Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123407
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.407, "Cazón, Cristina Marcela contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Pettigiani, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda, con costas a cargo de la demandada (v. fs. 155/167 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 181/194).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente admitió parcialmente la demanda interpuesta por la señora Cristina Marcela Cazón y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a pagarle la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557), con más el adicional del 20% contemplado por el art. 3 de la ley 26.773.
Para así resolver, señaló que no fue materia de controversia que la actora se desempeñó como trabajadora dependiente para la firma COPECA S.A., quien había celebrado con la aseguradora demandada un contrato de afiliación para cubrir los riesgos del trabajo en los términos de la ley 24.557 (v. fs. 155 y vta.).
Luego, con apoyo en la prueba rendida en autos, determinó que el día 6 de enero de 2014 la legitimada activa sufrió un accidente laboral que lesionó su muñeca izquierda, ocasionándole una incapacidad del 15% del índice de la total obrera, y que su ingreso base mensual ascendió a la suma de $5.100,29 (v. fs. 155/157).
En este marco -en lo que resulta de interés por constituir materia de agravio- a la hora de cuantificar las prestaciones por las que prosperó la demanda, consideró que correspondía aplicar sobre la suma derivada de la de formula establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773, y -sobre dicho total- calcular el resarcimiento normado en el art. 3 de la última disposición legal citada; declarando -en función de lo antedicho- la inconstitucionalidad del decreto 472/14 (v. fs. 160/161 vta.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de doctrina legal, en el que denuncia absurdo, violación del derecho de propiedad, de las garantías de defensa en juicio, del debido proceso y del principio de congruencia (v. fs. 181/194).
II.1. En lo medular, se agravia de lo decidido en la sentencia de grado por cuanto condenó a la accionada a abonarle a la actora la suma derivada de la fórmula contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.577, aplicando al resultado que arroja ese cálculo el índice RIPTE, situación que -alega el compareciente- se encuentra excluida por el decreto 472/14 (v. fs. 187 vta.). Funda su postura en jurisprudencia de la justicia nacional del trabajo y en el fallo emanado de la Corte federal CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
Puntualiza que, conforme surge del art. 17 de la norma reglamentaria citada, dicha pauta de mejoramiento sólo es aplicable a las prestaciones de pago único (art 11, ley 24.557) y a los "pisos" mínimos (arts. 14 y 15, ley cit.; v. fs. 191 vta.).
Afirma que declarar -como lo dispuso el juzgador a fs. 161 vta. y 165- que el decreto 472/14 es inconstitucional y aplicar el RIPTE del modo en que lo hizo, importa actualizar doblemente los valores en juego (v. fs. 191 vta.)
II.2. Añade, por otro lado, que la interpretación llevada a cabo por el tribunal conlleva una alteración de la ecuación económica financiera del contrato de seguro suscripto oportunamente entre la empleadora y aseguradora, violentando derechos constitucionales de la accionada, específicamente, el de propiedad (v. fs. 192/193).
II.3. Denuncia, asimismo, que el tribunal a quo incurrió en una incorrecta aplicación del art. 3 de la ley 26.773, por haber dispuesto que el adicional del 20% sea calculado sobre el monto sujeto al índice RIPTE. Ello, a criterio del impugnante, quebranta el espíritu de la norma y el derecho de propiedad, generando una ruptura de la ecuación económica financiera del contrato de afiliación y un enriquecimiento sin causa.
III. El recurso es inadmisible.
III.1. Liminarmente cabe advertir que, encontrándose notificada y consentida -ante la falta de impugnación- por los interesados la resolución del tribunal de trabajo en virtud de la cual se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el estrecho marco de cognición que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 195 vta.), la competencia funcional revisora de esta Corte ha de ser ejercida con las restricciones derivadas de ese estricto molde de análisis.
III.2. En este contexto, el supuesto habilitante de la vía intentada se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015; L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; e. o.).
III.3. Bajo tales premisas, los agravios traídos por el recurrente deben ser desestimados, toda vez que no ha denunciado a su respecto vulneración de doctrina legal alguna -y en particular, la sentada a partir de la causa L. 118.532, "Godon", sentencia de 5-IV-2017, ya vigente al momento de interposición de esta impugnación y de estricta atingencia con la especie- que permita la revisión del pronunciamiento en los términos ya expresados, presupuesto esencial e inicial para pretender el examen de lo resuelto por conducto de la hipótesis excepcional.
Cabe agregar que dicha carga no puede juzgarse satisfecha con las citas de fallos provenientes de otros órganos jurisdiccionales distintos a esta Suprema Corte, supuestos que se encuentran excluidos del concepto de doctrina legal contenido en los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y el citado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 108.361, "Errekalde", sent. de 5-IX-2012 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
En este sentido, es también oportuno recordar al recurrente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y L. 118.978, "Larrea", resol. de 18-XI-2015; e. o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani, y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2021 12:46:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2021 21:16:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2021 16:50:26 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 14:18:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 19:06:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia