Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124767
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.767, "Gutiérrez, María José contra Rivan S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Pettigiani, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 470/487 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 498/502).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora María José Gutiérrez contra Rivan S.A., condenando a esta última al pago de la indemnización contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según art. 45 de la ley 25.345-. En cambio, rechazó la pretensión del cobro de diferencias salariales, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, "multa licencia por enfermedad", indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la mencionada Ley de Contrato de Trabajo, sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de dicho texto legal y multa del art. 2 de la ley 25.323.
Para así resolver, declaró no controvertido que la relación laboral que unió a las partes se inició el 22 de diciembre de 2003 y que la actora desarrolló tareas de mucama conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04 (v. fs. 470).
A continuación, destacó que el tema debatido consistía en la determinación de la modalidad contractual en que la trabajadora prestó servicios para la accionada.
En este orden, el órgano a quo tuvo por demostrado que la señora Gutiérrez se desempeñó, inicialmente, como trabajadora eventual, y que luego, desde el día 2 de enero de 2005 lo hizo bajo la modalidad de contrato de temporada. Posteriormente, a partir del 1 de agosto de 2016, las partes celebraron -según lo establecido en el fallo- un contrato de trabajo por tiempo indeterminado de prestación discontinua, tipificado en el art. 8.2 de la convención colectiva supra citada.
Concluyó que estas circunstancias fácticas no controvertidas fueron corroboradas mediante el informe pericial contable obrante a fs. 161, sobre cuya base declaró -también- constatado que la accionada cumplió con el depósito de los aportes retenidos con destino al sistema de seguridad social (v. fs. 470 y vta.).
Finalmente, resaltó que la absolución de posiciones y la prueba testimonial producidas en la audiencia de vista de la causa nada aportaron para la resolución de la litis.
En lo tocante al modo de extinción del contrato de trabajo, el tribunal de mérito declaró probado que: a) mediante carta documento del 27 de marzo de 2017 la señora Gutiérrez notificó a la patronal que se le había extendido certificado médico otorgándosele reposo por treinta días; b) posteriormente, a través de la misiva del 13 de abril de 2017, luego de transcurridos más de ocho meses de la suscripción del contrato normado en el art. 8.2 del convenio colectivo de aplicación, la reclamante requirió, por primera vez, la registración como trabajadora de tiempo indeterminado y prestación continua, rechazando -además- el salario abonado en el mes de marzo; c) la accionada, por su parte, se opuso al contenido de la pieza telegráfica recibida; d) luego, la dependiente intimó por carta documento del 24 de abril de 2017 la registración debida del vínculo, el pago de haberes adeudados y el otorgamiento de comprobantes de aportes al sistema de la seguridad social, bajo apercibimiento de considerarse injuriada y despedida; e) la patronal rechazó tal requisitoria, poniendo a su disposición la documentación solicitada; f) finalmente, la señora Gutiérrez, con fecha 2 de mayo de 2017, cursó pieza postal mediante la cual se consideró despedida y reclamó las indemnizaciones derivadas del despido y la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según art. 45 de la ley 25.345- (v. fs. 471 y vta.).
Por otro lado, con sustento en los recibos de haberes obrantes en autos, el tribunal de origen juzgó probado que fueron abonados los importes correspondientes al sueldo anual complementario y las vacaciones proporcionales (v. fs. 472).
En la etapa de sentencia, a la luz de los hechos que tuvo por demostrados en el veredicto, declaró que la accionante se encontraba debidamente registrada, por lo que concluyó que la situación de despido indirecto en que se colocó, careció de justa causa (v. sent., fs. 473 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los principios de primacía de la realidad y de congruencia (v. fs. 498/502).
En lo esencial, impugna la sentencia en crisis, toda vez que -aduce- el juzgador no analizó las circunstancias verificas en que se desarrolló la relación laboral. Señala, sobre el particular, que el a quo declaró que desde su ingreso -acaecido en el año 2003- la señora Gutiérrez laboró como trabajadora eventual, luego de temporada y, a posteriori , bajo el encuadre previsto en el art. 8.2 del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04 y destaca que, no obstante, las diversas formas en que se registró la relación de dependencia, en la realidad de los hechos nunca varió la modalidad en que la trabajadora prestó sus labores. Ello se desprende, a su criterio, del informe contable obrante a fs. 161 y los recibos de sueldos no controvertidos que fueron agregados en el expediente (v. fs. 499).
En esta línea argumental denuncia violación del principio de primacía de la realidad desde que arguye que, más allá de lo consignado por la patronal en la documentación pertinente, siempre ejecutó sus tareas de manera permanente y continua (v. fs. 449 vta.).
Por otro lado, descalifica por absurdo la manifestación del juzgador con arreglo a la cual hubo de concluir que la empleada recién cuestionó el contrato suscripto en los términos del apartado 8.2 del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04, luego de transcurridos más de ocho meses de su celebración. Observa, en este punto, que no existe un plazo mínimo para hacerlo y -además- que el reclamo no se encontraba prescripto (v. fs. cit.).
Afirma que, con apoyatura en esas erróneas consideraciones, el sentenciante juzgó que el despido indirecto de la señora Gutiérrez estuvo desprovisto de justa causa, cuando, en rigor, se trató de un contrato indeterminado de prestación continua, quedando evidenciada la actuación fraudulenta de la empresa demandada (v. fs. 500).
Enfatiza que esta última incumplió con lo establecido en el art. 72 de la ley 24.013 en cuanto a los presupuestos que habilitan la contratación de trabajadores eventuales por exigencias extraordinarias del mercado (v. fs. cit.). Añade que la suscripción por parte de dependiente del contrato previsto en el art. 8.2 del convenio colectivo de trabajo de referencia obedeció a su necesidad de conservar el empleo, por lo que se encuentra viciada en su voluntad (v. fs. 500 vta.). Puntualiza que el tribunal soslayó analizar los recaudos de aplicación de la modalidad establecida en los arts. 7.5 de la citada convención colectiva y 68 de la Ley Nacional de Empleo (v. fs. cit.).
En síntesis, con base en el principio de primacía de la realidad y, más allá de las diversas modalidades contractuales utilizadas abusivamente por la patronal, sostiene que la dependiente siempre estuvo vinculada mediante un contrato de trabajo de tiempo indeterminado de prestación continua (v. fs. 500).
Por ello, solicita se deje sin efecto la sentencia en crisis y se impongan las costas a la contraria (v. fs. 501).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por los rubros pecuniarios reclamados en la demanda que no prosperaron y que constituyen materia de agravio, en tanto poseen gravitación en la solución que se controvierte- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Así las cosas, me permito aclarar que, de la reseña efectuada en torno al contenido del medio de impugnación en tratamiento, no advierto reproche alguno sobre el rechazo de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, como tampoco respecto del pedido de entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la ley citada, texto según art. 45 de la ley 25.345.
De suyo entonces, en atención a lo señalado en el primer párrafo de este apartado, cabe puntualizar que la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 118.456, "Martínez", sent. de 29-III-2017; e.o.).
III.2. Desde esta restrictiva competencia revisora, advierto que la postulación impugnativa bajo análisis no es admisible.
Ello así, toda vez que la compareciente omite denunciar la vulneración de doctrina legal para justificar el tratamiento de la vía extraordinaria de inaplicabilidad intentada en los términos del citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013 y L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016).
En estas condiciones, las conclusiones esenciales del fallo de grado han de permanecer incólumes.
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:35:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:40:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:55:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:06:12 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:50:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia