Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121816
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído; con costas (art. 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.816, "Acosta, Cristian Hugo contra Naldo Lombardi S.A. Diferencias Salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Necochea homologó el acuerdo celebrado por las partes, con costas a cargo de la accionada (v. fs. 442/449).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 454/456 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 476/478), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa destacar, homologó el acuerdo conciliatorio celebrado por el señor Cristian Hugo Acosta con Naldo Lombardi S.A. en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes con fundamento en los arts. 22 del decreto ley 8.904/77 y 22 de la ley 14.967.
II. La parte demandada interpuso recurso extraordinario de nulidad, en el cual denuncia que la sentencia recurrida debe ser declarada nula en la parte relativa a la regulación de honorarios, en tanto no resolvió íntegramente las pretensiones deducidas por las partes.
Afirma que, al contestar la demanda, solicitó la aplicación del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, petición que el tribunal de grado omitió tratar.
Sostiene que los estipendios fijados a los profesionales intervinientes en su conjunto se exhiben notoriamente desproporcionados.
III. He de discrepar con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fs. 476/478), toda vez que -a mi entender- el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar.
III.1. Surge de las actuaciones que en oportunidad de contestar la demanda -acápite XII-, la accionada solicitó que la sumatoria de la totalidad de los honorarios regulados no superara el 25% del monto de la sentencia, debiendo ajustarse -según su pretensión- a lo establecido en el citado art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (anterior art. 505 del Código Civil -ley 340-; v. fs. 124 vta./126) y conforme la doctrina legal que emerge de la causa L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002.
Postula, entonces, que el a quo omitió expedirse respecto de la aplicación de la normativa mencionada, derivando ello en una manifiesta desproporción entre el capital de condena que asciende a $5.444, frente a los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, que en su conjunto arrojan la suma de $23.528.
III.2. Si bien la omisión de una cuestión esencial sin expresión alguna del motivo por el cual no fue abordada, configura un supuesto de incongruencia por omisión que puede conllevar, por imperio del art. 168 de la Constitución provincial, la nulidad del pronunciamiento de grado (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 116.954, "Di Piero", sent. de 6-VIII-2014 y L. 117.786, "Flores", sent. de 10-VI-2015; e. o.), tal hipótesis no se presenta en el caso.
En autos se advierte que el cuestionamiento formulado por la recurrente se encuentra marginado del acotado ámbito de actuación del remedio procesal bajo análisis, toda vez que se halla vinculado a la imputación de presuntos errores in iudicando , ajenos -en cuanto tales- a su limitado marco de conocimiento y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 80.139, "Guzmán", sent. de 19-II-2002; L. 90.498, "Corigliano", sent. de 19-II-2007 y L. 92.085, "Aguirre", sent. de 14-XI-2007; e. o.).
En efecto, la invocación de la omisión de aplicar un precepto legal constituye materia específica de la vía prevista en el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución provincial, pues importa -en rigor- una de las hipótesis que pueden configurar su violación (art. 278 y sigs., CPCC), lo que entonces -reitero- queda excluido de examen por conducto del carril en tratamiento.
III.3. Por lo demás, a mayor abundamiento y desde otra arista, teniendo en consideración que los montos del juicio y de las costas resultan exiguos, el remedio en tratamiento también merece desestimarse en cuanto el debate resulta insustancial o carente de trascendencia (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 476/478), considero que el recurso debe prosperar.
I.1. El medio de impugnación bajo análisis sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 108.445, "Servini", sent. de 5-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014 y L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; e. o.).
Al respecto tiene dicho esta Suprema Corte que es cuestión esencial -en la acepción que corresponde al recurso extraordinario de nulidad- aquella que según las modalidades del caso, resulta necesaria para la correcta solución del pleito, la que está constituida por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento, la que por su naturaleza influye en el fallo, y la vinculada a la dimensión cuantitativa del objeto mediato de la pretensión (causas Ac. 55.142, sent. de 4-IV-1995; C. 90.386, "Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 6-XII-2006 y C. 95.237, "Casas", sent. de 22-X-2008).
Luego, si bien por regla las decisiones de los tribunales colegiados que regulan honorarios no son recurribles en sede extraordinaria, ese principio cede -entre otros casos- cuando en la especie se configura manifiesta desproporción entre el valor económico del juicio y los estipendios fijados (causas C. 100.152, "Fundación", sent. de 7-III-2012 y C. 119.094, "Pace", sent. de 1-VI-2016).
I.2. Bajo esas directrices, se advierte que la cuestión que se denuncia preterida fue sometida a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna y su tratamiento no puede ser ignorado en virtud de lo establecido por el art. 168 de la Constitución provincial.
En efecto, tal como ha sido señalado por el señor Procurador General, la pretensión que la recurrente introdujera al contestar demanda, en procura de que la regulación de honorarios no superara el tope de 25% del monto de condena, de acuerdo con la reforma introducida por el art. 1 de la ley 24.432 al art. 505 del Código Civil (hoy art. 730 del Código Civil y Comercial) además de la doctrina sentada de la causa L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002, no ha sido abordada por el tribunal de la instancia anterior.
I.3. En la especie, el tribunal de origen -mediante sentencia de fecha 14 de marzo de 2018- luego de responder las dos cuestiones planteadas relativas a la procedencia del acuerdo y a las pautas que deberían contemplarse a la luz de la nueva normativa arancelaria para regular los honorarios, homologó lo convenido por las partes y aplicó las costas a la demandada. En virtud de dicho pronunciamiento el actor se hizo acreedor de la suma de $5.444 y la accionada resultó obligada a pagar el importe de $23.598 más aportes de ley en concepto de costas.
En lo que aquí interesa, el a quo realizó extensas consideraciones relativas a la vigencia de las normas arancelarias y al precedente de este Tribunal "Morcillo" previo a -por mayoría- fijar los estipendios de los letrados de acuerdo con los mínimos previstos en las leyes 8.904 y 14.967 como así también los del perito contable. No encuentro allí tratamiento alguno referido a la pretensión oportunamente introducida por la recurrente relativa a la aplicación del art. 505 del Código Civil, -hoy 730 del Código Civil y Comercial- y de la doctrina legal sentada en la citada causa L. 77.914, de incidencia decisiva en los alcances de la responsabilidad por el pago de costas.
I.4. En mi opinión ello permite tener por configurada la infracción del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que la cuestión soslayada integró la estructura de la traba de la litis, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debió atender para la correcta solución de la controversia. La omisión de su abordaje sin expresión alguna del motivo por el cual no fue tratada da cuerpo a un supuesto de incongruencia por omisión que conlleva, en el caso, la nulidad parcial del pronunciamiento de grado (causas L. 116.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 116.658, "Racedo", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; e. o.).
II. Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y, en consecuencia, disponer la anulación del pronunciamiento únicamente respecto de la pretensión que no recibiera respuesta del tribunal de origen identificada en el punto I.2. de este voto.
Si mi propuesta fuera compartida, la causa deberá ser devuelta a la instancia de origen para que -en los términos del art. 298 del Código Procesal Civil y Comercial- dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Se ha planteado la nulidad de una sentencia en la cual se homologó el acuerdo al que arribaron actor y demandado por la suma de cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos ($5.444), y donde las costas se impusieron a la demandada, alcanzando la suma por honorarios y aportes a veintitrés mil quinientos veintiocho pesos ($23.528).
La nulidad se funda en la presunta omisión de tratamiento y aplicación, por parte del tribunal, de lo dispuesto por el art. 730 del Código Civil y Comercial, en cuanto regula una limitación que depende del monto del juicio a la hora de determinar las costas del proceso.
Las cantidades que resultan ser el monto del juicio o de las costas, son tan bajas que hacen de aplicación lo dispuesto en el art. 31 bis, de la ley 5.827 (modificado por la ley 13.812) en cuanto dispone que, con la sola invocación de esa norma, podrá rechazarse un recurso de nulidad si la cuestión sometida a nuestro conocimiento no es sustancial o carece de trascendencia.
En virtud de lo expuesto, voto por la negativa.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído; con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2021 12:46:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2021 21:16:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2021 16:50:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 09:18:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 14:18:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 19:05:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia