Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65655
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la demanda anulando las resoluciones impugnadas y condenando al Instituto de Previsión Social a restablecer el monto del haber jubilatorio del doctor Santiago Esteban Lorenzo a partir del 1 de julio de 1999, computándose para ese fin la bonificación por antigüedad por un total de cincuenta y siete (57) años -conforme lo dispuesto por la ley 10.724-, con más las retroactividades e intereses devengados desde el 1 de enero de 2001 en favor del sucesorio.
Asimismo, se condena al instituto previsional a reajustar el haber pensionario de la coactora Lydia Beatriz Otero, con retroactividad a la fecha en que se le acordó el beneficio y a abonarle las diferencias devengadas desde entonces con más los respectivos intereses.
En ambos casos los intereses serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos periodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables a cada caso (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561, coincidentes en ambas redacciones en su contenido; 622, Código Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad en que se encuentre adecuadamente establecida la base regulatoria. …
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.655, "Lorenzo, Graciela B. y ot. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Natiello, Kohan, Violini.
I. En fecha 22-IV-2009, esta Suprema Corte de Justicia dictó sentencia y rechazó la demanda interpuesta por las actoras, Graciela Beatriz Lorenzo y Lydia Beatriz Otero, contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y, por tanto, desestimó la pretensión anulatoria de la resolución de fecha 7-III-2001 dictada en el expediente 2.350-61.006/99 y la resolución n° 503.213 dictada el 20-II-2003, que habían impuesto un cargo deudor al causante por percepción indebida de haberes y desestimado el recurso de revocatoria interpuesto contra la primera, respectivamente. Como consecuencia de ello, denegó la pretensión tendiente a condenar al organismo demandado a restablecer el monto del haber jubilatorio del doctor Lorenzo a partir del 1 de julio de 1999, computándose para ese fin la bonificación por antigüedad por un total de 57 años. Asimismo, rechazó el reajuste del haber pensionario de Lydia Beatriz Otero, con retroactividad a la fecha en que se le acordó ese derecho y el reconocimiento de intereses compensatorios.
El pronunciamiento se sustentó en que el obrar del Instituto de Previsión Social había sido ajustado a derecho, pues al advertir un error en la liquidación del anticipo previsional del causante, procedió a su rectificación y le formuló un cargo deudor por las sumas indebidamente percibidas, según lo normado por el art. 61 del decreto ley 9.650/80. Señaló, además, que los precedentes citados por las demandantes para sustentar su pretensión no guardaban relación con las circunstancias fácticas del caso.
En lo sustancial, el fallo revocado sostuvo que el causante había tramitado voluntariamente una jubilación ordinaria por sus servicios como abogado y que esta le fue concedida con fecha 16 de febrero de 1973 y que, si bien no la había hecho efectiva, no constaba en los antecedentes de la causa que hubiera renunciado a ese beneficio. Por tal motivo, entendió que, al solicitar la jubilación por invalidez por su desempeño como juez de cámara, el titular debió haber manifestado expresamente que tenía acordada una jubilación anterior, en lugar de declarar bajo juramento que no poseía ni gestionaría ningún beneficio jubilatorio ante ninguna de las cajas adheridas al sistema de reciprocidad.
Sobre esa base, el Tribunal concluyó que el causante había utilizado los 31 años trabajados en la matrícula para obtener la jubilación ordinaria como abogado y también para percibir la bonificación por antigüedad cuando se desempeñaba como magistrado, razón que llevó al instituto previsional a liquidarle el anticipo jubilatorio computando 57 años de antigüedad, cuando correspondía liquidarle 26. Por último, señaló que no se había vulnerado ningún derecho alimentario, ya que la jubilación oportunamente otorgada por la Caja de Abogados no había sido dada de baja, por lo que la pensión podía ser solicitada cuando lo estimare conveniente.
II. Oída la señora Procuradora Fiscal subrogante (v. fs. 148), el caso fue finalmente fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 150/153) al resolver el recurso de hecho interpuesto por la actora (v. fs. 136/139 vta.) ante la denegatoria de esta Suprema Corte a conceder el recurso extraordinario federal que en autos dedujera (v. fs. 133/134).
III. Notificadas las partes de la devolución de los autos, resueltas las excusaciones e integrado el Tribunal (v. fs. 169/171), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 21 de junio de 2016, dejó sin efecto la sentencia dictada por este Tribunal el 22 de abril de 2009.
Para así decidir, sostuvo liminarmente que " aun cuando los agravios de la recurrente remiten al examen de temas fácticos y de derecho público local que son -como regla- ajenos a la instancia del recurso extraordinario, tal circunstancia no constituye óbice para su consideración con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad cuando la decisión apelada ha omitido ponderar planteos oportunamente propuestos y conducentes para decidir la controversia, con menoscabo de los derechos del debido proceso y de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional y Fallos: 310:854; 312:727; 317:1765, entre otros) ".
Bajo esa tesitura, consideró que este Tribunal " omitió considerar que el art. 1 de la ley 10.724 de la Provincia de Buenos Aires -cuya validez constitucional no ha sido cuestionada-, permitía al causante computar los años de ejercicio profesional de la abogacía a los efectos del cálculo dé la bonificación por antigüedad en el cargo de juez de cámara, los cuales fueron admitidos por su entonces empleador que abonó dicha bonificación con el respectivo descuento de ley (fs. 18 expediente 2350-061006) ".
Puso de relieve que la sentencia apelada no receptó lo dispuesto por el decreto ley 7.918/72, texto actualizado por ley 11.891, mediante el cual se instituyó el sistema previsional para magistrados y funcionarios judiciales de la Provincia de Buenos Aires, cuyo art. 4 establece "...que el haber de la jubilación será equivalente al 72% de la remuneración total sujeta al pago de aportes y contribuciones correspondientes al cargo desempeñado al momento de la cesación de servicios y se acrecentará, anualmente a razón de un 2% hasta alcanzar el lapso de 5 años, desde la vigencia de esta ley, el tope máximo del 82%. Para tener derecho a percibir el haber jubilatorio calculado sobre el último cargo, es menester acreditar, haber desempeñado el mismo durante un período mínimo de 5 años ...".
Frente a lo dispuesto por las citadas normas, aseveró que " el demandante no ha hecho uso de los años de antigüedad en la matrícula profesional para obtener una doble ventaja, pues sólo se limitó a ejercer la opción reconocida en la ley 10.724. De ahí que no se encuentra justificada la decisión del organismo previsional de liquidar el haber jubilatorio con una remuneración que no responde a los años de antigüedad acumulados al momento del cese como magistrado, según lo dispuesto por el art. 4° del decreto-ley 7918/72, máxime si se tiene en cuenta que la trayectoria laboral del causante no se encuentra controvertida en autos ".
En ese sentido, sostuvo que " la circunstancia de que el titular no hubiese renunciado a la jubilación otorgada por la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, tampoco puede configurar un argumento válido para justificar la decisión de la demandada, pues más allá de que dicho beneficio nunca fue efectivizado y no hubo percepción del haber correspondiente, según surge del informe de fs. 52 del expediente principal, la exigencia de una declaración en tal sentido constituye un requisito no previsto por el citado art. 1° de la ley 10.724 ".
Finalmente, concluyó que " el pago de la prestación jubilatoria computando 57 años de antigüedad -cuya percepción es motivo de esta controversia- se adecuó a lo dispuesto por el decreto-ley 7918/72 y la ley 10.724, toda vez que reflejó en debida forma el nivel salarial adquirido por el afiliado hasta el cese en sus funciones, sobre cuya base el ente previsional recaudó los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social ".
II. De acuerdo a las pautas señaladas por el Alto Tribunal en su sentencia, corresponde hacer lugar a la demanda, anulando las resoluciones impugnadas y condenando al Instituto de Previsión Social a restablecer el monto del haber jubilatorio del doctor Santiago Esteban Lorenzo a partir del 1 de julio de 1999, computándose para ese fin la bonificación por antigüedad por un total de cincuenta y siete (57) años -conforme lo dispuesto por la ley 10.724-, con más las retroactividades e intereses devengados desde el 1 de enero de 2001 en favor del sucesorio.
Asimismo, se condena al instituto previsional a reajustar el haber pensionario de la coactora Lydia Beatriz Otero, con retroactividad a la fecha en que se le acordó el beneficio y a abonarle las diferencias devengadas desde entonces con más los respectivos intereses.
En ambos casos los intereses serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos periodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables a cada caso (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561, coincidentes en ambas redacciones en su contenido; 622, Código Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres , Natiello , Kohan y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar a la demanda anulando las resoluciones impugnadas y condenando al Instituto de Previsión Social a restablecer el monto del haber jubilatorio del doctor Santiago Esteban Lorenzo a partir del 1 de julio de 1999, computándose para ese fin la bonificación por antigüedad por un total de cincuenta y siete (57) años -conforme lo dispuesto por la ley 10.724-, con más las retroactividades e intereses devengados desde el 1 de enero de 2001 en favor del sucesorio.
Asimismo, se condena al instituto previsional a reajustar el haber pensionario de la coactora Lydia Beatriz Otero, con retroactividad a la fecha en que se le acordó el beneficio y a abonarle las diferencias devengadas desde entonces con más los respectivos intereses.
En ambos casos los intereses serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos periodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables a cada caso (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561, coincidentes en ambas redacciones en su contenido; 622, Código Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad en que se encuentre adecuadamente establecida la base regulatoria.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:12:15 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/05/2021 19:20:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:11:48 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:18:40 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 10:56:22 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 07:43:31 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia