Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121521
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.521, "Verzella, Yanina Gabriela y otros contra R y P La Rueca S.R.L. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Genoud , Pettigiani , Torres , Soria .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la demanda, imponiendo las costas -por los rubros que prosperan- a los codemandados vencidos (v. fs. 558/604).
Se interpuso, por Plunimar S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 632/645).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Yanina Gabriela Verzella, Sebastián Esteban Verzella y Claudia Angélica Gómez; condenando a quienes se acreditó fueran conjuntamente sus empleadores R y P La Rueca S.R.L.; Diego Gastón Miguel Etcheverría y Laura Soledad Chiarizia (art. 26, LCT) al pago de diversos créditos -de naturaleza salarial e indemnizatoria- emergentes de la relación laboral invocada.
Asimismo, acogió la pretensión de extender solidariamente la condena a Plunimar S.A., con sustento en lo dispuesto en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento Plunimar S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 30, 275 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1.187 y 1.502 del Código Civil y Comercial de la Nación; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona que se le extendiera solidariamente la condena en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Señala, en lo esencial, que el servicio gastronómico que prestan los codemandados (R y P La Rueca S.R.L., Diego Gastón Miguel Etcheverría y Laura Soledad Chiarizia) constituye una actividad secundaria y accesoria respecto de la suya propia -y escindida de su objeto social-, que se vincula a la explotación del parque temático "Aquarium" (v. fs. 635 vta.).
Recuerda el criterio -en su opinión restrictivo- establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la citada norma legal, e indica que no es lógico que Plunimar S.A. tenga que responder por las obligaciones que incumplieron sus locatarios, quienes prestan un servicio totalmente diferente al suyo, aun cuando la explotación sea realizada en locales situados en el interior del predio (v. fs. 637).
Aclara que, a través de los contratos de locación que suscribió, no ha integrado un negocio común, ni ha tercerizado o cedido -total o parcialmente- un trabajo inherente a su actividad normal y específica (v. fs. 637). Asegura que no altera dicha condición el hecho de que los contratos de locación regularan ciertos extremos del negocio, pues las cuestiones allí pactadas solo implican "una regulación funcional, laboral y comercial" (v. fs. 637 vta.).
A su vez, controvierte las conclusiones del tribunal en cuanto declaró que Plunimar S.A. tenía facultades para dar instrucciones al personal contratado por los locatarios y que, asimismo, existió una unidad técnica de ejecución entre aquella y los codemandados. Esto último, en tanto entiende, de un lado, que no medió en el caso la contratación o subcontratación de un servicio y, del otro, que la recurrente podría desarrollar su actividad sin locales gastronómicos (v. fs. cit.).
Concluye que, al no verificarse los presupuestos de aplicación del mentado precepto legal, no tenía la responsabilidad de ejercer el control que este impone al principal sobre los cesionarios o subcontratistas (v. fs. 639).
II.2. Por otro lado, se agravia de la valoración que el juzgador realizó de la prueba colectada en la causa, calificándola de arbitraria (v. fs. 641 vta.).
En particular, objeta la aplicación de presunciones legales (arts. 39, ley 11.653 y 55, LCT) y la apreciación de la prueba confesional, testimonial y documental; expresando, además, que nada se dijo respecto de la producida por su parte (v. fs. cit.).
Manifiesta que el fallo exhibe una contradicción toda vez que, después de referirse a los contratos de locación celebrados entre los coaccionados, calificó aquellos como de "cesión" para poder condenarla solidariamente (v. fs. 642).
Cuestiona, asimismo, el rigorismo extremo que condujo al juzgador -por aplicación de presunciones y prueba testimonial- a tener por ciertos los dichos de los actores en lo que hace a la existencia de la relación laboral -y sus características- y a la convalidación de los despidos indirectos (v. fs. 642 vta. y 643).
En definitiva, concluye que los actores no demostraron en la litis sus aseveraciones y que toda la prueba rendida en autos ha sido valorada con un tinte de arbitrariedad manifiesta (v. fs. cit.).
II.3. Precisa que los agravios no solo comprenden la condena solidaria (art. 30, LCT), sino también la principal en cuanto se hizo lugar al pago de horas extra, de los rubros indemnizatorios derivados del distracto, así como de las multas por empleo no registrado, y las previstas en los arts. 53 ter de la ley 11.653; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. cit.).
II.4. Sostiene que la sanción impuesta a los restantes codemandados por conducta temeraria y maliciosa (art. 275, LCT), al ser autónoma e independiente, no podría integrar la condena solidaria dispuesta por el tribunal a Plunimar S.A. en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 643 vta.).
II.5. Seguidamente, y para el supuesto de que prosperen los agravios ensayados, se opone a la condena en costas dispuesta en el fallo impugnado (v. fs. cit.).
II.6. Por último, y subsidiariamente, expresa que el sentenciante al imponer las costas, omitió aplicar la limitación establecida por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Advierte que el monto estipulado para la representación letrada de la parte actora y el perito interviniente representa un 27% del total del capital e intereses de condena (v. fs. 644).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De modo preliminar, considero necesario aclarar que tratándose el caso de autos de un supuesto de litisconsorcio activo facultativo, se observa que el monto de la condena respecto de uno de los coactores -Claudia Angélica Gómez- supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 55, ley 11.653), razón por la cual corresponde examinar el recurso sin las restricciones establecidas en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 88.005, "Ramoscelli", sent. de 28-IV-2012 y L. 116.577, "Duarte", resol. de 21-VI-2012; e.o.).
III.2. Aclarado ello, por razones metodológicas considero necesario alterar el orden en el tratamiento de los agravios y, en consecuencia, habré de analizar en primer lugar el cuestionamiento a las conclusiones que estableció el tribunal respecto de la existencia del vínculo laboral y de las circunstancias en que se produjo su extinción.
III.2.a. En lo que interesa, el órgano judicial de grado declaró acreditado en el veredicto que los actores (Claudia Angélica Gómez, Sebastián Esteban Verzella y Yanina Gabriela Verzella), estuvieron vinculados bajo relación laboral subordinada con la "organización empresaria" formada primero por los cónyuges codemandados Diego Gastón Miguel Etcheverría y Laura Soledad Chiarizia -agregándose posteriormente R y P La Rueca S.R.L.-, a quienes encuadró como empleadores conjuntos en los términos del art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 560 vta.).
Arribó a esa conclusión sobre la base de las propias manifestaciones y reconocimientos efectuados por los litigantes (v. fs. 560 vta.); los contratos de locación agregados a la causa (v. fs. 561); los textos de los telegramas y las cartas documento enviadas (v. fs. 561 vta.); y la relación de parentesco y/o empresarial acreditada entre los codemandados (v. fs. cit.).
En ese orden, destacó que "...los actores denunciaron haber trabajado en los locales n° 4 y n° 3: conocidos con el nombre de 'Parrilla La Rueca' y 'Marisco Bar...", agregando su apoderada que "...se desempeñaron en ambos locales, los cuales inicialmente eran explotados por Diego Gastón Etcheverría (Parrilla la Rueca) y su esposa Laura Soledad Chirizia quien figuraba como titular de Marisco Bar..." (fs. 563). También, que Plunimar S.A. -mediante la comunicación plasmada en la CD de fecha 17 de enero de 2013- reconoció "...la existencia de una relación laboral subordinada entre los actores y la co-demandada R y P La Rueca SRL..." (fs. 563 vta.).
Ponderó, además, las constancias de exámenes médicos periódicos acompañados por R y P La Rueca S.R.L.; de Altas y Bajas emitida por la AFIP; así como el reconocimiento formulado por esta última persona jurídica en su responde (v. fs. 563 vta./564 vta.).
A su vez, consideró que la falta de exhibición de los libros por parte de las accionadas frente al requerimiento judicial formulado tornaba operativa la presunción -a favor de las afirmaciones de los accionantes- establecida en la norma de los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, particularmente en torno a la fecha de ingreso y remuneración de los trabajadores (v. fs. 564 y vta.).
Luego, con sustento en las declaraciones brindadas en la audiencia de vista de la causa por los testigos Luján y Michiels -sumadas a ciertas manifestaciones del abogado de los actores-, tuvo por demostrado que los codemandados "eran una familia que explotaban todos los locales" (v. fs. 565 y vta.); los cuales se encontraban vinculados entre sí, permitiendo el tránsito del personal y la realización de tareas comunes en los mismos (v. fs. 566 vta.).
Por otro lado, puesto a analizar las circunstancias fácticas que rodearon la extinción del vínculo y en particular el intercambio postal y los informes del Correo Argentino agregados al expediente, el sentenciante estableció que la fecha en que se configuró el despido indirecto de los actores fue el 12 de septiembre de 2012 con fundamento en el desconocimiento de la fecha de ingreso, horario de trabajo, remuneración, y demás circunstancias constitutivas de la relación laboral denunciadas, "omitiendo incluso poner a disposición rubros intimados" y "no consintiendo correcta registración" (v. fs. 575/576 vta.).
Finalmente, tras considerar verificados los extremos alegados -en cuanto a la antigüedad, horas extras y falta de registración- juzgó demostrado en autos la existencia de inobservancias de parte de las demandadas respecto a las obligaciones resultantes del contrato que, configurando una injuria laboral, no podían consentir -por su gravedad- la prosecución de la relación (arts. 242, 62, 63 y concs., LCT; v. fs. 585 y vta.).
III.2.b. Es oportuno recordar que esta Corte tiene dicho que la evaluación del material probatorio y la determinación de las circunstancias fácticas que permiten definir -o no- la existencia de un contrato de trabajo y -en su caso- su extinción por justa causa, constituye una atribución privativa del tribunal de origen y sus conclusiones no pueden, en principio, ser reexaminadas en casación salvo absurdo (causas L. 94.183, "Giorello", sent. de 9-XII-2009; L. 99.036, "Ombrosi", sent. de 28-V-2010; L. 99.491, "Sacco", sent. de 4-V-2011; L. 118.669, "Cap", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
III.2.c. Bajo esas directrices el recurso en examen se advierte insuficientemente fundado porque, en esta parcela (v. fs. 641/643), no satisface la inexcusable carga de denunciar la configuración del señalado vicio invalidante, evidenciando con ello el déficit técnico de la impugnación (art. 279, CPCC; causas L. 100.286, "Pusterla", sent. de 26-V-2010; L. 100.712, "Deciano", sent. de 10-III-2011; L. 104.376, "María", sent. de 17-VIII-2011; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014; e.o.).
III.2.d. Y aun cuando -por vía de hipótesis- pudiera considerarse suficiente al efecto de cumplir con la aludida carga, la genérica invocación de la "doctrina del absurdo" efectuada en el capítulo 3 del recurso (titulado "PROCEDENCIA FORMAL"-"Sentencia definitiva"), para luego sostener que "el Tribunal ha incurrido en una arbitraria valoración de la prueba en lo que respecta a la cuestión de fondo de la causa a los fines de merituar la procedencia o no de los despidos indirectos..." (fs. 633 vta.); ello en modo alguno alcanza para demostrar el extremo error que caracteriza al vicio lógico mencionado.
Ello, desde que la crítica que formula sobre la evaluación de los elementos probatorios solo expone -de modo lacónico, poco preciso y a través de la exposición de su propio punto de vista- la intención de sustituir el criterio de los juzgadores en orden a una tarea privativa, sin aportar -como es menester- una explicación que logre evidenciar que el referido análisis que efectuaron los magistrados de grado sea el producto de un razonamiento viciado o exceda el marco de la apreciación en conciencia (causa L. 104.251, "Burgos", sent. de 15-VI-2011).
Lo expuesto revela que la interesada, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al tribunal a la solución objetada, intenta un nuevo examen de la prueba, según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar la configuración del absurdo (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014; L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
III.3. Tampoco resulta de recibo aquel tramo del recurso dirigido a cuestionar las conclusiones que estableció el sentenciante para declarar configurado en el caso el supuesto de subcontratación contemplado en el primer párrafo del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, a los efectos de extender solidariamente la condena a Plunimar S.A.
III.3.a. En oportunidad de analizar la situación de la recurrente a la luz de la mencionada norma legal, el tribunal de trabajo juzgó -con sustento en la prueba oral, documental, pericial contable e informativa- que los accionantes lograron demostrar sus aseveraciones (v. fs. 567 y vta.).
En tal sentido, consideró que las actividades comerciales realizadas por los codemandados principales, efectivamente formaban parte de las secundarias y/o accesorias de la empresa Plunimar S.A., integradas permanentemente a ella, y con las cuales se perseguía el logro de los fines empresariales de esta última, coadyuvando al desarrollo de su objeto principal (v. fs. 568).
Consideró al respecto que diversos hechos acreditan esta última definición. A saber:
(i) Que el servicio de gastronomía se anuncia en la publicidad y el portal institucional de internet de "Aquarium", y que es fundamental en este tipo de estructuras, ya que permite la permanencia por mayor tiempo de los visitantes y, por consiguiente, mayores gastos (v. fs. cit.).
(ii) Que a través de los contratos de locación y las normas generales complementarias de la empresa -cuya lectura, asegura el sentenciante, revela la trascendencia de la actividad gastronómica para el complejo, integrando la actividad "principal" de Plunimar S.A.-, se dispuso la regulación funcional, laboral y comercial de los locales hasta los más mínimos detalles (tales como los horarios, los rubros comerciales, los precios, los avisos, los letreros, los controles bromatológicos y las marcas de productos).
(iii) Que tan profunda resulta -a criterio del juzgador- la vinculación de las actividades, que el locador se reserva el derecho irrevocable de desempeñar directamente con personal propio o contratado especialmente las funciones gastronómicas; y existe "un uso común de los baños del predio del 'Aquarium'" respecto de los visitantes del parque y los clientes de los locales de comida (v. fs. 569/570).
Asimismo, agregó que dichos contratos tienen las características de los de adhesión, puesto que el locador establece expresamente los días en que permanece abierto el complejo y el destino comercial de los locales, teniendo incluso la facultad de modificar la nómina de productos que el locatario puede comercializar (v. fs. 570 vta.) y; asimismo, Plunimar S.A. se reserva el manejo de personal de los locatarios, ya que ejerce el derecho de admisión, autoriza contrataciones, da instrucciones directas y dispone sanciones (v. fs. cit.).
A partir de esas conclusiones, en la sentencia, y con cita de doctrina de esta Corte (v. fs. 590 vta.), declaró verificado el supuesto fáctico contemplado en el primer párrafo del art 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la inteligencia de que la actividad normal y específica a que dicho precepto alude, comprende no solo la principal sino también las secundarias de aquella, con tal que se encuentren integradas permanentemente y con ellas se persiga el logro de los fines empresariales (v. fs. cit.).
III.3.b. Determinar si se configuran -o no- los presupuestos a los que la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la norma de su art. 30 constituye una cuestión de hecho también privativa de los jueces de grado e irrevisable en casación, salvo el supuesto de absurdo, que debe ser denunciado y eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 94.507, "Rodríguez Betelu", sent. de 15-IV-2009; L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012 y L. 106.202, "Navarro", sent. de 13-VI-2012).
En este tramo de la queja la recurrente tampoco denuncia la configuración de dicho error sentencial (v. fs. 635 vta./641), revelando nuevamente una grave deficiencia técnica (art. 279, CPCC) que justifica su rechazo conforme a la doctrina citada en el apartado III.1.c.
Y aunque se soslayara dicha falencia -también, por vía de hipótesis, en la exégesis plasmada en el apartado III.1.d.- el embate se advierte insuficiente porque los argumentos sobre los cuales se estructura (todos ellos vinculados con la afirmación de que las actividades gastronómicas desarrolladas por los codemandados no correspondían a la actividad normal y específica de Plunimar S.A. no superan el registro de una mera opinión personal discrepante respecto de cuestiones de hecho y prueba -como lo son, la índole de las actividades desarrolladas por éstos, y las relaciones existentes en el marco de la figura delegativa prevista por el art. 30 de la LCT- apreciadas por el sentenciante meticulosamente y en ejercicio de facultades que le son privativas.
Asimismo, cabe agregar que las restantes manifestaciones que contiene la pieza recursiva -ceñidas a objetar las conclusiones que estableció el tribunal en torno a la existencia de contratos de locación y de una unidad técnica de ejecución entre los codemandados- contrastan tan solo con algunas motivaciones del fallo, derivando nuevamente en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines pretendidos (causas L. 104.665, "Vergara", sent. de 7-III-2012; L. 111.367, "A., J. L.", sent. de 20-III-2013; L. 115.833, "Burattini", sent. de 26-VI-2013; e.o.).
En ese sentido, esta Corte ha declarado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo exterioriza una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor valorativa de los jueces de grado, apoyándose en una propia versión sobre los hechos y el modo en que debieron apreciarse las pruebas adunadas a la causa (causas L. 108.918, "Hernández", sent. de 4-VII-2012; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014).
Finalmente, corresponde rec
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