Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123850
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.850, "Tesoriero, Mariano Haroldo contra Integración Turística Hotelera S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Pettigiani, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 214/240).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 257/261 y 246/256 vta., respectivamente).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 283/284 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Mariano Haroldo Tesoriero y condenó a Integración Turística Hotelera S.A. al pago de la suma de $240.915,29 en concepto de diferencias salariales, haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones no gozadas; indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido; así como las penalidades previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Para así decir, declaró acreditado que entre las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo por tiempo indeterminado (art. 90, LCT) que comenzó el 1 de julio de 1997 y que se extinguió el 4 de diciembre de 2009 por decisión unilateral de la patronal al invocar la configuración de la causal de abandono de trabajo (v. vered., fs. 214/220 vta. y sent., fs. 222 vta.).
Tras analizar el informe pericial médico agregado al expediente y la actitud asumida por las partes en la instancia previa a la resolución de la relación (v. vered., fs. cit.), el órgano de grado juzgó al influjo de la doctrina legal conforme la cual la hipótesis extintiva prevista en el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo no se configura cuando el trabajador responde la intimación del empleador -alegando los motivos por los cuales no presta servicios- que la causal invocada no encontró sustento en probanzas, razón por la que -concluyó- la desvinculación debía ser considerada sin justa causa (arts. 242, 245 y concs., LCT; v. fs. 223 y vta.).
En otro orden, con apoyo en las declaraciones brindadas por los testigos, el sentenciante señaló que en el caso las propinas eran habituales y consentidas por la demandada y, por lo tanto, integraban la remuneración del actor y debían incluirse a los fines indemnizatorios (v. fs. 224 y vta.).
Procedió entonces a determinar la base de cálculo de la indemnización conforme la mejor remuneración mensual devengada, adicionando las propinas y la incidencia del Sueldo Anual Complementario, arribando a la suma de $5.531,38 (v. sent., fs. 225).
Luego, dispuso que al capital de condena se le aplicaran intereses moratorios, desde que se devengó cada crédito hasta la fecha de notificación de la demanda, de acuerdo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en plazo fijo tradicional. A su vez, estableció que el importe resultante de la acumulación de capital e intereses hasta dicho momento, devengue igual tasa hasta que quede firme la sentencia (v. fs. 236 y vta.).
Además, ordenó que, ante la hipótesis de la falta de pago de la liquidación judicial en el plazo de diez días, los intereses moratorios se acumularan al capital (v. fs. cit.).
Finalmente, impuso las costas -por los rubros que prosperan- a la accionada vencida y reguló los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso con sustento en el decreto ley 8.904/77 y leyes 10.620, 12.724 y 13.750 (v. fs. 236 vta. y 237).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 168 de la Constitución provincial, 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por un lado, señala que el veredicto y la sentencia "...como partes inescindibles del decisorio, están indebidamente estructurados y vulneran la lógica secuencia del fallo..." (fs. 260) lo cual -en su opinión- vicia de nulidad el pronunciamiento.
Por el otro, alega que al contestar la demanda solicitó la aplicación al caso de los arts. 505 del Código Civil (art. 730, Cód. Civ. y Com.) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y, sin embargo, el tribunal de grado omitió abordar el planteo (v. fs. 258 vta./260 vta.).
Agrega que en el fallo en crisis se excede el límite que establecen las normas indicadas respecto de la responsabilidad por el pago de las costas (v. fs. cit.).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar.
III.1. Cabe recordar que el presente medio de impugnación solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 124.430, "Puentes de integración", sent. de 23-II-2021; e.o.).
Bajo esas directrices, es dable advertir que el lacónico y genérico cuestionamiento que ensaya la recurrente a la estructura del veredicto y de la sentencia no resulta atendible por ser manifiestamente ajeno al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, delimitado estrictamente por los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (conf. art. 296, CPCC).
III.2. Tampoco habrá de progresar la segunda crítica que contiene la impugnación.
III.2.a. Surge de las actuaciones que en el escrito de contestación de la demanda (v. punto XVI), la accionada solicitó la aplicación al caso de la limitación contenida en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, sosteniendo que la eventual condena en costas no podía superar el 25% del monto de la sentencia (v. fs. 68 vta.).
Al respecto, alega el agraviado que el tribunal de grado omitió expedirse respecto de la aplicación de las citadas normas.
III.2.b. Si bien la omisión de una cuestión esencial sin expresión alguna del motivo por el cual no fue abordada, configura un supuesto de incongruencia por omisión que puede conllevar, por imperio del art. 168 de la Constitución provincial, la nulidad del pronunciamiento de grado (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 116.954, "Di Piero", sent. de 6-VIII-2014; L. 117.786; "Flores", sent. de 10-VI-2015; e.o.), considero que tal solución no puede ser aplicada en el caso.
Ello así, pues el cuestionamiento formulado por el recurrente se encuentra marginado del acotado ámbito de actuación del remedio procesal bajo análisis; toda vez que se halla vinculado a la imputación de presuntos errores de juzgamiento, ajenos -en cuanto tales- a su limitado marco de conocimiento y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 80.139, "Guzmán", sent. de 19-II-2002; L. 90.498, "Corigliano", sent. de 19-II-2007; L. 92.085, "Aguirre", sent. de 14-XI-2007; e.o.).
En efecto, la invocación de la omisión de aplicar un precepto legal constituye materia específica de la vía prevista en el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución provincial, desde que importa, en rigor, una de las hipótesis que pueden configurar su violación (arts. 278, CPCC), lo que de suyo -reitero- queda excluido del ámbito de actuación del carril en tratamiento.
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de nulidad debe rechazarse, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Pettigiani y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo; la violación de los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 9, 10, 80, 242 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 32, 34 y 44 incs. "d" y "e" de la ley 11.653; del Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 y de la doctrina legal que identifica.
I.1. Asegura que el veredicto y la sentencia se encuentran estructurados de modo inadecuado, por lo que el pronunciamiento en su integridad se halla viciado de nulidad (v. fs. 247 vta.). Añade que tribunal de grado incurre también en el señalado vicio al resolver jurídicamente extremos en un estadío anterior al admitido por el ordenamiento adjetivo, sellando de ese modo y anticipadamente la suerte de la pretensión (v. fs. cit.).
I.2. Objeta las conclusiones que estableció el juzgador en relación a las propinas que percibió el actor.
En ese orden, le atribuye una errónea y absurda valoración de la prueba testimonial y denuncia que los declarantes relataron hechos "falaces" (v. fs. 248).
Destaca que el accionante no cuestionó la legalidad del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04 ni reclamó las propinas en el intercambio postal (v. fs. cit. y 249). Por ello, cuestiona el carácter remuneratorio atribuido a dicho rubro, así como su inclusión para el cálculo de los otros conceptos (v. fs. 252 vta./254).
I.3. Se agravia, asimismo, de la irregularidad registral que el sentenciante le atribuye al contrato de trabajo.
Alega que, conforme surge de la pericia contable -y de los libros compulsados por el experto-, en el mes de julio de 1997 el actor prestaba servicios para Servitemp S.A. y que recién en diciembre de ese mismo año ingresó a trabajar para Integración Turística Hotelera S.A. (v. fs. 254).
Sobre esta premisa, aduce que el órgano de grado, al condenarla a la entrega del certificado de servicios y remuneraciones exige una obligación de cumplimiento imposible, ya que no puede emitir aquella documentación por un periodo en el que no prestó servicios a su favor (v. fs. cit.).
Aduna que el mismo error se verifica cuando se sanciona con la multa del art. 1 de la ley 25.323, cuya improcedencia postula (v. fs. 255).
I.4. Por último, indica que el juzgador omitió expedirse sobre la aplicación al caso de los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. cit.).
Entiende que el importe de las costas a su cargo excede el límite que establecen las normas citadas respecto de la responsabilidad por el pago de las costas; al tiempo que pretende la nulidad de este aspecto del pronunciamiento, por violación a lo normado en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 255 vta.).
II. El recurso no puede prosperar.
II.1. En el caso, y sin perjuicio de lo alegado por el recurrente a fs. 246 vta. y 247, se advierte que el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia de los rubros de condena calculados sobre la base de la remuneración comprensiva de propinas y el resultado que arrojaría sin considerarlas-; con más el incremento indemnizatorio previsto en el art. 1 de la ley 25.323 y la diferencia que se verifica entre lo presupuestado en la instancia ordinaria en materia de costas y la suma que resultaría de limitar ese importe al 25% de los guarismos de la condena impuesta a la interesada no supera el monto mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a la fecha de interposición del recurso (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021; e.o.).
II.2. Desde esa perspectiva, se constata que los agravios destinados a cuestionar las conclusiones establecidas en el fallo en torno a las propinas y a la fecha de ingreso establecida por el juzgador, no pueden examinarse en el acotado marco de revisión indicado.
II.2.a. En efecto, los planteos que ensaya la interesada al respecto remiten necesariamente al análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los magistrados de origen y -por ende- están excluidas del ámbito de la casación por la vía transitada.
En ese sentido, expresamente ha declarado esta Suprema Corte que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba (causas L. 103.470, "Juárez", sent. de 30-XI-2011; L. 104.461, "Montenegro", sent. de 30-V-2012; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; e.o.).
Refuerza lo dicho la circunstancia de que las doctrinas que se individualizan a fs. 250/251 de la pieza recursiva también remiten a la apreciación de la prueba, por lo que no resulta idónea para configurar la hipótesis excepcional referida (causas L. 118.153, "Ferrara", resol. de 3-XII-2014; L. 117.819, "Natiello", resol. de 18-VII-2014; L. 118.612, "Altamirano", resol. de 25-II-2015; e.o.).
También es infructuosa -cabe agregar- la cita de precedentes formulada a fs. 250 vta., porque además de carecer de la necesaria individualización del criterio allí establecido, exhiben presupuestos fácticos notoriamente disímiles a los del caso bajo análisis (causas L. 100.490, "Medi", sent. de 7-VII-2010; L. 107.933, "Cale", sent. de 4-VII-2012; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; e.o.).
En conclusión, dado que la propuesta impugnativa conlleva un renovado análisis de aspectos fácticos y probatorios que claramente excede el ámbito de aplicación del art. 55 in fine de la ley 11.653, corresponde desestimar este tramo del recurso.
II.2.b. Por lo demás, corresponde recordarle al compareciente que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
II.3. Definido lo anterior, con relación a la parcela del recurso destinada a cuestionar la decisión de condenar a la parte recurrente a la entrega de la certificación de servicios, corresponde habilitar esta instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor del litigio debe considerarse como de monto indeterminado (causas L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 93.075, "Aguilar", sent. de 13-VII-2011; L. 103.343, "Rivero", sent. de 7-IX-2011; e.o.).
Sentado ello, habiendo quedado firme la conclusión de grado que juzgó demostrada la fecha de ingreso denunciada por el actor, deviene inatendible la impugnación bajo examen, pues se funda en la sola alegación de una fecha diferente.
II.4. Por otro lado, la misma suerte adversa han de correr los planteos que trae la agraviada respecto de la estructura del veredicto y la sentencia, las críticas orientadas a desvirtuar la aplicación del art. 1 de la ley 25.323 y la supuesta omisa aplicación de los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el acotado marco revisor que impone la mencionada vía de excepción, es dable advertir las parcelas del recurso en las que se desarrollan esos agravios carecen de toda denuncia tendiente a demostrar el quebrantamiento de doctrina legal relacionada con las temáticas que se impugnan (v. fs. 247 vta. y 255 y vta.).
Al respecto, ha señalado este Superior Tribunal que no resulta atendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, examinado en el marco del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, en el que se omite la denuncia de violación de doctrina legal vinculada a los reproches en él expuestos (causas L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-XI-2020; e.o.).
III. En virtud de lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres , Pettigiani y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión planteada en el mismo sentido.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:35:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:40:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:06:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 09:32:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 12:16:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia