permitir que aquellas doctrinas sean desnaturalizadas por la inflación (v. fs. 560).
Seguidamente, tras reiterar la inaplicabilidad de la tasa pasiva de interés en los juicios laborales, cita en apoyo de su postura los precedentes S.722.XXIV "Simonet, Mario A. c/ La primera de Ciudadela S.A. s/ Despido" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine, Gerardo M. c/ ODE S.A. s/ Despido" (sent. de 13-X-1994) del Máximo Tribunal federal y afirma que la doctrina emanada de aquellos considera como créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero del trabajo (v. fs. 561 y vta.).
Continúa señalando que la aplicación de la mencionada tasa de interés no otorga ningún interés real y positivo, por cuanto es muy inferior a la inflación que sacude a nuestra economía, la cual -alega- ni siquiera cubre la depreciación monetaria, afectando gravemente el poder adquisitivo de la accionante (v. fs. 561 vta.).
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, el recurrente cuantifica el crédito de autos aplicando un "coef. ajuste por depreciación monetaria (625,03%)" e intereses al 15% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena, siendo esta una de las posibilidades que expone para evitar la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral (v. fs. 565).
Concluye que la aplicación de tasas de interés fuertemente negativas es un hecho de gravedad institucional, por cuanto despoja al actor de gran parte del poder adquisitivo de su crédito y lo deja durante largos años sin interés alguno, violándose el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 565 vta./567).
A tenor de lo expuesto, propone tres métodos a fin de evitar la confiscación -a favor del deudor- de los créditos alimentarios del acreedor laboral: i) a través de la indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 23.561 (v. fs. 567/569 vta.); ii) fijando una tasa que otorgue un rendimiento positivo puro de interés del 1.366,37% sobre el monto nominal de condena (v. fs. 569 vta.) y; iii) en caso de que se utilicen intereses bancarios, aplicando la tasa activa con capitalización periódica de intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 569 vta./570 vta.).
A continuación, reitera que la sentencia atacada vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil -ley 340-; 768, 769, 770 y 1.738 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 570 vta./571 vta.).
Para finalizar, ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema, citando opinión doctrinal en apoyo de su postura (v. fs. 571 vta./572 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, verificándose que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- (Ac. 3.803/16; v. fs. 556 vta.), pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones con las que la recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
III.2. Ingresando al tratamiento del agravio que define el contenido de la crítica y, sin perjuicio de señalar que lo transcripto por la interesada en lo relativo al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1997) para justificar el "carácter vinculante" que les atribuye a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde sólo a la opinión personal de uno de los Ministros votantes en la mencionada causa, se advierte una errada lectura por parte de la recurrente de los fallos del más Alto Tribunal del país individualizados como S.722.XXV "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en ellos, en modo alguno se pronunció por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma en la pieza impugnativa. Lo dicho por la quejosa -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse, en rigor de verdad, en los votos en disidencia -que, como tales, no conformaron la postura mayoritaria- formulados en ambos casos por el entonces Ministro doctor Fayt.
III.3. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo traído por el quejoso como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, pretende sustentarse en una tesis que colisiona con el criterio adoptado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012), sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la citada doctrina.
III.4. A su turno, también debe ser desestimado el planteo afincado en que el tribunal de origen debió aplicar la capitalización de intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En reiteradas ocasiones ha declarado esta Suprema Corte que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria aquella pretensión que no fue llevada a conocimiento del tribunal de grado, deviniendo en una cuestión novedosa y, por ende, inatendible en la casación (causa L. 94.114, "Iturriaga", sent. de 29-XII-2008; L. 120.815, "López", sent. de 13-X-2020; e.o.).
En ese orden, se advierte que la petición concerniente a la aplicación de la citada norma legal, si bien no pudo integrar la pretensión liminar, pues no se encontraba vigente al momento de la interposición de la demanda el Código Civil y Comercial de la Nación (conf. art. 7, ley 26.994, modif. por ley 27.077); tampoco, durante el trámite del presente proceso, el interesado desplegó argumento o solicitud en ese sentido, para posibilitar -de ese modo- la bilateralidad del debate sobre el particular (art. 18, Const. nac.).
En razón de lo expuesto, sin abrir juicio sobre las motivaciones que introduce el actor en esta instancia extraordinaria, se advierte que la crítica constituye una cuestión novedosa y, por ello, no susceptible de ser abordada por esta Corte.
III.5. Definido lo anterior, también corresponde desestimar el agravio por conducto del cual se cuestiona la tasa de interés moratorio que aplicó el sentenciante al monto de condena.
Al efecto, debe señalarse que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), por mayoría que conformé, ha precisado su doctrina en la temática abordada, la que aun sobreviniente a la interposición del recurso deducido no corresponde dejar de atender (causas L. 116.959, "Navarro", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 118.566, "Mauri", sent. de 26-X-2016). Así, y como se resolviera en la referida causa L. 118.587 y en otras sustancialmente análogas (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), cabe declarar que en la especie los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016); entre otros.
Siendo así, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado se ajusta a la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1., III.2., III.3. y III.4. de su voto.
I.2. Luego, en lo referido a la crítica dirigida contra la tasa aplicada para los intereses moratorios también concuerdo con mi distinguida colega en que debe ser desestimada, para lo cual remito -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016; e.o.), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificaciones, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
II. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos por la doctora Kogan en los puntos III.1., III.2., III.3. y III.4. de su exposición (causa L. 121.025, "Antúnez", sent. de 27-VII-2020; e.o.).
En lo tocante a la alícuota empleada para estimar los acrecidos, me sumo a la propuesta de la colega ponente a tenor de las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas, merced a razones de economía y celeridad procesal.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo manifestado por la colega doctora Kogan en los puntos III.1., III.2. y III.4. de su voto.
I.2. En lo atinente al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, suscribo la propuesta formulada por la colega ponente, en atención a la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012), a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias.
I.3. Luego, la objeción planteada en torno a la tasa de interés que aplicó el tribunal de grado, sobre el capital de condena, debe ser rechazada, en tanto la decisión se ajusta -también en este aspecto- a la doctrina legal vigente respecto de la temática (causas L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016 y L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016).
II. A tenor de lo expuesto, cabe rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2021 12:44:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 23:18:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2021 10:06:49 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2021 13:34:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2021 18:54:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia