Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73005
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 73.005, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires contra Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: Consejo Profesional de Agrimensura", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Pettigiani, Torres, Genoud, Kogan.
I.El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la ingeniera Palmira Adriana Russo y el ingeniero Omar Eduardo Farías, todos por apoderado, promueven demanda pretendiendo se declare, en el marco de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, la inconstitucionalidad de la ley 14.471 en cuanto dispone que para el desempeño de las actividades enunciadas en el art. 3 de la ley 10.321 se deberá contar, entre otros, con título de ingeniero Agrimensor.
Aducen que tal norma vulnera los preceptos contenidos en los arts. 11, 26, 27, 31, 42, 56, 57, 103 inc. 13 de la Constitución provincial.
Formulan reserva de caso federal y de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Solicitan que, de conformidad con lo previsto en los arts. 92 y 94 del Código Procesal Civil y Comercial se cite, en carácter de tercero, al Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires.
Ofrecen prueba y, en atención a lo dispuesto en el art. 330 inc. 2 de la ley 10.397 y su modificatoria (t.o. res. 39/11), piden exención del pago de la Tasa de Justicia.
II.A fs. 127 se aceptó el pedido de exención del aludido tributo con relación al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, y a fs. 128/130 se acreditó el pago de la Tasa de Justicia y Sobretasa correspondiente a los actores Russo y Farías.
III.Corrido el traslado de ley, se presenta el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires en carácter de tercero citado y opone la excepción de falta de legitimación activa respecto al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y los ingenieros Agrimensores Palmira Adriana Russo y Omar Eduardo Farías (v. fs. 162/168).
IV.A fs. 209/233 contesta la demanda el aludido Consejo profesional, aclarando que lo efectúa en subsidio de la oposición al progreso de la acción por falta de legitimación activa.
V.A fs. 234/243 se presenta el Asesor General de Gobierno, postula la constitucionalidad de la ley 14.471, contesta la demanda y solicita su rechazo.
VI.A fs. 253/260 los actores contestan el traslado de la excepción de falta de legitimación activa.
VII. Agregados los cuadernos de prueba (v. fs. 345/443 -actora- y 444/484 -citada como tercero-); glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 486/497 -actora- y 499/510 -citada como tercero-); declarado perdido a la parte demandada el derecho que tenía de alegar (v. fs. 511); oído el señor Procurador General (v. fs. 512/568), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es procedente la excepción de falta de legitimación activa?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
El Consejo Profesional de Agrimensura, en carácter de tercero citado, opuso la excepción de falta de legitimación para obrar respecto a cada uno de los coactores.
I.1. Niega que la ingeniera agrimensora Palmira A. Russo posea legitimación procesal en la presente causa, pues afirma que carece de todo interés tutelado que pueda ser motivo de agravio. Señala que ni su actividad profesional ni el ejercicio de sus derechos constitucionales se ven afectados por la ley 14.471.
Advierte que se encuentra matriculada en el Colegio de Ingenieros y en el Consejo Profesional de Agrimensura con anterioridad a la sanción de la aludida ley.
Acota que se graduó como ingeniera agrimensora con posterioridad a su desempeño como dirigente del Consejo Profesional de Agrimensura, institución con la que -según señala- mantiene dos juicios. Apunta que en uno de ellos cuestiona sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina por hechos ocurridos durante su gestión como Presidente del Colegio de Agrimensores Distrito VIII y Tesorera del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires. Agrega que en el otro impugna la resolución del Consejo Superior que le denegó la cancelación de la matrícula hasta tanto no cumpliera la sanción impuesta.
Además, afirma que en función de su título de Ingeniero Agrimensor y de acuerdo a lo dispuesto en la resolución ministerial 1.054/02 y art. 43 de la ley 24.521, solo puede ejercer actividades profesionales agrimensurales.
En consecuencia razona que, ya sea porque posee matrícula vigente en el Colegio de Ingenieros o porque posee también matrícula vigente en el Consejo Profesional de Agrimensura, puede ejercer lícitamente la profesión de ingeniero agrimensor o de agrimensor, desarrollando las tareas profesionales reservadas al primer título o las incumbencias profesionales adjudicadas al segundo, pues ambos catálogos son idénticos y son estrictamente agrimensurales, por lo que sostiene que carece de todo interés en relación con la impugnación de la ley.
I.2. Respecto del ingeniero agrimensor Farías señala que también es Agrimensor y que voluntariamente se matriculó en el Colegio de Ingenieros antes de la sanción de la ley 14.471.
Al igual que lo expresado con relación a la coactora Russo niega que la ley 14.471 afecte el ejercicio de tareas de agrimensura, únicas para las que lo habilita su título conforme la resolución 1.054/02 del Ministerio de Educación de la Nación y art. 43 de la ley 24.521.
Dice que el certificado de "Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo", por tratarse de un curso de postgrado, no otorga incumbencias (art.40, ley 24.521) y no lo obliga a matricularse en el Colegio de Ingenieros.
Al respecto, apunta que el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros, en la resolución 639 de fecha 24 de mayo de 2000 creó el "Registro de Profesionales Universitarios en Higiene y Seguridad en el Trabajo" que agrupa tanto a ingenieros como a otros profesionales al comprender a los "no matriculados cuando previamente inscriban en la ley 10.416 de nuestro Colegio, sus títulos y/o cursos de postgrado detallados en el art. 2".
Razona que, si hasta los profesionales no matriculados pueden incorporarse en ese Registro que habilita así la visación de las labores profesionales en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo por el mismo Colegio de Ingenieros, desaparece el agravio planteado por el coactor Farías al respecto.
Concluye que la demanda del señor Farías no cumple con el recaudo del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial. Precisa que el precepto que impugna no afecta concretamente su interés o sus derechos patrimoniales. De ahí que postula su falta de legitimación para instar la presente acción.
I.3. Por último, niega legitimación activa al Colegio de Ingenieros. Apunta que no indica cuál es su interés jurídicamente tutelado que sería agraviado por la norma legal que impugna. Afirma que su legitimación se limita a la representación de sus matriculados por lo que al no haber demostrado que se hubiesen matriculado en esa institución otros ingenieros agrimensores además de los coactores Russo y Farías, sostiene que no acredita tal calidad.
Agrega que tampoco cumple el recaudo del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial en orden a que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor.
Además, señala que no concurre en el caso lo dispuesto en el art 161 inc. 1 de la Constitución provincial en cuanto exige que la norma impugnada sea controvertida por parte interesada. En este punto, recuerda doctrina de este Tribunal que expresó que el interés que califica a quien demanda debe revestir la cualidad de particular y directo.
Dice que las alegaciones de la demanda refieren exclusivamente a supuestos agravios patrimoniales de personas innominadas que no son, ni se prueba o, siquiera, se alega, que sean matriculados del colegio demandante.
En contraposición asevera que, conforme lo dispuesto en la ley 10.321 y su modificatoria 14.471, los ingenieros agrimensores con actividad profesional en la Provincia de Buenos Aires, pertenecen a su matrícula.
II. Corrido el traslado, los actores contestan los argumentos esgrimidos por el tercero citado y solicitan el rechazo de la excepción planteada.
II.1. Respecto a la actora Russo destacan que se matriculó con su título de Agrimensora en el Consejo citado como tercero y, se presenta en autos, en su carácter de ingeniera matriculada en el Colegio de Ingenieros por estar afectada por la ley 14.471.
Acotan que los conflictos que haya tenido con el aludido consejo profesional son ajenos a la demanda de autos y, en particular, a la excepción en traslado.
Afirman que los fundamentos esgrimidos en orden a la falta de legitimación activa de la señora Russo se vinculan a la procedencia de la demanda y no a su admisibilidad.
Sin perjuicio de ello, contestan los argumentos expuestos por el tercero citado al plantear la excepción. Ponen de resalto que la ingeniera Russo debió matricularse en el Colegio de Ingenieros para poder ejercer legalmente la ingeniería en cualquiera de sus ramas -incluida la agrimensura-. Destaca que la posición del matriculado frente al colegio es de sujeción ope legis . Con cita de doctrina de este Tribunal afirma que no es necesaria la matriculación en el Consejo Profesional de la Agrimensura de los Ingenieros con títulos cuyas incumbencias comprendieran actividades relacionadas con la agrimensura.
Dicen que la señora Russo se encuentra comprendida en la esfera aplicativa de la disposición que se cuestiona ya que, de no prosperar esta acción, en su carácter de ingeniera agrimensora deberá dejar de pertenecer al Colegio de Ingenieros y matricularse en el Consejo Profesional de Agrimensura con los perjuicios que, según dice, ello le acarreará.
En orden a que la matriculación de la ingeniera Russo en el Colegio de Ingenieros resulta innecesaria porque otros "ingenieros con incumbencia y actividad en agrimensura ya estaban matriculados en el Consejo Profesional de Agrimensura", dicen que se trata de una situación generalizada de incumplimiento de la ley por parte del Consejo Profesional de Agrimensura sustrayendo a los ingenieros de su institución colegial conforme los arts. 1 y 2 de la ley 10.416, circunstancia que no puede ser utilizada para sustentar una falta de interés particular en quien se atiene a la legalidad.
Apuntan que la ingeniera Russo continúa matriculada en el Consejo porque es la propia Institución la que le impide cesar en la matriculación, situación que -dicen- está sometida a decisión de la justicia.
II.2. Con respecto a la falta de legitimación activa del ingeniero agrimensor Omar Eduardo Farías, en primer término, ponen de resalto que la copia certificada del título profesional al que refiere el tercero citado para sostener que Farías es agrimensor, en realidad corresponde al título de Ingeniero Agrimensor.
Señalan que el tercero citado no prueba ni ofrece probar que el ingeniero Farías se encuentre matriculado con título de Agrimensor en el Consejo Profesional de Agrimensura. De ahí que planten que no son aplicables en su caso las consideraciones realizadas sobre la ingeniera Russo.
Afirman que el título de Especialista en Seguridad e Higiene habilita al ingeniero Farías a desarrollar tareas profesionales diferentes a las contempladas para el título de Ingeniero Agrimensor que son las que la matriculación en el Consejo de Agrimensores le impide desarrollar en razón de sus limitadas competencias.
Postulan que el título de postgrado no es independiente ni puede escindirse del de Ingeniero Agrimensor. De ahí que sostienen que el título de postgrado debe registrarse en la matrícula donde consta el de grado.
A su vez, señalan que, conforme los términos de la ley, tampoco es permitido el visado de tareas profesionales a quienes no se hallen matriculados en el Colegio de Ingenieros.
Por último, afirman que la ley 14.471 tiene una incidencia directa en la actividad del ingeniero Farías por cuanto desde su vigencia se encuentra obligado a matricularse en el Consejo de Agrimensura, institución que -según dice- no está facultada para visar trabajos vinculados con la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Por ello plantean la imposibilidad de ejercer actividades vinculadas a su especialidad.
A su vez, destacan que, si no efectúa la matriculación en el Colegio de Ingenieros, no puede visar en él las tareas profesionales de la mencionada actividad.
II.3. Con relación al Colegio de Ingenieros, con cita de doctrina de este Tribunal postulan su legitimación para interponer la acción en atención a que tiene como objetivo la defensa de los legítimos intereses de los profesionales de la ingeniería matriculados en su seno, y de la profesión en sí misma (arts. 1, 6 bis, 26 inc. 8, 12, 14 y 20, ley 10.416).
Afirman que en la colegiación se encuentra involucrado el interés particular junto al interés del conjunto de los profesionales. Precisan que el primero no excluye el interés sectorial que persigue el Colegio sino que lo integra. Puntualizan que posee legitimación para deducir la acción en defensa del interés que invoca: el derecho a ejercer profesión o trabajar, de propiedad e igualdad, de sus colegiados.
Niegan que deba acreditar un número mínimo de matriculados para encontrarse legitimado.
III. De la prueba producida en autos, surgen acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para decidir la excepción planteada:
III.1. Fotocopia certificada del título de Agrimensor expedido el 18 de agosto de 1983 por la Universidad de Morón, Facultad de Ingeniería, a la señora Palmira Adriana Russo (v. fs. 11).
III.2. Inscripción del título indicado en el apartado anterior en el registro del Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires bajo la matrícula n° 35.852, el 20 de octubre de 1983. Y en la matrícula de la ley 10.321 del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires bajo el n° 984 según resolución 46/87 del Consejo Superior de fecha 12 de junio de 1987 (v. fs. 11 vta.).
III.3. Fotocopia certificada del título de Ingeniero Agrimensor expedido el 15 de mayo de 2006, por la Universidad de Morón, Facultad de Ingeniería, a la señora Palmira Adriana Russo (v. fs. 14 vta.).
III.4. Inscripción del título de Ingeniero Agrimensor indicado en el apartado anterior, en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (ley 10.416) el 20 de septiembre de 2006, bajo la matrícula n° 51.872 (v. fs. 14).
III.5. Certificado de matriculación expedido a la ingeniera agrimensora Palmira Adriana Russo, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 15).
III.6. Fotocopia certificada del título de Ingeniero Agrimensor expedido con fecha 14 de marzo de 2003 por la Universidad de Morón, Facultad de Ingeniería, al señor Omar Eduardo Farías (v. fs. 17 vta.).
III.7. Copia certificada del Diploma de Ingeniero Agrimensor especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo expedido el 30 de julio de 2004, por la Universidad de Morón, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales al ingeniero agrimensor Omar Eduardo Farías (v. fs. 19 vta.).
III.8. Inscripción de los diplomas mencionados en los apartados IV.6. y IV.7. en el Registro de Matrículas de la ley 10.416 del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires bajo el n° 51.191 el 2 de junio de 2005 (v. fs. 17).
III.9. Certificado de matriculación expedido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, al ingeniero agrimensor Omar Eduardo Farías (v. fs. 120).
III.10. Certificado expedido por el Consejo Profesional de Agrimensura en el que consta que la actora Palmira Adriana Russo cumplimentó su matriculación en esa institución bajo el registro 984, el 29 de agosto de 1986 (v. fs. 136).
IV.1. La aptitud para ser parte en un proceso concreto, denominada por el derecho procesal legitimatio ad causam, constituye un requisito subjetivo de la pretensión en cuanto supone la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica sustancial (doctrina causa B. 58.949, "Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 7-II-2001). De ahí la afirmación de que la persona legitimada en un determinado proceso es aquella revestida por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio (cfr. doctr. causas B. 57.921, "Jeselsohn", sent. de 19-XII-2007 y B. 63.995, "Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires [Dirección General de Cultura y Educación]. Coadyuvante: Escuela de Psicología Social de Castelar" 11-IV-2012).
Dicha aptitud viene determinada por la posición respecto de la pretensión procesal, de tal modo que solo las personas que se encuentran en cierta relación con la acción pueden ser parte en el pleito en que ésta se deduce (cfr. doctor. causas B. 61.742, "Colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 18-VI-2008; B. 54.236, "AMTAEP", sent. de 3-VII-2013; B. 58.721, "Contino", sent. de 20-XI-2013; B. 63.242, "Ferrari", sent. de 11-VI-2014; B. 61.204, "Asociación Mutual de Empleados Municipales", sent. de 14-IX-2016 y B. 65.480, "Hera Zárate Campana SA", sent. de 19-X-2016).
IV.2. En particular respecto a la acción de inconstitucionalidad, la Constitución de la Provincia establece como principio y requisito de legitimación para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1).
En reiterada jurisprudencia sobre el punto, este Tribunal ha sostenido que el interés que califica a la "parte" -en la expresión del precepto constitucional citado- debe, en principio, revestir la cualidad de ser "particular" y "directo" (cfr. doctor. causas I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 9-III-1990; en conc. causas I. 1.457, "González Bergez", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1. 488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, "Matoso", resol. de 14-IX-1998; I. 2.194, "Prada Errecart", resol. de 17-XI-1999; e.o.), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado -o ha de ser ineludiblemente lesionado, de intentarse la acción con carácter preventivo- por la vigencia o la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (cfr. doctrina causas I. 1.292, "Colegio de Abogados de La Plata", resol. de 31-III-1987 y sus citas; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; I. 2.194, cit.; I. 2.297, "Perrota", resol. de 24-VI-2002; e.o.).
IV.3. Esa línea interpretativa fue reafirmada dejando a salvo, empero, los supuestos en que se hallan comprometidos derechos de incidencia colectiva en general (cfr. causas I. 3.202, "Rivas" e I. 3.285, "Piemonte", resols. de 20-VIII-2003). Es que por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), no hay duda que la aptitud legitimante en el proceso constitucional supone una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca (cfr. doctor. causas I. 3.202, cit. y voto del doctor Soria -al que adherí- en la causa I. 2.129, "ADiGraN", sent. de 13-VII-2016).
Ya lo ha reiterado la Corte federal en el precedente "Halabi" (Fallos 332:111): el adecuado desempeño del servicio de justicia requiere en modo imprescindible la existencia de un caso (arts. 116, Const. nac.; 2, ley 27
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