Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123818
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.818, "García, Cristian Adrián contra Devic S.R.L. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Genoud, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la pretensión deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 165/179 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16 de abril de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo rechazó la demanda promovida por Cristian Adrián García contra Devic S.R.L., en cuanto reclamaba -previa declaración de nulidad del despido- la reinstalación en su puesto de trabajo, el pago de los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación y el cobro de una reparación en concepto del daño moral provocado por el carácter discriminatorio que le atribuye al distracto (v. fs. 165/179 vta.).
Para así resolver, consideró que, si bien se acreditó la designación del trabajador como delegado coordinador de la Delegación Bahía Blanca del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), no se demostró que la misma fuera notificada a la empleadora con anterioridad al cese de la relación laboral (v. vered., fs. 167/170 vta.). Asimismo, juzgó -por mayoría- que el despido sin expresión de causa dispuesto el día 9 de marzo de 2017 no obedecía a un acto discriminatorio de la empleadora, desde que -a su criterio- no fue producto de su designación como delegado gremial, ni estuvo relacionado con su actividad sindical en la empresa (v. vered., fs. 170 vta./172 vta.).
En la etapa de sentencia, a tenor de las definiciones expuestas, desestimó las pretensiones contenidas en el escrito postulatorio.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 47, 49 y 52 de la ley 23.551; 1 de la ley 23.592; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal de esta Suprema Corte que identifica (v. presentación electrónica de fecha 16 de abril de 2019).
II.1. En primer lugar, expresa que el juzgador efectuó una absurda valoración de la prueba e infringió el art. 49 de la ley 23.551 en cuanto no tuvo por acreditada la notificación de la designación del reclamante como dirigente sindical a la empleadora.
Señala que el tribunal tuvo por probado que los señores Unibaso, Parada y Haupt comparecieron a la empresa en su domicilio del Parque Industrial y que fueron recibidos por el señor Larzabal -empleado en el sector de recursos humanos-, mas no que le entregaron la nota de designación (glosada a fs. 7) imponiéndolo de su contenido. Al respecto, alega que es irrazonable y absurdo creerles a los testigos que acudieron a la empresa y hablaron con Larzabal, y no el motivo de dicha reunión y los temas que se trataron.
Sostiene que de la propia declaración del representante legal de DEVIC S.R.L. se desprende la entrega de la mentada nota al manifestar que la misma "apareció con posterioridad al despido del actor", lo que -entiende- demuestra que, a pesar de no haber sido recibida formalmente, finalmente dicho instrumento quedó en la empresa.
A partir de ello, advierte que, aplicando un criterio de razonabilidad, la fecha de imposición de la nota (7 de marzo de 2017) debió tomarse también como el día en que se realizó la notificación a la empleadora.
Objeta que no se haya tenido en cuenta la falta de entrega de documentación por parte de la demandada, solicitada por la perito contadora para abordar el punto relacionado a la designación de delegados gremiales. Afirma que lo sucedido arroja una presunción en contra de la patronal, en tanto su propia conducta impidió dictaminar sobre este extremo, lo que conduce a presumir los hechos expresados en el escrito de inicio en orden a su conocimiento de la función gremial del actor.
Finalmente, manifiesta que se ha vulnerado la doctrina de la Suprema Corte sentada en la causa L. 78.853, "Merlo" (sent. de 7-VII-2004), en la que se declaró que "...La acreditación de que se ha realizado la comunicación escrita puede válidamente dispensarse cuando de las circunstancias de hecho y prueba del juicio resulta el efectivo conocimiento por el empleador de la función sindical o política...".
En efecto, argumenta que, en el presente caso, el órgano de grado exigió la prueba de un acto formal de notificación con entrega de constancia escrita, cuando de los hechos señalados se podía presumir que el empleador -al momento de finalizar el contrato de trabajo- estuvo en pleno conocimiento de la designación de García en un cargo sindical (v. rec., pág. 11).
II.2. Por otro lado, controvierte la decisión de la mayoría del tribunal con arreglo a la cual hubo de descartar que el despido reuniera la condición de acto discriminatorio.
Afirma que, aun cuando no hubiera llegado a probarse la designación de García como delegado gremial y su notificación a la patronal previa a ser despedido, éste gozaba de la protección que brindan los arts. 47 de la ley 23.551 y 1 de la ley 23.592.
Destaca que el juzgador de grado reconoció que el despido presentaba un indicio de discriminación -al haber sido dispuesto días después de su designación-, sin embargo, lo desechó resolviendo que no se había probado que la causa de la desvinculación hubiere sido la actividad gremial.
Alega que el tribunal interviniente, al atribuir al actor la carga de acreditar la conducta discriminatoria denunciada, transgredió la doctrina legal establecida en la causa L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010), en tanto, según entiende, en casos como el de autos resulta de aplicación la teoría de la carga dinámica de la prueba. Por ende -argumenta-, era a la accionada a quien le correspondía probar que el despido obedeció a causales diferentes de las que se denunciaron y, en tal sentido, no ofreció ningún elemento al efecto.
Asimismo, advierte que tampoco tuvo en cuenta a la hora de decidir sobre el tema que dentro de la empresa existía un conflicto entre el gremio de la UOCRA y el grupo de trabajadores que querían seguir en el SITRAIC. Remarca que la verdadera razón del despido no venía de un temor de la patronal al control por parte de García, sino de las presiones de la UOCRA que veía con desagrado que sus trabajadores se afiliaran en otra asociación gremial.
Manifiesta que la existencia de varios despidos realizados en la empresa con fecha contemporánea al del accionante no neutraliza los indicios señalados, pues todos ellos fueron por finalización de las obras respectivas, mientras que en este caso la propia empleadora reconoce al contestar demanda que García fue despedido porque "no cumplía con las expectativas de trabajo" y que no era necesario "en base a las obras existentes en desarrollo".
En tal sentido, señala que, si bien es cierto que el régimen del sector de la construcción prevé la posibilidad de despido incausado y sin indemnización a efectos de contemplar la posibilidad de conclusión de la obra, no es eso lo que invocó la empleadora como causa del despido, por lo que se debe presumir que la rescisión contractual tuvo por fundamento su actividad sindical (v. rec., págs. 16/17).
III. El recurso no prospera.
III.1. En el veredicto, el tribunal de grado declaró que el actor se había desempeñado bajo la dependencia de la accionada en dos períodos (desde el 1 de setiembre de 2016 al 21 de noviembre de 2016 y del 19 de diciembre de 2016 hasta el 9 de marzo de 2017), realizando tareas de albañil en la categoría profesional de Oficial en el marco de la ley 22.250 y del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 de la UOCRA.
Consideró probado que hasta el 2 de marzo de 2017 el accionante se encontraba afiliado a UOCRA y que ese día, en asamblea auto convocada por trabajadores de la industria de la construcción (v. acta de fs. 20/21), se decidió: i) la formación de un nuevo sindicato Regional SITRAIC en Bahía Blanca que los represente gremialmente; ii) la desafiliación de UOCRA para luego inscribirse en tal entidad; y iii) la elección de García -junto con otros compañeros- como delegado coordinador de la Delegación Bahía Blanca. Asimismo, que el Secretario General Grosi presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación autorización con fecha 8 de marzo de 2017 para que García y los otros delegados coordinadores representen al SITRAIC ante las autoridades administrativas, nacionales, provinciales y municipales como asimismo por ante la empresa (v. vered., fs. 167/168 vta.).
Por otro lado, manifestó que el actor no demostró que antes del 2 de marzo de 2017 hubiera sido -al menos- delegado "de facto" en la empresa, que haya desempeñado actividad gremial dentro de la planta o cumplido un rol determinante en el proyecto de sindicalización para el SITRAIC (v. vered., fs. 169).
Luego, analizando en conciencia las declaraciones testimoniales, el órgano de grado juzgó que los señores Unibaso, Parada y Haupt comparecieron a la empresa Devic SRL, que fueron recibidos por el señor Larzabal mas no que le entregaron la mentada nota (adjuntada a fs. 14, sin sello ni firma de recibido de la demandada) anoticiándolo de su contenido. Asimismo, agregó que ninguno de los declarantes expuso sobre las circunstancias que rodearon tal comparecencia, ni indicaron el día en que lo hicieron, razón por la cual entendió que -salvo la declaración del propio actor- no existía prueba alguna de que dicha reunión hubiera ocurrido con anterioridad al 9 de marzo de 2017, resultando ineficaz a tales fines la comunicación al Ministerio de Trabajo mediante oficio el día 8 de marzo del mismo año (v. vered., fs. 170 vta. y 171).
A partir de todo ello, concluyó que ninguna prueba se había producido que le generara convicción respecto a que la empleadora supiera con anterioridad al despido de la efectiva formación de la entidad sindical o del rol del accionante en ella, como tampoco de la iniciación del trámite para su creación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (v. vered., fs. 171 vta.).
Finalmente, teniendo en cuenta las características propias que rigen la actividad de la construcción, la pericia contable presentada electrónicamente por la contadora María Constanza Riega el día 19 de septiembre de 2018 y el informe de AFIP glosado a fs. 103/112 (los cuales -remarcó- no fueron objeto de impugnación), juzgó -por mayoría- que tampoco se había realizado prueba alguna con la que pudiera inferirse la existencia de indicios de un acto discriminatorio o arbitrario respecto de García, por lo que concluyó que su pretensión no podía tener favorable recepción (v. vered., fs. 171 vta./172 vta.).
A partir de lo resuelto en el veredicto, en la sentencia rechazó la demanda (v. sent., fs. 177 vta. y 178).
III.2. No acierta el recurrente al objetar la conclusión de grado por la que se juzgó no acreditada la notificación a la empleadora de la designación del reclamante como dirigente sindical, hipótesis sobre la que reposó -mayoritariamente- el denunciado carácter discriminatorio atribuido al despido.
III.2.a. Este Tribunal tiene dicho que tanto la interpretación del intercambio postal trabado entre las partes y la valoración del material probatorio, así como la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y marginadas de la casación, salvo la demostración de absurdo (causas L. 101.189, "González", sent. de 11-VIII-2010; L. 97.479, "Díaz", sent. de 1-IX-2010; L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 102.411, "Almada", sent. de 29-II-2012; L. 106.683, "Suárez", sent. de 29-V-2013; L. 117.076, "Carmiglio", sent. de 28-V-2014; L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; e.o.).
III.2.b. En el caso, si bien el recurrente denuncia la existencia del mentado vicio lógico, no logra acreditar su configuración (art. 279, CPCC).
III.2.b.i. En efecto, a partir de su subjetiva apreciación de las constancias de la causa, el compareciente se circunscribe a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, sobre la base de una disímil ponderación de los hechos y las pruebas meritados en el fallo, sin lograr desvirtuar el análisis que condujo al tribunal a descartar que la empresa tuviera conocimiento de la designación del actor como delegado coordinador de SITRAIC ni su carácter de representante gremial ante la empresa o actividad relacionada con aquella.
De este modo, el interesado prescinde controvertir de modo idóneo la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión que impugna, pues solamente basa su intento revisor en la pretensión de disputarles el ejercicio de facultades privativas, realizando un nuevo examen de los hechos, de la prueba pericial y testimonial, según su propio y personal criterio valorativo, sistema este que reiteradamente se ha declarado impropio para demostrar el absurdo (causas L. 105.051, "Tusq", sent. de 5-X-2011; L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013; L. 111.695, "Villanueva", sent. de 8-IV-2015; L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; e.o.).
Sabido es que dicha anomalía no se configura ante cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 106.493, "Florentín", sent. de 22-VIII-2012; L. 116.437, "Verdera", sent. de 4-VI-2014; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; e.o.).
III.2.b.ii. No se me escapa -cabe agregar- que esta Corte tiene dicho que la norma del art. 49 inc. "b" de la ley 23.551 no debe ser objeto de una lectura extremadamente lineal, razón por la cual, la acreditación de que se ha realizado la comunicación escrita puede válidamente dispensarse cuando de las circunstancias de hecho y prueba del juicio resulta el efectivo conocimiento por el empleador de la función sindical o política (causas L. 78.921, "Garayoa", sent. de 9-X-2003; L. 78.853, "Merlo", sent. de 7-VII-2004 citada por el recurrente- y L. 90.361, "Avalos", sent. de 6-VI-2007); es decir, si se acredita sin dejar hesitación que el empleador conocía la designación (por ejemplo, si al contestar la demanda no lo niega), el acto jurídico de nombramiento del delegado es técnicamente válido. Va de suyo -por lo dicho- que el conocimiento del empleador tiene que estar debidamente probado, sin dejar dudas al respecto.
Sin embargo, en el caso, el interesado no invoca otras circunstancias que las analizadas por el tribunal de grado y, por ende, ningún otro elemento probatorio aporta tendiente a corroborar la evocada comunicación, por lo que el planteo formulado debe ser rechazado.
III.3. Tampoco consigue derribar la decisión vinculada a que la extinción del contrato de trabajo del accionante hubiera sido dispuesta por la patronal con el fundamento esgrimido al demandar (esto es, con base en la discriminación por la actividad sindical del accionante; v. sent., fs. 177 vta. y 178); gravitante a tenor de los términos en que fue formulado el agravio expuesto en el punto II.2.
III.3.a. En efecto, la sola divergencia que expresa el interesado acerca del análisis efectuado respecto de las declaraciones testimoniales, sumada a la personal apreciación que expone en torno al contenido de la pericia contable -y la relevancia que pretende asignarle a la falta de exhibición de documentación por parte del empleador- resultan inhábiles para demostrar la existencia del vicio de absurdo.
Cabe además precisar que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 96.734, "Segovia", sent. de 29-XII-2009; L. 102.022, "Cooke", sent. de 26-X-2010; L. 105.156, "Villalobos", sent. de 21-IX-2011; L. 103.508, "Rodríguez", sent. de 24-IV-2013; e.o.).
III.3.b. En ese marco, igualmente inatendible se exhibe lo expuesto por el recurrente respecto a la pretendida aplicación al caso de la teoría de la carga dinámica de la prueba.
Al respecto, me permito recordar que en la causa L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010), que el quejoso cita en apoyo de su impugnación, he sostenido que ante la controversia generada por la denuncia de un despido discriminatorio, la definición de la incumbencia de la carga probatoria ha de ser tamizada con resguardos imprescindibles, y en ese marco adquiere fundamental importancia una visión desde el dinamismo que, en definitiva, importa adjudicar a quien se encuentra en mejor situación la necesidad de aportar, en beneficio de su interés, los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva. Asimismo, hube de expresar que la mera invocación de un tratamiento discriminatorio no provoca la inversión de la carga de la prueba, pues resulta necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad. Solo a partir de la constatación de dichas circunstancias que tornen verosímil la imputación- el empleador deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada suficiente.
Ahora bien, en la especie, el accionante parte de la errónea premisa de que existen suficientes indicios -que, a su entender, no podrían desvirtuarse por el despido simultaneo de varios trabajadores- que acreditan la designación y actividad de García, así como la alegada discriminación patronal por dicha causa como factor determinante de la cesantía (v.gr. las manifestaciones vertidas en las declaraciones testimoniales, o la notificación al Ministerio de Trabajo de la designación el 8 de marzo de 2017). Sin embargo, el órgano de origen juzgó no verificadas tales circunstancias, en una conclusión que -según se desprende de lo antes dicho- permanece firme.
En este contexto, reitero, más allá de que la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, lo expuesto por el interesado no alcanza para evidenciar el vicio de absurdo, pues -reitero- lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento; antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 109.927, "Banegas", sent. de 11-III-2015; L. 120.669, "Fruto", sent. de 24-IV-2019; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; e.o.), los que -como se dijo- no demuestra en la especie.
III.4. En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el pronunciamiento impugnado, resultando por ello de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del f
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