Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120332
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.332, "L., V. D. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora por los rubros desestimados y a la demandada por los que prosperaron (v. fs. 484/516 vta.).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 525/547).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 565/567), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a las acciones que - iure propio - articularon los padres e hijos del señor V. D. L., por las que reclamaron los daños que alegaron padecer como consecuencia de la enfermedad -síndrome de inmunodeficiencia adquirida- sufrida por aquel y provocara su muerte.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia que el a quo transgredió el art. 168 de la Constitución local.
Afirma que el órgano jurisdiccional omitió pronunciarse respecto de una cuestión esencial, vinculada con la concreta oposición que en los términos del art. 331 del Código Procesal Civil y Comercial, la parte accionada hubo de plantear respecto de la ampliación de la demanda efectuada con posterioridad a la traba de la litis.
Afirma que dicha cuestión resulta un obstáculo insalvable para la admisibilidad y procedencia de las pretensiones apuntadas, revelándose nítidamente que su preterición (según dice: no se encuentra salvada por la referencia "global" y "vaga" que sobre el tópico se atinó a plasmar en la sentencia) constituye un supuesto de incongruencia por omisión que conduce a declarar la nulidad parcial del pronunciamiento.
III. En concordancia con lo expuesto en el dictamen del señor Procurador General, entiendo que el recurso no puede prosperar.
La cuestión cuyo soslayo se denuncia ha sido -tal como el propio recurrente admite (v. rec., fs. 531)- motivo de análisis y consideración por parte del tribunal de origen (v. sent., fs. 505 vta. y 506), sin que proceda en este ámbito examinar la corrección de la fundamentación que lo llevó a decidir este aspecto de la contienda.
Entonces, si el asunto cuya omisión se alega fue explícitamente resuelto en el fallo de grado, independientemente del acierto con que se examinó o bien del mérito de los fundamentos expuestos (que, en rigor, es lo que censura el compareciente), no media infracción al art. 168 de la Constitución provincial.
Tiene dicho esta Suprema Corte que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad si la cuestión denunciada como preterida ha sido expresamente tratada por el Tribunal de Trabajo, aunque en sentido adverso a las pretensiones del recurrente, siendo extraño a su ámbito el acierto jurídico de la solución (causas L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; L. 120.764, "M., V. d. P. S. E", sent. de 7-II-2018; e.o.).
IV. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad deducido; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Sostuvo el tribunal de grado en su pronunciamiento, que el señor V. D. L. demandó a la Provincia de Buenos Aires -con sustento en las normas del derecho civil- por el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados del accidente que sufrió mientras prestaba tareas como agente de policía y la enfermedad derivada del infortunio. También estableció que, ante el fallecimiento del actor, sus herederos -además de continuar con dicha acción- articularon otra ampliando por derecho propio sus respectivas demandas.
I.1. Respecto de la pretensión inicialmente incoada por el señor V. D. L., el juzgador indicó que la legitimación de los actores resultaba indiscutible, pues -por un lado- sus hijos continuaron el proceso después de su muerte en carácter de herederos necesarios (art. 3.565, Cód. Civ. -ley 340-) y -por el otro- sus padres lo hicieron en calidad de herederos testamentarios (arts. 3.606 y 3.607 del derogado digesto). En cambio, añadió, no tenía legitimación la exesposa del actor fallecido y madre de sus hijos, pues el divorcio se había configurado con anterioridad al deceso de aquel, perdiendo así la vocación hereditaria (art. 3.574, último párrafo del mismo ordenamiento), por lo que -concluyó- no resultaba heredera de la indemnización por daños y perjuicios reclamada (v. fs. 492).
Luego analizó la defensa de prescripción opuesta por el Fisco provincial en relación a dicha pretensión y dispuso su rechazo por considerar que el actor había tomado cabal conocimiento de que padecía una incapacidad de carácter permanente con fecha 15 de agosto de 2001, por lo que, al interponer la demanda (el día 18 de junio de 2003; v. fs. 68), no había transcurrido el plazo bienal de prescripción establecido por el art. 4.037 del anterior Código Civil (v. fs. 492 y vta.).
Después, juzgó acreditada la responsabilidad civil extracontractual objetiva de la accionada, en el marco del art. 1.113, segundo párrafo, del Código Civil (ley 340), toda vez que -explicó- se había probado en el caso que el perjuicio sufrido en la salud del señor L. se había producido como consecuencia de una actividad riesgosa (v. fs. 493 vta.).
Puntualizó que las labores desarrolladas por el agente debían considerarse en tal carácter atento las condiciones en que se impuso su realización, ya que se lo hizo trabajar custodiando a un detenido que padecía el virus de HIV y, por tanto, era expuesto a ser contagiado en caso que se verificara una agresión, o la necesidad de reducirlo o asistirlo en supuestos como el que aconteció en autos, destinándoselo a realizar tareas que implicaban la posibilidad permanente de sufrir daños en su integridad física (v. fs. cit.).
Con base en la doctrina legal de esta Corte que identificó (causa L. 80.406, "Ferreyra", sent. de 29-IX-2004; e.o.), consideró que el vocablo "cosa" al que hace referencia el precepto legal citado, se extiende en la actualidad para abarcar las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda, razón por la cual, cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso, deben ser incorporadas al concepto de riesgosas (v. fs. 493 vta. y 494).
Descartó, además, que en el caso se hubieran configurado las eximentes de responsabilidad invocadas por la demandada, ya que no se había probado que el perjuicio hubiera sido causado por culpa de la víctima o por el hecho de un tercero por el que aquella no debía responder (v. fs. 494 vta./496).
Configurada la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires en los términos del art. 1.113 del Código Civil, el tribunal de trabajo cuantificó el resarcimiento en concepto de reparación integral del daño en la suma de $5.662.236,76 ($4.662.236,76 por daño material y $1.000.000 por daño moral) y abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 efectuando el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor según se atienda a su reclamo en el marco del régimen común de responsabilidad civil o conforme las previsiones de la ley 24.557. A tal fin, para esta última hipótesis presupuestó la suma de $110.000 (v. sent., fs. 496 vta./504).
Verificada entonces la insuficiencia de la ley especial, descalificó la validez constitucional de aquella norma (art. 39, ley 24.557) por resultar violatoria de las garantías consagradas en los arts. 14 bis y 19 de la Constitución nacional y de los principios protectorio, de progresividad y de justicia social (v. fs. 502 vta./504 vta.).
Sobre la base de estas premisas, condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar a los derechohabientes del señor V. D. L. (en la proporción que determinó) la suma de $5.662.236,76 en concepto de indemnización por daños y perjuicios (v. últ. fs. cit.).
I.2. Luego brindó tratamiento a la acción que, por derecho propio, dedujeron los padres, la ex esposa y los hijos del trabajador fallecido.
Señaló que estos, además de haber continuado -en su condición de herederos- con el juicio originario, también interpusieron -ampliando sus respectivas demandas- acciones autónomas por las que reclamaron los daños directamente padecidos como consecuencia de la larga enfermedad que culminó con la muerte del señor L. (v. fs. 505 vta.).
En este aspecto, explicó que los padres habían demandado por el daño moral que le provocó la enfermedad y la muerte de su hijo, independientemente de los rubros y montos que este último había reclamado en vida (v. fs. 189 vta. y 350/354).
Del mismo modo, aclaró, los hijos (así como su ex esposa) se presentaron al proceso no sólo como herederos forzosos, sino que además ampliaron su demanda por los perjuicios sufridos a raíz de la muerte de su padre, peticionando -en concreto- el importe de la jubilación que le hubiera correspondido percibir hasta su fallecimiento y el de la pensión; el monto del seguro de vida; un resarcimiento por daño moral y otro por pérdida de chance (v. fs. 505 vta.).
Precisó el a quo que, más allá de que la accionada (sin cuestionar formalmente la legitimación activa, pues no había articulado la excepción respectiva) se opuso a la viabilidad de estas pretensiones, invocando en lo sustancial que los reclamantes debieron en todo caso haber deducido acciones autónomas en otro proceso, no existe obstáculo procesal alguno para analizar los reclamos mencionados, toda vez que -en primer lugar- se pudo defender plenamente, alegando con amplitud todas las argumentaciones para repeler esas pretensiones (lo que demuestra, dijo el a quo , que se ha respetado la congruencia y bilateralidad que exigen el debido proceso) y -en segundo orden- indicó que exigirles a los familiares del trabajador el inicio de un nuevo proceso para deducir sus reclamos cuando ya han transcurrido más de veinte años desde que el señor L. contrajo la grave enfermedad que a la postre le provocó su muerte y más de diez desde su fallecimiento, implicaría (amén de un exceso ritual) una lisa y llana denegación de justicia, incompatible con las garantías que con rango de derechos fundamentales consagra el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 506).
Aclarado ello, analizó la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada respecto de estas últimas acciones articuladas.
Rechazó tal defensa por considerar que si bien el Fisco provincial había acertado al manifestar que en el caso resultaba aplicable la norma del art. 4.037 del derogado Código Civil y que el punto de partida del cómputo del plazo debía situarse en la muerte del señor L. (ocurrida el día 22 de mayo de 2006), tales acciones no se encontraban prescriptas.
En relación a la que fuera entablada por los padres, indicó que éstos se presentaron originariamente con fecha 29 de noviembre de 2007 (v. cargo de fs. 185 vta.), por lo que resulta evidente que el lapso bienal para accionar no se encontraba fenecido (v. fs. 506 vta.).
Y en lo que respecta a la promovida por los hijos, no obstante haberse presentados estos con fecha 10 de junio de 2008 (v. cargo de fs. 211 vta.), es decir, a diecinueve días de vencido el plazo de dos años (lo que ocurrió el día 22 de mayo de 2008), estimó el sentenciante que, por las complejas y particulares circunstancias que exhibía el caso, la prescripción debía ser dispensada en los términos del art. 3.980 del Código velezano (v. fs. 506 vta.). Tuvo en cuenta que la familia se encontraba atravesando un estado de devastación espiritual y material a raíz de lo ocurrido, y que los tres hijos del trabajador eran todavía menores de edad al momento de promoverse la acción, por lo que los errores eventualmente cometidos por su representante legal y por sus abogados no podían privarlos del derecho a la reparación del daño que sufrieron por haber tenido que soportar desde muy pequeños (tenían cuatro, cinco y ocho años de edad cuando ocurrió el accidente) los deletéreos efectos que en sus vidas produjo la grave enfermedad que su padre contrajo en acto de servicio, todo lo cual se tradujo en una evidente dificultad para accionar en término (v. últ. fs. cit.).
Tampoco consideró justo que el Estado provincial -que, explicitó, siendo indudablemente responsable por el calvario que debieron soportar el trabajador y sus hijos, dejándolos librados a su suerte, sin haberles pagado algún subsidio ni indemnización aun cuando transcurrieron varios años desde el infortunio- pretenda prevalerse, sin vulnerar los principios generales del derecho de equidad y buena fe, de una demora de menos de veinte días para dejar de cumplir con un deber que, aun de considerarse extinguida la acción, subsistiría de todos modos como una obligación natural (art. 515 inc. 2, Cód. Civ.; v. fs. 506 vta. in fine y 507).
Sobre la base de tales premisas, y teniendo en consideración el interés superior de los niños (consagrado en los arts. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 75 inc. 22 de la Constitución nacional), así como los conceptos vertidos en esta causa por la Procuración General en su dictamen de fs. 213/219, juzgó que los hijos del trabajador fallecido debían ser dispensados de la prescripción (v. fs. 507 in fine y vta.).
Seguidamente el a quo se pronunció respecto de cada una de las pretensiones autónomas deducidas e hizo lugar, en primer término, a la iniciada por P. D. L. y H. D. (padres del señor V. D. L.), condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagarles a cada uno de ellos la suma de $300.000 en concepto de daño moral (v. fs. 507 vta. y 508).
En lo que concierne a la deducida por los hijos la declaró procedente en relación al reclamo por el daño moral y condenó al Estado provincial a abonarles a B. D., A. T. y D. S. L. los importes de $300.000, $300.000 y $350.000 respectivamente. En cambio, dispuso el rechazo de los demás rubros peticionados (v. fs. 508 vta. in fine /510).
Finalmente, también desestimó la acción interpuesta por la ex esposa del causante, y ello, porque más allá de no haber reclamado en forma autónoma ningún rubro indemnizatorio a título personal, tampoco se había presentado a readecuar la demanda cuando la causa fue derivada al fuero laboral (v. fs. 510 in fine y vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la Fiscalía de Estado denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 16, 499, 901 a 906, 1.067, 1.068, 1.069, 1.078, 1.083, 1.084, 1.085, 1.102, 1.113, 3.949, 3.956, 3.980 y 4.037 del Código Civil (ley 340); 34 inc. 4, 163, inc. 6, 165, 330, 331, 358, 375, 384, 457, 473 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 22, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 40, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Controvierte el rechazo de la excepción de prescripción opuesta contra la acción originaria deducida por V. D. L..
Refiere que el tribunal de trabajo prescindió de la correcta valoración de las constancias agregadas a la causa y del propio relato de los hechos efectuado por los demandantes.
Expresa que el sentenciante determinó que el señor L. tomó cabal conocimiento de que padecía una incapacidad de carácter permanente el día 15 de mayo de 2001, por ser esa la fecha en la que el Ministerio de Seguridad dictaminó que "por padecer del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, sufriendo lesiones graves de carácter cierta o probablemente incurables que le producían una inutilidad prácticamente permanente para el trabajo, la minusvalía debía ser considerada imputable al servicio", omitiendo ponderar que tal resolución ministerial fue emitida en base a un único y previo dictamen elaborado por un facultativo en el expediente iniciado en sede administrativa.
Señala que en estas últimas actuaciones también obra un diagnóstico de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos que fijó un porcentaje de incapacidad inferior a los dos tercios.
Añade que el propio reclamante dio muestras de haber tomado noción de su minusvalía permanente en el recurso de revisión que dedujo contra la mentada resolución administrativa, donde se refirió a las distintas internaciones sufridas en el año 1999.
Aduce que el juzgador transgredió la doctrina legal de esta Suprema Corte en cuanto tiene dicho que la toma de conocimiento de la incapacidad no requiere la técnica y precisa graduación del déficit laborativo que aqueja al trabajador.
También refiere que, del relato formulado en las respectivas ampliaciones de demanda llevadas a cabo por los padres y los hijos del trabajador fallecido, se infiere que estos le atribuyeron a la grave e incurable enfermedad sufrida por L. la circunstancia de que en el año 2000 se desmembrara definitivamente la familia, por lo que cabe conceder que, cuanto menos a ese año, ya existía una certeza indubitada en este último sobre lo irreversible de su detrimento físico.
II.2. En otro orden, se agravia de la responsabilidad endilgada al Fisco provincial con sustento en el art. 1.113 del Código Civil.
Alega que, a contrario de lo sostenido por los magistrados de grado, su parte hubo de negar categóricamente tanto la mecánica del accidente como sus consecuencias, esto es: que el señor L., en cumplimiento de un acto de servicio se haya contagiado el virus de HIV, y que ello se hubiera producido por la mordedura que recibió en el dedo índice de la mano izquierda por parte de un detenido mientras lo custodiaba.
En tales condiciones, argumenta que, al ser un hecho controvertido la existencia misma del accidente de trabajo, no resultan idóneas las pruebas de las cuales se valió el a quo para tenerlo por configurado (esto es, la denuncia efectuada en la causa penal y las actuaciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por las que se declararon imputables al servicio las lesiones padecidas como consecuencia del infortunio), ni puede tenerse por cumplida la carga que a la parte actora le impone el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Luego de efectuar algunas consideraciones sobre la prejudicialidad prevista en el art. 1.102 del Código Civil, expresa que la mera denuncia unilateral del actor no tiene entidad para acreditar lo acontecido, pues se encuentra lejos de constituir la "sentencia condenatoria" que impediría a la parte demandada contestar aquí sobre la "existencia del hecho".
Tampoco, continúa, resulta válido otorgar el carácter de prejudicialidad a las actuaciones del Ministerio de Seguridad, porque el alcance otorgado en ese expediente administrativo por el Tribunal de Trabajo equivale a trasladar al ámbito del Poder Ejecutivo potestades propias del Poder Judicial, facultando a una autoridad ministerial determinar cuestiones relacionadas con la responsabilidad civil del Estado e impidiendo, a la vez, el pleno ejercicio del derecho de defensa por parte del Fisco provincial en resguardo de los intereses patrimoniales comprometidos. Por ello, concluye, resulta absurdo derivar de dichas actuaciones todas las consecuencias que en la sentencia en crisis se han tenido por acreditadas con ese único aporte, por cuanto solo tendrían entidad para obtener el sub
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