Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123933
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.933, "Alegre, Gustavo Alfredo contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 149/156).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9 de abril de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gustavo Alfredo Alegre contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250), e importes previstos en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 149/156).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión de cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
En ese orden, si bien tuvo por acreditado que el empleador no depositó los aportes destinados a los organismos de la seguridad social y sindicales, efectivamente retenidos (v. vered., tercera cuestión), juzgó que para hacerse acreedor de la multa debe cursarse la intimación (art. 1, dec. 146/01) indicando los periodos retenidos, su importe y destino, recaudos que no concurrieron en la especie (v. sent., 151/152).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
Se agravia del rechazo de la pretensión fundada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, denunciando la trasgresión de la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013), entre otros.
Afirma que el juzgador interpretó erróneamente el alcance de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la ley 20.744 (art. 43, ley 25.345) al reprocharle que la intimación causada no satisfacía los requisitos, debiendo precisarse el monto y el destino de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, pues tales extremos no surgían del texto de la normativa indicada.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 7), los recibos de sueldo (v. fs. 8/43) y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 100/127)-; ello, en tanto, afirma que de su análisis surge con claridad que en el período reclamado la empleadora procedió a la retención de los aportes de la seguridad social, sin ingresarlos luego al sistema.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones devengadas mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acredite de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Corresponde rescindir aquella parcela del pronunciamiento en la que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma, al no incluir con precisión el monto, período y destino de los aportes presuntamente retenidos.
La citada normativa establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria motivo de reclamo, el trabajador "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin dejar de señalar que en su intimación (v. fs. 7) el actor indicó el período correspondiente a la infracción denunciada, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión fundada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por conducto de exigir al actor el cumplimiento de dos requisitos -cuantificación del importe no ingresado e identificación del organismo respectivo- que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3.a. Descartadas, entonces, las exigencias formales en las que el tribunal de grado fundó su decisión, corresponde analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Ello así, pues si bien es cierto que el tribunal tuvo por probado que el empleador no depositó los aportes sindicales y los destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos (v. vered., fs. 147/148), no lo es menos que la demandada no pudo recurrir esa decisión, toda vez que la sentencia le resultó favorable.
Desde esa época se advierte que la legitimada pasiva sostuvo, en oportunidad de contestar la demanda, que correspondía el rechazo de la sanción, puesto que había cumplido con el depósito de las deducciones efectuadas (v. fs. 67 vta.).
Luego, y por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013), ya que, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa Ac. 81.298, "Reboredo", sent. de 11-VI-2003).
En tal sentido, deviene necesario revisar el acierto de la conclusión fundada en la inexistencia de transferencia a los organismos correspondientes de los aportes retenidos.
III.3.b. Este Tribunal ha declarado que para la procedencia de dicha sanción debe concurrir la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y la subsistencia de tal omisión al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
III.3.c. En ese marco se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis.
En efecto -tal como lo sostiene el propio sentenciante- con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 8/43 y los informes emitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 100/127) y el Instituto Mandatario de Recaudaciones (v. fs. 128/134), se verifica que, en vigencia del vínculo, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y sindicales, sin haber dado cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad.
Asimismo, tenida por auténtica y recepcionada -en la oportunidad de abrirse la causa a prueba- la pieza postal glosada a fs. 7, emerge sin cavilaciones que el señor Alegre intimó a su empleadora (23 de noviembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindicales (v. auto de apertura a prueba, fs. 80 y vered., fs. 194).
Por lo tanto, en ausencia de elementos que permitan abonar el cumplimiento de la obligación del empleador, se configuran en la especie los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso. En virtud de lo expuesto, quedando -a partir de lo dicho- atendidos los argumentos traídos, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345), rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2021 16:53:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/04/2021 08:46:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2021 20:08:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2021 20:04:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2021 10:07:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia