Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124998
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.998, "Oviedo, Adrián Martin contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Torres, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 172/179).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8 de agosto de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Adrián Martín Oviedo contra Construcciones Térmicas S.A., condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, fondo del cese laboral, las establecidas en los arts. 80 de la ley 20.744 (t.o. ley 25.345) y 53 ter de la ley 11.653, entre otros conceptos.
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión de cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 174/175).
Para así resolver, al responder al interrogante planteado en la tercera cuestión del veredicto, tuvo por probado que, si bien el empleador efectuó los descuentos destinados a los organismos de la seguridad social, se verificó su falta de depósito durante trece períodos, conforme surge del informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos a fs. 131/159.
Finalmente, en la sentencia, declaró que si bien mediante intimación que remitió el trabajador a la empleadora (v. fs. 8) le exigió a esta última el ingreso de los aportes previsionales, sindicales y obra social retenidos, no individualizó los importes respectivos, ni su origen. Con fundamento en esto último, juzgó que el accionante no cumplió con lo preceptuado en el art. 1 del decreto 146/01, razón por la cual desestimó la sanción materia de agravio (v. sent., fs. 175).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y concordanes de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita.
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, solución que -entiende- transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013).
Afirma que el sentenciante interpretó erróneamente los alcances de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis citados, al establecer que en la intimación efectuada debió precisarse el monto y el destino de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez que dichos requisitos que no se prevén en el texto de la norma.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias: el telegrama (v. fs. 8), los recibos de sueldo (v. fs. 9/47) y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 131/159); ello, en tanto, afirma, de su análisis surge con claridad que la empleadora procedió a la retención y no ingreso de los aportes previsionales en cuestión.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent de 20-XII-2017).
III.2. Liminarmente, corresponde descalificar aquel aspecto del fallo por el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01, no abasteció los recaudos impuestos por la norma al no incluir con precisión el monto y destino de los aportes presuntamente retenidos.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la penalidad contemplada por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por conducto de exigir al actor el cumplimiento de dos requisitos cuantificación del importe no ingresado e identificación del organismo respectivo- que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3.a. Descartadas, entonces, las exigencias formales en las que el tribunal de grado fundó su decisión, corresponde analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Ello así, pues si bien es cierto que el tribunal tuvo por probado que el empleador retuvo sin depositar los aportes destinados a los organismos de la seguridad social (v. vered., fs. 170/171), la demandada se encontró imposibilitada de recurrir esa decisión, toda vez que la sentencia le resultó favorable.
Luego, y por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013), ya que, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa Ac. 81.298, "Reboredo", sent. de 11-VI-2003).
Así, se advierte que la legitimada pasiva sostuvo, en oportunidad de contestar la demanda haber cumplido con el depósito de las deducciones efectuadas (v. fs. 94).
III.3.b. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador, en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, cit., cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.3.c. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, en los términos en que efectivamente fue solicitado por la actora.
En efecto, del cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 9/47 y el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 131/159), es posible constatar que la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social, sin haber dado cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad.
Asimismo, tal como surge del veredicto (v. fs. 170 vta.), el señor Oviedo intimó a su empleadora (1 de noviembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindicales.
A partir de ello, considero -como anticipé- que se evidencia en el caso el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso.
Por lo tanto, quedando a partir de lo dicho atendidos los argumentos traídos, propongo revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:35:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:39:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:55:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:06:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:51:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia