Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121228
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.228, "Elizalde, Ester Josefa contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo. Accion especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza acogió la demanda promovida, imponiendo las costas a la accionada vencida (v. fs. 583/596).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 619/626).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la acción iniciada por la señora Ester Josefa Elizalde y condenó a la demandada al pago de la indemnización por accidente in itinere , ocurrido el 12 de marzo de 2007, con más intereses calculados a la tasa pasiva que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo digital a treinta días, desde la fecha del infortunio, hasta su total y efectivo pago.
Quedó establecido en el pronunciamiento que la actora sufrió, con motivo del infortunio, trastorno del estado de ánimo con síntomas depresivos, que la incapacita en un 20% del índice de la total obrera.
Luego, por considerar que las consecuencias no habían sido todavía reparadas, juzgó que a los fines de calcular la indemnización correspondiente a la actora, debía aplicarse al caso la ley 26.773.
Finalmente condenó solidariamente a la aseguradora y a la Dirección General de Cultura de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por accidente in itinere fundada en las leyes 24.557 y 26.773 y en la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, más los intereses desde la fecha del infortunio y hasta su efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (BIP; v. sent., fs. 595 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 619/626).
II.1. En primer lugar, cuestiona que el tribunal dispusiera la aplicación retroactiva de la normativa más arriba citada, toda vez que el infortunio ocurrió con anterioridad a su vigencia.
Manifiesta que la sentencia aquí recurrida, ha violado la doctrina legal establecida en la causa L. 116.513, "Orellana" (sent. de 26-III-2014).
Asimismo, sostiene que la decisión se aparta a los lineamientos del fallo "Lucca de Hoz" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como también de precedentes de otros tribunales que cita (v. fs. 621 vta. y 622).
II.2. Por otro lado, impugna la aplicación de intereses sobre el capital de condena a la tasa "pasiva digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En concreto, plantea que la solución adoptada vulnera la doctrina legal de este Tribunal emanada de los precedentes Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) con arreglo a la cual debe aplicarse la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días vigente durante los distintos períodos de aplicación.
II.3. Por último objeta que el tribunal de grado no aplicara el tope legal que establece el art. 505 del Código Civil -según la redacción de la ley 24.432-, considerando transgredida la doctrina de esta Corte sentada en la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
Refiere que el porcentaje de las costas excede claramente el límite establecido en la norma citada.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Se impone señalar que merece favorable recepción la crítica que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la reparación que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
Esta Corte tiene dicho, en lo que respecta a su ámbito temporal de aplicación, que la citada ley ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, tales lineamientos han sido establecidos en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, ello, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
A tenor de lo señalado, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral (v. fs. 589 vta.) se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00 -y no así la ley analizada-, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto allí se determinó el importe de las prestaciones dinerarias con apoyo en las prescricpiones de la ley 26.773, norma cuya inaplicabilidad se declara.
III.2. En torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, entiendo que el agravio debe ser desestimado.
En la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sentencia de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resolución de 26-X-2016 y L. 119.422, "Clemente", sentencia de 31-X-2016; entre otros.
Ante la consolidación de dicha doctrina legal de este Tribunal debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria, acompaño -dejando a salvo mi opinión, sentada en la citada causa L. 118.587; entre otras- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
III.3. Finalmente, no corresponde que me pronuncie sobre el último cuestionamiento traído a revisión, en virtud de lo resuelto en el apartado III.1., donde se propuso revocar el importe de condena dispuesta por el tribunal con base en la ley 26.773 y resolución 1/16 -citada supra -, modificando sus cuantías tanto en orden al monto del fallo como al de los honorarios de los profesionales, cuya regulación encuentra su base en aquel.
Tales circunstancias, entonces, han de mutar el escenario en el que habría de operar la limitación prevista en los arts. 505 del anterior Código Civil (art. 730, Cód. Civ. y Com.) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432, vigente al momento del dictado de la sentencia y liquidación), que -vale destacar- ha sido declarada aplicable en el ámbito provincial por este Tribunal -por mayoría- en distintos pronunciamientos (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2000; L. 81.838, "Macalusi", sent. de 10-IX-2003 y L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005).
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado en cuanto determinó el importe de la prestación dineraria con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, norma cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la recepción parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Pettigiani, ello, sin perjuicio de efectuar unas breves reflexiones.
I.1. En lo tocante a la determinación de las prestaciones sistémicas, se observa por parte del tribunal de grado un promiscuo despliegue argumental en el que abundan entremezcladas ciertas transcripciones de textos de cuño jurisprudencial y otros de la doctrina de los autores. En este tramo de la sentencia (v. fs. 590/594) parece justificarse la aplicación "retroactiva" del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) bajo una particular interpretación de la ley 26.773 que colisiona con las directrices sentadas en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016); para más, confusamente se adicionan consideraciones en orden a la constitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la mentada ley, que -en una definición poco clara- lejos están de todos modos de evidenciar una falta de razonabilidad en el criterio escogido en la norma para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante (conf. mi voto en la causa L. 119.371, "Bustamante", sent. de 14-II-2018).
I.2. Ya en lo vinculado con los intereses moratorios, y reiterando mi adhesión al sufragio emitido por el doctor Pettigiani, entiendo conveniente aclarar que he contribuido con mi opinión a conformar la consolidada doctrina a la que se alude el colega.
Costas por su orden, atento el acogimiento parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera conforme lo que sigue.
II.1. Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su exposición y comparto su propuesta de rescindir la mensura de la prestación objeto de reclamo.
En ese orden y sin dejar de resaltar -una vez más- el impreciso despliegue argumental del pronunciamiento de origen (causa L. 120.733, "Alcaraz", sent. de 13-IX-2019) en orden a dilucidar la temática examinada -ya relevadas por el doctor Soria- la revocación de lo decido se impone a la luz de lo establecido en los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a cuyos términos remito por motivos de brevedad.
II.2. El cuestionamiento referido a la alícuota empleada para calcular los acrecidos no puede tener cabida a tenor de los fundamentos dados al pronunciarme en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, con motivo de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial.
II.3. Sentado lo anterior y dado que la solución del presente conduce a una nueva estimación de las costas, no cabe analizar el agravio que refiere a la infracción del límite impuesto por la ley 24.432.
Sin perjuicio de lo antedicho, no puedo dejar de observar que el tribunal de origen declaró la aplicabilidad de la ley antes citada, aspecto que llega firme, valiéndose a tal fin de precedentes de esta Corte.
En atención a ello, la nueva liquidación deberá seguir los lineamientos trazados en la doctrina legal elaborada en torno a este puntual aspecto, teniendo en consideración, además, lo normado por el art. 330 de la ley 10.397.
Costas por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
En efecto, y compartiendo las precisiones agudamente reseñadas por el doctor Soria respecto de los argumentos desplegados por el juzgador para justificar la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773, suscribo la propuesta de mis colegas en tanto se condice con la postura que asumí en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. 14-II-2018), a las que me remito por razones de celeridad.
I.2. Asimismo, concuerdo con la decisión que propone el ponente respecto de la tasa de interés moratorio aplicable al capital de condena, por resultar concordante con el criterio que expuse al votar en las causas L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y -en primer término- L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), a cuyas consideraciones igualmente envío.
I.3. Sentado lo anterior, adhiero al punto III.3. del voto que inaugura el acuerdo.
II. En consecuencia, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance expuesto en el punto IV de la opinión del doctor Pettigiani.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/04/2021 10:26:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2021 16:29:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/04/2021 18:55:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2021 13:45:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2021 08:30:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia