Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124086
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.086, "Costa, Carlos Marcelo contra Provincia ART S.A. y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Kogan, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 1.100/1.106).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12 de junio de 2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Carlos Marcelo Costa y, en consecuencia, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 en relación con el accidente de trabajo que padeció el día 11 de noviembre de 2009 (v. fs. 1.046/1.060). En ese orden, impuso las costas a la parte demandada vencida y reguló los honorarios de los letrados -con fundamento en el decreto ley 8.904/77- y de los demás profesionales que actuaron en el proceso (v. fs. 1.062 y vta.).
Luego, ante la impugnación efectuada por la accionada con motivo de la liquidación realizada -pretendiendo la aplicación de la ley 24.432- (v. escrito electrónico de fecha 11 de octubre de 2018), y previo traslado a la parte actora (quién planteó la inconstitucionalidad del dispositivo legal señalado; v. escrito electrónico de fecha 22 de octubre de 2018) y peritos intervinientes, el tribunal de grado, declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432.
Para así decidir, juzgó que tales normas, al modificar los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo limitando la responsabilidad por el pago de las costas, contradicen los arts. 14, 14 bis, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (v. fs. 1.100/1.106).
En tal sentido, diseñando un escenario con diferentes hipótesis, señaló que, si por la aplicación de las normas impugnadas se sostuviera que el responsable por el pago de la diferencia de honorarios del letrado o de los peritos fuese el trabajador en su calidad de beneficiario de la labor, éste vería afectado su derecho de propiedad pese a su carácter de "vencedor", vulnerándose también el principio protectorio. Continuó diciendo que si, por el contrario, se interpretara que el actor no es responsable, ni tampoco lo es el demandado, no quedaría otra posibilidad que estimar que aquella diferencia habría de ser soportada por el propio abogado vencedor y los auxiliares de justicia, con la lógica mengua patrimonial que ello implicaría, lo cual también atentaría contra las normas constitucionales e internacionales que tutelen al trabajo (v. fs. 1.102 vta./1.104).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 505 del Código Civil; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que identifica.
Señala que el importe total de las costas a su cargo supera ampliamente el límite del 25% que establecen los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil.
Sobre esa premisa, alega que el tribunal de grado, al rechazar la impugnación formulada a la regulación de los honorarios y declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, ha vulnerado la doctrina legal que esta Corte estableció en los precedentes L. 77.914, "Zúccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005); L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015) y L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016).
Añade que, asimismo, se ha apartado del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Abdurraman" (sent. de 5-V-2009); "Villalba" (sent. de 27-V-2009); "Palacio" (sent. de 24-III-2013) y "Arriete" (sent. de 6-III-2014).
Destaca también que los preceptos objetados por el sentenciante, concernientes al límite de la responsabilidad por el pago de las costas, se han mantenido vigentes en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
Por último, refiere que la primacía de la ley sustancial sobre la adjetiva -y, en particular la que resulta aplicable al caso- no requiere demostración alguna de la parte, debiendo ser advertida y reconocida por el juzgador, quien está obligado a aplicar el derecho vigente.
III. El recurso debe prosperar.
III.1.a. Liminarmente, corresponde señalar que en el caso el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia que se verifica entre lo presupuestado en la instancia ordinaria en materia costas y la suma que resultaría de limitar ese importe al 25% de los guarismos de la condena impuesta a la recurrente- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3.938/19)-; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
En consecuencia, este Superior Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que los agravios que animan la impugnación, destinados a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, involucran el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, el recurso examinado habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.a. Sentado lo anterior e ingresando ahora a analizar el caso, corresponde aclarar que surge de la síntesis efectuada en el liminar apartado de la presente, que los argumentos que esgrimió el juzgador en la resolución recurrida para declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y juzgarlos además violatorios de diversos instrumentos internacionales, no tuvieron conexión con aquel cuestionamiento fundado en la supuesta alteración de la autonomía de las provincias por parte del legislador nacional (arts. 75 inc. 12 y 121, Const. nac.), tema -por cierto- resuelto por este Tribunal en reiteradas causas, a saber, L. 89.979, "Saucedo", sentencia de 16-IV-2008; L. 98.065, "Cejas", sentencia de 3-V-2012 y L. 117.286, "Rodriguez", sentencia de 17-VII-2015. Si bien no era miembro de este Alto Cuerpo en esas oportunidades, remito a lo allí dicho, por razones de brevedad (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.b. Luego, no sin antes poner de manifiesto que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es: el dec. ley 8.904/77), y ceñido a las concretas motivaciones expuestas por el juzgador, habré de ingresar a analizar la resolución recurrida, donde la interesada cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432 y el límite impuesto por dicha norma en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil -art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación- a la responsabilidad en el pago de las costas.
He de adelantar que, para dar respuesta a la última, habré de reiterar el criterio volcado por esta Suprema Corte en las causas L. 121.989, "Mosiejchuk" (sent. de 26-XII-2019) y L. 121.906, "Benítez" (sent. de 29-IV-2020), cuyos fundamentos, no obstante no hube de intervenir en ellas, comparto. Así, las directrices que emanan de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que -invocadas por el recurrente- habré de seguir por razones de economía procesal, conducen a revocar el pronunciamiento.
En estas condiciones, tomando el desarrollo argumental de mi distinguido colega doctor Soria, delineado en la citada causa L. 121.989, señalo que en el precedente A.151.XXXVII, "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9.688" (sent. de 5-V-2009) la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en consideraciones que pueden proyectarse sobre la norma civil- dijo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución, atento a la finalidad tenida en miras por el legislador, "...se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad..." (cons. 12°).
Concretamente, en la causa V.1418.XXXVIII, "Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ accidente-ley 9.688", (sent. de 27-V-2009), el Alto Tribunal afirmó que en tanto la citada norma sólo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no respecto de la cuantificación de estos "...no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley...", pues lo contrario significaría establecer una obligación sin sujeto pasivo alguno (cons. 6°). También sostuvo que la posibilidad de que los profesionales ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese arrojar el prorrateo legal, no resulta violatoria del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución nacional, toda vez que la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador "...no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho..." (cons. 7°).
Finalmente, tales lineamientos, reiterados por la Corte federal en las causas P.752.XLVI, "Palacio, Yanina Fernanda c/ Talyden S.A. y otro s/ accidente - acción civil" (sent. de 19-XI-2013); A.579.XLVII. y otros, "Arriete, Julio Néstor c/ A.A. Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/ despido" (sent. de 6-III-2014) y CNT 13512/2008/2/RHl, "Galván, Ornar Leónidas c/ Cayter Cielorrasos S.R.L. y otro s/ accidente - acción civil" (sent. de 5-IX-2017), y que entiendo aplicables no sólo en lo referido a los estipendios de los letrados sino también a los de los peritos actuantes, evidencian que debiéndose situar el análisis de la disposición legal referida en el primer supuesto plasmado en la resolución impugnada, los argumentos brindados en dicho marco por el tribunal de grado colisionan con el criterio adoptado por la Corte nacional.
III.3. En el caso, surge evidente del cotejo de la liquidación y de la regulación de honorarios que el tribunal de grado rebasó la limitación porcentual contemplada en la ley 24.432 y receptada en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
Corresponde entonces que -una vez devueltos los autos- el tribunal adecue su resolución a lo dispuesto en la citada norma efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011; art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. de la presente. Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Torres (conf. voto en la causa L. 121.989, "Mosiejchuk", sent. de 26-XII-2019).
En efecto, considero que le asiste razón a la parte agraviada, cuando denuncia que el órgano judicial de grado transgredió la doctrina legal elaborada en torno a los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil (según ley 24.432).
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en las citadas normas legales ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por mayoría (así, causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002, citada por la recurrente; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015; L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.). Además, como bien destaca la impugnante, fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres en los puntos III.1. y III.2.a. de su voto.
I.2. En lo demás, también comparto la propuesta del ponente de revocar la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, y ello con arreglo a los argumentos que expuse al emitir mi opinión, entre otras, en las causas L. 121.989, "Mosiejchuk" (sent. de 26-XII-2019) y L. 121.906, "Benitez" (sent. de 29-IV-2020), de connotaciones similares al presente, y a las que por celeridad remito.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance expuesto en el punto IV del voto inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por el colega ponente, ello, a tenor de los argumentos expuestos en oportunidad de brindar mi opinión en los precedentes L. 119.955, "Duarte" (sent. de 14-VIII-2019) y L. 121.989, "Mosiejchuk" (sent. de 26-XII-2019), análogos al presente y a los que por celeridad remito.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2021 15:26:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2021 10:26:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2021 15:30:57 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 11:06:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 12:27:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.