Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122610
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.610, "Castronovo, Raúl José contra Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 170/178).
Se interpuso, por la accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-X-2018).
Dictada a la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que aquí interesa, el tribunal de origen declaró parcialmente procedente la demanda promovida por el señor Raúl José Castronovo contra Usina Popular y Municipal de Tandil Sociedad de Economía Mixta, por la que había reclamado el pago de diferencias salariales con fundamento en los arts. 12 y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 (v. fs. 170/178).
Para así decidir, con sustento en el informe pericial contable, el juzgador de grado consideró acreditado que la empleadora no respetó las diferencias porcentuales entre categorías conforme lo estipulado en el art. 12 del citado convenio; no acató lo regulado en su inc. "b" al no utilizar en su escala salarial el incremento dispuesto para la categoría de revista del actor; no se ajustó a lo previsto en el inc. "h" de la mencionada norma, que ordena que al cumplirse dos años de antigüedad en la categoría se le incrementará al trabajador el sueldo según el mecanismo allí contemplado; y no cumplió con el pago de la bonificación con función jerárquica, conforme lo estipulado en el art. 14 inc. 5 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 (v. vered., fs. 171/172).
Fue así que condenó a la demandada a abonarle al trabajador la suma que determinó en concepto de diferencias salariales sobre distintos rubros por los períodos que indicó y dispuso la aplicación de intereses -desde su exigibilidad y hasta el efectivo pago- calculados a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo digital a treinta días (v. sent., fs. 176/178).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la vulneración de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 22-X-2018).
II.1. Sostiene que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia. Manifiesta que en su demanda el actor procuró el pago de diferencias salariales, pero nunca lo hizo en base a la categoría 16 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, que fue aquello que consideró el tribunal conforme lo dictaminado por el perito contador para fundar en la sentencia la condena.
II.2. Señala que el promotor del pleito se limitó a indicar la categoría laboral que figuraba en su recibo de haberes y la remuneración que debía percibir, pero de la prueba producida en la causa resultó acreditado que sólo ostentó una que, en los hechos, no se correspondía con su verdadera función. Tan es así, agrega, que durante toda la relación laboral jamás efectuó reclamo alguno.
II.3. Por otro lado, denuncia que la arbitrariedad en la apreciación de la prueba igualmente se pone en evidencia cuando el sentenciante concluyó que la bonificación por dedicación funcional fue abonada en un porcentaje distinto al previsto en el art. 14 inc. 6 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75. Expresa que el accionante no resultaba acreedor de dicho beneficio porque durante todo el tiempo en que se desarrolló el contrato de trabajo nunca extendió su jornada laboral, lo cual se encuentra probado con la pericia contable.
II.4. Por último, esgrime que la actitud del señor Castronovo resultó contradictoria con sus propios actos anteriores, pues durante muchos años no efectuó reclamo alguno.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, la crítica afincada en la violación del principio de congruencia no resulta de recibo.
Ello así porque, evidenciando una deficiente técnica recursiva, el impugnante no ha denunciado la transgresión de las normas legales que receptan el indicado principio procesal ni de la doctrina legal de esta Corte al respecto. Tampoco ha invocado la absurda valoración, por parte del tribunal de grado, de los escritos constitutivos del proceso, falencias estas que -con arreglo a la jurisprudencia reiteradamente establecida por este Tribunal- evidencian la insuficiencia del agravio y sellan su suerte adversa.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción al principio de congruencia, manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de la demanda, pero no alega la existencia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, ni denuncia la violación de las normas procesales que se vinculan al principio que se estima vulnerado (causas L. 90.676, "Villalón", sent. de 31-VIII-2011; L. 118.109, "A., R. I.", sent. de 3-VI-2015 y L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016).
Semejantes deficiencias no pueden ser salvadas por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por la recurrente para sustentar la impugnación (causas L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018; e.o.).
III.2. Las sucintas reflexiones que giran en torno a la categoría del trabajador, también lucen infructuosas.
Tiene dicho esta Corte que la valoración del material probatorio -en el caso, el informe contable y los recibos de haberes-, así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, y las conclusiones que al efecto formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo (causas L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 102.278, "S., J.", sent. de 15-VIII-2012).
Esto último exige la verificación de un error grave y grosero, que se configura -cabe recordar- cuando la decisión desatiende el orden lógico formal de un razonamiento válido, por lo que conduce a postulados insostenibles, o exhibe conclusiones palmariamente inconciliables con el elenco circunstancial de la causa (causas L. 117.058, "Spadafora", sent. de 16-VII-2014; L. 118.933, "Saenz", sent. de 5-X-2016; L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; e.o.).
En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar la configuración de tan grave error, ya que la réplica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar las pruebas mencionadas.
III.3. Igual suerte ha de correr el agravio por el cual el recurrente aduce que la bonificación por dedicación funcional no le correspondía al actor porque nunca extendió su jornada laboral (v. pág. 11/13, escrito recursivo electrónico).
Con apoyo en las circunstancias fácticas sentadas en la segunda cuestión del veredicto, el tribunal de trabajo declaró improcedente la pretensión vinculada con el pago de la bonificación por "dedicación funcional", por no haberse logrado acreditar los presupuestos previstos en el art. 14 inc. 6 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 (v. fs. 176).
A partir de lo señalado, fácil es observar que la crítica es palmariamente defectuosa, en tanto el cuestionamiento se ha construido sobre un rubro que resultó desestimado, lo que evidencia una errónea lectura del pronunciamiento y una evidente falta de perjuicio.
De este modo, queda despojado de sustento el reproche traído y evidenciada la ausencia de interés que puede legitimar al recurrente a cuestionar esta parcela del fallo de grado (causas Ac. 60.958, "Alcaraz", resol. de 27-XII-1996; L. 108.383, "Alderete", sent. de 18-VI-2014 y L. 118.914, "Carrizo", sent. de 20-IX-2017).
III.4. En lo tocante a la última crítica traída, cabe señalar que la mera afirmación que efectúa el recurrente acudiendo a los actos propios y destacando la ausencia de reclamos por parte del actor durante años, de suyo inocua a tenor de su formulación, carece de toda denuncia tendiente a evidenciar una infracción en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del señor Juez doctor Torres de conformidad con la postura ostentada en los precedentes L. 122.611, "Funaro" (sent. de 20-VII-2020); L. 125.601, "Castronovo" (resol. de 9-XII-2020) y L. 122.126, "Villar" (sent. de 10-VII-2020); entre otras.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta de mi colega doctor Torres desde que, el caso bajo análisis presenta similares connotaciones a las verificadas en las causas L. 122.611, "Funaro" (sent. de 20-VII-2020); L. 125.601, "Castronovo" (resol. de 9-XII-2020) y -con ciertos matices- L. 122.126, "Villar" (sent. de 10-VII-2020).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/04/2021 10:26:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2021 16:28:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/04/2021 18:55:06 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2021 10:33:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2021 10:41:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia