Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124136
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.136, "Méndez Méndez, Claudio Hernán contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 104/114).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9 de abril de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Claudio Hernán Méndez Méndez contra Construcciones Térmicas S.A., condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250) y los rubros amparados en los arts. 80 de la ley 20.744 (conf. ley 25.345) y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 104/114).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la cual se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual contemplada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, y tras destacar que de los recibos de sueldo glosados a fs. 9/20 se evidencia que la patronal realizó los descuentos destinados a los organismos de la seguridad social, obra social y sindical, el órgano de grado sostuvo que del informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de fs. 81/91, surgían los aportes a la seguridad social declarados y depositados por la demandada desde el período abril 2014 hasta noviembre 2015, sin arrojar resultados la consulta sobre eventuales pagos tardíos.
Agregó que, si bien el informe emitido por el Instituto Mandatarios de Recaudaciones daba cuenta que la accionada había abonado los conceptos referidos a las liquidaciones mensuales correspondientes a la obra social Ospecon, en el período abril de 2014 a enero de 2016 -con la excepción de diciembre de 2015-, no ingresó conceptos sobre aportes sindicales. Respecto de esto último, destacó que requerido el informe a la entidad sindical de la construcción (UOCRA) no se constaba la afiliación del trabajador, aunque sí había efectuado aportes solidarios como no afiliado.
A partir de ese análisis concluyó que no se había demostrado que los importes retenidos no se hubieran transferido a los organismos a los que estaban destinados (v. vered., tercera cuestión planteada; fs. 105/106).
Luego, en la etapa de sentencia, el juzgador declaró que -sin perjuicio de lo expresado en el veredicto- el trabajador no cumplió con lo establecido en el decreto 146/01 para hacerse acreedor de la sanción reclamada, en tanto en la intimación no especificó el importe que el demandado debía ingresar a los organismos de seguridad social, ni a cuál de ellos correspondía, por lo que la pretensión debía ser desestimada (v. sent., fs. 108 vta./109 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita.
En esencia, se agravia del rechazo de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende- transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira Gracilazo" (sent. de 5-VI-2013).
Afirma que el sentenciante interpretó erróneamente -con apego a un excesivo rigor formal- los alcances de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la ley sustantiva laboral, al establecer que en el emplazamiento debió precisarse el monto y el destino de los aportes retenidos y no ingresados, toda vez que, según postula, tales requisitos no están previstos en el texto de las citadas normas.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 7), los recibos de sueldo (v. fs. 9/20) y el informe realizado por la AFIP (v. fs. 84)-. Ello así, en tanto, afirma, de su análisis surge con claridad que en los períodos abril 2015 a noviembre 2015 la empleadora procedió a la retención y no ingreso de los aportes de la seguridad social.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Inicialmente y como hube de hacerlo al emitir mi voto en la causa L. 121.673, "García" (sent. de 18-VIII-2020), de connotaciones similares a la presente, corresponde rescindir aquel aspecto del fallo por el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma al no incluir con precisión el monto y destino de los aportes presuntamente retenidos.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, éste "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin destacar que en el telegrama de fs. 7 se indicó el período en que se denunció la infracción que, adelanto, coincide con las constancias de la causa, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la penalidad contemplada por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por conducto de exigir al actor el cumplimiento de un requisito -referido a la materialización económica del reclamo y su destino- que no reconoce sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3. Aclarado ello, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado incurrió en absurdo, vulnerando el citado precepto y la doctrina legal de este Tribunal.
III.3.a. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que la citada norma (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, "Alveira Gracilazo", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente; causas L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.3.b. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso.
En el estadio procesal del examen y determinación de los hechos controvertidos, en atención a la situación planteada y en orden al objeto del litigio, se advierte que no se ha concretado el estudio idóneo de las circunstancias fácticas y probatorias imprescindibles para la solución del caso. Ello así, pues el juzgador de grado, rechazó la pretensión a partir de un deficiente análisis de la prueba que derivó en una incorrecta conclusión.
En efecto -contrariamente a lo sostenido por el sentenciante-, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 9/20, el informe emitido por la AFIP y demás pruebas relevantes, es posible constatar que durante el período comprendido entre los meses de abril a noviembre de 2015 la accionada realizó deducciones en concepto de aportes con destino a la seguridad social y los mismos no fueron ingresados al sistema (v. fs. 84), sin que exista constancia -como reconoció el tribunal a fs. 105 vta.- de su pago tardío. Luego, y no sin destacar que tampoco queda eficazmente corroborado que la patronal hubiera cumplido con la carga de ingresarlos formalmente en su totalidad por el restante tramo del lapso temporal al que se hace referencia en el emplazamiento postal que el demandante dirigió a su empleador (diciembre de 2015 y enero de 2016), la conducta tipificada en la norma se encuentra verificada en autos.
Para más, como también lo pone de manifiesto el tribunal interviniente (v. vered., tercera cuestión, fs. 106), del informe emitido por el Instituto Mandatarios de Recaudaciones glosado a fs. 78/82, surge probado que Construcciones Térmicas S.A. tampoco ingresó el importe para la obra social Ospecon por el período diciembre de 2015.
Por otro lado, no habiendo sido controvertida en autos la recepción de las comunicaciones postales, surge claramente del telegrama glosado a fs. 7, que Claudio Hernán Méndez Méndez intimó a su empleadora (14 de diciembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, decreto 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
A partir de lo expuesto, se colige que el tribunal de grado, sobre la base de un análisis equivocado de la prueba, ha delineado conclusiones genéricas desconectadas de las circunstancias particulares del caso, incurriendo en absurdo (causas L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
III.3.c. En definitiva, habiéndose demostrado el absurdo imputado al a quo y encontrándose acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
III.3.d. Ante ese resultado, y en virtud de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por esta Corte (causas L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2006; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; e.o.), se impone atender los particulares reclamos esgrimidos en autos, así como las defensas que a ellos opuso la demandada en su oportunidad y que no tuvo ocasión de renovar atento el resultado favorable obtenido en la instancia de grado.
Ahora bien, en atención a que las escuetas defensas esgrimidas por la patronal respecto del tópico -afincadas en la simple afirmación de su cumplimiento en lo tocante al depósito de las deducciones efectuadas, y, por ende, en la falta de justificación del reclamo (v. contestación de demanda, fs. 42 y vta.)- fueron abastecidas con la argumentación desplegada en los apartados que preceden, ha de sostenerse la solución propuesta con virtualidad adversa a sus intereses.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/05/2021 19:57:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/05/2021 12:42:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 10:30:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 11:55:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 12:38:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia