Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123734
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.734, "Peralta, Tania Elizabeth contra Silem S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 372/388 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 395/399 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia extraordinaria, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Tania Elizabeth Peralta contra Silem S.A., y la condenó al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias en la indemnización sustitutiva de preaviso, en el sueldo anual complementario sobre dicho rubro y en el correspondiente al segundo semestre del 2015, en las vacaciones de ese mismo año; y de la sanción contemplada en el art. 53 ter de la ley 11.653. Asimismo, dispuso la entrega de un nuevo certificado de trabajo. En cambio, desestimó la acción en cuanto pretendía el cobro del sueldo anual complementario proporcional hasta el distracto, las vacaciones del año 2016, las diferencias salariales por horas suplementarias e indemnizaciones por antigüedad e integración del mes de despido, las sanciones previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y, por mayoría, la multa establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según el art. 45 de la ley 25.345).
En lo que interesa, con relación a este último concepto -por resultar materia de agravio-, el juzgador de origen indicó en el veredicto que obraba en autos certificado de servicios y remuneraciones extendido con fecha 4 de julio de 2016 (v. fs. 107/114), que fue retirado por la actora el 10 de agosto de 2016 (v. vered., fs. 376).
Señaló luego que, en oportunidad de contestar la demanda, la accionada agregó -a fs. 120/125- una nueva certificación de esa naturaleza, fechada el 25 de octubre de 2016, rectificando la anteriormente entregada a la trabajadora. En esta nueva pieza, según determinó el juzgador, consignó rubros reconocidos en el responde, sin que se observara -puntualizó- que la reclamante hubiera intimado a la empleadora, luego de la recepción del primer instrumento, conforme los términos del decreto 146/01 (v. vered., fs. cit.).
En la etapa de sentencia, el tribunal dispuso -por mayoría- rechazar la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para decidir en ese sentido, sostuvo textualmente que: "...si bien el certificado fue confeccionado defectuosamente al no consignar los rubros que aquí se condenan, lo cierto es que las grandes diferencias han surgido al haberse declarado remuneratorias asignaciones que convencionalmente no revestían tal carácter, habiendo por ello la accionada cumplido prima facie con la norma convencional aplicable, poniendo el primer certificado a disposición en plazo legal, confeccionando uno nuevo al advertir los errores incurridos en su liquidación por lo que dado que las sanciones de fuente legal deben ser interpretadas con citerior restrictivo y que la norma sanciona al empleador que no entrega el certificado, no a aquel que lo entrega con algún error, salvo claro que haya mediado probada mala fe, que no se da en el caso que nos ocupa, el trabajador que entendió que medió algún error u omisión en el certificado recibido, debió intimar la entrega de uno nuevo en los términos del decreto y normas citados, lo que no hiciere conforme se viere en el veredicto (at. 45 ley 25.345, dec. 146/01, at. 726 Código Civil y Comercial de la Nación)..." (sent., fs. 384 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la doctrina legal emergente de las causas L. 100.701, "Catalano" (sent. de 6-X-2010) y L. 108.023, "Segui" (sent. de 10-X-2014).
Cuestiona el pronunciamiento de origen en cuanto rechazó la procedencia de la sanción prevista en la citada norma legal, a pesar de haber tenido por probado que los dos certificados de trabajo entregados por la empresa demandada fueron confeccionados de manera defectuosa.
Indica que esa decisión, adoptada por mayoría, transgrede la doctrina legal forjada en la mencionada causa L. 100.701, "Catalano" (sent. de 6-X-2010), en la que se dijo que no es posible concluir que la empleadora dio adecuado cumplimiento con su deber de entregar en debida forma el certificado a que se refiere el art. 80 párrafo tercero de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando en él no se refleja la realidad de los extremos fácticos de la relación que existió entre las partes.
Con apoyo en los precedentes L. 100.241, "Sánchez" (sent. de 26-X-2010) y L. 92.086, "Abendaño" (sent. de 28-IX-2011), pone de resalto que la Suprema Corte ha expresado que la entrega por parte de la empleadora del mentado instrumento supone informar con veracidad los datos que la citada disposición señala (tiempo de prestación de servicios, naturaleza de estos, constancias de sueldos percibidos y de aportes y contribuciones realizados con destino a la seguridad social), además de la información que dispone el artículo sin número del Capítulo VIII del Título II, incorporado a dicho texto legal por la ley 24.576.
Luego, postula que emplazada la demandada con la finalidad de obtener la certificación de referencia -mediante telegrama de fecha 30 de junio de 2016, obrante a fs. 4- y toda vez que las propias motivaciones del fallo dan cuenta de que los certificados fueron realizados de modo deficiente, debe hacerse lugar a la sanción peticionada, sin que resulte necesario -afirma- cursar una nueva intimación ni exigir ningún otro recaudo no previsto en la normativa de aplicación.
Finalmente, destaca la inexistencia de condena a la entrega de una nueva certificación que contenga los datos reales de la relación laboral (v. rec., fs. 395/399 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En el caso bajo examen, el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda en concepto de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- no supera el monto mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a la fecha de interposición del recurso (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021; e. o.).
III.2. Bajo esa directriz, la doctrina legal cuya transgresión se denuncia en la impugnación bajo estudio (a saber: la emergente de la causa L. 100.701, "Catalano", sent. de 6-X-2010, luego reiterada en L. 108.023, "Segui", sent. de 10-X-2014) no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero.
En efecto, una detenida lectura de los citados precedentes permite avizorar que el escenario fáctico en que fue forjada la doctrina que emerge de ellos no se compadece con el de autos, máxime cuando, precisamente, a influjo de esa ausencia de similitud (afincada en la atribución judicial de carácter remuneratorio de un rubro no calificado como tal por el Convenio Colectivo de Trabajo de aplicación) se estructuraron las razones que -en conjunción con otros argumentos plasmados en el fallo atacado- condujeron al convencimiento de la mayoría de los jueces del tribunal a definir que no correspondía aplicar la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al respecto, reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que si la doctrina que emana -en el caso- de los precedentes invocados por el recurrente no guarda correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que constituyeron factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento, no se configura la hipótesis excepcional en tratamiento (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017 y L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018).
III.3. Finalmente, y sin perjuicio que no ha sido enunciado como agravio, no puedo dejar de resaltar que -a diferencia de lo indicado por la recurrente- el tribunal condenó a la demandada Silem S.A. a hacer entrega a la actora del certificado de servicios y remuneraciones -así como las constancias de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y sindical- en los términos y alcances dispuestos por el citado art. 80, teniendo en cuenta las constancias de veredicto y sentencia y demás normativa que entendió aplicable (v. fs. 384 y vta.).
III.4. En tales condiciones, y sin que ello implique abrir juicio respecto del acierto sustancial de la decisión de grado, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley procesal laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo impugnado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la solución propuesta por la doctora Kogan, por sus fundamentos, con excepción de los vertidos en el punto III.3. de su voto, en razón de estimar que los restantes motivos expuestos por la colega son suficientes para brindar respuesta al interrogante planteado.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/05/2021 19:57:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/05/2021 12:42:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 10:30:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 11:55:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 12:38:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia